Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2020-73118924-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $450.322 (pesos cuatrocientos cincuenta mil trescientos veintidós) equivalente a 90,46 (noventa con 46/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $1.125.806 (pesos un millón ciento veinticinco mil ochocientos seis) equivalente a 226,16 (doscientos veintiséis con 16/100) UMA, los que quedan a cargo del la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°12/2021 (13/07/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular los honorarios de la contadora María Angélica Angélica Gattorronchieri por su desempeño en autos como perito contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en el importe de $2.489 (pesos dos mil cuatrocientos ochenta y nueve) equivalente a 0,50 (cero con 50/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- el que queda a cargo de la actora, teniendo en cuenta la aceptación del nombramiento y las gestiones que debió realizar para ponerse en condiciones de cumplir el encargo, lo que le generó gastos y dispendio de tiempo, que debe ser valorado a fin de fijar una retribución a la cual tiene derecho porque no le es imputable la …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-108674584-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 10 de Noviembre de 2021 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación) y Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2020-73118924- -APN-SGAI#TFN, caratulado “CO. ME. SOCIEDAD ANÓNIMA s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante RE-2020-73114973-APN-SGAI#TFN, la recurrente interpone recurso de apelación contra la Resolución dictada el 4 de septiembre de 2020 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes por la que se determinó oficio su obligación impositiva frente al Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 01/2015 a 12/2016, ambos inclusive, se liquidaron accesorios hasta la fecha de presentación del concurso preventivo (28 de noviembre de 2018) y se hizo reserva de aplicar sanciones, esto último en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24.769 (RE-2020-73117966-APN-SGAI#TFN). Cabe hacer notar que por medio de la Resolución Nº 65 / 2020 (DV RRMR) se subsanó la ausencia de la planilla con relación al ajuste impositivo del acto apelado, obrando como parte integrante de aquella (RE-2020-73118748-APN-SGAI#TFN).
La actora plantea la nulidad de la resolución cuestionada, considerando que la misma es el resultado de un procedimiento que reviste graves y manifiestos vicios que no pueden ser convalidados en esta instancia. Arguye que limitó se vulneró el debido proceso adjetivo, en tanto se descalificaron las defensas articuladas en sede administrativa, se ignoró la prueba documental acompañada y rechazando la totalidad de la prueba ofrecida, impidiendo de este modo que mi mandante pueda aportar a las actuaciones todos los elementos necesarios para arribar a una resolución fundada en derecho y en la verdad material de los hechos. Pone de relieve que el planteo debe interpretarse no como un recurso autónomo sino, por el contrario, como uno de los fundamentos de fondo que hacen a esta apelación y, por lo tanto, subsumida dentro los restantes argumentos recursivos. Sostiene la improcedencia de la determinación practicada. Manifiesta que las operaciones impugnadas con Beck Adriana Hortencia y Occhipinti Paulina S.H, Iramio SRL, Mimet S.R.L., Polosureste S.A, De Luca Antonio Roque, Metales Aconcagua de Javier Fernando Tantos y Johana Melina que el Organismo Recaudador existieron y corresponde su imputación a los períodos fiscales ajustados. Relata que la firma se dedica específicamente a la elaboración y comercialización de metales no ferrosos, siendo que su principal actividad se encuentra centrada en la División de blindajes biológicos, mediante las distintas formas del plomo, para lo cual acciona en el mercado del plomo. Puntualiza que el Fisco reconoció la existencia de dificultades en el control de determinados proveedores que intervienen en este mercado, procediendo a reglamentar la actividad de éstos mediante la RG N° 2849/2010.
Expone que conserva distintos comprobantes como respaldo documental de las transacciones efectuadas, a la vez que destaca que la inclusión en la base E- Apoc es de fecha posterior a la realización de las operaciones, por lo que estuvo imposibilitado de tomar conocimiento de las supuestas irregularidades señaladas.
Aduce que por política interna, se encarga de verificar y constatar que los proveedores a los que se les realiza un pago se encuentren inscriptos ante la AFIP y que el código de autorización de impresión (CAI) de la factura a cancelar esté vigente; indica que el medio utilizado para cancelar los saldos los pagos son cheques librados a nombre del propietario de la mercadería en cumplimiento con la Ley 25.345. Además, la recurrente trae a colación que su proceder contable resulta totalmente válido y debió ser considerado por el Fisco Nacional a fin de determinar la materia imponible que ajustó.
Sostiene que la alegada falta de capacidad económica y financiera de los proveedores no se encuentran acreditadas en las actuaciones precisando que, no obstante ello, es un elemento que por sí pueda determinar la imposibilidad de los proveedores de celebrar las operaciones impugnadas, ya que el tipo de actividad desarrollada por los proveedores no requiere necesariamente de grandes estructuras. Remarca que la falta de localización de los proveedores o de sus integrantes resulta a todas luces insustancial, ya que no permite demostrar o inferir siquiera implícitamente que las operaciones efectivamente celebradas entre la empresa y sus proveedores con dos años de anterioridad a la fiscalización, no se hubieran realizado. No obstante ello, plantea que la eventual insuficiencia que pudieran exteriorizar los proveedores no pueden legítimamente repercutir en la determinación de la obligación tributaria aquí cuestionada. Concluye que se dio cumplimiento a la totalidad de las disposiciones que regulan las condiciones para el cómputo del crédito fiscal por las operaciones cuestionadas. Invoca la improcedencia de los intereses resarcitorios pretendidos, habida cuenta que no existió obligación principal incumplida y, en subsidio, debido a que tampoco existió mora culpable alguna que se le pueda atribuir válidamente.
Ofrece prueba informativa, periciales técnica y contable e inspección ocular. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que mediante IF-2020-89581906-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional.
Solicita el rechazo del planteo de nulidad, con costas. En efecto, la citada representación hace hincapié en que ponderó exhaustivamente todas las defensas expuestas en sede administrativa, resultando de dicho análisis que los argumentos utilizados por la recurrente no han sido decisivos para enervar el criterio fiscal. Recalca que en el caso no se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión.
Advierte que el hecho de que los proveedores observados contaran con constancias de AFIP, o que se haya otorgado personería tributaria mediante la asignación de una CUIT o autorizado la impresión de facturas, no basta solamente para demostrar la materialidad de las obligaciones. En esta línea, expone que ante las fundadas observaciones efectuadas en las actuaciones administrativas tanto sobre el circuito de pagos de las operaciones como la capacidad económica de los proveedores para celebrar las mismas, pesaba sobre la actora la demostración de la existencia y veracidad de esas transacciones, dado que quien pretende ejercer un derecho -en este caso el cómputo de créditos fiscales- debe probar su existencia y procedencia.
Respecto a la liquidación de accesorios, invoca la existencia de una deuda tributaria que genera la aplicación del art. 37 de la ley de rito fiscal; expresando con relación a los restantes argumentos, que la apelante de ninguna manera ha acreditado mediante prueba idónea que la mora no le sea imputable.
Acompaña antecedentes administrativos. Hace reserva de caso federal. Solicita se confirme el acto apelado. Con costas.
III. Mediante PV-2021-26884159-APN-VOCX#TFN, se abrió la causa a prueba, admitiendo la producción de informativa y pericial contable, en los términos expuestos en los puntos 3° y 4° de dicho proveído, haciendo lugar a la oposición del Fisco en relación a la pericia técnica y desestimando la producción de la inspección ocular solicitada.
Por PV-2021-75172412-APN-VOCX#TFN, se tuvo por desistida a la actora de la pericia contable ofrecida, en virtud de lo expuesto en el IF-2021-74619083-APN-DTD#JGM.
Por PV-2021-81312124-APN-VOCX#TFN se eleva la causa a conocimiento de la Sala y por IF-2021-
107198641-APN-VOCX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar corresponde expedirse sobre la nulidad opuesta por la actora, debiendo adelantarse que la misma no puede prosperar.
Que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, in re “Sosa Mirta Elena”, sentencia del 4 de junio de 1997) Del examen de las actuaciones se evidencia que el acto no solo fue emanado por autoridad competente sino que se hace mención de los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su dictado, razón por la cual no puede considerarse válidamente que se haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo que se invoca, ni existe vicio alguno que coloque a la recurrente en el estado de indefensión que alega. En tal sentido, los argumentos vertidos como fundamento de la nulidad intentada, resultan ser una mera discrepancia con el criterio fiscal y que, en realidad, integran el fondo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver. Que en cuanto a la denegación en sede administrativa del ofrecimiento de ciertas pruebas, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho que"…cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, Fallos: 205:549, 247:52, 267:393) siendo también doctrina de este Tribunal que las medidas no admitidas durante el trámite de determinación, pueden ser nuevamente ofrecidas ante esta instancia. En efecto, se desprende de estas actuaciones que la recurrente ejerció en plenitud su derecho de ofrecer prueba (vide punto VII del recurso), con lo cual no se vislumbra restricción alguna a su derecho de defensa. En tal sentido corresponde desestimar la nulidad impetrada, haciendo notar que no procede la imposición autónoma de costas, tal como lo solicita el Fisco Nacional, por no haber sido planteada ni haberse otorgado el carácter de previo y especial pronunciamiento.
V- . Sentado ello, corresponde referirse a las operaciones impugnadas por el Fisco Nacional con los supuestos proveedores Beck Adriana Hortencia Y Occhipinti Paulina S.H; Iramio SRL; Mimet S.R.L.; Polosureste S.A; De Luca Antonio Roque; Metales Aconcagua de Javier Fernando Tantos y Johana Melina. Que surge del Informe Final de Inspección (fs. 568/585, Cpo. IVA III, adjunto al IF- 2021-09821296-APN- DTD#JGM) que existen elementos comunes entre las inconsistencias detectadas por el organismo recaudador: falta de localización en los domicilios fiscales de las firmas o éstos no resultan cuenta con las instalaciones para la actividad al por mayor supuestamente realizada; inexistencia de bienes registrables y empleados en relación de dependencia; ausencia de cuentas bancarias o, en caso de tenerlas, acreditaciones mínimas; en cuanto a los remitos, o bien no fueron aportados, o en algunos casos no es posible visualizar firma alguna de la recepción del producto entregado ni constan datos del transporte; tampoco se aportaron tickets de pesada u otra documentación que respalde los kilogramos indicados en los remitos.
Que a su vez, se analizó la documentación respaldatoria aportada por la firma, entre otros, los recibos y órdenes de pago correspondiente a las operaciones con los proveedores en cuestión, donde se pudo observar que la modalidad de pago, fue-en su mayoría- con cheques de terceros y en algunos casos en efectivo.
Que con los datos obtenidos, respecto al circuito de pagos, se procedió a circularizar a distintas entidades bancarias a los efectos de solicitarles copia del frente y dorso de los cheques con los que se cancelaron las operaciones cuestionadas, a fin de constatar los verdaderos beneficiarios de los pagos (fs. 52 a 964 y fs. 973 a 1014 del Cuerpo Circularizaciones, IF-2021-09853329-APN-DTD#JGM, IF-2021-09851447-APN- DTD#JGM,IF-2021-09853446-APN-DTD#JGM, IF-2021-09851305-APN-DTD#JGM, IF-2021-09851153-APN- DTD#JGM, IF-2021-09851049-APN-DTD#JGM), exponiéndose las conclusiones en el acto apelado.
Que se confeccionaron papeles de trabajo con el detalle de las personas y/o empresas que cobraron los cheques y con la información que surge del frente y dorso de los mismos, observándose:
-En ninguno de los casos la empresa pagó a los proveedores cuestionados con cheques propios. Ello así, los valores utilizados para el pago de las operaciones con los proveedores apócrifos, que surgen de la información aportada por la aquí recurrente, son de terceros que no guardan aparente relación con el giro comercial de la misma, con excepción de la empresa Mateo Hnos. S.A., que es cliente de la recurrente según consta en los libros IVA Ventas que surgen de las bases de datos del Organismo.
- En su gran mayoría los cheques son cobrados por terceros que no pueden vincularse con aquí demandante, ni con clientes de la misma. No se verificaron como endosados por los proveedores objetados, y sólo 24 de los 872 cheques utilizados fueron emitidos y endosados por la actora, incumpliendo con las normas bancarias de endoso. -Del total de los cheques entregados para el pago de las facturas correspondiente a los proveedores Irmaio S.R.L. y Mimet S.R.L., tres (3) fueron cobrados por la empresa CO. ME. Sociedad Anónima.
-Se observa que en reiteradas oportunidades los beneficiarios de los cheques son mutuales y financieras que tienen como actividad el cambio de valores y otros por empresas agropecuarias.
-De los 263 cheques entregados al proveedor MIMET S.R.L. para el pago de las facturas observadas, sólo 12 fueron cobrados por dicha firma.
-El monto de las facturas es significativamente mayor al de los cheques, motivo por el cual, para la cancelación de cada factura, se habría utilizado gran cantidad de cheques, a saber: para cancelar 71 facturas de proveedores observados, se utilizaron 872 cheques.
- Finalmente, de las bases informáticas del Organismo no se detectaron retenciones por las operaciones invocadas.
Ante estos indicios, el Fisco considera que existe una operatoria comercial poco transparente, ya que los cheques utilizados para la cancelación de las operaciones no son propios, no cumplimentan la cadena de endoso correspondiente, y no son cobrados por los proveedores ni personas relacionadas. Ello junto a las inconsistencias detectadas, resultan el sustento de la impugnación de las transacciones invocadas y, consecuentemente, el ajuste sobre el crédito fiscal computado.
VI. Cabe destacar, que la inspección, a través de las atribuciones conferidas por los arts. 33 y 35 de la ley de rito, colectó la información aportada por la recurrente, la que surgía de las propias bases del organismo y la obtenida de terceros, para así poder efectuar una evaluación certera de la situación de la aquí actora en cuanto al cumplimiento de los deberes fiscales, sin que se advierta en el caso irregularidad o arbitrariedad alguna en el procedimiento seguido a tal fin, ni que sea necesario para ello impugnar la contabilidad, tal como lo sostiene la actora (vide Informe Final de Inspección ya citado).
Que de acuerdo con la reseña efectuada en el punto anterior, resulta evidente que le corresponde a la demandante, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la veracidad de sus dichos, esto es, demostrar de la sustantividad de las operaciones rechazadas por la inspección actuante dado que la impugnaciones tienen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por pruebas fehacientes en tal sentido (cfr. criterio expuesto por la Sala “B” de este Tribunal en su anterior composición, in re “Pesquera San Nicolás” sentencia del 16/12/2005).
En esta línea, cabe recordar que la sola presentación de facturas cuya apariencia extrínseca no ofreciera reparos y el mero cumplimiento de los requisitos exigidos por las resoluciones aplicables, no resultan suficientes para que proceda el computo del crédito fiscal sino que para ello -y en vista de las singulares circunstancias configuradas, que permiten dudar seria y fundadamente sobre la veracidad de las transacciones que se atribuyen-, debe exigirse además que tales instrumentos se encuentren avalados por la existencia real y comprobable de las operaciones efectuadas (conf. criterio de la CNACAF, Sala III, causa ‘‘Calimboy S.A.” sentencia del 20 de mayo de 2010 y Sala IV, causa “Cargill S.A.C.I.” pronunciamiento del 7 de abril de 2011).
Por otro lado, si bien la actora pone especial énfasis en que habría cumplido con la verificación de los requisitos formales acerca de la inscripción de los proveedores en la AFIP, lo que reflejaría -a su entender- su diligencia y que intentó respaldar con la informativa ofrecida, lo cierto es que no se brindaron en estas actuaciones mayores datos que sirvan para contrarrestar las circunstancias descriptas por los inspectores respecto de las inconsistencias detectadas en cuanto a la falta de capacidad económica de los proveedores para las operaciones de venta cuestionadas. En tal sentido, la mera consulta que dice la actora haber realizado a los datos que surgen de la página web del organismo, esto es si estaban incluidos en la Base Apoc, no valida por sí solo que los bienes y/o servicios facturados por los proveedores cuestionados hayan existido en realidad.
No puede soslayarse que respecto de los proveedores investigados el Fisco puso en evidencia una serie de irregularidades que se presentaron de forma reiterada resaltando esencialmente la falta de capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera de los mismos para operar en los niveles de entrega de mercadería declarados, situaciones que no puede calificarse como de meros incumplimientos formales de terceros (cfr. Sala I de la Alzada, in re “Las Tres Mulitas”, sentencia del 9 de diciembre de 2015). Ello así, la incapacidad atribuida a los proveedores impide considerarlos como generadores genuinos del crédito fiscal, extremos que no fueron cuestionados -ni desvirtuados- por la actora (cfr. criterio de la CSJN in re: “Molinos Río de la Plata SA c/ EN - AFIP - DGI Resol. 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 25 de septiembre de 2015). Que tampoco han sido desvirtuadas en autos las irregularidades en materia del medios pago expuestas, con lo cual de ningún modo han quedado acreditadas las operaciones cuestionadas (cfr. Sala IV de la Alzada in re “Tecnobra S.A.”, sentencia del 15 de abril de 2014, que confirma el criterio de esta juzgadora plasmado en el decisorio de fecha 17 de septiembre de 2012). En tal sentido, cabe destacar que la propia actora fue quien desistió de la pericia contable en la que existían puntos propuestos relativos a tal cuestión (vide IF-2021-74619083-APN- DTD#JGM).
En efecto, resulta inaplicable al caso de autos lo expuesto por la recurrente invocando lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bildown” (Fallos: 334:1854), por cuanto, a diferencia de la situación examinada en aquel precedente no se debatió sobre la existencia y materialidad de las operaciones mientras que en el caso concreto tal cuestión ha sido controvertida y la apelante ha omitido demostrar la veracidad de aquellas que alegó haber realizado con los proveedores consignados en las facturas impugnadas (cfr. criterio de la Corte Suprema de la Nación in re “ADM Argentina S.A.” sentencia del 10 de marzo de 2015 y, a mayor abundamiento, Sala IV de la Alzada, in re “Cagnoli S.A.”, sentencia del 24 de noviembre de 2016). Que, resulta pertinente recordar que, en lo que aquí interesa, el Cimero Tribunal al resolver la causa "Ferretti, Félix Eduardo" (sentencia del 10 de marzo de 2015) respecto a la procedencia del cómputo del crédito fiscal, expresó -en lo que aquí interesa- : "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta adjudicadas.
Como corolario de lo expresado, considero que corresponde admitir el criterio aplicado por el organismo recaudador para no aceptar el cómputo del crédito fiscal de IVA con relación a las operaciones impugnadas.
VII. Que corresponde referirse a la liquidación de accesorios.
Sobre este tema debe recordarse que los intereses intimados en el acto apelado constituye una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio". En consonancia, la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más los agravios expuestos por la recurrente (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005).
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Citibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
Ello así y no existiendo agravios contra la forma de cálculo de los accesorios, procede confirmar la liquidación efectuada en el acto determinativo.
VIII. Por lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas. La Dra. O’Donnell dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $450.322 (pesos cuatrocientos cincuenta mil trescientos veintidós) equivalente a 90,46 (noventa con 46/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $1.125.806 (pesos un millón ciento veinticinco mil ochocientos seis) equivalente a 226,16 (doscientos veintiséis con 16/100) UMA, los que quedan a cargo del la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°12/2021 (13/07/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular los honorarios de la contadora María Angélica Angélica Gattorronchieri por su desempeño en autos como perito contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en el importe de $2.489 (pesos dos mil cuatrocientos ochenta y nueve) equivalente a 0,50 (cero con 50/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- el que queda a cargo de la actora, teniendo en cuenta la aceptación del nombramiento y las gestiones que debió realizar para ponerse en condiciones de cumplir el encargo, lo que le generó gastos y dispendio de tiempo, que debe ser valorado a fin de fijar una retribución a la cual tiene derecho porque no le es imputable la frustración del dictamen pericial (LLC 1995-759).
4° ) Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” por encontrarse de licencia el Vocal de la 12a. Nominación (conf. art. 184 de la ley Nº 11.683 -t.o. en 1998 y sus modificaciones-).
Regístrese y notifíquese.-
Date: 2021.11.09 20:11:08 -03:00 Date: 2021.11.10 09:33:23 -03:00 Agustina O'Donnell Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.11.10 09:33:23 -03:00
Fin de la sentencia