Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 134400
Sentencia Definitiva
Causa N 134400; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº12 - LA PLATA
GLIEMMO MANSANTA FLAVIO Y OTROS C/ DIRECCION GRAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROV DE BS AS S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 134400, caratulada: "GLIEMMO MANSANTA FLAVIO Y OTROS C/ DIRECCION GRAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROV DE BS AS S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 11/11/2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La señora jueza de la instancia anterior, falló esta causa de trance y remate, mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires haga a los acreedores Flavio Gliemmo Mansanta, Juan José Losinno (hoy sus herederos), Santiago Martín Irisarri y Mirta Graciela Cardeiro, íntegro pago del capital de $1.803.525 (que comprende los siguientes montos: $600.000 por capital de alquileres impagos de octubre de 2019 a marzo de 2022, y $1.203.525 por capital de expensas impagas desde marzo de 2015 a marzo de 2022) -rechazando en sus fundamentos las defensas esgrimidas por el Fisco demandado-, con más las tasas de interés por cada rubro emergente del Considerando 2°, desde el vencimiento de cada una de las obligaciones y hasta su efectivo pago. Así, estableció para los alquileres adeudados la tasa de interés promedio que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones a treinta (30) días, y respecto de las expensas impagas un interés punitorio igual a las alícuotas que surgen de las certificaciones de deuda acompañadas, lo que se calculará en la oportunidad el art. 501 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-. Impuso las costas y costos de la ejecución (arts. 68 y concs., 556, del CPCC) y postergó la regulación de honorarios hasta la oportunidad dispuesta por el art. 51 ley 14.967 -de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Provincia de Buenos Aires- (ver sentencia de fecha 11/11/2022).
2. Contra dicha forma de decidir interpuso la parte demandada recurso de apelación mediante presentación del 23/11/2022 -habiéndolo fundado en el mismo escrito-, el que fue concedido según proveído del 30/11/2022, mereciendo la réplica espontánea de los coactores del 23/03/2023 (ver también traslado ordenado por Presidencia de esta Alzada el 12/04/2023 y presentación de la coaccionante María Cecilia Valdés viuda de Losinno -en carácter de heredera de Juan José Losinno- del 13/04/2023).
3. En prieta síntesis, se queja la apelante pues sostiene que el primer contrato suscripto con fecha 19/05/2015 con vigencia del 01/09/2014 al 31/08/2016, no estipuló el pago de expensas, por lo que -considera- que no corresponde hacer lugar al reclamo de las mismas por el período Marzo de 2015 a Agosto de 2016, montos incluídos en el fallo atacado.
Señala que el segundo contrato suscripto con fecha 10/10/2017 con vigencia desde el 01/09/2016 hasta el 30/08/2018, cuya continuidad operó hasta marzo de 2022, si estipuló en la cláusula 7ma. el pago de las expensas comunes a cargo del locatario.
Relata que el pago de los alquileres incluía el pago de las expensas comunes y que no se liquidaban por separado las mismas al locatario, por lo que -estima- que al reclamar los cánones correspondientes a Octubre de 2019 hasta la fecha de entrega del inmueble, ello implica -a su criterio- que los importes por los períodos que van desde el 01/09/2016, 2017, 2018, hasta Setiembre de 2019, fueron satisfechos en su integridad, ya que por dichos períodos no se reclama cobro de alquileres.
A todo evento, plantea prescripción de esos períodos con fundamento en lo preceptuado en el artículo 2562 inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación -en adelante, CCyC-.
Alega que los intereses que se describen en la certificación de deuda por expensas son inoponibles a la representación Fiscal, puesto que como surge del contrato firmado por las partes, el mismo se sujeta a las previsiones de la ley de Contabilidad de la Provincia N° 13.981 y decreto reglamentario 1300/16 (cláusula 12°), en su totalidad, accesorios inclusive, por lo que entiende que el propietario es quien debe afrontar el pago diverso de los intereses que el Reglamento de Copropiedad pueda aplicar.
Solicita, para el caso de aplicarse otro tipo de interés distinto al previsto por la Ley de Contrataciones, la morigeración de los que surjan del Reglamento de Copropiedad que -expresa- no se ha acompañado a estos actuados.
4. Liminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la deserción -insuficiencia- del recurso opuesto por los coactores en su presentación de fecha 23/03/2023 contra el ataque articulado por la parte demandada apelante.
Al respecto, ha de decirse que el escrito de fundamentación (de fecha 23/11/2022) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180), razón por la cual se procede a continuación al tratamiento del embate.
