Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 30891
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución del 8-11-2019 en lo que ha sido materia de agravios.
2Imponer costas al recurrente, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad legal (Art. 41 del CPCC).
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Marzo del Dos mil veinte se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Analía Inés Sánchez, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “CARABELLI GUSTAVO MARTIN C/MAZZITELLI ROQUE Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: doctores Llobera y Sánchez, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la resolución apelada?
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Llobera, dijo:
I. La resolución del 8-11-2019, entre otras cuestiones, dispuso que la Juez competente en materia concursal ya se había expedido en cuanto a la inadmisibilidad del crédito reclamado a Roque Mazzitelli, ello al haberse confirmado el rechazo del incidente de revisión que oportunamente promoviera Gustavo Carabelli.
El ejecutante apela el 18-11-2019, fundando su memorial en el mismo acto.
Refiere que la sentencia de remate aquí dictada hizo cosa juzgada material y no puede verse invalidada por lo dictaminado en un incidente de revisión. Alega que la única forma de enervar sus efectos es mediante un juicio ordinario posterior en los términos del art. 551 del CPCC, que no es el supuesto en examen.
Además, critica que se haya resuelto ultra petita, violando el principio de congruencia.
Sustanciados los agravios, el ejecutado responde el 19-12-2019.
Destaca haberse presentado en concurso preventivo, donde se convocó a sus acreedores, siendo rechazada en sendas instancias la verificación propuesta por el aquí actor, implicando ello que nada se le adeuda por estos títulos de crédito.
II. Establecido el marco de debate, corresponde analizar la decisión de la Magistrada, que denegó al actor la posibilidad de ejecutar el crédito contra Roque Mazzitelli, ello al no haber logrado atravesar la etapa de verificación en el proceso concursal de aquel.
En efecto, en los autos “Mazzitelli Roque S/ Concurso Preventivo” (SI-34878/2011), en trámite por ante el Juzgado de igual clase nro. 11 departamental, se desestimó la pretensión verificatoria de Gustavo Carabelli con base en el crédito objeto de este juicio ejecutivo (Res. Interlocutoria del 6-11-2012). Luego, se promovió incidente de revisión para intentar revertir sumariamente tal decisión, acción que arrojó resultado adverso en ambas instancias, ello al no haber logrado demostrar y probar la causa subyacente de la obligación.
III. La exigencia de explicar la causa de la obligación que resulta de la Ley de Concursos y Quiebras (art. 32) se enfrentó durante muchos años con el carácter abstracto del derecho cambiario. De tal forma que la verificación apoyada en un pagaré o cheque corría suerte incierta.
La sentencia recaída en el proceso ejecutivo, considerada como elemento suficiente para la verificación del crédito, no atiende a la naturaleza del proceso concursal y del procedimiento establecido en la ley 24.522 a los fines de la verificación de los créditos. Según pacífica doctrina se entiende como una acción causal y de conocimiento pleno tendiente a demostrar la legitimidad de la acreencia pretendida, circunstancia que, como es nítido, no cubre la decisión recaída en el proceso ejecutivo, de limitado marco cognoscitivo y que sólo involucra a las partes de dicho procedimiento y no a los terceros, como son los restantes acreedores que en la demanda de verificación tienen participación decisiva, ya sea de modo individual o con la representación promiscua de la sindicatura.
Asimismo, se destacó que el destino de la citada verificación que, conforme reza textualmente la norma, produce los efectos de la demanda judicial, es acreditar la existencia del crédito y, para ello, por la naturaleza de dicho procedimiento, se admite todo tipo de prueba, y se requiere del pretensor la justificación de su petición, no sólo a través, si lo hubiera, de un título hábil que reúna los requisitos formales, sino de la acreditación de la causa que dio origen al título que justifica el crédito, es decir, que su objeto no es un mero trámite de verificación formal sino de determinación de la real existencia del crédito.
