Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 35625-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por Cobrestar S.R.L. y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; imponiendo las costas de Alzada a la parte actora vencida (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del litigio, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios de la dirección letrada y representación legal del Fisco Nacional, fijados a fs. 327vta. respecto de las dos primeras etapas, en tanto sólo fueron apelados por altos (confr. arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores). A su vez, y teniendo en consideración las mencionadas pautas, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación legal del Fisco Nacional, respecto de la última etapa, en 12,6 UMA, que equivalen –a la fecha– a la suma de ciento treinta y un mil cuarenta pesos –$131.040–, en conjunto, que se distribuirá según la no impugnada proporción establecida en la resolución apelada, en tanto solo fueron apelados por altos (confr. arts. 16, 20, 21 y 29 de la Ley 27.423).
En similar sentido, sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN los emolumentos de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional por las tareas cumplidas en la alzada (confr. fs. 353/360), en 7,9 UMA que equivalen –a la fecha– a la suma de ochenta y dos mil ciento …
CAUSA N° 5486/2021 “COBRESTAR SRL (TF 35625-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2022. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación mediante sentencia del 25/6/2019 –obrante a fs. 321/327vta.– confirmó la Resolución Nº 116/2011, del 11/11/2011, suscripta por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó de oficio, con carácter parcial, el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales febrero de 2006 a diciembre de 2006, con más los intereses resarcitorios, y se difirió la aplicación de sanciones en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N° 24.769. Asimismo, impuso las costas a la parte actora y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional y, de la perito contadora designada a propuesta del Fisco Nacional.
Para decidir de ese modo, luego de efectuar un análisis de las actuaciones administrativas, puntualizó que –tal y como lo había determinado el Fisco Nacional– los comprobantes aportados no demostraban acabadamente que las operaciones hubieran sido celebradas con los proveedores indicados, sino que los mismos eran ficticios, lo cual permitía concluir que las operatorias irregulares se habían instrumentado con el propósito de disminuir el monto imponible en el impuesto al valor agregado.
Seguidamente, señaló que le correspondía al sujeto pasivo de la obligación tributaria probar fehacientemente la “autenticidad” de las facturas de compras y/o gastos a fin de acreditar las operaciones comerciales con sus proveedores.
Ello así, puso de manifiesto que no solo las pruebas aportadas en la instancia administrativa resultaban insuficientes para demostrar la existencia y procedencia de las operaciones sino, que tampoco se había aportado nuevo material probatorio, todo lo cual demostraba la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal.
En este orden de ideas, expuso la doctrina de la Corte Suprema mediante la cual se reconoció que las exigencias derivadas del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Por último, en relación con los intereses resarcitorios reclamados por el Fisco Nacional, señaló que atento a que los mismos resultaban ser la consecuencia de la existencia de deudas impositivas impagas a su vencimiento y, que habían sido liquidados conforme con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley de procedimiento fiscal, correspondía disponer su confirmación.
II. Contra aquel pronunciamiento, el 15/7/2019 (confr.
fs. 328), la parte actora interpuso recurso de apelación contra la regulación de honorarios por considerarla elevada.
Asimismo, el 3/9/2019 –confr. fs. 331– Cobrestar S.R.L. interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 23/9/2019 (confr. fs. 338/350), los cuales fueron contestados por el Fisco Nacional el 28/10/219 (confr. fs. 353/360).
Se agravia que el Tribunal Fiscal de la Nación consideró que no se encontraba acreditada la existencia de las operaciones con los proveedores observados, con fundamento en las supuestas inconsistencias verificadas por la AFIP que el Tribunal tuvo por válidas.
Así, sostiene que desde el inicio de las actuaciones administrativas hasta la interposición del recurso que dio inicio al CAUSA N° 5486/2021 “COBRESTAR SRL (TF 35625-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
caso bajo análisis, acreditó la existencia de la totalidad de las operaciones injustificadamente observadas por el Fisco. En este sentido, puntualiza que acompañó: (i) la totalidad de las facturas que respaldaban las operaciones de compraventa con los proveedores, las que dieron origen al cómputo del crédito fiscal; (ii) copia de las órdenes de compra; (iii) copia de las constancias de inscripción de los proveedores ante la AFIP; (iv) remitos de traslado de la mercadería de donde surgen todos los detalles de la operatoria; (v) consultas de validez de verificación de comprobantes (CAI) emitidas por la página de la AFIP; (vi) comprobantes de retención y; (vii) recibos con detalle de números de cheques y entidad bancaria emisora.
También, destaca que la documentación respaldatoria se encontraba debidamente autorizada por la AFIP y cumplía con todas las formalidades requeridas por el Organismo para la emisión de comprobantes, que la actividad de todos los proveedores se encontraba íntimamente relacionada con la actividad realizada por la parte actora, que ninguno de los proveedores había sido incluido en la base E-Apoc del Organismo al momento de celebrar las operaciones con la aquí accionante –motivo por el cual se encontraban plenamente operativos– y, que se habían acreditado los beneficiarios de los pagos por las operaciones realizadas.
En concordancia, refiere que tanto la prueba documental acompañada como la prueba pericial contable demuestran que Cobrestar S.R.L. prestó toda la colaboración posible para probar su propia inocencia, que las operaciones impugnadas efectivamente tuvieron lugar y fueron debidamente registradas, que los incumplimientos de los proveedores en su actuar ante la AFIP no son imputables a la parte actora y, que todos los proveedores impugnados estaban debidamente inscriptos ante la AFIP con su CAI vigente. Por otro lado, manifiesta que uno de los argumentos fiscales fue la inclusión de ciertos proveedores en la base E-Apoc. Sin embargo, señala que el supuesto carácter apócrifo de los proveedores fue publicado mucho tiempo después de las operaciones celebradas con Cobrestar S.R.L., motivo por el cual la mencionada no tenía forma de conocer la pretendida irregularidad.
En este sentido, pone de resalto que la fecha de detección y publicación es muy posterior, incluso años más tarde, por lo que la recurrente no tenía forma de constatar irregularidad alguna previa a contratar con dichos sujetos.
Por otro lado, aduce que el Tribunal Fiscal efectuó una valoración parcial y errónea de la prueba acompañada y producida en autos. Ello así, refiere que a partir de la prueba documental se acreditó la efectiva registración de las operaciones y de la totalidad del circuito comercial con los proveedores del caso.
También, indica que a partir de la prueba pericial contable se pudo verificar que los comprobantes que respaldaban las operaciones se encontraban debidamente registrados en el libro rubricado IVA COMPRAS, que dichos comprobantes se ajustaban a la reglamentación normativa de la AFIP-DGI, que los cheques emitidos por Cobrestar S.R.L. habían sido cotejados con los extractos bancarios del Banco BNL/HSBC, que se había concluido que el importe consignado en el cheque era coincidente con el importe debitado de la cuenta, los que también coincidían con la orden de pago, y, que en el libro diario rubricado constaba el asiento mensual global de los pagos realizados de acuerdo a las órdenes de pago. Finalmente, se agravia de la imposición de costas. En este sentido, puntualiza que Cobrestar S.R.L. tenía fundada razón y derecho para litigar y apelar la Resolución de la AFIP.
III. De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir CAUSA N° 5486/2021 “COBRESTAR SRL (TF 35625-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
IV. Por otro lado, corresponde señalar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (confr. Fallos: 300:985, considerando 5; 326:2987, considerando 9; 328:3048, considerando 11; 332:357, considerando 8; 334:249, considerando 7; 336:1668, considerando 8; 338:169, considerando 6; 340:1513, disidencia del Highton de Nolasco y Rosenkrantz, considerando 15; “Tecpetrol SA (TF 27621-1) c/ DGI”, causa CAF 32366/2012/CS1 RO, del 12/9/2017, considerando 11; “Eurnekian, Eduardo (TF 18906-1) c/ DGI”, causa CAF 40457/2012/ CS1 RO, del 23/11/2017, considerando 9; “ADM Argentina S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, causa CAF 29982/2017/1/RH1, del 28/10/2021, apartado III del dictamen fiscal al cual la Corte remite).
En esta línea, teniendo en vista el contenido de los agravios reseñados, cabe advertir que el análisis de las cuestiones planteadas por el apelante exige la revisión de cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla general, a la jurisdicción de esta Cámara, en razón de lo previsto en el artículo recientemente citado.
En el supuesto previsto en la norma en comentario, los agravios en esta especie de recurso deben formularse teniendo en cuenta que lo que corresponde conocer y decidir a este Tribunal, en principio y como regla general, es: a) si existió violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, y b) acerca del fondo del asunto, tener por válidas las conclusiones de dicho tribunal sobre los hechos probados. Es decir, los agravios del apelante deben estar centrados, como regla general, en cuestiones de derecho (confr. esta Sala, in rebus: “CLK SA (TF 36588-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo De Organismo Externo”, Causa N° 12.113/2021, del 9/8/2022; “Golden Penaut Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72.680/2018, del 9/5/2019; “Arusa, Vicente Eduardo (TF 23735-I) c. DGI s/Apelación”, Causa Nº 23.090/2012, del 12/11/2013).
En tal orden de exposición, esta Cámara ha tenido ocasión de enfatizar el carácter limitado del citado recurso, razón por la cual cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (confr., Sala I, in re: “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re: “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re: “Agropecuaria Laishi S.A.”, del 15/04/2010; esta Sala, “CLK SA (TF 36588-I)”, ya citada; “Del Buono, Jorge Luis” del 15/03/2007; entre muchos otros). Ahora bien, sin perjuicio de ello, tal principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver CAUSA N° 5486/2021 “COBRESTAR SRL (TF 35625-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos. Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (confr. Sala V, in re: “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c/ DGI”, Causa Nº 35.379/10, del 21/3/2011).
Si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, constituye un requisito de procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria (confr. esta Sala, in re: “Golden Penaut Argentina SA”, ya citado).
En este sentido, lo que se encuentra sometido a conocimiento de esta Sala consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso sólo cabe confirmar la decisión recurrida (confr. esta Sala, in rebus: “Kimberly Clark SA (TF 36115-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 17.550/2021, del 13/4/2022;
“Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/ DGI”, Causa Nº 72.673/2018, del 7/5/2019; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/ DGI”, Causa Nº 83.620/2016, del 16/10/2018; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/ DGI”, Causa Nº 18.124/2016, del 14/9/2017; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/ DGI”, Causa Nº 4.502/2014, del 29/9/2014; “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.409/2012, del 31/10/2012; entre otros).
V. En este entendimiento, y en lo que aquí interesa, cabe precisar que el Tribunal Fiscal en su pronunciamiento confirmó la Resolución Nº 116/2011, del 11/11/2011, suscripta por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó de oficio, con carácter parcial, el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales febrero de 2006 a diciembre de 2006.
Para decidir de ese modo, en primer lugar analizó el informe final obrante en las actuaciones administrativas. Así, indicó que respecto de los proveedores Bisio María Alcira, Castro Juan Carlos Alberto, Tonirca S.R.L., Manumet S.R.L., Mataderos Metales S.A. y, Óptimo Metal S.A., la inspección actuante había concluido que existían elementos suficientes para tildarlos de fictos, con lo cual el Fisco procedió a impugnar el crédito fiscal facturado en los que estos figuraban como productores y comercializadores de metales no ferrosos.
También, expuso que de la mentada inspección surgía que se había procedido a circularizar a través de la fiscalización a los proveedores Romano Miguel, Ángel Malvicino y CIA S.R.L., Cravero Ricardo, Autocord S.A., Casa Gaby, Laurencena S.R.L. y, Prosegur S.A., todos ellos registrados en Libro I.V.A. Compras, cuyas facturas fueron impugnadas. Ello así, señaló que de la circularización efectuada se había obtenido información de operaciones que no se encontraban registradas en los libros I.V.A., lo cual había sido considerado para determinar el ajuste.
Seguidamente, el Tribunal Fiscal en su sentencia, tuvo en cuenta:
(i) Que la prueba documental agregada por la parte actora no ayudaba a demostrar la veracidad de las operaciones impugnadas, en tanto la mencionada había aportado en cuatro anexos CAUSA N° 5486/2021 “COBRESTAR SRL (TF 35625-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
órdenes de pago de dos de las empresas observadas y, constancias de inscripción en AFIP de algunos de los demás proveedores observados. (ii) Que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultaban inhábiles por si solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión.
(iii) Que de la prueba pericial contable surge que la profesional designada por el ente fiscal expresó que los libros poseían atraso en las registraciones a la fecha de la pericia, detallando que en el libro Inventario y Balance N° 1, el balance al 31/12/2005 carecía de firma y el correspondiente al 31/12/2006 solo contenía la firma del contador.