5. Sentado lo anterior, debe tenerse en consideración que el Fisco accionado introduce entre sus agravios cuestiones que no habían sido propuestas a consideración o resolución de la instancia anterior (ver escritos de contestación de fechas 18/04/2022, 31/05/2022 y 30/06/2022), esto es, que en el primero de los contratos no se había pactado el pago de las expensas y que a todo evento algunos de los períodos reclamados en dicho concepto se encontrarían prescriptos.
Nuestra Suprema Corte resolvió que “Las atribuciones de los Tribunales de Apelación se encuentran doblemente acotadas. De un lado, por la estructura de la relación procesal -básicamente, explicitada por el contenido de las pretensiones deducidas en la demanda y su contestación- y, por el otro, por los agravios desplegados en los recursos que deben resolver” (SCBA, AC 90299, sent. del 24-5-2006; SCBA, C 99848, sent. del 11-11-2009).
De consuno con lo anterior y en torno a la solicitud de la parte demandada con relación al primero de los contratos y a la prescripción eventualmente deducida, repárase que ello deviene improcedente, toda vez que dichas peticiones expresas no fueron sometidas oportunamente a decisión de la señora jueza de grado, es decir, resultan cuestiones no propuestas en el momento procesal oportuno y que por ello no cabe darles tratamiento en esta instancia de revisión (art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial, CPCC).
Cabe destacar al respecto que se encuentra vedado introducir una cuestión en forma novedosa y extemporánea en esta instancia, que recién se denuncia en el recurso de apelación, pues ello difiere sustancialmente del esquema que conformó el thema decidendum [cuestión a decidir respetando el principio de congruencia], resultando improcedente que el recurrente, frente a la suerte adversa de su reclamo en la instancia de grado, pretenda alterar el alcance y dimensión de su pretensión (conf. doct. SCBA C. 98.986, sent. del 17-12-2008; C. 107.518, sent. del 17-11-2010; C. 107.998, sent. del 29-6-2011).
Es que los límites de la jurisdicción abierta están dados por los capítulos litigiosos propuestos al Juez de grado inferior y no por la sentencia apelada (conf. SCBA, en "Ac. y Sent." 1957-IV-262), toda vez que las facultades de los Tribunales de Apelación sufren en principio de una doble limitación, la que resulta de una relación procesal -que aparece en la demanda y contestación- y las que el apelante haya querido imponerle al recurso (conf. SCBA LP C 119835 S 29/08/2018 Juez De Lázzari (SD).
Como se dijo, el art. 272 del CPCC dispone que el recurso de apelación no importa un nuevo juicio sino un nuevo examen, por lo cual el material sobre la que debe trabajar la Alzada es nada más que el acumulado en primera instancia, caso contrario quedaría gravemente menoscabado el derecho de defensa en juicio, modificando los términos en los que quedó trabada la litis (arts. 34 incs. 4 y 5 ap. c, 163 inc. 6, 272, CPCC.; 18 Constitución Nacional; esta Sala, causa 128464; sent. del 09/03/2021, RSD 45/21).
Por lo tanto, dicha parcela de los agravios propuestos no ha de prosperar (arts. 34 incs. 4 y 5 ap. c, 163 inc. 6, 272, CPCC.; 18, C.N.).
6.A: Ahora bien, en la especie, se ejecuta por cobro de alquileres y expensas comunes, cuestionando el Fisco accionado la procedencia de estas últimas y sus intereses.
Ello así, si bien respecto de los alquileres adeudados no existe controversia, debe repararse que cuando se pretende el cobro de arriendos, por la vía ejecutiva, más allá de la fecha de vencimiento del respectivo contrato de alquiler, debe considerarse que el mismo mantiene su idoneidad como título hábil para reclamar los aludidos alquileres como tales (art. 521 del CPCC) hasta que el locador pida la devolución de la cosa o mientras el locatario no cuestione su permanencia en el inmueble, pues esto implica el reconocimiento de su ocupación en calidad de inquilino con posterioridad al referido vencimiento (art. 523, inc. 2 del CPCC), arribando enhiesta a esta instancia revisora la continuación de la locación hasta el 04/03/2022 (ver escritos de fechas 10/05/2022 y 31/05/2022; art. 1218, CCyC).
6.B. Conforme lo considerado en el punto 5 que antecede, cabe expedirse entonces en torno al embate formulado respecto de los períodos de expensas reclamados que se devengaran hasta el mes de septiembre de 2019 inclusive, toda vez que la accionada sostiene que al no haberse iniciado ejecución por los alquileres comprensivos de dichos períodos ello conllevaría a que las expensas -por los mismos lapsos- se encontrarían abonadas.
Es decir, la demandada pretende que por vía presuncional se tengan por abonadas las expensas reclamadas. Ahora bien, del análisis del expediente administrativo adjuntado en formato digital “.pdf” al escrito postulatorio de fecha 18/04/2022, surge que en forma expresa se solicitó “...remitir constancias de pagos efectuados en concepto de alquiler desde octubre de 2019 a la fecha, así como pago de expensas del inmueble sito en calle 12 n° 817 Piso 7 (entre 48 y 49) de la ciudad de La Plata...” (ver página 40); al respecto, se advierte que luego se informó “...que la última liquidación registrada en el Departamento Pagos de la Subdirección de Tesorería de la DGCYE data con fecha 13/06/2020 Alquileres Octubre 2019 y retroactivos, op 185401 EX-2020-11214824-SDPRDGCYE. Se adjunta planilla de libramiento de pago op 185401 en su totalidad” (ver página 43), mas la referida planilla no se verifica incorporada al aludido expediente digital acompañado.
De consuno con lo anterior, se colige que si bien se informó el pago de los alquileres de octubre de 2019, no se ha acreditado en manera alguna que se hayan satisfecho las expensas que se reclaman (a pesar que expresamente se requirió -como se transcribiera- en el aludido expediente administrativo la remisión de las constancias de pago de las expensas en cuestión).
Debe recordarse que el pago que se alegue como defensa debe ser documentado, debiendo descansar en instrumentos suscriptos por el acreedor o su representante.
El medio por excelencia lo constituye el recibo y cuando el mismo no existe los otros elementos que se aportan deben ser apreciados de modo riguroso, no bastando meros indicios que no alcanzan a ser presunciones, o que si lo fueran no son graves, precisas y concordantes, o no son complementadas por otras probanzas directas (arts. 865, CCyC; 163 inc. 5, CPCC).
En la especie, la accionada no ha cumplido con dicha carga, ya que a la luz de lo precedentemente expuesto, no puede válidamente pretenderse que por no reclamarse los alquileres anteriores a octubre de 2019 ello conlleveínsito de por sí que las expensas se encontraban satisfechas. Por el contrario, de los certificados adjuntados en formato digital con fechas 16/08/2021 (páginas 8 y 9 del tercer archivo “.pdf”) y 10/05/2022 (página 2 del “.pdf”), las mismas surgen impagas (art. 1208, CCyC).
Dichas circunstancias importan el rechazo de este tramo de los agravios expresados (arts. 260, 266, 272, CPCC).
6.C. Por último, resta tratar el cuestionamiento dirigido a los intereses aplicados respecto de las expensas adeudadas.
En este punto, es dable adelantar que le asiste razón al Fisco accionado.
Ello así desde que, acreditada la deuda por expensas comunes con las certificaciones aludidas en el apartado “6.B” que antecede, cabe considerar los importes de las mismas como parte del precio de la locación (art. 1208, CCyC), teniendo en cuenta la desestimación de los agravios que emana del acápite “5” de este resolutorio.
En este sentido, se ha decidido que: “A los fines de calcular los intereses en los supuestos en los cuales surge del contrato que el locatario se encuentra a cargo del pago de las expensas comunes, impuestos, tasas y contribuciones, cabe entender que dichas obligaciones se encuentran incluidas en el precio de la locación, y por ende, corresponde calcular sus accesorios conforme la tasa de interés fijada para el cobro de los alquileres devengados por el inmueble” (conf. Cám. 1era., Sala 3era., Mar del Plata, causa 150059, RSD-242-11, sent. del 20/12/2011, en JUBA sum. B1405259).
Es que no nos hallamos frente al cobro ejecutivo de expensas previsto en el art. 522 del CPCC -cuyo legitimado activo resultaría el Consorcio de Copropietarios-, sino que -como se dijo- los presentes actuados versan sobre el cobro de alquileres adeudados así como de las expensas que integran el precio de la locación.
En dicho andarivel, el obligado al pago de las expensas frente al Consorcio resulta el propietario, independiente de lo pactado en el contrato de alquiler que, a este último, le resulta ajeno. Es decir, los intereses previstos en el Reglamento de Copropiedad y Administración le podrán ser exigidos al titular de dominio, mas no al inquilino.
Al respecto, se ha sostenido que: “La obligación del pago de las expensas, que por definición está destinada al pago de los servicios con que cuenta el edificio y gastos de conservación del mismo, emana del dominio (art. 17 ley 13.512). Es independiente de la ocupación que se haga y, en tal virtud, subsiste aún cuando ésta no se efectivice, dado el principio de solidaridad que rige en tal materia y la necesidad de mantenimiento general de los gastos del inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. La circunstancia que en los últimos tiempos se vengan incluyendo en los contratos de locación, cláusulas que ponen a cargo de los locatarios estos gravámenes y otros de diverso origen, sólo responde al principio de la libertad contractual y en modo alguno orientan acerca de la naturaleza de esta obligación (arts. 1137, 1197 del Código Civil)” -conf. esta Sala, con anterior integración, causa 100589, RSD-186-3, sent. del 07/08/2003, en JUBA sum. B301100-.
Dichos principios no se vieron alterados por lo normado en el Código Civil y Comercial de la Nación, según surge de sus arts. 2046 inc. “c”, 2048, 2050.
Sentado lo anterior, se repara que si bien los dos contratos de locación de inmueble que vincularon a las partes de este juicio no contienen pacto expreso de intereses, lo cierto es que en las cláusulas “décima” y “decimosegunda” de los mismos se dejó establecido que ambos quedaban sujetos a la Ley de Contabilidad de la Provincia y reglamentos vigentes en cada caso.
Así, en el primero de los contratos de alquiler (páginas 13/15 del tercer archivo “.pdf” adjunto a la presentación del 16/08/2021) se aludió al art. 14 tercer párrafo del Reglamento de Contrataciones aprobado por el Decreto 3300/72 (t.o. Resolución 952/04 del Contador General de la Provincia), así como al art. 26, inc. 3, apartado I, de la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y su Reglamento de Contrataciones referido.
Por su parte, en el segundo de los contratos de locación (páginas 5/7 del mencionado tercer archivo “.pdf” del 16/08/2021) se sujetó a las disposiciones de la Ley 13981 y su reglamentación aprobada por Decreto 1300/16, con cita del Artículo 18, apartado 2°, Inciso l), de dicha Ley 13981.
En este sentido, el art. 23, punto III, apartado 4, del Decreto 1300/16 (hoy derogado, en su momento reglamentario de la ley 13.981 -que regula e incorpora el subsistema de contrataciones del Estado al sistema de administración financiera del sector público de la Provincia-), preveía que: “Si el pago no se realizara en el plazo estipulado, se devengarán intereses por pago fuera de término, a la tasa de interés promedio que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones a treinta (30) días, que se calcularán entre el día siguiente al vencimiento y hasta la puesta a disposición de los fondos”.
A su vez, el Decreto 3300/72 (t.o. Resolución 952/04 del Contador General de la Provincia), estableció también -como interés moratorio- que: “La tasa de interés a aplicar será la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones a treinta (30) días. De producirse variaciones en la misma, se tomarán los valores de los distintos tramos computándose como última tasa la del tercer día anterior a la puesta a disposición de los fondos”, sin verificarse -por ende- variaciones sustanciales entre dichas normativas -ambas derogadas al día de la fecha- y que, su vez, coinciden con la postura adoptada por la nueva reglamentación vigente (Decreto 59/19).
Conforme lo precedentemente considerado, toda vez que la locación que motivó el reclamo por alquileres impagos (y expensas que, como se dijo, forman parte de dicho alquiler) se encuentra comprendida dentro de las previsiones de la ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, y existiendo una norma específica en su reglamentación que rige la tasa de interés aplicable, es que no cabe apartarse de la misma (arts. 768 inc. b, 1208, del Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-) y, por ende, la deuda por expensas también devengará el interés allí previsto y no el contenido en las certificaciones del Consorcio de Propietarios.
7. Consiguientemente, propongo revocar parcialmente la resolución apelada de fecha 11/11/2022, debiendo aplicarse a los montos en ejecución de capital puro por expensas adeudadas la tasa de interés promedio que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones a treinta (30) días, que se calculará desde el vencimiento de cada una de las obligaciones y hasta su efectivo pago (arts. 768 inc. b, 1208, CCyC; 23, punto III, apartado 4, del Decreto 1300/16 -hoy derogado por el Decreto 59/19, reglamentario de la ley 13981-), y confirmarla en todo lo demás que fuera motivo de recurso y agravios. Las costas de Alzada postulo que sean impuestas a la parte demandada apelante en su condición de sustancialmente vencida (arts. 68, 556, CPCC).
Con los alcances de lo precedentemente considerado, voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente Doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde revocar parcialmente la resolución apelada de fecha 11/11/2022, debiendo aplicarse a los montos en ejecución de capital puro por
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