Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 171395
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 171395. JUZGADO N ° 10.
"JESUS SILVANA GABRIELA C/ RIVEIRO NORMA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES".
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: "JESUS SILVANA GABRIELA C/ RIVEIRO NORMA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte demandada el 6/6/2021, contra la resolución del 11/05/2021.
I. En la decisión cuestionada el juez rechazó la impugnación a la liquidación realizada por la accionada y aprobó la practicada el 24/07/2020.
Aclaró que no existió la omisión denunciada en cuanto a la especificación de la tasa de interés aplicada a cada rubro en tanto expresamente se consignó que: para los gastos causídicos y la cláusula penal se tomó la tasa pasiva del Banco Provincia, mientras que para el capital se computó la tasa activa de dicho banco.
Agregó que, sin perjuicio de la posibilidad de revisión que existe al momento de su aprobación, no se acreditó que el ejecutante obtenga un resultado desproporcionado que desnaturalice el objeto de la obligación.
En cuanto a la capitalización de intereses remarcó que así fue dispuesto en la sentencia oportunamente dictada de conformidad al art. 623 del C.C. y lo pactado libremente entre las partes, no habiéndose demostrado que de su aplicación resulte un monto excesivo que justifique su morigeración (argto. art. 771 del CCyC).
II. Los agravios fueron expuestos en el escrito del 6/6/2021 y contestados el 15/06/2021.
Alegó el apelante que la sentencia dictada el 6/5/2014 condenó a la demandada a abonar la suma de $ 6.300 (por los períodos comprendidos entre los meses de abril y diciembre de 2008), mientras que la liquidación aprobada asciende a $ 623.630,40 (de los cuales $605.949,22 corresponden al capital actualizado), lo que demuestra que la tasa fijada, o el resultado de su capitalización, excede de manera desproporcionada el costo medio del dinero para los deudores.
Señaló que la decisión dictada en el marco del juicio ejecutivo no hace cosa juzgada y que los intereses aplicados resultan desproporcionados y provocan una capitalización excesiva y sin justificación, por lo que requirió su morigeración mediante las facultades otorgadas por el art. 771 del CCyC que le permiten al juez actuar de oficio.
III. Ninguno de los argumentos expuestos por la ejecutada permite demostrar un error en las consideraciones de hecho o de derecho volcadas en la sentencia atacada.
El recurso, por esta razón, no puede prosperar.
III. 1. La liquidación cuestionada reconoce como base de cálculo a la sentencia de trance y remate dictada el 6 de mayo de 2014 donde la jueza de primera instancia mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto la Sra. Riveiro pague a la Sra. Jesús el capital debido ($6.300 en concepto de alquileres de meses abril a diciembre de 2008) más un interés moratorio que fue morigerado a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires incrementada en un 50%. No solo se modificó el interés pactado por ser abusivo y desmedido, sino que además se redujo la cláusula penal por mora en la entrega del inmueble y se desestimó la percepción de una cláusula penal complementaria por retraso en el pago de los alquileres.
La decisión no fue objeto de recurso.
El cuestionamiento que postula la ejecutada se formula en etapa de liquidación, oportunidad en la que destaca la exorbitancia del capital calculado por la contraria y peticiona su morigeración. El eje argumental del pedido —rechazado por la magistrada y reiterado en el recurso— hace pie en la diferencia nominal entre el capital original y el monto final liquidado, que asciende a $605.949,22 según los cálculos presentados por la acreedora.
III.2 : Ahora bien, cualquier postulación mediante la cual el deudor pretenda la morigeración de los intereses accesorios a un capital o, más genéricamente, pretenda alterar las pautas de liquidación de un crédito por considerarlas excesivas según lo acordado o fijado en una resolución judicial, debe estar —en principio— acompañado de una fundamentación suficiente que permita comprender por qué el juzgador debe considerar exorbitante o desproporcionado el monto resultante y cuál es el parámetro, criterio o pauta económica o jurídica que ha utilizado o podría utilizarse para así decidirlo (véase esta Cámara, plenario "Metz" -causa nº 140.929, res. del 27/12/2010-, SCBA, in re “ Volpe, José contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nulidad, repetición y compensación ” -c.95.758, del 9-12-2010-, 102.009 -" Rosetti, Héctor Hugo ..."-, del 18-06-2014, voto del Ministro Soria, CSJN, in re “ Ingeniería Industrial del Norte SRL. c/ Banco Comercial del Norte SA.” del 18/04/1989 - Fallos 312:544-, entre otros).
Aquí vemos el primer inconveniente del planteo de la ejecutada puesto que, por fuera de una referencia a precedentes jurisprudenciales que versan sobre las potestades jurisdiccionales para morigerar intereses (punto sobre el cual nos detendremos más abajo), el apelante nada dijo —y nada dice ahora en su recurso— para justificar la modificación reclamada.
En su memorial se limita a contrastar al monto de capital inicial ($6.300) y el capital liquidado según las pautas de la sentencia ($605.949,22), punto del cual pretende que se infiera in re ipsa la desproporción, el abuso o la exorbitancia que denuncia. Sin ningún argumento o motivo complementario que brinde soporte a semejante aserción, el recurso se muestra como una mera petición de principios donde el apelante da por implícita la conclusión que tenía la carga de demostrar y argumentar.
III.3 : En economías inflacionarias no tiene ningún sentido contrastar sumas nominales de dinero sin reparar en la época en la que esas expresiones económicas fueron formuladas.
Es una comparación que ningún dato útil permite extraer. Y aquí aparece el error de la apelante: de nada sirve comparar una y otra suma de dinero (el capital inicial y el resultante de la liquidación) cuando entre la época en que la primera suma de dinero fue expresada (diciembre de 2008) y la época en que la segunda suma fue liquidada (julio de 2020) transcurrieron casi doce años y la depreciación acumulada de la moneda nacional durante ese tiempo fue abismal (c. 171106 de Sala III, in re " G., S. J. c/ D., V.A. s/ Incidente de alimentos ", del 03/08/2021 y los precedentes allí citados, voto del Dr. Monterisi -al que adhirió el Dr. Cataldo-).
Si bien el IPC publicado por el INDEC antes de diciembre de 2016 fue objeto de severos cuestionamientos técnicos, algunas publicaciones que tienen fuentes académicas fiables señalan un incremento acumulado entre abril de 2008 y julio de 2020 de más del 2400% (véase www.calculadoradeinflacion.com, último día de visita 16/09/2021; v. causa “ G.,S.J. ” , cit.). En abril de 2008 el Jus Arancelario era de $81 (Ac.3372/08) y en septiembre de 2020 ascendía a $2110 (Ac. 3992/20), lo que expone un incremento similar, de más del 2500%. En agosto de 2008 el Salario Mínimo Vital y Móvil era de $1200 pesos y pocos días después de la liquidación cuestionada, en octubre de 2020, ya había sido fijado por el Consejo del Salario en los $18900, lo que refleja un incremento de casi el 1500%.
Es lógico que semejante depreciación de la moneda nacional tenga reflejo en las tasas bancarias que se utilizan para liquidar intereses moratorios en créditos sometidos a litigio. Hubo períodos en los que la tasa nominal anual vencida publicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de descuento -utilizada por el actor para liquidar su crédito- ascendió al 72,64% -mayo de 2019- y hasta un 84,66% -en noviembre de 2018- (véase tasas de Consulta Frecuente publicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en http://www.bancoprovincia.com.ar/Content/docs/tasas_frecuentes.pdf -última fecha de consulta: 16/09/21-).