A su vez, se informó que respecto de los proveedores Metales Silocal, Metales Nahuel de Juan Carlos Castro y RC Metales en las órdenes de pago no constaba que facturas se cancelaban. Por otro lado, de Óptimo Metal, Metales JAR de María Bisio y Tornica S.R.L., los recibos de pago de los proveedores eran de fecha anterior a la que constaba en las órdenes de pago confeccionadas por la parte actora. Además, en los casos de los proveedores Manumet S.R.L., Mataderos Metales y Ángel Malvicino y Cia S.R.L. no obraban recibos de pago o, faltaban. También, en cuanto a los proveedores Autorcord, Prosegur S.A., Laurencena y Casa Gaby, solo se exhibieron facturas.
Finalmente, en relación con los pagos efectuados a los proveedores el profesional actuante por la parte actora señala que en el libro diario rubricado consta el asiento mensual global de los pagos según las órdenes de pago, sin embargo la experta contable del Fisco informa que de los registros contables no surgen registraciones que individualicen los pagos.
(iv) Que la prueba testimonial fue dada por decaída.
(v) Que en cuanto a la prueba informativa, de las respuestas de los oficios se observaba que la misma no brindaba precisión en cuanto a la materialidad de las operaciones cuestionadas.
VI. En este contexto, y de conformidad con lo reseñado en el considerando I, cabe puntualizar que el Tribunal Fiscal expresó que no solo las pruebas aportadas en la instancia administrativa resultaban insuficientes para demostrar la existencia y procedencia de las operaciones, sino que tampoco en la causa bajo análisis se había aportado nuevo material probatorio, lo cual evidenciaba la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal.
Así las cosas, se advierte que el recurrente no ha presentado razones de peso que permitan modificar lo decidido, máxime cuando se pretende revertir el juicio del Tribunal Fiscal acerca de los hechos y de la prueba, aspecto que solo resulta revisable para la Alzada en supuestos de deficiencias manifiestas o errores en la apreciación de aquellos extremos –como se ha expuesto en el considerando IV–, los cuales no se advierten en el caso bajo examen. En efecto lo decidido por el Tribunal Fiscal se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso, que le permitieron concluir que era válida la determinación de oficio al impuesto al valor agregado por los períodos fiscales febrero de 2006 a diciembre de 2006 del actor.
Por lo tanto, corresponde desestimar los agravios esgrimidos en este punto.
VII. Respecto al agravio relativo a la imposición de costas, cabe recordar que el principio general que rige en materia de costas dispone que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado (artículo 68, primer párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
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De este modo, como pauta general, la norma mencionada consagra el principio rector en materia de costas, el cual encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (confr. CSJN, Fallos: 323:3115; 325:3467), a través del cual se busca una reparación de los gastos necesarios efectuados por la parte que ha resultado vencedora en el pleito tendientes al reconocimiento de su derecho (confr. esta Sala, in rebus: “Fontana Nicastro SA de Contrucciones c/ EN-DNV s/ Proceso de conocimiento”, Causa Nº 37.283/2013, del 9/4/2019; “Cooperativa Telefónica de Grand Bourg y Pablo Nogues Serv. Publ. Urbanización y Serv. Soc. Asisitltda c/ EN-ENACOM s/ Proceso de Conocimiento”, Causa N° 15981/2017, del 17/2/2021; Sala II, in rebus: “September S.A. c/ Edesur S.A. - Resol. 997/06 s/ expropiación - servidumbre administrativa”, del 29/12/2010; “Pistorio, Adrián Alejandro c/ Mº Interior - P.F.A. s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, del 2/10/2012; “Carranza Zavalía, José María c/ E.N. - Mº Defensa - E.M.G.E. s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, del 20/12/2012; entre otros).
Sin embargo, debe destacarse que es posible reconocer excepciones a la regla del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en las condiciones que se establecen en el segundo párrafo de la mentada norma, al facultarse a los jueces a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, por decisión fundada (confr. CSJN, Fallos: 311:809 y 317:1640, entre otros), si se comprueba que el tema debatido en el juicio es discutible y de singular complejidad (confr. CSJN, Fallos 280:176, considerando 14 de la mayoría y 17 de la disidencia) o la cuestión es novedosa de tal modo que todo ello haya podido generar en la parte la creencia de que su pretensión era, al menos, opinable (confr. esta Sala, in rebus: “Medina Víctor Hugo TF 45764-I c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 39789/2019, del 2/12/2020; “Juarez Cubillas Fernando c/ EN - M Justicia y otros s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 39.646/2009, del 26/2/2019; “Paglilla, Alberto Mario c/ Gesualdi Dora Mariana y otros s/ Daños y Perjuicios”, Causa Nº 40976/13, del 14/6/2018; “Morales Silvia Mónica c/ EN – PEN – AFIP – Resol 3212/11 s/ amparo Ley 16.986”, Causa Nº 30.272/12, del 20/12/2012; y “Fontana Nicastro SA de Contrucciones”, ya citado).
Así las cosas, si bien la norma otorga al juez un margen de arbitrio, sólo se debe eximir de costas sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas, ya que de acordarse con laxitud, la vencida resultaría ser en verdad una parcial vencedora, al imponer a la triunfante el sacrificio patrimonial constituido por el costo de la defensa de quien se vio obligado a litigar (confr. FENOCHIETTO, Carlos E. – ARAZI, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, 2º ed. Actualizada, Astrea, Buenos Aires, 1993, t. I, pág. 279).
Es que al decidir cómo distribuir las costas, no puede perderse de vista que el triunfo en el tema central alrededor del cual giró la controversia debe reflejarse en la imposición de las costas, pues no se trata de castigar al perdedor sino de cargar al vencido las erogaciones que debió realizar su contraria (confr. CSJN, Fallos: 322:1.888; esta Sala, in re: “Fontana Nicastro SA de Contrucciones”, ya citado; Sala II, in re: “Tello, Néstor Oscar c/ Armada Argentina s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, del 26/5/2011). En la especie, la pretensión de la parte actora no ha prosperado, resultando –por tanto– perdidosa en el asunto traído a juzgamiento. Por ello, no se advierten razones para apartarse de la regla general contenida en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en igual sentido, esta Sala in rebus: “Gutkowski, Osvaldo ARTURO c/ EN-AFIP s/ Direccion General CAUSA N° 5486/2021 “COBRESTAR SRL (TF 35625-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Impositiva”, Causa N° 24.937/2019, del 30/9/2022; “Brandi, Mariela Maritel c/ EN - AFIP - DGA s/ Proceso de Conocimiento”, Causa N° 46808/2017, del 28/12/2021).
Por lo tanto, corresponde desestimar el agravio vertido por la parte actora y confirmar la imposición de costas (confr. artículo 184 de la Ley N° 11.683 y el artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; en similar sentido, esta Sala, in rebus: “Medina Víctor Hugo TF 45764-I”, ya citado; y “Mackielo Andrea Laura c/ EN – BCRA – AFIP s/ Amparo Ley 16.986”, Causa N° 23356/2012, del 20/11/2012).
VIII. Por último, atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de Alzada a la parte actora vencida en autos (artículo 68, primer párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por Cobrestar S.R.L. y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; imponiendo las costas de Alzada a la parte actora vencida (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del litigio, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios de la dirección letrada y representación legal del Fisco Nacional, fijados a fs. 327vta. respecto de las dos primeras etapas, en tanto sólo fueron apelados por altos (confr. arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores). A su vez, y teniendo en consideración las mencionadas pautas, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación legal del Fisco Nacional, respecto de la última etapa, en 12,6 UMA, que equivalen –a la fecha– a la suma de ciento treinta y un mil cuarenta pesos –$131.040–, en conjunto, que se distribuirá según la no impugnada proporción establecida en la resolución apelada, en tanto solo fueron apelados por altos (confr. arts. 16, 20, 21 y 29 de la Ley 27.423).
En similar sentido, sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE ESTABLECEN los emolumentos de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional por las tareas cumplidas en la alzada (confr. fs. 353/360), en 7,9 UMA que equivalen –a la fecha– a la suma de ochenta y dos mil ciento sesenta pesos –$82.160–, en conjunto, que se distribuirá según la no impugnada proporción establecida en la resolución apelada (arts. 16, 19, 20 y 30 de la Ley Nº 27.423).
Finalmente, teniendo en cuenta la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada por la perito contadora María Cristina Mora, SE CONFIRMA el monto fijado en el punto 3 de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Fiscal, desde que sólo ha sido apelado por alto (confr. art. 3º del Decreto-ley Nº 16.638/57; arts. 21 y 61 de la Ley Nº 27.423).
Hágase saber que, en caso de que los profesionales beneficiarios acrediten –en la instancia anterior– su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
CAUSA N° 5486/2021 “COBRESTAR SRL (TF 35625-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia