Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 12280
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada, con costas a la parte actora.
Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad legal (Art. 34 y conc. Ley 14.967).
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 3 días del mes de Febrero de dos mil veinte se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Analía Inés Sánchez, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “PEREZ FERNANDEZ OLGA C/ CARDOSO ESTEFANIA ELSA y otros S/COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Doctores Sánchez y Llobera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la resolución apelada?
A la cuestión planteada, la señora juez doctora Sánchez dijo:
I. La sentencia de remate obrante a fs. 208/212 admitió la excepción opuesta por la demandada Cardozo y declaró prescriptos los períodos comprendidos entre mayo 2014 y mayo de 2015, con costas a la actora. Asimismo, mandó llevar adelante la ejecución promovida por Olga Pérez Fernández contra Elsa Estefanía Cardozo, Jorge Alberto Ondarz y Miguel Ángel Valdéz, por la suma de $ 19.300 con más los intereses establecidos en el considerando cuarto.
Esta decisión fue apelada por la parte actora el 20-9-2019, expresando agravios el 1-10-2019.
La ejecutante discrepa con la decisión de declarar prescriptos los períodos de mayo de 2014 hasta el mismo mes de 2015.
Como primer embate, advierte que no se apreció en debida forma el art. 3986 del Código Civil (CC), pues dice que la interposición de la demanda interrumpe la prescripción de los períodos referidos. La acción fue entablada el 13-5-2014 (bajo vigencia del Código Civil), exteriorizándose allí la voluntad de exigir íntegramente el cobro de su crédito, haciendo reserva de ampliar la ejecución. Así pues, sostiene no haber guardado silencio o inacción respecto de los plazos bajo revisión.
Como segundo punto, advierte inobservancia del art. 538 del CPCC. Dice haber ampliado la liquidación original antes que se dicte sentencia y sin necesidad de oír previamente al deudor. Apunta que al estar interpuesta la ejecución con su reserva de ampliar, la prescripción de dicha extensión se encuentra interrumpida ipso facto, ya que acontece dentro de un proceso judicial iniciado.
Por último, estima errónea la interpretación del art. 2537 del Código Civil y Comercial (CCCN), junto a la doctrina legal de la Corte. Es que las obligaciones de mayo 2014/2015 no tienen plazo de prescripción en curso, ya que nacen de un proceso judicial en trámite y, al haberse efectuado reserva de ampliar por los períodos que se iban devengando, la prescripción de esos nuevos ciclos se interrumpen en el momento mismo en que nacen.
Agrega que la propia sentencia califica este caso como “dudoso”. Por ello, el Máximo Tribunal provincial aconseja apreciarla con carácter restrictivo y que, en caso de duda, debe estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho.
Sustanciados los agravios, la co-ejecutada Cardozo responde el 5-11-2019.
Si bien la agraviante hace referencia al art. 3986 del CC, omitió mencionar lo que establece la segunda parte de esa norma, que señala que la prescripción interrumpida por la mora del deudor solo rige por un año o el menor término que pudiere corresponder.
Asimismo, el hecho de haber manifestado únicamente la voluntad de cobrar su crédito al iniciar la demanda no implica que pueda ejercer su derecho discrecionalmente y por tiempo indeterminado. Tampoco hace imprescriptibles los nuevos períodos por los que no reclamó expresa y oportunamente. La reserva que alega no es un eximente a los efectos de la prescripción.
Dice no advertir inobservancia del art. 538 del CPCC, dado que no se opuso a que se amplíe la ejecución sino simplemente a aquellos períodos estaban prescriptos. También yerra en la interpretación del art. 2537 del CCCN, pretendiendo que la reserva de ampliar constituya una imprescriptibilidad de los períodos que van acaeciendo. Sostiene que la norma es precisa en cuanto a que los plazos quedan cumplidos desde que haya pasado el tiempo que designa la nueva ley contado desde su entrada en vigencia.