Tanto el concurso preventivo como la quiebra son procesos universales que afectan la generalidad del patrimonio del deudor y de sus acreedores, a los que estos últimos deberán asistir para el reconocimiento de sus pretensiones en orden a su entidad y privilegio y la decisión que recaiga en cada caso particular, incidirá respecto de todos los acreedores, en cuanto a la oportunidad y garantía de su percepción mediante el patrimonio del concursado, razón ésta que justifica la intervención de los restantes acreedores (por sí o por intermedio de la sindicatura) en la tramitación del procedimiento de verificación en sus diversas frases (impugnación o revisión), lo cual además predica que el procedimiento ejecutivo donde puede haberse dictado sentencia, no tiene efectos respecto de los restantes acreedores del concurso, quienes pueden invocar todo aquello que haga a la validez del título y de la causa origen del mismo.
IV. En esta coyuntura, cabe preguntarse: ¿La decisión firme del incidente revisión implica vedar la ejecución del crédito que aquí persigue?
La respuesta a este interrogante surge irremediablemente positiva, pues el amplio marco cognoscitivo del incidente de revisión permitió indagar en la causa de la obligación, desestimando el carácter de acreedor que invocó Carabelli y que lo marginó de la percepción del dividendo concursal. Es que habiéndose sometido a la etapa de verificación de créditos para demostrarle al Juez universal la legitimidad de su crédito, no lo logró, extendiendo sus efectos a esta ejecución contra Roque Mazzitelli, como se dispuso en la resolución apelada (arts. 32, 36, 37 y conc. Ley 24.522). Resulta propicio referir que los efectos de la cosa juzgada operada obran por fuera del ámbito concursal y se proyectan sobre el derecho que esgrime dicho acreedor por la misma obligación. Y más aún, cabe mencionar que en ese incidente se analizó y se puso en evidencia la falta de causa suficiente, verdad jurídica objetiva que debe prevalecer en todo servicio de justicia (art. 37 LCQ).
Por lo tanto, consideramos que sostener que el título es suficiente (en el caso, la sentencia del ejecutivo) se aparta de tal manera y sin razón alguna de los principios generales que sostienen el procedimiento concursal que son de orden público y tienden a asegurar el derecho de propiedad, la igualdad de tratamiento, el debido proceso y la defensa en juicio de los derechos de todos los acreedores (arts. 16, 17 y 18 de la CN).
En consecuencia, teniendo en cuenta el carácter universal y orden público que imperaron en la decisión firme que se tomó en el proceso de conocimiento de revisión por la Juez del concurso, entiendo que el crédito aquí reconocido carece de entidad para ser ejecutado contra Roque Mazzitelli, ello en aras de evitar incurrir en contradicciones sobre cuestiones que ya pasaron en autoridad de cosa juzgada.
Por consiguiente, en base al razonamiento aquí desplegado, corresponde desestimar el recurso interpuesto por Gustavo Carabelli y confirmar la resolución apelada en lo que fue materia de agravios (arts. 242, 246, 266, 267 del CPCC).
Tampoco habrá de atenderse el agravio referido a la violación del principio de congruencia, toda vez que la resolución concursal que trató ambos pedimentos en cuanto al crédito aquí perseguido, pasó en autoridad de cosa juzgada por la aludida falta de demostración de la causa de la obligación subyacente.
V. Las costas de Alzada deberán imponerse al recurrente vencido, ello por no hallar mérito para apartarnos del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
Por todo lo cual y fundamentos expuestos, voto por la afirmativa.
Por los mismos fundamentos señalados, la doctora Sánchez vota también por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
1. Confirmar la resolución del 8-11-2019 en lo que ha sido materia de agravios.
2. Imponer costas al recurrente, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad legal (Art. 41 del CPCC).
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Hugo O. H. Llobera Analía Inés Sánchez
Juez Juez
Santiago Juan Lucero Saá
Secretario
Fin de la sentencia