Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2.046/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la incidentista a fs. 74/81, revocando en consecuencia la sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 83 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2.046/16-TSJ Interlocutorio N°: 3.213.-
Actor: CO. SE. RE. NA S.A Demandado:
Objeto: CONCURSO PREVENTIVO – INCIDENTE DE REVISIÓN AFIP-DGI Fecha: 27-06-16 Texto: TOMO XXVII – INTERLOCUTORIO – T.S.J.-
REGISTRO Nº 3213 FOLIO Nº 5294/5296 PROT. ELECT. TSS1 055 I.161
Río Gallegos, 27 de junio de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “CO.SE.RE.NA. S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO-INCIDENTE DE REVISION AFIP-DGI”, EXPTE. Nº C-21.764/14 (C-2.046/15-T.S.J.) venidos al acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por las Dras. Silvia Patricia del Carmen Bandini y Viviana Andrea González, en representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva, a fs. 74/81, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 68/69 vta., que confirmó la sentencia de primera instancia, obrante a fs. 37/38 vta., en cuanto rechazó la revisión solicitada respecto de la morigeración de los intereses de los créditos verificados por la incidentista, con costas.-
II. Que la recurrente aduce en sus agravios errónea aplicación de la ley (conf. fs. 74 vta./75). Expresa al respecto que “Es remarcable la ilegalidad en que incurren las instancias anteriores al decretar sin facultades legislativas la aplicación de una tasa ilegal. Ello, obviando claramente la tasa de interés que prevén los artículos 37 y 52 de la Ley 11.683 para las obligaciones tributarias incumplidas. Esta disminución ilegal de las acreencias fiscales, permite inferir sin ninguna duda -además- la gravedad institucional que contiene la sentencia que se ataca, atento que sienta -además- precedente conspirando contra la integridad del crédito fiscal y su puntual ingreso a las arcas del Estado para la consecución de sus fines” (cfr. foja 75).
Sostiene que “…nos hallamos ante un Caso Federal en virtud de lo previsto expresamente en el artículo 14 de la Ley 48, atento que se ha cuestionado la norma que contiene el precepto relativo a los intereses resarcitorios y punitorios (arts. 37 y 52 de la Ley 11.683) y la decisión de la Excma. Cámara ha sido contra la aplicación de dichas normas de carácter federal” (cfr. foja cit.). Explica que “Es cierto que el concurso es un proceso especial, que tiene su propia normativa de fondo y procesal también; lo que no es cierto es que haya colisión de normas o mejor dicho que la ley de concursos y quiebras imponga a los acreedores por el sólo hecho de haber ingresado a un proceso universal, una tasa de interés distinta de la que la ley tiene prevista para la materia fiscal y nuestra mandante la esté violando al presentar su deuda ajustada a dichas tasas dispuestas por el ‘legislador’” (cfr. foja 76 y vta.).
Se agravia por la aplicación de “…la doctrina morigeradora, no solo por el marcado y peligroso avance que se advierte del Poder Judicial por sobre el Poder Legislativo sino porque además, no se visualiza cuál sea la afectación de la par conditio creditorum invocada y que está expresamente referenciada por los Magistrados en el fallo en crisis” (cfr. foja 76 vta.). Sostiene que “Los intereses que fije la autoridad administrativa, en cuanto se sujeten a los límites de la delegación…no pueden producir agravio constitucional válido, salvo que el contribuyente, a través de prueba idónea, demuestre que la aplicación de aquellos excede toda pauta de razonabilidad o produce efectos confiscatorios, cosa que no se ha demostrado en autos.
De allí que la sentencia también es arbitraria por basarse en hechos meramente conjeturales y no probados en la causa. Por su parte no existe norma que prevea la posibilidad de ‘morigerar’ pautas legales concernientes al cálculo de intereses, por donde la (sic) tal morigeración solo podría darse con base superlegal (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional)” (cfr. foja 77). Destaca que “…los intereses resarcitorios y punitorios que la AFIP DGI reclama conjuntamente con el capital pertinente, no son calculados antojadizamente por el Fisco, ni se han determinado en el marco del Concurso Preventivo; quiero señalar concretamente que la deuda capital + accesorio viene a integrar el crédito que la concursada adeuda a mi mandante.
De esta forma, mal puede señalarse que los demás acreedores tengan una desigualdad frente al Fisco pues los mismos han acercado a verificar sus créditos a su vez, con sus respectivos accesorios calculados, en cada caso, según la legislación pertinente (Ley de fondo, leyes provinciales, Disposiciones que rigen en el caso de las instituciones bancarias, etc.)…Si a ello sumamos que la par conditio creditorum ha cedido con el transcurso del tiempo y se ha flexibilizado por la existencia legal de normativa expresa que permite establecer por ejemplo la existencia de categorías diferentes de acreedores y propuestas, debemos colegir entonces que no se advierte por qué la normativa específica para el cálculo de los accesorios de la AFIP DGI debería ceder ante el principio de la pars conditio creditorum que según las disposiciones de propia ley concursal que admiten categorías de acreedores y propuestas no se habría vulnerado.
Cabe a ello agregar que los dineros del Fisco propenden al bien común por lo que los argumentos de los Magistrados caen carentes de todo sustento fáctico y legal” (cfr. foja 77 vta.). En segundo término, se agravia de la imposición de costas resuelta por la Cámara de Apelaciones para ambas instancias. Argumenta en este sentido que “…no debería imponérsele las costas al Organismo, en definitiva al Estado Nacional. Claramente el Estado tiene que soportar que el Magistrado viole las normas vigentes, a raíz de la errónea aplicación de la ley, hecho que fue también convalidado por la Excma. Cámara, no permite que el Estado ejerza su función de recaudador a las Arcas del Estado, sino que además le impone una erogación mayor que es la imposición de costas en ambas instancias” (cfr. foja 80).
Cita doctrina, jurisprudencia y mantiene la reserva del caso federal (conf. foja 80 vta.).- A foja 83 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la incidentista.-
Pasan los presentes al Acuerdo a foja 100.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º de la ley Nº 1.687 a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Del estudio de los fundamentos de la casación se advierte que la impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y de contenido procesal, extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial, manifestándose como una postura meramente discordante con el criterio sostenido por la Cámara ad quem.-
Así, la recurrente hace referencia a la valoración que efectuaran los Magistrados de Primera y Segunda Instancia con relación a las circunstancias que rodean el presente caso, agraviándose en virtud que dicha ponderación -sumada al informe efectuado por el síndico (conf. fs. 24/26)- los llevó a concluir que correspondía morigerar los intereses correspondientes a los créditos fiscales verificados.- Sin embargo, estos agravios fueron tratados por la Cámara en oportunidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por dicha parte sosteniendo que “…en el caso de un proceso especial, como lo es el proceso concursal, existe una colisión de normas aplicables a cada caso en particular, tal como se presenta con la deuda mantenida con la recurrente.
A partir de ello el Juez tiene facultad y el deber de interpretar conjuntamente las normas vigentes a cada caso en particular, tratando de no afectar la ‘par conditio creditorum’; y por tal razón entendemos que no deviene necesario declarar la inconstitucionalidad de la norma como pretende la recurrente. En éstos casos no se trata de perseguir el cobro de una deuda frente a un acreedor común, donde el organismo recaudador puede hacer uso de su normativa propia; sino que en el particular debe someterse a un proceso de carácter universal, donde concurre con diversos acreedores a perseguir el cobro de su crédito en especiales condiciones que son establecidas por la norma concursal…” (cfr. fs. 68 vta./69).- Entonces, se puede observar que las conclusiones a las que se arribara en la sentencia de segunda instancia no son refutadas por la recurrente mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error de argumentación en el decisorio, sino que constituyen una mera discrepancia con el criterio adoptado por los Magistrados.- Al respecto, este Tribunal tiene dicho que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación.
En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (conf. Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3107, Folio 5078/5080).- Con relación al caso que nos ocupa, los argumentos se limitan a exhibir la visión que posee la recurrente de la valoración de las circunstancias fácticas y procesales efectuadas por los Magistrados y que determinó la morigeración de los intereses correspondientes a los créditos verificados.-
Al respecto, se ha dicho que: “Si bien las altas tasas de interés aplicables a los créditos fiscales tienden a persuadir a los ciudadanos para que cumplan en término con sus obligaciones tributarias, resulta procedente morigerar dichas tasas ante el estado de falencia del deudor, pues caso contrario se transformarían en un castigo para los acreedores de la quiebra, quienes verían menoscabado el margen de posibilidades de percepción de sus créditos” (cfr. “Sortie S.R.L. s/ Quiebra s/ Incidente de Revisión por Estado Nacional, del 15/06/07, LL 2008-A, pág. 256) y se afirmó a su vez que “La morigeración judicial de la tasa de interés aplicable a un crédito fiscal conforme a lo previsto en los arts. 37 y 52 de la ley 11.683 (t.o. 1998) (Adla, LVIII-C, 2969) no requiere la previa declaración de inconstitucionalidad de tales normas, ya que el quantum de la referida tasa de interés no es fijado por la ley sino por una resolución administrativa” (cfr. fallo cit.).- Respecto del agravio efectuado con relación a la imposición de las costas, este Alto Tribunal tiene dicho que se encuentra detraído al conocimiento de esta materia en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia, constituyendo un principio general la irrevisabilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran al que no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución (cfr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542).-
IV. Que, por lo expuesto, el recurso intentado resulta insuficiente toda vez que no logra conmover la estructura básica del fallo, al expresar la impugnante conclusiones distintas de las emitidas por los Sres. Jueces de la Excma. Cámara, partiendo de puntos de vista diferentes, formulados como discrepancia de criterios. Ello inhibe a la recurrente de cumplimentar con el recaudo habilitante de esta instancia extraordinaria jurisdiccional, debiendo declararse mal concedido el recurso interpuesto.- Que en virtud de lo expuesto, jurisprudencia citada y ante la insuficiencia del requisito formal establecido en el artículo 4º inciso a) de la ley Nº 1687 –Recurso de Casación- corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la incidentista a fs. 74/81 y, en consecuencia, revocar la sentencia interlocutoria emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 83 y vta., en cuanto lo declara formalmente admisible y teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 80 vta.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la incidentista a fs. 74/81, revocando en consecuencia la sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 83 y vta.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvase Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani – Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1055I.161 Tomo: XXVII Interlocutorio: 3.213.-
Folio N°: 5.294/5296.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia