Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 73136426-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) rechazar el recurso interpuesto por la parte actora el 7/4/21; (ii) confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación del 22/2/21; e (iii) imponer las costas a la vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 11341/2021 “COARCO SA - DYCASA SA - MAKO SACIFIA - UTE (TF
73136426-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2021 VISTO Y CONSIDERANDO:
1. Que, por el pronunciamiento del 22/2/21, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución 122/2019 (DV CRR2), mediante la cual se había rechazado la acción de repetición interpuesta por “COARCO SA - DYCASA SA - MAKO SACIFIA – UTE” (en adelante, “COARCO”) el 31/8/17, correspondiente a saldos de libre disponibilidad del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) de los períodos fiscales 5/11, en adelante. Asimismo, impuso las costas a la vencida y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional (v. IF-2021-15149741-APN-VOCXII#TFN).
Para decidir como lo hizo, desestimó, en primer lugar, los planteos de nulidad por falta de causa, motivación y finalidad del acto. Sobre el particular, señaló: (i) que no se vislumbraban irregularidades en el procedimiento administrativo, en tanto se habían cumplimentado con las exigencias previstas por el ordenamiento legal; (ii) que las alegaciones vinculadas a la idoneidad de la prueba y su falta de consideración por el Fisco, resultaban insuficientes para motivar la nulidad argüída y remitían a un análisis de fondo del pleito; (iii) que la denegatoria de la prueba estaba comprendida dentro de las facultades del juez administrativo quien, teniendo a su cargo la valoración, había determinado su desestimación; y (iv) que los restantes agravios vinculados a la afectación del derecho de propiedad, el de capacidad contributiva y de la verdad material, serían análizados conjuntamente con el fondo de la cuestión.
A continuación, indicó que la materia bajo análisis se circunscribía a determinar la suficiencia de los elementos de prueba aunados a la causa. Al respecto, puso de resalto que la actora no había aportado la totalidad de los comprobantes relativos a las compras generadoras de crédito fiscal, sino que había adjuntado, en forma supletoria, una planilla de cálculo individualizando la documentación faltante, la cual no resultaba idónea para acreditar la veracidad de sus operaciones.
En ese orden de ideas, agregó que tanto la prueba informativa como la pericial contable tampoco resultaban conducentes en tanto no estaban orientadas a constatar la legitimidad de los créditos.
Añadió que, como medida para mejor proveer, había solicitado al contribuyente que acompañase una lista actualizada de las facturas faltantes a fin de analizar el carácter de “irrelevantes” que aquél había dado en su escrito recursivo.
En base a su análisis, el a quo precisó: (i) que de la totalidad de los comprobantes, un 75,73% de ellos no se encontraba disponible, mientras que tan sólo el 24,26% eran verificables; (ii) que, con relación al total del crédito fiscal contenido en las facturas en el período analizado, la suma $4.085.228,51 correspondía a los documentos faltantes, mientras que $709.089,22 a los existentes; (iii) que esto se traducía en que el crédito fiscal no verificable -por estar incluido en documentación no disponible- representaba el 85,21% sobre el total, teniendo en cuenta que el saldo reclamado ascendía a la suma de $2.116.509,49; y (iv) que varios de los comprobantes que no fueron encontrados correspondían a compras o prestaciones de servicios provistas por las propias empresas integrantes de la UTE.
Bajo ese escenario, concluyó que los elementos de prueba acompañados no tenían la aptitud suficiente para acreditar la existencia y legitimidad de las operaciones y del crédito fiscal computado.
Finalmente, sostuvo que el planteo de inconstitucionalidad de la tasa de interés resultaba abstracto, en atención al modo en que se había resuelto.
2. Que, disconforme con el pronunciamiento, el 7/4/21 y el 28/4/21, COARCO interpuso y fundó su recurso de apelación, que fue replicado por su contraria el 22/6/21 (v. IF-2021-30121102-APN-DTD#JGM, IF-2021- 36991900-APN-DTD#JGM y IF-2021-55725199-APN-DTD#JGM).
Se agravia de la decisión del organismo jurisdiccional, en tanto circunscribió el análisis de la prueba a las facturas faltantes y omitió valorar los restantes elementos aportados, los cuales -a su entender- daban cuenta de la existencia del saldo reclamado.
Se queja de la rigurosidad con que el Fisco analizó la existencia formal de las facturas al momento de otorgar la devolución de saldos, toda vez que cuando se trata de la acreditación de una operación ante la impugnación de créditos fiscales, éstas carecen de eficacia probatoria para el ente recaudador. Pone de manifiesto que las declaraciones juradas correspondientes a los períodos en que se generaron los créditos fiscales no fueron cuestionadas por la AFIP lo que, a su entender, implicó un reconocimiento tácito de la existencia de las operaciones, y de los saldos técnicos y de libre disponibilidad declarados. Alega que puso en conocimiento del Fisco la imposibilidad de poder localizar las facturas faltantes y este último no inició ningún procedimiento CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 11341/2021 “COARCO SA - DYCASA SA - MAKO SACIFIA - UTE (TF 73136426-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
de impugnación, todo lo cual confirmaría su tesitura vinculada a la aceptación tácita de la existencia de las operaciones denunciadas.
Añade, en sustento a lo expuesto, que los proveedores tampoco fueron incluidos en la base APOC, los créditos fiscales generados fueron oportunamente validados y que las retenciones practicadas fueron ingresadas. En otro orden de ideas, aduce que la sentencia resulta contradictoria ya que el Tribunal a quo “sostiene que la generación del saldo a favor responde a un todo (créditos/débitos/retenciones/percepciones, etc.), pero por otra parte expresa que la existencia de las retenciones/percepciones efectivamente practicadas y comprobadas no indican la existencia de las facturas y/o de las operaciones”.
Insiste en la relevancia de estas últimas, atento a que permitirían constatar la existencia de las operaciones, teniendo en cuenta que, asimismo, tienen su origen e individualización en una determinada factura.
A continuación, remarca que el Tribunal no valoró adecuadamente la documentación aportada, a saber: (i) las declaraciones juradas de IVA originales con sus correspondientes acuses de presentación, del período 5/11 hasta el 7/17 inclusive; (ii) los papeles de trabajo relativos a ellas; (iii) el libro IVA Compras, Nº 1, rúbrica 92718-09, actualizado al 31/1/18; y (iv) el libro IVA Ventas, Nº1, rúbrica 92719-09, actualizado al 31/1/18.
Agrega que también se detallaron cada una de las retenciones y percepciones que conformaban el saldo del importe reclamado, identificando los proveedores involucrados, CUIT, fecha de retención/percepción, número de comprobante de AFIP, número de certificado AFIP, tal como figura en la base informática del organismo fiscal.
Sobre esa base, insiste en que la interpretación del a quo, en cuanto redujo la improcedencia de la acción a la ausencia de las facturas, resulta arbitraria y configura un formalismo extremo en violación de su derecho de defensa, tornando el pronunciamiento inválido; como así también por el rechazo de la pericial contable cuyos puntos de prueba permitirían constatar lo expuesto. Subsidiariamente, peticiona la producción de esta última como así también de la informativa ofrecida, en los términos del art. 379 del CPCCN.
3. Que, previo a ingresar al tratamiento de los agravios, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a la recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970 4°) Que, sentado ello, cabe señalar con carácter preliminar que el art. 260, inc. 5°, del CPCCN -aplicable en la especie en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la ley 11.683- establece que se podrá solicitar la apertura a prueba en la Alzada cuando: a) se alegue un hecho nuevo, posterior a la oportunidad prevista por el art. 365, o se tratare del caso previsto por el segundo párrafo del art. 366 con relación a la apelación contra la denegatoria del hecho nuevo; y b) se indique las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de aquéllas que hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés de replantear en los términos de los artículos 379 y 385 in fine. Por su parte, debe advertirse que el replanteo requiere como presupuesto de admisibilidad que la petición sea fundada, es decir, que ello implica satisfacer la carga procesal de aportar las razones fehacientes que sirvan de fundamento suficiente para hacer viable la medida (C.Nac.Civ., Sala A, 3/6/80, Sala B, 13/5/77, Sala F, 18/5/71; esta Sala in re “Casinos de Misiones SA (tf 49698-i) c/ DGI s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 12/8/21 y “Abbiendi SAIC c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 21/12/17, entre muchas otras).
Debe repararse, en tal sentido, que la actora solicita la producción de la prueba denegada por el Tribunal Fiscal; a saber, una pericial contable que “tenía como objetivo acreditar que toda la información aportada en la instancia administrativa tiene un respaldo contable debidamente confeccionado y (…) constatar al momento de la pericia la existencia de las operaciones y de las facturas”; y el libramiento de oficios “a los todos los proveedores cuyas facturas no se pudieron ubicar a fin de que confirmen la existencia de las retenciones y percepciones practicadas a esta parte y que por ende habrían confirmado también la existencia de las operaciones” (conf. pág. 10, IF-2021-36991900-
APN-DTD#JGM).
Conforme surge de las presentes actuaciones, los puntos de la pericia estan orientados a que se informe; (i) si los libros de la empresa son llevados en legal y debida forma; y (ii) si de la contabilidad y comprobantes de la empresa se encuentran registrados los pagos, retenciones y/o percepciones que generan el saldo a favor que aquí se repite, haciendo su reserva de ampliarla (v. pág. 16, IF-2019-73134791-APN-SGAI#TFN).
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Ahora bien, resulta claro que se trata de un replanteo de prueba inhábil para desvirtuar el fundamento otorgado por el a quo para justificar su denegatoria, en tanto los puntos de pericia no se direccionan específicamente a suplir la deficiencia probatoria de aquéllos créditos carentes de comprobantes, sino que se orientan a la ratificación de elementos que no se encuentran controvertidos o que ya cuentan con su debido respaldo, por lo que su producción derivaría en una dilación innecesaria del proceso.
La misma suerte corre la prueba informativa, en tanto se vincula sustancialmente a la acreditación de las retenciones y/o percepciones sufridas, elementos que no fueron objeto de cuestionamiento y que tampoco permiten convalidar la veracidad y legitimidad de las operaciones. Asimismo, tampoco puede soslayarse que esta última no fue ofrecida en sede administrativa, circunstancia que resultaría suficiente para determinar su rechazo (cfr. fs. 4/5, de las actuaciones administrativas n° 10592-525-2017).
Por los motivos expuestos, y toda vez que no se advierte un error en la valoración efectuada oportunamente por el Tribunal Fiscal al rechazar el ofrecimiento de las mencionadas pruebas – de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 de la ley 11.683- corresponde rechazar los agravios del recurrente sobre el punto.
5. Que, en línea con lo expuesto, cabe desestimar la crítica de la parte actora referida a la violación de su derecho de defensa.
Al respecto, ha de recordarse que la garantía constitucional de la defensa en juicio supone la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia, la que no debe ser frustrada por consideraciones de orden procesal o de hecho (Fallos: 246:87; 249:399; esta Sala, “Centro S.A. -TF 9014- A- c/DGA”, sent. del 15/10/98, y “Joaquín Soto e Hijos S.A. -TF 20212-Ic/ DGI”, sent. del 7/11/02, entre muchos otros).
En el caso, la recurrente tuvo la posibilidad de ser oída por un tribunal en sus conflictos con la Administración, esgrimió todos los argumentos relativos a su pretensión y ofreció la prueba que hace a su derecho, sin perjuicio de que, por razones debidamente fundadas, el a quo determinó su rechazo; todo lo cual, sella la suerte adversa de su pretensión en este punto.
6. Que, sentado lo anterior, corresponde, sin más, ingresar al análisis del fondo de la cuestión. De las actuaciones administrativas se advierte que:
- El 31/8/17, la firma COARCO interpuso acción de repetición -en su carácter de UTE- toda vez que, en el marco de la ejecución de obra “Desagües cloacales de la cuenca de la IV colectora máxima de la localidad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón BIRF 7472 AR” y, como consecuencia de los regímenes de retención y percepción establecidos por el Fisco, generó un importante saldo a favor en concepto del IVA desde el periodo fiscal 5/11 al 7/17 (fs. 1/5vta., de las actuaciones administrativas n° 10592-525-2017). - El 11/5/18, en el marco de la O.I. 1671266, el organismo fiscal le requirió mediante F. 8600/I n° 0720002018029841504: (i) los libros IVA Ventas e IVA Compras donde se hallasen registradas las operaciones de los periodos reclamados, (ii) documentación respaldatoria de compras y ventas correspondientes; y (iii) papeles de trabajo (facturas, remitos, órdenes de pago, recibos) relativos a sus operaciones declaradas (v. fs. 2, de las actuaciones administrativas n° 10627-217-2019)
- El 28/6/18 se presentó un autorizado de la empresa, mediante F.
3283 y acompañó papeles de trabajo para la confección de las declaraciones juradas IVA del 5/11 al 12/12, y libro IVA ventas n° 1 rúbrica 92719-09 del 15/12/09 e IVA compras rúbrica 92718-09 del 15/12/09, donde se registraban las operaciones relativas al 5/11 al 12/12 (v. fs. 21, de las actuaciones administrativas n° 10627-217-2019).
- Posteriormente, el 13/7/18, mediante F. 8400/L, acompañó copias de algunas de las facturas de ventas de los periodos 5/11 a 12/12, y detalle y documentación respaldatoria de las órdenes de pago n° 1161 a 1215; quedando pendiente el resto de ellas (v. fs. 636, de las actuaciones administrativas n° 10627- 217-2019).
- El 27/7/18, adjuntó en forma parcial, la documentación faltante, a saber, los comprobantes respaldatorios de las órdenes de pago n° 1216 a 1222, 1224, 1225, 1227 a 1230, 1233, 1235, a 1244, 1246, 1248, 1254, 1256, 1258, 1259, 1261 a 1263, 1266, 1267, 1269 y 1272; solicitando un plazo de diez días hábiles para la exhibición de las faltantes (v. fs. 1149, de las actuaciones administrativas n° 10627-217-2019).
- El 19/10/18, manifestó, mediante F. 206/I, que parte de los comprobantes solicitados no pudieron ser localizados, motivo por el cual adjuntó planillas Excel con el detalle de cada una de las retenciones y percepciones que conformaban el saldo del importe reclamado, identificando los proveedores involucrados, CUIT, fecha de retención/percepción, numero de comprobante Afip, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 11341/2021 “COARCO SA - DYCASA SA - MAKO SACIFIA - UTE (TF 73136426-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
numero de certificado Afip, tal como figura en la base informática del Fisco (v. presentación de fs. 2540, de las actuaciones administrativas n° 10627-217-2019). - El 8/2/19, el organismo fiscal emitió el informe final de inspección en el cual detalló toda la prueba aportada y, en base a su estudio, concluyó que resultaba insuficiente para acreditar los saldos reclamados; análisis que compartió el Jefe Interno de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro, mediante resolución 122/2019 (DV CRR2) (v. fs. 2616/2618, actuaciones administrativas n° 10627-217-2019, y fs. 256/262, actuaciones administrativas n° 10592-525-2017)
- El 5/8/19, el letrado apoderado de la actora interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada. Cuestionó, en sustancial síntesis, que el Fisco hubiese supeditado la procedencia de los créditos fiscales al cumplimiento de los requisitos formales, esto es, a la ausencia de algunos de los comprobantes generadores del crédito fiscal reclamado, los cuales consideró “irrelevantes”, atento al resto de la documentación aportada y la prueba pericial ofrecida (v. IF-2019-73134791-APN-SGAI#TFN).
- El 24/11/20, el Tribunal Fiscal solicitó a la actora, como medida de mejor proveer, que “individualice la documentación faltante, identificando cada uno de los comprobantes por fecha y número, y los distintos ítems que los componen (precio neto, impuestos, percepciones, etc.)” (v. PV-2020-81378742-
APN-VOCXII#TFN).
A tales efectos, mediante presentación del 18/12/20, el contribuyente acompañó 24 planillas en las que se incluían las facturas de compra y/o servicios “faltantes” y los “existentes”, distinguiendo en forma clara unos de otros (v. IF-2020-88643354-APN-DTD#JGM y IF-2020-88643948-APN- DTD#JGM).
Finalmente, el 22/2/21 el TFN denegó el recurso impetrado y confirmó la resolución 122/2019 (DV CRR2), con fundamento en la inexistencia de elementos de prueba suficientes para la acreditación de los saldos de IVA reclamados (v. IF-2021-15149741-APN-VOCXII#TFN).
7. Que, bajo esa plataforma fáctica, el thema decidendum consiste en determinar si los elementos de prueba aportados a la causa resultan suficientes para acreditar la veracidad y legitimidad de las operaciones generadoras del crédito fiscal cuya restitución se pretende o si, por el contrario, el pronunciamiento del a quo resultó acertado en cuanto concluyó su desestimación.
8. Que, como primera aproximación a la cuestión, cabe señalar que conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar un crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo (en igual sentido, esta Sala, in re “Nuestra Huella SA c/ DGI s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/2/18, entre muchos otros).
Al respecto, vale recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que, a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (cfr. causa CSJ 119/2013“ADM Argentina SA c/EN –AFIPDGI- Resol. 24/08 25/08 DV Dy R s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10/3/15)
9. Que, asimismo, es menester recordar que tal como lo dispone el art. 33 de la ley 11.683 (t.o. vigente), “…todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que estos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas”.
Ello así, cabe precisar que, en materia de prueba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53, énfasis añadido)
Ahora bien, conforme surge de las actuaciones administrativas reseñadas ut supra, la inspección actuante detectó -de acuerdo con la prueba arrimada por el contribuyente- la ausencia de un número significativo de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 11341/2021 “COARCO SA - DYCASA SA - MAKO SACIFIA - UTE (TF 73136426-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
comprobantes tendientes a verificar las registraciones que componían las declaraciones juradas de IVA.
Por su parte, el Tribunal Fiscal, con mayor precisión señaló que “Se identifican, en total 1628 comprobantes útiles, porque 98 aparecen como anulados. A su vez se verifica que, de acuerdo a la leyenda informada, 1233 comprobantes tienen la condición de FALTANTES , mientras que 395 estarían EXISTENTES. Ello arroja un porcentaje de comprobantes no disponibles equivalente al 75,73%, mientras que solo el 24,26% serían verificables. Con relación al total del crédito fiscal contenido en las facturas en el período analizado, se observó que $ 4.085.228,51 corresponden a los comprobantes faltantes, mientras que $ 709.089,22 a los existentes. En resumen, habría un crédito fiscal no verificable por estar incluido en documentación no disponible equivalente al 85,21%. Cabe recordar que el saldo a favor que se reclama asciende a la suma de $ 2.116.509,49. Por último, no deja de llamar la atención que dentro del universo analizado existen comprobantes faltantes de compra/prestación de servicios que fueron provistos por las propias empresas que componen la UTE. Sin embargo, a pesar de la cercanía con las mismas, los comprobantes no fueron ubicados. Frente a lo expuesto sorprende el agravio expuesto por la apelante calificando de irrelevante la información no allegada al organismo recaudador” (énfasis añadido).
10. Que, en tales condiciones, no resulta oscioso recordar que el recurso previsto en el art. 86, inc. b, de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos: 300:985). Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (conf. Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, sent. del 31/10/12, énfasis añadido).
En esa inteligencia, cabe precisar que los argumentos del recurrente se traducen en un cuestionamiento de la valoración realizada por el a quo, pero no rebaten sus conclusiones vinculadas a la carencia de elementos probatorios y, puntualmente, la circunstancia de que los comprobantes faltantes representan una parte sustancial del crédito fiscal cuya restitución se pretende. Nótese, asimismo, que el propio accionante reconoce ante la autoridad fiscal la ausencia de comprobantes, motivo por el cual adjunta planillas complementarias que no poseen aptitud suficiente para acreditar los extremos invocados, en tanto no se encuentran acompañadas de documentación respaldatoria de la información contenida en ellas.
Por su parte, y tal como se destacó en el consid. 4°, la prueba informativa y pericial ofrecidas tampoco se orientaron a constatar los extremos invocados, esto es, la existencia y legitimidad de las operaciones denunciadas, motivo por el cual fueron desestimadas.
11. Que, todo lo expuesto no se ve enervado por el argumento vinculado a que las respectivas percepciones y retenciones se hayan realizado, en atención a que -tal como lo ha sostenido el a quo- la circunstancia de su configuración no permite constatar la efectiva realización de las operaciones declaradas, en los términos del consid. 8°.
Así pues, frente a las precisiones efectuadas por el a quo pierden credibilidad los agravios del recurrente, que se traducen en una mera reiteración de sus presentaciones anteriores, sin constituir una crítica concreta y razonada en los términos del art. 265 del CPCCN, por lo que corresponde su rechazo. Por tales razones, el Tribunal RESUELVE: (i) rechazar el recurso interpuesto por la parte actora el 7/4/21; (ii) confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación del 22/2/21; e (iii) imponer las costas a la vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo, del CPCCN). Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia