Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124786
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO: se revoca la decisión dictada a fs. 25, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas por su orden, en atención a la ausencia de contradicción.
AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
I. Mediante la decisión de fs. 25 la magistrada de la instancia de origen entendió que habida cuenta que el poder otorgado por la actora a fs. 20 reviste el carácter de instrumento privado, debe convocarse a la poderdante a ratificar judicialmente la firma.
Contra tal decisión, la parte accionante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (v. fs. 26). Rechazado el primero, se concedió la apelación a fs. 27.
En los agravios, en síntesis, explica que el poder acompañado ha sido instrumentado conforme el Código Civil y Comercial. Que en su artículo 1015 establece que sólo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. Asimismo, que en consonancia, el artículo 1017 dispone cuáles son los contratos que deben celebrarse mediante escritura pública, es decir, con la intervención de un funcionario público que actúe como fedatario.
Luego expone que el art. 363 del cuerpo citado, establece que el apoderamiento debe ser otorgado en la forma prevista para el acto que debe realizar y que el artículo 1319 establece además que el mandato puede ser conferido y aceptado de manera expresa y tácita. Por último, cita jurisprudencia.
II. Abordando la tarea decisoria y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3, Código Civil y Comercial), señalase que mediante la Ley 26.994 se aprobó un nuevo Código Civil y Comercial unificado que comenzó a regir el 1 de agosto de 2015 (Ley 27.077), siendo dicho cuerpo legal de aplicación al caso en virtud que la documentación acompañada es de fecha 11 de septiembre de 2018 (v. fs. 12).
En tal normativa rige en materia contractual el principio de libertad de formas (art. 284). En consonancia con la vigencia del principio de autonomía de la voluntad, la regla es que para la validez de un acuerdo no resulta necesario cumplir con formalidad alguna, bastando la sola manifestación de voluntad con los requisitos establecidos para la formación del consentimiento. De la misma manera que es constitutivo del principio de autonomía negocial elegir el contratante con quien se quiere celebrar el acto como así también elegir libremente el modo de regulación de los intereses, también rige la regla de que no es necesario que la manifestación de voluntad tenga que adecuarse al cumplimiento de solemnidades. Por ello, el criterio general del ordenamiento jurídico es que los contratos no son formales como regla y sólo deben cumplir exigencias de forma por excepción, cuando ellas provienen impuestas por la ley o por el acuerdo de las partes (Ariza, Ariel "Código Civil y Comercial de la Nación - Comentado" Director: Lorenzentti, Ricardo Luis; Ed. Rubinzal - Culzoni; Tomo V, pág. 763).
Ingresando en el análisis del caso de autos, cabe mencionar que conforme estatuye el art. 363 del código citado el apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar, es decir, que dicho acto jurídico determinará la forma que debe revestir.
El artículo 1015 del mismo cuerpo legal establece que son formales los contrato a los cuales la ley les impone una forma determinada. Y el artículo 1017 establece que deben ser otorgados por escritura pública: a) los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Quedando exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa; b) los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles; c) todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública; d) los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública.
Sentado ello, conforme han señalado los distinguidos colegas de la Sala II (integrada) en la causa 120.272 (reg. int. 133/2016) el Código Procesal es un conjunto de disposiciones tendiente a desarrollar un juicio justo, por el cual, en palabras de Francesco Carnelutti, se logre resolver los conflictos y comprobar o tutelar las relaciones no litigiosas (autor citado, “Estudios de Derecho Procesal”, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1952, Tomo I, pág. 67). Por el sistema de gobierno de nuestro país, su dictado está reservado a las Provincias (arts. 5, 121 y sig., Const. Nac.) y por su intermedio el Juez aplica las normas de los Códigos de derecho común, cuyo dictado fue delegado al Congreso de la Nación (art. 75, inc. 12, Const. Nac.). Por ende, no puede el legislador provincial hacer modificaciones a aquellas materias atribuidas al legislador nacional (art. 75, inc. 12, CN), entre ellas, los contratos. Aun cuando el legislador provincial debe asegurar la prestación del servicio de justicia, ello lo será en la aplicación de las normas que integren el universo jurídico, ya sea creadas por el Congreso de la Nación o las legislaturas locales.
También allí se dijo, que el anterior artículo 1184 inc. 7 del Código Civil ya derogado disponía que el poder de representación en juicio se debía realizar por escritura pública. Es así que cuando el letrado intervenía en el proceso con poder de su cliente, debían respetarse las formas que la ley de fondo establecía para su otorgamiento. Fue ante aquel marco general que el art. 46 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia prevé la instrumentación del mandato frente al Actuario cuando el valor del proceso fuera inferior a 120 jus. En esos casos, el fedatario de ese acto de apoderamiento otorgado por un particular al abogado que lo representa deja de ser ante un escribano para concretarse ante el Secretario del órgano.
Y en esta misma linea argumental la Suprema Corte estableció en el marco del “Protocolo para presentaciones electrónicas” que a los fines de que los peticionantes que actúen por derecho propio confieran poder suficiente a su letrado para realizar presentaciones electrónicas y no se encuentren comprendidos en los supuestos enunciados por los arts. 46 y 85 del CPCC, la parte podía en el momento de producirse la adhesión conferir poder suficiente frente al Secretario labrándose el acta pertinente (Ac. 1827 y Resolución 3415, acápite 2 –cuarto párrafo-). Normativa que se encuentra drogada por el Acuerdo 3886, que entró en vigencia recientemente -1 de junio del corriente-.
En este contexto, también se ha señalado en la decisión mencionada dictada por la Sala II, que de haber una disposición que haya nacido a resguardo de la ley anterior y fuera contraria al nuevo orden público interno, aquélla se deberá adaptar al nuevo sistema -en tanto, como es en este supuesto, las mismas son operativas y consecuencia de las de derecho común-. No se podría continuar estando por la validez de disposiciones que responden a una ley ya derogada. Sería una forma de continuar perviviendo una ley ya desaparecida. De así suceder, habría una divergencia temporal, porque el Código Procesal reflejaría a un Código sustancial ya perimido. Dicho en otras palabras, el Código Procesal mantendría viva una disposición fenecida, desaparecida del universo normativo actual y cuya sobrevivencia no le es atribuible a las legislaturas locales.
Además señalaron que pretender, por ejemplo, que la parte ratifique ante un Secretario judicial la firma del documento como un resguardo adicional, soslayaría la responsabilidad profesional del propio letrado. Los particulares –personas físicas y jurídicas- ponen en manos de sus abogados la defensa de su libertad, su propiedad, sus relaciones de familia, sus bienes y derechos más preciados. Muchos articulan sus demandas con patrocinio, ocasión en la cual los abogados explican los hechos, definen el derecho por el cual peticionan, encausando el litigio. Sin embargo, los actores no son llamados a ratificar ante el secretario la firma que estampó en esa pieza procesal, aun cuando la misma posea efectos sustanciales y procesales de relevancia. Tampoco ese paso se requiere cuando con patrocinio letrado se deduce un recurso o se presenta un escrito notificando y consintiendo una sentencia. Será pues ahora el abogado quien al confeccionar el poder controlará el cumplimiento de las formas y recaudos exigidos y asumirá las eventuales responsabilidades en razón de ello (además, ésta Sala c. 123.695, reg. int. 163/18).
Por los argumentos vertidos, en atención a que el poder otorgado por Susana Marta Crespi a los Dres. Estefanía Carmen Ayala y Gustavo Adolfo Michellod, en términos amplios para actuar en esta causa -y en todos los procesos en curso y/o a iniciarse, en los que resulte actora o demandada- encuadra en la normativa citada, corresponde receptar los argumentos vertidos por el recurrente.
Costas por su orden, en atención a la ausencia de contradicción (art. 68, Código Procesal).
La regulación de honorarios quedará diferida para su oportunidad.
POR ELLO: se revoca la decisión dictada a fs. 25, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas por su orden, en atención a la ausencia de contradicción. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia