Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124953
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (arts. 292 y 296, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
C. 124.953 "CURTO MIGUEL ANGEL C/ MUNICIPALIDAD DE LEZAMA S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en la presente causa sobre cobro ejecutivo de alquileres promovida por Miguel Ángel Curto contra la Municipalidad de Lezama, confirmó la decisión pronunciada por la instancia de inicio por la que, a su turno, se rechazara tanto la excepción de incompetencia y el planteo de nulidad de cláusulas contractuales como la excepción de pago documentado opuestas por la ejecutada. En consecuencia, se mandó llevar adelante la ejecución por la suma de ciento setenta y un mil pesos ($ 171.000), con más los intereses que estableció. Por último, desestimó el pedido de levantamiento de embargo trabado sobre cuentas del municipio a quien, además, intimó a que aclare la cuenta sobre la que eventualmente habría de sustituirse tal medida (v. sent. de 11-V-2021, copia en archivo adjunto a la queja).
Para así resolver, el Tribunal de Alzada repelió los argumentos expuestos por el ente público en cuanto al rechazo de las defensas referidas a la competencia y al alegado pago documentado, al estimar que no reúnen los requisitos exigidos por los arts. 260 y 261 de Código ritual. En cuanto a la queja por la denegatoria del levantamiento del embargo dispuesto en la causa, con base en el art. 229 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ponderó que la ejecutada no acreditó que los fondos de la cuenta bancaria sobre la que se efectivizó la medida estén afectados a un servicio público, no aclaró la cuenta sobre la que podría sustituirse y agregó que dado atento su monto no se afectaba su normal funcionamiento. Finalmente, desestimó los agravios vinculados a la alegada inexistencia de título ejecutivo hábil con apoyo en que fueron novedosamente introducidos en la instancia recursiva ordinaria (v. sent. cit.).
Frente a ello, el apoderado de la municipalidad demandada interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. copia del escrito de 28-V-2021, adunada a la queja), cuya denegatoria, fundada en la no definitividad de la decisión impugnada (v. resol. de 1-VI- 2021, en archivo agregado), motivó la articulación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación electr. de 4-VI-2021).
II. Al respecto, cabe señalar que aún cuando pudiera considerarse que el pronunciamiento impugnado reviste carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, la vía extraordinaria de nulidad incoada resulta de todos modos inadmisible (conf. art. 296, CPCC).
Ello así en tanto esta Corte tiene reiteradamente establecido que la misma solo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 121.446, "Rodríguez", resol. de 6-IX-2017; C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 123.872, "Arato", resol. de 28-IX-2020; C. 124.154, "Perroni", resol. de 19-II-2021).
En el caso, se advierte que no se han expuesto ni tampoco desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo del art. 168 de la Constitución de la Provincia cuya vulneración se predica (conf. causas C. 120.525, "Decunto", resol. de 4-V-2016; C. 120.916, "La Tilde S.A.", resol. de 26-X-2016; C. 121.516, "Recupero de Siniestros S.R.L.", resol. de 21-VI-2017; C. 122.460, "Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726", resol. de 16-V-2018 y C. 123.872, cit.).
Así, de su lectura se observa que, no obstante la denuncia de omisión de cuestiones esenciales -con cita del art. 168 mencionado-, los planteos allí desplegados apuntan, en realidad, a controvertir el acierto jurídico del fallo, en tanto el municipio recurrente aduce -sintéticamente- que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo, incongruencia y arbitrariedad al interpretar su escrito de expresión de agravios, la documentación obrante en autos y diversas actuaciones llevadas a cabo, que se ha desoído prueba aportada por su parte, que la decisión se basó en afirmaciones dogmáticas y que la misma es irrazonable. Por tanto, los argumentos expuestos se refieren, en rigor, a presuntos errores de juzgamiento, que no son propios del carril recursivo en consideración, sino del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 117.999, "Ascani", resol. de 25-IX-2013; C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; C. 121.593, "Gómez", resol. de 6-IX-2017; C. 123.323, "Vargas", resol. de 18-IX-2019; C. 123.453, "Millach", resol. de 6-XI-2019; C. 123.846, "Aquino", resol. de 11-V-2020; y C. 124.322, "Lopez", resol. de 31-III-2021).
Asimismo, se pone de manifiesto que también se ha sostenido reiteradamente que son impropias de este recurso las alegaciones referidas a la vulneración de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y propiedad (conf. doctr. causas C. 122.689, "Gonzalez", resol. de 19-IX-2018; C. 123.073, "Niño de Reisner", resol. de 14-VIII-2019; C. 123.630, "Malin", resol. de 4-III-2020; C. 123.900, "Cabrera", resol. de 29-VII-2020 y C. 124.322, cit.).
Por último, deviene pertinente destacar que tampoco se advierte en estos obrados -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega la supuesta afectación de garantías constitucionales, en el embate subyacen denuncias de infracción a normativa de derecho común y procesal que denotan que en autos -en el marco reseñado y de conformidad con las cuestiones aquí resueltas y los planteos esgrimidos- no se encuentra involucrada de manera directa o inmediata una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 120.900, "Elenka Sacaf y de M.- Raulen S.A.", resol. de 22-II-2017; C. 122.716, "Zuliani", resol. de 20-II-2019; C. 124.316, "Israel Silicaro", resol. de 1-XII-2020 y C. 124.350, "Cabrera", resol. de 19-II-2021).
Lo expuesto determina, tal como se anticipó, la inadmisibilidad del remedio extraordinario de nulidad intentado (art. 296 CPCC) y, consecuentemente, conduce al rechazo de la queja en consideración por los motivos aquí expuestos (art. 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (arts. 292 y 296, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/02/2022 18:44:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2022 20:29:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/03/2022 12:28:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2022 22:44:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2022 13:52:24 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/03/2022 13:48:57 hs. bajo el número RR-95-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia