Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 49.360-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas; e intimar a la apelante para que en el término de cinco (5) días ingrese, en concepto de tasa de actuación, la suma de $ 88.790,18 (Pesos ochenta y ocho mil setecientos noventa con dieciocho centavos) -la que comprende el importe de $ 19.980,55 (Pesos diecinueve mil novecientos ochenta con cincuenta y cinco centavos) y $ 68.809,63 (Pesos sesenta y ocho mil ochocientos nueve con sesenta y tres centavos), respectivamente por los recursos interpuestos en los expedientes Nº 49.360-I y 49.361-I-; bajo apercibimiento de librarse boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios (conf. Arts. 7º y 9 cc., ley 25.964)
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $6.055 (pesos seis mil cincuenta y cinco) equivalente a 0,81 (cero con 81/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $15.138 (pesos quince mil ciento treinta y ocho) equivalente a 2,03 (dos con 03/100) UMA, los que quedan a cargo del incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el expediente que originalmente llevara el número 49.361-I y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°4/2022 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-43228204-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 3 de Mayo de 2022 SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N°49.360-I y su acumulado 49.361-I, caratulado “CO ME S.A s/ incidente-beneficio de litigar sin gastos”
La Dra. Gómez dijo:
I. A fs. 32/36 y 98/101 la incidentista solicita se le conceda el beneficio de litigar sin gastos previsto en el art. 78 CPCCN por no poder cumplir con el pago de la tasa de actuación que corresponde ingresar por las actuaciones iniciadas, atento señalar que no cuenta con medios de fortuna ni recursos suficientes como para afrontar los gastos del presente proceso. Que, a fin de probar sus dichos, a fs. 34 vta, fs. 35vta. y fs. 100vta. la incidentista ofrece prueba pericial contable, e informativa dirigida al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, al Registro de la Propiedad inmueble de la Ciudad de La Plata(Provincia de Bs.As.),al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
II. A fs.40/43 y 113/116 obra la contestación del Fisco Nacional, donde toma intervención en los términos del art.80 CPCCN, solicitando el rechazo del mentado beneficio con costas, con fundamento en que no se encuentra demostrada la situación de pobreza alegada por la contraria. Cita jurisprudencia en apoyo de su posición y remarca el carácter restrictivo que el instituto del Beneficio de litigar sin gastos posee. Se opone a las medidas probatorias ofrecidas por la incidentista y solicita que se rechace el beneficio de litigar sin gastos, con costas.
III. Que, a fs.117 se abre el presente incidente a prueba y se admite la prueba pericial contable propuesta a fs.35 vta. apartado V.b, puntos 1) a 8) y 11), así como también, la informativa ofrecida por la incidentista(vide. fs. 34 vta,35 y 100), esto es los oficios dirigidos a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Pcia de Buenos Aires, al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y a la Administración Federal de Ingresos Públicos( vide fs. 46 y 117).
Que a fs.105, 118 y 120 luce agregado la contestación brindada por los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Pcia de Buenos Aires y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Por otro lado, a fs.141 se tiene a la incidentista por desistida de la prueba pericial contable, así también, se declara cumplido el plazo para producir la prueba informativa dirigida al Registro Nacional de la Propiedad del Automor, disponiéndose la clausura el periodo probatorio.
Que a fs. 145 se corre a las partes la vista prevista en el art. 81 del C.P.C.C.N el que sólo es contestado por el Fisco Nacional mediante presentación de fs. 151/152vta. Que en dicho escrito el ente fiscal, conforme las consideraciones que realiza, resalta que la única prueba producida no logra acreditar que no dispone de recursos para solventar los gastos del juicio, solicitando el rechazo del incidente, con costas.
Que, a 154 se elevan los autos a conocimiento de la Sala D.
IV.-Que el beneficio solicitado se encuentra enderezado a evitar sufragar la tasa establecida por la ley 25.964 y demás gastos del juicio.
Que la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. En cada situación, el Tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372; considerando 1° y sus citas; 315:276 y 1025). Asimismo, cabe destacar que la falta de ingreso de la tasa de actuación, no obsta a la continuación del juicio ante este Tribunal, por lo que el rechazo del pedido de beneficio de litigar sin gastos de ningún modo podría violentar o limitar el derecho de defensa en juicio y en tal sentido el análisis de los presupuestos fácticos para la procedencia del mentado beneficio se debe realizar con un criterio restrictivo. Que la actividad probatoria en el beneficio de litigar sin gastos persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos, y en tal sentido, es necesario remarcar que la situación de pobreza, no debe confundirse con meras dificultades financieras por las que podría haber atravesado la incidentista. Como lógica consecuencia de lo expuesto, es posible observar la notable relevancia que adquieren las pruebas que pueda aportar la peticionante de un beneficio de litigar sin gastos, dada la particularidad que cada caso puede representar y principalmente debido al riesgo que implicaría conceder un privilegio tal - como lo es el de litigar sin la carga de soportar algún tipo de costo y bajo ningún sustento fáctico. Aquella situación no haría más que colocar a una de las partes del litigio en una clara situación de ventaja por sobre la otra afectándose, de manera indudable, el principio constitucional de igualdad que debe regir para todo litigio.
En efecto, el objeto de la actividad probatoria para el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos consiste en aportar elementos que permitan al Tribunal formar convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener o no los recursos para afrontar los gastos que eventualmente irrogue la acción por él incoada (conf. CNACAF Sala I, in re “Stancato, Carmelo Alfredo c/ BCRA s/ beneficio de litigar sin gastos”, sentencia del 13/7/15). Que en cuanto a la prueba ofrecida, cabe señalar que se admitió la pericial contable y la informativa, ordenándose librar oficios a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Pcia de Buenos Aires, al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que de la respuesta brindada tanto por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el correspondiente a la Pcia de Buenos Aires surge la incidentista no tiene bienes inmuebles a su nombre y la AFIP responde que la firma se encuentra abonando las cuotas de dos planes de facilidades de pago vigentes a la fecha donde regularizó deuda impositiva y previsional, pero que no existen planes de pago referidos a la tasa de actuación.
En relación al oficio dirigido al Registro de la Propiedad Inmueble cabe señalar que no instó su producción más allá que fue acreditado su diligenciamiento y que desistió de la prueba pericial contable porpuesta. Que sobre la prueba efectivamente producida en autos debe remarcarse que las respuestas dadas por los Registros de Propiedad Inmueble, por sí solos no resulta suficiente para demostrar el extremo de pobreza alegado en autos, es más de la respuesta que da la AFIP queda evidenciado que la incidentista cuenta con medios para afrontar el pago de deudas tributarias, por lo que nada indica que no pueda abonar la tasa de actuación debida en autos. De esta manera, la peticionante no ha acertado con las probanzas propuestas a fin de demostrar de manera indubitable la situación económica que pudiera atravesar la empresa, máxime cuando en ningún momento ha hecho referencia a si posee o no cuentas bancarias bajo su titularidad, ni surge de autos que pesen sobre ella inhibiciones o embargos.
Que en tal inteligencia, el rigorismo con que debe ponderarse la declaración de pobreza se maximiza cuando el peticionante pudo contratar los servicios de un profesional pues -por ejemplo- se ha otorgado un poder, lo que demostraría cierta disponibilidad patrimonial, que al menos, permitió afrontar las primeras erogaciones del juicio (conf. “Beprea SA c/Edesur” - CNCom. - Sala B – 9/5/2006).
Que a mayor abundamiento, la incidentista cuenta con la opción de ejercer sus derechos de manera gratuita a través de la vía administrativa, sin la necesidad de acudir ante este tribunal. En tal inteligencia, al tomar la decisión de ejercer su derecho de defensa ante estos estrados, así como debió prever los honorarios del profesional que la representa también debió considerar el arancel correspondiente a la tasa de actuación que establece la ley Nº 25.964, puesto que la exigencia del pago de dicha tasa no surgió en forma intempestiva, sino que fue consecuencia de la decisión que tomó la propia actora en el momento de acudir ante esta instancia jurisdiccional ( conf. Criterio sustentado in re “Beprea SA c/Edesur” – CNCom. - Sala B – 9/5/2006)
V. Por todo ello, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas; e intimar a la apelante para que en el término de cinco (5) días ingrese, en concepto de tasa de actuación, la suma de $ 88.790,18 (Pesos ochenta y ocho mil setecientos noventa con dieciocho centavos) -la que comprende el importe de $ 19.980,55 (Pesos diecinueve mil novecientos ochenta con cincuenta y cinco centavos) y $ 68.809,63 (Pesos sesenta y ocho mil ochocientos nueve con sesenta y tres centavos), respectivamente por los recursos interpuestos en los expedientes Nº 49.360-I y 49.361-I-; todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda (Conf. arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 6° y 7° de la Ley 25.964).-
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiero a la decisión propiciada por la Vocal preopinante, por lo que corresponde intimar al recurrente para que en el término de cinco (5) días ingrese las sumas indicadas en el punto V de su voto en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse boleta de deuda en caso de incumplimiento, a la que se adicionarán los intereses resarcitorios hasta la fecha de pago (conf. Art. 7 ley 25.964; Res. ME N° 314/04 y modif). El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. O'Donnell.
Del resultado de la votación que antecede, por mayoria, SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas; e intimar a la apelante para que en el término de cinco (5) días ingrese, en concepto de tasa de actuación, la suma de $ 88.790,18 (Pesos ochenta y ocho mil setecientos noventa con dieciocho centavos) -la que comprende el importe de $ 19.980,55 (Pesos diecinueve mil novecientos ochenta con cincuenta y cinco centavos) y $ 68.809,63 (Pesos sesenta y ocho mil ochocientos nueve con sesenta y tres centavos), respectivamente por los recursos interpuestos en los expedientes Nº 49.360-I y 49.361-I-; bajo apercibimiento de librarse boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios (conf. Arts. 7º y 9 cc., ley 25.964)
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $6.055 (pesos seis mil cincuenta y cinco) equivalente a 0,81 (cero con 81/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $15.138 (pesos quince mil ciento treinta y ocho) equivalente a 2,03 (dos con 03/100) UMA, los que quedan a cargo del incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el expediente que originalmente llevara el número 49.361-I y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°4/2022 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $1.758 (pesos un mil setecientos cincuenta y ocho) equivalente a 0,24 (cero con 24/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $4.936 (pesos cuatro mil novecientos treinta y seis) equivalente a 0,59 (cero con 59/100) UMA, los que quedan a cargo del incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en el expediente número 49.360-I y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°4/2022 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Regular los honorarios de la contadora María Ángelica Gattorronchieri por la labor desarrollada en autos como perito contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $2.000 (pesos dos mil) equivalente a 0,26 (cero con 26/100) UMA, los que quedan a cargo del incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la labor pericial realizada, el resultado obtenido y la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervienen en el pleito, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°4/22 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Decreto N° 1077/2017 y la doctrina sentada por la CSJN (Fallos 260:14; y 300:70, entre otros).
5. Se deja constancia que las sumas reguladas en los puntos precedentes no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese al incidentista y a la AFIP- Dirección General Impositiva- Sección Coordinación de Impuestos Sellos y Varios y al Departamento contencioso Judicial y por Secretaría General de Asuntos Impositivos, una vez firme la presente se agregue el incidente por cuerda al expediente principal. Date: 2022.05.02 15:52:12 -03:00 Date: 2022.05.02 17:12:06 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.03 10:00:57 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.03 10:00:58 -03:00
Fin de la sentencia