En autos, se decretó la prescripción de los períodos por alquileres devengados entre los meses de mayo de 2014 a mayo de 2015. Para así decidir, tuvo en cuenta que la nueva ley (CCCN) prevé un plazo más corto que el código anterior y, por tal motivo, corresponde aplicar el bienal del art. 2562 inc. “c” del CCCN, cuyo cómputo comenzó a correr desde la entrada en vigencia de la Ley 26.994, es decir, del 1-8-2015. Así, habiendo ampliado la ejecución el 12-12-2018, los períodos reclamados quedaron alcanzados por la prescripción el 1-8-2017.
El instituto bajo análisis responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente, poniendo fin a la indecisión de los derechos y consolidando situaciones creadas por el transcurso del tiempo, disipando las incertidumbres (CSN, 29/8/55 JA-IV-367; CFed Civ. y Com., sala I, 14/03/86, LL 1986-D-115; esta Sala 1°, causas 87.326, 89.053, entre otras).
Dentro de este marco, la prescripción liberatoria constituye un medio de liberarse de una obligación por el mero transcurso del tiempo (art. 3947 del Código Civil, hoy arts. 1897, 2532 y conc. CCCN). Esta viene a ser una excepción para repeler una acción por el solo hecho que quien la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarlo, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere (ver Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, Edit. Platense, Bs. As. 1975, T°. 3, pág. 518 y sig.; esta Sala I, causas N° 89.053, 101.218).
Bajo esta propuesta, el instituto en debate es un medio para liberarse de una obligación en razón de que el legitimado para reclamarla no ha exteriorizado materialmente su intención (inequívoca) de perseguir el cobro en forma temporánea. Así pues, cabe revisar los argumentos que introdujo la ejecutante para intentar revertir la postura de la a-quo, que admitió la prescripción invocada por la deudora respecto de los períodos mayo 2014/2015.
El argumento principal lo sustenta con los alcances que reviste la interposición de la demanda como acto formal y la reserva de ampliar la ejecución, ello como una suerte de “protección” para los períodos venideros que no se abonaren. Remarca que no hubo silencio o inacción que habilite el curso de la prescripción. Advierte una errónea interpretación del código local en cuanto a las prescripciones suscitadas en el curso de un proceso de ejecución.
En esta instancia ya no hay dudas acerca de qué plazo prescriptivo rige para los períodos reclamados (5/2014 a 5/2015), tal el art. 2537 del CCCN, que establece que “los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene la ley anterior”. De su simple lectura puede colegirse que el plazo que corresponde computar es el de dos años que estipula el art. 2562 inc. “c” del CCCN, que comienza a regir desde que esta novel codificación entró en vigor (1-8-2015).
Sentado ello, cabe preguntarse: ¿Cuándo comienza a cursar efectos este plazo?
El principio es que la prescripción comienza a correr desde que la obligación puede ser reclamada y el acreedor tiene expedito el camino para exigir el cobro de su acreencia. No puede comenzar el plazo antes, porque el tiempo dado para la prescripción debe ser útil para el ejercicio de la acción y no puede reprocharse al acreedor de no haber accionado en una época en que su derecho no estaba expedito (SCBA Ac. N° 59.792 del 13/4/2005, 58.054 29/06/2011).
Así las cosas, siendo una obligación que se torna exigible mensualmente, es el vencimiento de cada período lo que habilita la vía para efectuar el reclamo.
Sin embargo, en determinadas circunstancias los plazos para liberarse de una deuda pueden verse interrumpidos. Para ello, cabe recurrir al art. 2546 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dispone que “el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo, contra el poseedor, su representante en la posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable”.
Ahora bien, analizando la presente ejecución, es cierto lo que dice la recurrente en cuanto a que hizo reserva en la demanda de ampliar la ejecución a los nuevos períodos (ver fs. 28 vta., punto segundo). Empero, ¿Es ello suficiente para interrumpir el curso de la prescripción de los plazos que fueran venciendo a futuro? A todas luces la respuesta surge negativa.
Es que la simple expresión “reserva” no puede implicar la protección del derecho a percibir un crédito futuro que todavía no era exigible al momento de entablar la demanda. El crédito por alquileres se devenga mes a mes y se torna exigible al vencimiento de cada lapso. Esta inmediatez no puede verse interrumpida por una simple expresión estampada en una demanda judicial antes de que los períodos sean exigibles. Del modo que lo propone la recurrente, la prescripción hubiere quedado interrumpida por el plazo que a la acreedora le parezca pertinente interponer el reclamo formal, circunstancia ésta no avalada por el ordenamiento jurídico integral, pues no existen normas de fondo (CCCN) ni de forma (CPCC) que justifiquen tal postura.
Tampoco cabría acogerse al supuesto especial de suspensión (por única vez) que estipulaba el art. 3986 2do. párrafo del CC –reemplazado por el art. 2541 del CCCN-, en el que la interpelación fehaciente hecha por el titular suspendía el curso de la prescripción durante 1 año (hoy 6 meses) o plazo menor que corresponda. El emplazamiento al que se refiere la norma se produjo con la publicación edictal de fs. 183/185 (los días 26-9-2018 y 19-10-2018). Sin embargo, ésta intimación fue por períodos distintos a los que atañen a la prescripción aquí deducida. Igualmente, aún en caso de estimarla procedente para suspender (y no interrumpir), no cambiaría el resultado adverso para la acreedora, pues la interpelación ocurrió luego de que los períodos prescribiesen, por lo cual, no había lapso para detener. Cabe rememorar que lo que aquí se debate es solamente el período de ampliación que corre desde mayo de 2014 a mayo de 2015. Siendo una obligación cuya exigibilidad ocurre mes a mes, el último período (5/2015) ya estaba expedito al mes siguiente, es decir que, a partir de junio de 2015 comenzaron a correr los plazos de prescripción por el último lapso reclamado, término que -luego de dos años- habría fenecido en junio de 2017, pero la excepción prevista en el art. 2537 del CCCN extendió dicha prerrogativa hasta el mes de agosto de aquel mismo año, oportunidad en que el crédito quedó definitivamente malogrado para ser cobrado por vía de ejecución (521, 523, 529, 538 y conc. del CPCC).
Por ello, la ampliación de demanda entablada el 12-12-2018 por los períodos referidos ya se encontraba prescripta al momento de presentarse tal escrito por vía electrónica.
Por lo cual, no hubo acto formal e inequívoco con la envergadura suficiente para interrumpir el curso de la prescripción de aquellos períodos que comenzaron a correr desde que las deudas mensuales por alquileres fueron tornándose exigibles.
Por último, también aduce la recurrente que hubo inobservancia del art. 538 del CPCC, que regula la ampliación de la ejecución con anterioridad a la sentencia, invocando que hubo interrupción ipso facto.
Esta norma estipula que, antes de dictarse sentencia de remate, puede ampliarse la ejecución por períodos que hayan ido venciendo durante la sustanciación del proceso.
A poco de andar en el fundamento se advierte su manifiesta improcedencia. El hecho que los períodos venzan dentro del proceso judicial sin sentencia no es óbice para que el curso de la prescripción de obligaciones exigibles continúe devengándose. Nuevamente, lo que pretende la ejecutante importaría una potestad de extender la exigencia del crédito sine die, permitiéndole reclamar los períodos sin plazo y conforme su designio, vulnerando las normas básicas que rigen la prescripción liberatoria de obligaciones y la defensa en juicio que ostenta el presunto deudor (Art. 18 CN, arts. 2532, 2537, 2561, 2563 y conc. del CCCN, art. 542 del CPCC).
Así pues, no encuentro argumentos sólidos que permitan revertir la decisión adoptada en la instancia de origen y, por los fundamentos aquí expresados, es que corresponde confirmar el fallo apelado.
Las costas devengadas por la actuación profesional ante esta instancia deberán imponerse a la actora por resultar vencida en su pretensión (art. 68 del CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez Dr. Llobera por los mismos fundamentos votó por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada, con costas a la parte actora.
Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad legal (Art. 34 y conc. Ley 14.967).
Regístrese y devuélvase.
Fin de la sentencia