No son ganancias netas para el banco, pues son tasas nominales y no reales (es decir, en ellas se internaliza la inflación esperada para cada período en curso). Pero lo que interesa destacar es que son tasas nominalmente altas porque han operado en el contexto de una economía que sufría —y actualmente sufre— un proceso de aguda inflación. Es previsible que, si la inflación era alta y las tasas eran nominalmente elevadas, los intereses liquidados bajo tales parámetros también hagan crecer en similar proporción al capital durante el tiempo en el que dure la mora.
Pero deber más pesos —es decir, que en la actualidad el deudor esté obligado a entregar muchas más unidades monetarias que las que debía en el pasado— no necesariamente significa que se debe “mucho más” en términos reales: el valor real de su deuda actual se define por el poder adquisitivo de la suma debida y no por el valor nominal que, solo en apariencia, se presenta como abultado o elevado.
Sobre este punto se ha dicho que «[p]ara indagar si existe un aumento real se requiere contrastar valores reales y no nominales, para lo cual es menester deflactar -actualización mediante- a una y otra expresión económica para llevarlas a un punto temporal único que permita su comparación útil. La idea de aumento real, en contraste al aumento nominal, no solo repara en la diferencia conceptual y técnica que existe entre el valor real y el valor nominal de una expresión económica (...), sino que además procura evitar la llamada ilusión monetaria: el sesgo en el que usualmente incurrimos al comparar sumas de dinero reparando únicamente en su valor nominal. Para evitar ese problema se corrigen -o dicho mejor: se deflactan- los valores comparados (...), despojándolos del impacto que la inflación tiene en las magnitudes sometidas a contraste» (voto del Dr. Monterisi en causa 171106, cit.).
Si nada útil se puede concluir al contrastar montos nominales expresados en épocas tan diversas, tampoco puede pretenderse que se infiera alguna forma de abuso por el solo hecho de que un capital inicial “se incrementó de $6300 a $605.949,22”. Insistimos: se trata de un incremento aparente o meramente nominal que no repara en la inflación acumulada en el tiempo en que una y otra suma fue expresada.
Tampoco el apelante ensaya cálculos que permitan contrastar valores reales (por caso, actualizando los valores a un punto temporal presente o deflactándolos al pasado) o que permitan ilustrar a este Tribunal si el abuso o la desproporción denunciada obedece a los factores que enuncia en su recurso, sea la tasa de interés (ya morigerada en una sentencia que no apeló), o a la capitalización (v.gr., calculando cuál sería el resultado final si la capitalización operase en un mayor período).
Sin fundamentos que permitan compartir la calificación de “exorbitancia” denunciada, el incremento nominal del capital original al valor liquidado por la actora parece explicarse por dos motivos mucho más claros que no justifican una intervención jurisdiccional. El apelante debe muchos más pesos porque: 1) debe el dinero hace mucho tiempo (12 años de mora a la fecha de la liquidación; casi 13 años a la fecha de la presente resolución) y 2) durante ese amplísimo espacio de tiempo, la inflación en nuestro país fue escandalosamente alta.
Por lo demás, mal puede un planteo morigeratorio quedar reducido a la mera alegación del incremento nominal del capital debido sin considerar el tiempo durante el cual se mantiene impaga la deuda. Sí así se lo admitiera, y más allá de desoír los parámetros legales que han sido previstos en los arts. 771 y 794 del CCyC, se llegaría a una solución sumamente indeseable: al deudor le bastaría el mero paso del tiempo acumulando intereses moratorios para que, una vez que ese acopio de capital y accesorios redunda en un monto en apariencia abultado, pueda peticionar la intervención judicial para su disminución.
Tal criterio, parece innecesario aclarar, resulta inaceptable (arts. cit.).
III.4. Sin perjuicio de lo dicho en los párrafos precedentes, tiene razón el apelante cuando expone que esta Sala ha considerado que la facultad morigeradora del art. 771 —e incluso la regulada en el art. 794 segundo párrafo del CCyC— puede ser ejercida de oficio en materia de intereses moratorios y punitorios (esta Sala, c. 165.497, autos " Barbano , Leonardo N. c/ Astoreca, Leonardo s/ Cobro ejecutivo ", sent. del 24/05/2018; c. 165913 -" Tillous , Hernán G. y ot. c/ García, Claudia C. s/ Nulidad de contrato ", sent. del 13/11/2018, c. 168316, " Vinciguerra , Elizabeth c/ Germino, Serafina M s/ Cobro ejecutivo ", sent. del 8/10/2019, entre otros).
Hemos aplicado también, en esos y otros precedentes, la línea de pensamiento de la Suprema Corte bonaerense en cuanto expone que «[e]n materia de intereses, las desproporciones e inequidades que pudieran resultar de las tasas dispuestas, adquieren evidente claridad al momento de practicarse la pertinente liquidación. Y, el art. 771 de CCyC autoriza expresamente su morigeración cuando las tasas fijadas resultares excesivas. Por lo que, hacer caso omiso a esta circunstancia, en aras de no violentar la seguridad jurídica alcanzada por el instituto de la cosa juzgada, tampoco se compatibiliza con un adecuado servicio de justicia » (SCBA, causa n° 102.138 in re “ Folchi, Anibal R. y ot. c. Yaguar Florencio y ot. s. Daños y Perjuicio ” del 3-4-2014).
Es complejo hallar parámetros económicos adecuados que permitan contrastar valores reales o indagar las tasas (también reales) que efectivamente han impactado en el capital liquidado por la ejecutante. Con estadísticas públicas cuestionadas en buena parte del tiempo durante el cual se extendió la mora, las referencias a las que se pueden acudir no están exentas de errores, distorsiones o problemas en su aplicación.
Sin dejar de reparar en lo anterior, y al solo efecto de ensayar algunos cálculos para indagar si la desproporción o el abuso denunciado por la ejecutada efectivamente existe o surge de modo manifiesto, podemos tomar dos referencias: una extranjera (una divisa dura que no se deprecia de modo significativo) y una variable económica en pesos (el salario mínimo).
i. A diciembre de 2008 la demandada debía 1821 dólares, considerando un tipo de cambio de $3.46 pesos por dólar según informa el BNA en sus valores históricos; en la actualidad el capital liquidado que es objeto de cuestionamiento asciende a $605.949, suma que equivale a algo más de U$D4.959 tomando el valor en pesos del dólar MEP más alto de julio de 2020 (tipo de cambio que aplicó esta Sala en causas n° 171468 -" R., K. E ."- sent. del 10/06/2021, y n° 161853 -" Marengo "- del 26/08/2021; fuente: https://www.rava.com/perfil/DOLAR%20MEP -últ. día de visita 16/09/2021-).
La diferencia entre el capital inicial (U$D1821) y el capital final resultante (U$D4.959) con doce años de mora revela una tasa de incremento real anual del 8,356% capitalizado semanalmente, tal como se puede corroborar con cualquier calculador de interés compuesto disponible online . Utilizando el proporcionado por el sitio «https://calculadoras.omareducacionfinanciera.com» se puede apreciar la evolución:
(Imagen 1 del Anexo digital adjunto a esta sentencia)
Ello significa que si se expresara la deuda original en una moneda dura y el resultado luego de doce años es que debe el equivalente en dólares de la suma en pesos liquidada (los $605.949 convertidos a idéntica divisa a la fecha en que se presentó la liquidación), la conclusión a la que se arriba es que el deudor está indemnizando al acreedor por su mora con una tasa real del 8,3% anual , capitalizada semanalmente.
Lo anterior permite hacer dos conclusiones provisorias. La primera es que el cálculo ensayado no arroja valores que puedan reputarse abusivos. El capital, llevado a una divisa extranjera de modo de contrastar tasas reales, se ha incrementado a una medida a penas más elevada que la que alícuota pura del 6% anual que utiliza la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires como referencia de tasa aplicable a monedas duras, créditos actualizados o deudas de valor cuantificadas a valores actuales en los causas "Vera, Juan Carlos" (C. 120.536, del 18 de abril de 2018) y "Nidera S.A." (C. 121.134, del 03 de mayo de 2018).
Más aún, se encuentra dentro de los parámetros de razonabilidad que ha tomado esta Sala en otros precedentes para intereses accesorios a un capital en dólares (entre un 7 y un 12% anual; v. c. 165.497, autos " Barbano, Leonardo N. c/ Astoreca, Leonardo s/ Cobro ejecutivo ", sent. del 24/05/2018).
La segunda conclusión es que el incremento nominal de la deuda parece obedecer más a la extensión temporal de la mora que al sistema de capitalización. De hecho, si en el mismo cálculo ensayado y con el mismo aplicativo se modifica la capitalización y se la configura anualmente, el resultado es apenas un 3,8% más bajo que si se capitaliza semanalmente, tal como lo dispone la sentencia ejecutiva.
ii. No son muy distintas las conclusiones a las que arribamos si tomamos una referencia económica en pesos, como es el Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Seis mil trescientos pesos ($ 6.300) equivalían en diciembre de 2008 a 5,25 SMVyM. Poco después de presentada la liquidación, y luego de un año de no tener modificaciones, el SMVyM fue incrementado a $18.900 (Res. 4/2020 CNEPySMVyM). Tomando esa referencia -reiteramos, por ser más cercana en el tiempo al momento de la liquidación-, se sigue que a julio de 2020 la deuda de capital ascendía a $99.225 (5.25*18900). Con ese capital, representativo de una hipotética expresión actualizada de los $6300 de diciembre de 2008, podemos calcular la tasa real que permite llegar a un rendimiento igual al que constituye el monto total liquidado ($605.949,22.-).
El resultado es que la tasa real anual es del 15,1% capitalizado semanalmente. De nuevo, aun alterando la capitalización, la disminución es ínfima y no significativa.
(Imagen 2 del Anexo digital adjunto a esta sentencia)
Una tasa real del 15,1% anual real tampoco luce excesiva ni desproporcionada. A la fecha en que se dicta esta resolución, con una inflación esperada para los próximos 12 meses de un 43,7% (fuente: BCRA), la financiación de saldos por tarjetas de crédito alcanza un 52,59% anual (CFTEAV) en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (https://www.bancoprovincia.com.ar/CDN/Get/VISA_MASTERCARD_tasas_vigentes -última fecha de ingreso 16/09/21-) y la compra de un producto en Mercado Libre en tres cuotas utilizando tarjetas de ese mismo banco público tiene un costo financiero total de 175,76% anual (véase https://www.mercadolibre.com.ar/ayuda/costos-financiacion-cft_2955 -última fecha de ingreso 16/09/21-).
No pretendemos contrastar intereses compensatorios de operaciones financieras con intereses moratorios usados para liquidar un crédito en juicio: nos interesa destacar que, en la medida en que estos últimos se calculan mediante referencias bancarias y financieras (como el propio fallo lo dispone), encontramos en ellos un parámetro a considerar para indagar en qué medida una cierta tasa luce desproporcionada o injustificadamente elevada con relación a otras.
Si una financiación tiene un costo nominal de más del 170% anual para un año en el que la inflación esperada es del 43,7% (v.gr., el CFT aplicado por Mercado Libre al que nos referimos en párrafos anteriores), aun aplicando la ecuación de Fisher y detractando de ese valor el impacto de la inflación esperada, la conclusión a la que se arriba es que, por un lado, el costo real de ese servicio financiero es caro y, por el otro, una tasa real del 15,1% anual en pesos no parece desproporcionada o abusiva para una operación entre particulares, teniendo en consideración los parámetros contemplados en los arts. 771 y 794 del CCyC y el hecho de que se trató de un interés punitorio que impidió al acreedor percibir otro resarcimiento por la mora (arg. art. 793 del CCyC, v. punto «2.b»
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.