Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 97846
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia de trance y remate apelada de fs. 83/84 en cuanto morigera la multa pactada, y modificarla en lo que hace al porcentaje de aplicación, que se establece en un 0,75 % diario. Aclarar que se desestima en la instancia de grado la excepción de pago parcial opuesta a fs. 75, conforme el Considerando III de dicho pronunciamiento. Dejar sin efecto el monto allí dispuesto de $ 5.209, 45, debiendo las partes proceder a su determinación en la oportuna etapa de ejecución de sentencia mediante su liquidación conforme las pautas dadas, aplicando los intereses establecidos en la instancia de grado que no fueran materia de agravio, desde la fecha de mora que se establece a partir del día 30 de agosto de 2017, y hasta su efectivo pago. Confirmar las costas impuestas en la instancia de grado a la ejecutada vencida en virtud del principio objetivo de la derrota. Imponer las de esta instancia en el orden causado atento la suerte parcial de los recursos interpuestos (arts. 9, 10, 726, 887, 957, 958, 960, 961, 962, 971 y concs. del CCyCN; 68, 163 inc. 6, 384, 556 primera parte del CPCC).
Dolores, 11 de julio de 2019.AUTOS
I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos mediante las presentaciones de fecha 27.11.2018 por la parte ejecutante y de fs. 88 por la parte ejecutada, contra la sentencia de trance y remate de fs. 83/84. Concedidos en relación a fs. 85 y a fs. 89, se sustentan a través de los escritos de fecha 9.12.2018 y de fs. 94/95, que merecen las respectivas réplicas de la contraria.II. En dicho decisorio, se hace lugar a la excepción de pago parcial opuesta y se manda llevar adelante la ejecución hasta tanto los codeudores María Cecilia Massotti y Eduardo Javier Vincenti hagan al acreedor Carlos Horacio Costa, íntegro pago del capital de $ 5.209,46 en concepto de cláusula penal por atrasos en el pago de alquileres, que el Sr.
Juez de grado calcula luego de reducir la pactada a un 5% mensual.Ello más la tasa activa que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a 30 días.Asimismo, se hace lugar al reclamo efectuado por la parte accionante respecto del pago del impuesto de sello que grava al contrato, a cargo de los demandados. Las costas se imponen a la ejecutada en su objetiva calidad de vencida.III. Se agravia la ejecutante al considerar que la morigeración dispuesta respecto de la cláusula penal, no es ajustada a derecho, sino excesivamente perjudicial a su parte. En ese camino, señala que a fin de garantizar el pago de los alquileres en tiempo, las partes estipularon de común acuerdo una multa del 5 % por cada día de atraso, que debe ser respetada conforme el principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes.
De su lado, la parte ejecutada se queja en cuanto se hace lugar a la excepción de pago parcial cuyo alcance no se menciona, y que mediante una fórmula que no se comprende se manda -a su vez- llevar adelante la ejecución. Se agravia porque si bien se deja sin efecto la multa pactada, se condena a pagar una suma de dinero cuyo cálculo no es claro; respecto de los intereses, sostiene que tampoco se hace alusión a la forma de deducirlos y que no se comprende su forma de deducirlos, si bien se fija la tasa aplicable. Seguidamente, manifiesta que no es ajustado a derecho ordenar que se asuma el pago del impuesto de sellos, pues no se estipuló plazo contractual para su cumplimiento, ni existió intimación.
Por último, se agravia del modo en que se imponen las costas en la instancia de grado, solicitando que lo sean en el orden causado frente a la procedencia de la excepción de pago parcial. IV. Tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante (memorial de fecha 09.12.2018).En lo concerniente a la multa, el Sr. Juez de grado aplica como penalidad el 5 % por cada mes de atraso sobre los montos de los alquileres abonados, correspondientes a los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre del año 2017; y a los meses de enero, febrero y marzo del año 2018. Señala el recurrente que es contrario al principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes, pues de acuerdo al instrumento privado de fs. 21/22 pactaron una multa del 5 % por cada día de atraso en el pago de los alquileres, que debe ser mantenida.
Considera que la morigeración dispuesta en la instancia de grado se torna perjudicial para su parte.Mediante la cláusula quinta de dicho contrato, la locataria se comprometió a abonar los alquileres estableciendo la mora automática por el sólo hecho de su falta de pago en término, que devengará a partir del vencimiento “...una multa equivalente al 5 % del alquiler a abonar por cada día de mora...” (sic).Sin duda que lo así convenido lo fue en el marco de la autonomía de la voluntad de las partes y la aplicación de una penalidad deviene ineludible frente al incumplimiento en término del pago de los alquileres (arts. 957, 958 y 959 del CCyCN). Sin embargo, no debe olvidarse que la regla moral impone la buena fe en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos, principio que integra el orden público porque tiende a obtener o a mantener las condiciones de sustentación que se reputan indispensables para que el contrato funcione ordenadamente como instrumento de justicia (SCBA, Ac. 85.248 10-09-2003) (arts. 960, 961, 1061, 1064 del CCyCN; y art. 384 del CPCC).Teniendo en consideración estos parámetros, se advierte que la multa establecida contractualmente, es exorbitante.
El resultado que arroja la aplicación del 5 % por cada día de atraso a calcular sobre cada uno de los alquileres abonados correspondientes a los meses referidos, se aprecia desmesurado en tanto no guarda proporción con aquellos, cuyos montos base oscilan -según la liquidación practicada por la ejecutante a fs. 30 y vta. del escrito de inicio- entre $ 10.500 y $ 13.500 por mes.Ello sin duda alguna genera un enriquecimiento a favor de la accionante que no cabe concebir en virtud del objeto principal de la prestación (arts. 9, 10, 726 del CCyCN).Cierto es que la facultad jurisdiccional de reducir la cláusula penal establecida por las partes es excepcional y debe ejercerse con prudencia y criterio restrictivo, toda vez que si la potestad de modificación que se efectuara fuese ejercida de un modo amplísimo, la cláusula penal perdería su razón y finalidad reparadora.
Pero en el caso, el exceso aparece manifiesto frente a un resultado económicamente disvalioso para el deudor, cumpliendo la multa dicha finalidad, aún reducción mediante. Si bien en principio la cláusula penal es inmutable, esa inmutabilidad es relativa y cuando resulta desproporcionada en los términos del art. 958 y concs. del CCyCN, corresponde proceder a su reducción a fin de guardar cierto equilibrio entre la pena estipulada y el reproche que suscita la conducta del deudor.Así lo autoriza además el art. 794 del CCyCN, cuyo fundamento radica en el principio favor debilis -en favor de la parte más débil como regla- y en la asimetría negocial que debe evitarse cuando la misma golpea en los cimientos del acto jurídico y lo desnaturaliza; las cláusulas abusivas, sea o no el contrato de consumo, constituyen una realidad que el Derecho abroga y busca evitar por todos los medios (Lorenzetti.
Código Civil y Comercial la Nación, comentado. Ed. Rubinzal-Culzoni. Año 2015, Tomo V, págs. 232 y 233).Por lo tanto, se concluye en la procedencia de la morigeración de la multa pactada por las partes aunque no en la magnitud dispuesta en la instancia de grado, que adviene en desmedro del acreedor cumplidor de su prestación. Así, teniendo en cuenta los principios referidos, fundamentalmente los de proporcionalidad y asimetría negocial, como así también el no cumplimiento en tiempo de la obligación principal asumida por el deudor, se aprecia que la morigeración ordenada resulta excesivamente reducida debiendo la misma ser calculada en un 0,75 % por cada día de atraso, lo cual se estima razonable.
Dicho porcentaje habrá de ser oportunamente computado en la etapa de ejecución de sentencia, sobre cada uno de los montos de los alquileres correspondientes a los meses que se detallan en la liquidación de fs. 30/30 vta., no cuestionada por la ejecutada, modificando en consecuencia y con tal alcance la sentencia de trance y remate recurrida de fs. 83/84. V. Tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada (memorial de fs. 94/95).a). Entrando al tratamiento de los planteos traídos, surge en primer lugar una contradicción entre la parte resolutiva del pronunciamiento apelado y el Considerando III, que ciertamente los apelantes intentan poner en evidencia al expresar sus agravios.En aquella se recepta la excepción de pago parcial opuesta a fs. 75, cuando en los Considerandos del fallo se la rechaza por los fundamentos expresados en su apartado III.Sin duda tal inexactitud se trata de una incongruencia interna del decisorio, como la ausencia de la necesaria conformidad o adecuación lógica que debe existir entre sus fundamentos y su parte resolutiva, vulnerando de tal modo la manda del art. 163 inc. 6 del CPCC.
Sin embargo, la sentencia no es sólo la parte dispositiva, sino que constituye un todo con las consideraciones antecedentes fundantes. En este camino, nuestro Superior Tribunal ha sostenido que "una sentencia es un todo compuesto por diversas partes consideradas entre sí armónicas y solidarias, de tal manera que lo que se dejara de decir en la parte dispositiva, que es sin duda donde se polariza el mandato del juez, debe suplirse o interpretarse por lo que el juez ha dicho claramente en la resolución" (SCBA, L 41.495, S. 29-5-1990; JUBA B-40.125).Es por ello que, atendiendo a los argumentos expuestos por el sentenciante de grado al abordar el tratamiento y denegar la excepción de pago parcial en el Considerando III -lo que no ha sido materia de agravio- cabe concluir en que la defensa debió ser desestimada en la instancia de grado también en la parte dispositiva de la sentencia, lo que corresponde que así sea aclarado en esta instancia (art. 36 inc. 3 del CPCC). b).
Continuando con los agravios expuestos, manifiestan los apelantes que la multa pactada es dejada sin efecto, pero que se establece a la vez una suma de dinero que no se comprende cómo fue calculada; en cuanto a los intereses, sostienen que no se hace alusión al modo de calcularlos.Al respecto cabe mencionar que asiste razón a los quejosos en cuanto a que no surge de la resolución recurrida la forma por la cual el sentenciante arriba al monto de condena de $ 5.209,45, impidiendo su cuestionamiento concreto, no obstante disponer con el porcentaje a deducir en concepto de multa. Tampoco se conoce si a dicha suma se le adicionaron los intereses previstos.Sin perjuicio de ello y de la exactitud o no del monto que alcanza el iudex a quo, lo cierto es que establecida la multa a aplicar sobre los capitales denunciados en el escrito de inicio -no cuestionados por la ejecutada-, es que su liquidación deberá ser determinada por las partes en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia, conforme lo establece el Capítulo I, Título I del Libro III del código de forma.Según lo prevé el art. 497 del CPCC, el proceso queda encaminado hacia la etapa de ejecución de sentencia aplicándose consecuentemente los arts. 500 ó 501 del Código citado, según correspondiere.
Es decir, que la ley adjetiva establece en forma expresa, el camino procesal que debe recorrerse para ejecutar la sentencia, para lo cual la parte debe practicar la pertinente liquidación de su acreencia y sustanciarla con su contraria, conforme para el supuesto lo ordena expresamente la normativa citada. En consecuencia, deberá dejarse sin efecto el monto dispuesto a fs. 84 de $ 5.209,45, debiendo las partes oportunamente proceder a su determinación en la etapa referida, conforme las pautas dadas. c) En cuanto a los intereses establecidos en la instancia de grado, refieren puntualmente los recurrentes que no se indica el modo de deducirlos y que no se comprende cómo calcularlos, si bien se fija la tasa aplicable.
No obstante la debilidad de las manifestaciones vertidas, en tanto no se quejan los apelantes de la procedencia de los intereses ni de la tasa fijada, lo cierto es que el Sr. Juez de grado ha omitido establecer una fecha de mora, lo cual sin duda adviene en pauta indispensable para la liquidación o cálculo de tales intereses.Ante tal omisión, corresponde en esta Alzada fijar la fecha de mora para poder calcular los mismos en la etapa de liquidación, conforme las facultades conferidas por el ordenamiento procesal en su art. 273 CPCC. Ello por haber sido a su vez una cuestión sometida a la valoración del juez de la instancia de grado (conforme surge del punto 2 de la foja 29 vta. del escrito de inicio), introducida en los agravios ante este Tribunal no obstante la debilidad de la queja, y por ser además el dies a quo -día inicial o a partir del cual- imprescindible para el cálculo de los intereses establecidos.
En ese camino, observo que la fecha de mora debe fijarse a partir de la interpelación fehaciente dirigida al deudor, en tanto la obligación de abonar las multas objeto de la presente ejecución -como tales independientes de la obligación principal de abonar los intereses- carece de plazo cierto, resultando inaplicables los efectos de la mora automática previstos para las obligaciones a término (art. 887 del CCyCN).Por ende, a fin de establecer la fecha de mora y siendo que en el caso, el acreedor Carlos Costa remite al deudor la carta documento de fs. 10, de fecha 30 de agosto de 2017 en que reclama el pago de las multas, es que a partir de allí deberán ser calculados los intereses, a la tasa dispuesta en la instancia de grado, y hasta su efectivo pago (art. civ). d) En relación al impuesto de sellos, cabe señalar que habiendo sido estipulado como una carga a asumir por el locatario, según la cláusula decimosexta del contrato de fs. 21/22, es que éste deberá retribuir a la accionante el monto por ésta abonado en tal concepto conforme el recibo de pago acompañado a fs. 36/37.
A tales fines, deberá ser incluido en la liquidación a practicarse oportunamente.e) En relación a las costas ocasionadas en la instancia de grado, cabe concluir en que las mismas han sido correctamente impuestas a los codemandados en su calidad de vencidos (arts. 68 y 556 CPCC). Ello de acuerdo al principio general objetivo de la derrota y en razón de lo referido en el apartado IV a) del presente resolutorio, en cuanto se aclara que la excepción de pago parcial fue desestimada, no resultado de aplicación lo dispuesto en el art. 556 segundo párrafo del CPCC. VI. Conforme los fundamentos expuestos, este Tribunal
Confirmar la sentencia de trance y remate apelada de fs. 83/84 en cuanto morigera la multa pactada, y modificarla en lo que hace al porcentaje de aplicación, que se establece en un 0,75 % diario. Aclarar que se desestima en la instancia de grado la excepción de pago parcial opuesta a fs. 75, conforme el Considerando III de dicho pronunciamiento. Dejar sin efecto el monto allí dispuesto de $ 5.209, 45, debiendo las partes proceder a su determinación en la oportuna etapa de ejecución de sentencia mediante su liquidación conforme las pautas dadas, aplicando los intereses establecidos en la instancia de grado que no fueran materia de agravio, desde la fecha de mora que se establece a partir del día 30 de agosto de 2017, y hasta su efectivo pago. Confirmar las costas impuestas en la instancia de grado a la ejecutada vencida en virtud del principio objetivo de la derrota. Imponer las de esta instancia en el orden causado atento la suerte parcial de los recursos interpuestos (arts. 9, 10, 726, 887, 957, 958, 960, 961, 962, 971 y concs. del CCyCN; 68, 163 inc. 6, 384, 556 primera parte del CPCC). Regístrese. Devuélvase. _
Fin de la sentencia