Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131102
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar, por mayoría, a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 292 del CPCC; Ac. 4.068/2022; art. 89, ley 15.057 y Resol. 1.840/24) e intimar a Las Canelas del Mar S.R.L. para que, en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite, ante esta sede, haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de un millón doscientos ocho mil, trescientos pesos ($1.208.300), por constituir este último el importe mínimo (100 Jus) fijado por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso, bajo apercibimiento de declarar desierto el medio revisor aquí concedido (art. 280 párrafo cuarto, cit.). En tal sentido, se oficiará a dicho Tribunal laboral remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial, la notificación a la impugnante de la misma, e informe -por medio electrónico- a esta Corte la fecha en la que el banco efectúe la señalada apertura y su notificación a la interesada. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/93, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV …
El Señor Juez doctor Torres, dijo:
En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó las excepciones de incompetencia material y de inhabilidad de título opuestas por la emplazada en el marco de la causa iniciada por el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (S.T.A.R.P. Y H.) contra Las Canelas del Mar S.R.L. mediante la que procura el cobro de "cuotas sindicales y aportes extrasociales", como así también, de los aportes devengados en favor la Obra Social Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (O.S.A.R.P.Y.H.), por los períodos que dan cuenta las determinaciones de deuda acompañadas, base de la ejecución promovida (v. pronunciamiento de 7-VII-2023).
En cuanto al pedido de "derivación al fuero pertinente" efectuado por la accionada con fundamento en el art. 24 de la ley 23.660, esgrimió la multiplicidad de disposiciones legales a efectos de regular la atribución de competencia para "la ejecución de las deudas por aportes sindicales -tal el supuesto de autos-" (ver primera cuestión de la resolución recurrida).
Resolvió de esta manera por entender, a la luz del contenido de los arts. 75 inc. 12 y 121 de la Constitución Nacional, que en las demandas por cobro de aportes de cuota sindical son competentes los Tribunales del Trabajo, en virtud de lo previsto en los arts. 2 inc. b y 4 de la ley 11.653, no resultando un impedimento para llegar a dicha conclusión, especificó, lo establecido por la ley 24.642, dado que dicha norma no modificó la competencia prevista en el ámbito provincial, desplazando así la competencia federal en su aplicación al sub lite, en tanto pone -aclaró- en cabeza de las Provincias el dictado de la normativa procesal que regule el procedimiento concreto por el cual se efectiviza dicha ejecución por vía de apremio.
En lo que respecta a la inhabilidad del título ejecutivo alegada como defensa, sostuvo que las argumentaciones desplegadas al respecto en el escrito liminar, exceden ampliamente el marco del trámite de apremio estatuido en la ley 13.406 de conocimiento acotado.
II. Contra dicha decisión, la aquí demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 31-VII-2023), ocasión en que, tras plantear la inconstitucionalidad de los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 56 de la ley 11.653, se agravió del rechazo de la excepción de incompetencia, solicitando -con expresa cita de los Fallos emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indicó y las normas constitucionales que consideró afectadas- se aplique al caso el art. 5 de la ley 24.642. Luego, cuestionó lo decidido en cuanto a la defensa de inhabilidad de título, reiterando los argumentos desplegados en torno a las irregularidades en el proceso de determinación de la deuda que se pretende ejecutar por vía de apremio.
A su turno, el tribunal de grado declaró inadmisible el recurso extraordinario intentado, con fundamento en la insuficiencia del monto para recurrir, la ausencia de cita doctrinaria que habilite la excepción establecida en el art. 55 de la ley ritual del fuero y ante el incumplimiento de la carga prevista en el art. 280 del Código Procesal, Civil y Comercial (v. resol. de 4-VIII-2023). Tal pronunciamiento motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito de 14-VIII-2023).
En la vía directa deducida ante esta sede, con apoyo en los precedentes emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) la interesada alega la existencia de una cuestión federal bastante a los fines de habilitar la instancia de casación local.
III.1. Corresponde señalar, primigeniamente y por motivos de buen orden metodológico, que las decisiones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial, denieguen la competencia federal o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación que vincula a las partes, incidiendo sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 101.056, "Díaz", sent. de 3-VI-2009; L. 111.358, "Mollard", resol. de 7-VII-2010; L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011; L. 121.358, "Ojeda", sent. de 7-VIII-2019; L. 125.811, "Subils", resol. de 18-VIII-2020 y L. 124.781, "Prieto", resol de 2-X-2020).
III.2. En la especie, el tribunal interviniente concluyó (en una definición no exenta de ciertas imprecisiones) que las pretensiones objeto de ejecución debían tramitar ante la justicia provincial (ver primera cuestión de la resolución interlocutoria del 7-VII-2023).
Esa determinación, censurada por la demandada ante la privación del juez natural, encuadra en uno de los supuestos excepcionales en que este Tribunal ha admitido la apertura de la vía extraordinaria en aquella materia, desde que, en la especie, a través del canal extraordinario de inaplicabilidad de ley se controvierte la denegatoria del pedido de atribución de competencia federal (cfr. causas Ac. 107.089, "Cristobo", resol. del 17-VI-2009; L. 120.592, "Blanco", resol. de 9-VIII-2017; L. 122.160, "Reggiani", resol. de 8-V-2019; L. 126.008, "Serantes", resol. de 22-IV-2021; L. 129.144, "Lopez", resol. de 1-IX-2023 y L. 130.605, "Benassi", resol. de 7-IX-2023).
IV.1. Establecido lo anterior, ingresando en el análisis de los restantes requisitos de admisibilidad, se impone destacar que, como admite la quejosa, el valor de lo cuestionado en la parcela descripta, representado por el importe total cuyo pago se reclama (v. escrito de 19-X-2022), no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el señalado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario.
IV.2. En atención a lo dicho, carece de virtualidad expedirse en torno al planteo de inconstitucionalidad del señalado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, introducido por la aquí recurrente.
V.1. Luego, corresponde ingresar en el cuestionamiento de la validez constitucional planteado respecto a lo dispuesto en el mentado art. 280 del mismo cuerpo procesal citado. Al respecto, este Tribunal ha sostenido -en innumerables supuestos- que el mencionado recaudo no impide en modo alguno la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiese ser considerada contraria a la Constitución, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentran en las mismas condiciones (cfr. "Acuerdos y Sentencias", 1959-III-198; 1960-IV-489; C. 120.941, "Mihanovich", resol. de 26-10-2016 y L. 122.338, "Alfonso", resol. de 29-V-2019; e.o.).
V.2. Por otra parte, es menester recordar, en cuanto a su petición de eximición del cumplimiento de la referida carga con sustento en la doctrina emanada de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Di Mascio", "Christou" (CSJN, Fallos: 308:490; 311:2478 y 310:324), que esta Corte ha sostenido que aún en ciertos casos en que se dispuso que el recaudo establecido en el enunciado art. 278 del ordenamiento procesal local debía ceder por haber invocado la apelante agravios de carácter federal que prima facie guardaban relación directa con la cuestión litigiosa y, ponderando además que esta Suprema Corte conformaba el superior tribunal de la causa en los términos a que se refiere en los indicados fallos, ello no obstó a que, seguidamente, se exigiera el cumplimiento de la carga prevista en el art. 280 del Código citado (causas Ac. 90.134, "Banco de La Pampa", resol. de 16-VI-2004; C. 98.784, "Seguro de Depósitos S.A.", resol. de 28-V-2010; C. 119.610, "Montezanti", resol. de 19-X-2016; C. 121.407, "Consorcio de Copropietarios Club Atlético Los Andes", resol. de 13-IX-2017; C. 124.125, "Fernández", resol. de 8-VI-2021 y L. 127.620, "Ovejero", resol. de 13-X-2021; e.o.).
En este contexto, por las circunstancias particularidades reseñadas, correspondería intimar a la recurrente a satisfacer el depósito previo establecido en la norma mencionada por el mínimo legal -equivalente a cien -100- Jus a la fecha del recurso - (art. 280 cit.). Así, de acuerdo al valor de dicha unidad, vigente al momento de interposición de la vía recursiva, el depósito mínimo a satisfacer en el sub lite es de un millón doscientos ocho mil trescientos pesos ($1.208.300), por lo cual se impone requerir su cumplimiento (art. 280, cuarto párrafo, cit.).
El Señor Juez doctor Soria, dijo:
I. Disiento con lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres. En lo tocante a la decisión vinculada con la excepción de incompetencia, aun cuando su equiparación a sentencia definitiva a los fines del recurso no merecería reflexión alguna, observo que la quejosa no ha brindado una argumentación idónea para evidenciar que en el caso pudiese encontrarse en juego una cuestión federal para así sortear el recaudo de admisibilidad centrado, ahora, en el valor de lo cuestionado.
En este aspecto, la interesada no ha satisfecho la carga de suficiencia tantas veces mencionada por esta Corte (causas L. 119.300, "Andrade", resol. de 2-III-2016; L. 120.678, "Flores Fernández", resol. de 3-III-2017 y L. 121.385 "Almirón", resol. de 6-XII-2017).
II.1. Luego, luce desprovisto de fundamentos atendibles el planteo de inconstitucionalidad que introdujo la impugnante en torno a la exigencia contenida en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial afincada en el mencionado recaudo económico relacionado con su agravio.
Reiteradamente este Tribunal ha señalado que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 129.268, "Senger", resol. 15-II-2023). También ha señalado, que el juego armónico de lo dispuesto por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.381, "Blanco"; L. 123.904, "González", resols. de 18-XII-2019; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020).
II.2. Conforme lo hasta aquí dicho, y todavía, cuando quedaría pendiente de cumplimiento la integración del depósito al que alude el art. 280 del digesto adjetivo civil y comercial, no se constata satisfecho el recaudo de admisibilidad requerido en el marco de la excepción prevista el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, aplicable a la fecha de su interposición.
En efecto, la exclusión de la excepción referida se impone nítida, toda vez que en el medio de impugnación se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 130.050, "Fernández", resol. de 10-IV-2023). Ciertamente, no está de más recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023).
III. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar en todos sus términos la queja traída (arts. 292, CPCC y 89 ley 15.057; Acordada 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1840/24).
Las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño y el señor Juez doctor Kohan, adhieren, por los fundamentos que expone, al voto del doctor Torres.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
Hacer lugar, por mayoría, a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 292 del CPCC; Ac. 4.068/2022; art. 89, ley 15.057 y Resol. 1.840/24) e intimar a Las Canelas del Mar S.R.L. para que, en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite, ante esta sede, haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de un millón doscientos ocho mil, trescientos pesos ($1.208.300), por constituir este último el importe mínimo (100 Jus) fijado por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso, bajo apercibimiento de declarar desierto el medio revisor aquí concedido (art. 280 párrafo cuarto, cit.). En tal sentido, se oficiará a dicho Tribunal laboral remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial, la notificación a la impugnante de la misma, e informe -por medio electrónico- a esta Corte la fecha en la que el banco efectúe la señalada apertura y su notificación a la interesada. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/93, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y ofíciese al Tribunal de origen a los fines dispuestos en el punto V. de la presente.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/04/2026 19:41:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2026 11:10:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/04/2026 12:48:22 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 27/04/2026 13:43:38 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2026 13:09:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/05/2026 18:16:13 hs. bajo el número RR-777-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia