Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123510
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 26 de junio de 2020 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.510 "PERTINO MIGUEL ANGEL C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES"
I. Agréguese, y sin perjuicio de señalar que lo requerido en fecha 26 de junio del corriente era el envío del escrito electrónico (cumplimentando con la Ac. 4/2007 de la CSJN) como documento adjunto digital, téngase igualmente por cumplida la intimación dispuesta con su presentación en soporte papel.
II. El apoderado de la demandada deduce -mediante soporte papel y presentación electrónica de fechas 23-XII-2019 y 9-III-2020, respectivamente-, recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado en virtud de su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC; v. resol. de 6-XI-2019).
En el marco de una acción de cobro ejecutivo de alquileres, la Cámara interviniente revocó el pronunciamiento del magistrado de origen que, a su turno, había dispuesto el levantamiento del embargo solicitado por Miguel Ángel Pertino contra la Municipalidad de La Plata (v. resols. de 28-XI-2018 y 21-VI-2019).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso y trato no discriminatorio (arts. 5, 16, 17, 18, 19, 31, y 123 de la Const. nac.; 8, CIDH; v. págs. 4, 5, 8 y 9 del escrito en soporte digital cit.).
III.2. Sostiene que la sentencia en crisis se basa en meras afirmaciones dogmáticas y debe ser declarada nula. Ello por cuanto, sin dar motivos suficientes se apartó de las constancias de la causa y aplicó -erróneamente, según su entender- la normativa que rige al caso, con la consecuente afectación de la garantía constitucional del debido proceso (v. págs. 5 y 7/9, escrito electrónico cit.).
Al respecto, reitera los argumentos vertidos en la vía local referidos, por un lado, a que de acuerdo con lo normado por los arts. 229 del decreto ley 6.769/58 y 219 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial las cuentas bancarias de la comuna se encuentran asignadas al cumplimiento de servicios públicos y al pago de haberes y tributos -tanto nacionales como provinciales- por lo que resultan inembargables en función de la protección del bien común. Y, por el otro, que la ley 11.684 protege también el patrimonio estatal afectado al cumplimiento de servicios públicos o que sean de interés general. Insiste, asimismo, en que las mentadas cuentas embargadas -indicadas como de libre disponibilidad- son las únicas utilizadas por el municipio para realizar la totalidad de los pagos que debe afrontar (v. págs. 5/7, escrito electrónico cit.).
En tal sentido, expone que cualquier embargo trabado sobre los fondos existentes en dichas cuentas modificaría la estructura económica y financiera de su representada e imposibilitaría cumplir con los compromisos adquiridos por la comuna, poniendo en riesgo no sólo su funcionamiento sino también la satisfacción de los servicios públicos. Ello, en franca afectación del interés general de toda la comunidad de la ciudad de La Plata (v. pág. 7, escrito electrónico cit.).
Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (Fallos: 332:1616; 333:2426; 339:80 y 864; v. págs. 5 y 8, escrito electrónico cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 10 de marzo del corriente año), el mismo fue contestado por la apoderada del actor (v. presentación electrónica y soporte papel de fechas 24 de marzo y 30 de junio del corriente año).
V.1 Respecto de la vía federal deducida, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, como las relativas a la interpretación del derecho procesal y público local (en el sub lite , la valoración efectuada por el a quo respecto de la normativa que rige al caso y la embargabilidad de las cuentas de la accionada, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.)
En el caso, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación suficiente y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis e insistir con sus propias consideraciones acerca de la legislación aplicable en materia de disponibilidad de fondos municipales reiterando los cuestionamientos que sustentaron el recurso local y que merecieran oportuna respuesta (v. resol. atacada de fecha 6-XI-2019).
V.3. Cabe apuntar, además, que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de debido proceso y trato no discriminatorio; arts. 5, 16, 17, 18, 19, 31, y 123 de la Const. nac.; 8, CIDH; v. págs. 4, 5, 8 y 9 del soporte digital cit.), así como la simple mención de los fallos del Tribunal federal que cita (v. págs. 5 y 8, escrito electrónico cit.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.742, "Vampa", resol. de 6-IX-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; entre otros).
V.4. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso (doctr. Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; v. también 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. pág. 4, escrito electrónico cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 26 de junio de 2020 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2020 13:00:53 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 18:26:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 08:40:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 09:16:32 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 14:01:18 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia