Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 61062
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 260, 310 inc. 3°, 311, 315, 316, 317 y 318 del C.P.C.C.); con costas a la actora vencida en esta instancia (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). Regúlanse los honorarios del doctor Rubén Antonio Colombo por la labor cumplida en esta instancia en la suma de pesos trescientos dieciocho ($318), con más el aporte legal e I.V.A., en caso de corresponder (art. 31 del dec-ley 8904/77).
Causa nº: 2-61062-2016
" TARTAN S.A.C/ ALONSO, JUAN EDUARDO S/COBRO EJECUTIVO (12) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 50 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 21 días del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Tartan S.A. c/. Alonso, Juan Eduardo s/. Cobro Ejecutivo" ( Causa Nº 61.062 ), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Peralta Reyes y Dr. Galdós.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la resolución apelada de fs. 112/112vta.?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi , dijo:
I.1. Tartan S.A. promovió juicio ejecutivo contra Juan Eduardo Alonso reclamándole el pago de la suma de $2.589 con más los intereses y costas, en base al pagaré sin protesto que se agregó a las actuaciones (fs. 16, 22/23vta.).
Sin embargo, a raíz de la inactividad en que incurrió la actora luego de ciertos pasos procesales iniciales, con fundamento en los arts. 310 y 315 del Código Procesal y en la Resolución N°3694/2012 de la Excma. Suprema Corte Provincial, la a quo dispuso oficiosamente intimarla para que en el plazo de cinco días manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de la instancia (fs. 52). En respuesta a dicha intimación la accionante realizó presentaciones que fueron implícitamente interpretadas por el Juzgado como impulsorias del trámite, hasta la última de ellas que fue proveída en fecha 12-6-15 (fs. 111). Destaco que entre ésta última providencia y el decisorio que decretó la caducidad no se produjo en autos movimiento procesal alguno , y que en autos no se arribó al dictado de la sentencia de trance y remate .
2. Pues bien, a partir de esos elementos la a quo ponderó en la resolución apelada del 05-02-16 que la última actividad útil databa del 12-6-15 y que si bien en un primer momento la actora había respondido positivamente a la intimación impulsando el procedimiento, más tarde volvió a incurrir en inactividad dejando transcurrir en exceso el plazo previsto por el art. 310 del Código Procesal. Entendió la presentenciante que esa conducta de la actora se enmarca en el último párrafo del art. 315 del ritual, por lo que corresponde decretar la caducidad de instancia sin necesidad de intimarla nuevamente, lo que así resolvió a fs. 112/112vta.
3. La accionante apeló la resolución en ciernes (fs. 118/119), concediéndose dicho remedio en relación (fs. 120), que fundó en tiempo y forma (fs. 122/124vta.).
Esgrimió el siguiente argumento principal: que la caducidad ha sido aplicada en forma irrazonable ya que no se ha tenido en cuenta que la falta de actividad procesal útil se produjo durante un período de acefalía de representación legal de la actora por un cambio obligado de apoderado. En base a ello pidió que se revoque la resolución impugnada en cuanto declaró operada la caducidad de la instancia y le impuso las costas del proceso.
II. Si mi opinión es compartida, habrá de confirmarse la resolución apelada ya que la quejosa no rebatió suficientemente el fundamento principal sobre el que se estructuró la misma (arts. 260 y 261 del Cód. Proc.).
Paso a explicarme. En el apartado precedente relaté que en respuesta a la intimación que se le cursó en los términos del art. 315 del C.P.C.C., la actora realizó presentaciones que –cabe interpretar- fueron implícitamente consideradas por el Juzgado como impulsorias ya que luego de ellas se prosiguió con el juicio. Pero también referí que con posterioridad a haberse desplegado dicha actividad de impulso, la actora se desentendió nuevamente del trámite del proceso el que se mantuvo en total inactividad hasta que en fecha 05-02-16 la a quo decretó la caducidad de la instancia con fundamento en lo normado por el último párrafo del art. 315 del Código Procesal, que establece: “En el supuesto de que la parte intimada activare el proceso ante solicitud de caducidad; y posteriormente a ello transcurriera igual plazo sin actividad procesal útil de su parte, a solicitud de la contraria o de oficio se tendrá por decretada la caducidad de instancia” (fs. 112/112vta.).
Me he detenido en éste detalle de la causa pues considero imprescindible puntualizar que la insuficiencia recursiva que anticipé al comienzo de mi voto reside en no haber la recurrente rebatido adecuadamente la categórica afirmación contenida en la resolución impugnada, referida a que con posterioridad a haber instado el curso del juicio a raíz de la intimación que se le cursó (art. 315 del C.P.C.C.), dicha parte incurrió otra vez en inactividad por un plazo que supera con holgura el previsto en el art. 310 inc. 3° del Código Procesal . Y ello es así pues entre el proveído calificado como última actuación de impulso y la resolución que declaró la caducidad transcurrieron más de tres meses sin que en autos se produjera actividad procesal útil, situación que claramente resulta aprehendida por el último párrafo del art. 315 del Código Procesal (esta Sala, causa n° 59.435 del 10-3-15, “Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726…”, voto del Dr. Galdós).
Por lo tanto, la falta de un cuestionamiento eficaz contra dicha afirmación de la sentencia de la anterior instancia conduce inexorablemente a que se tenga por configurado el supuesto de hecho previsto en el último párrafo del art. 315 del Código Procesal y, de ese modo, por operada la caducidad de la instancia (art. 260 del C.P.C.C.).
Para finalizar he de mencionar que la ley procesal expresamente faculta a los magistrados a declarar de oficio la caducidad de la instancia previo diligenciamiento –por única vez- de la intimación correspondiente (arts. 315 y 316 del C.P.C.C.)
En virtud de las razones expuestas propicio al acuerdo confirmar la resolución apelada en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 260, 310 inc. 3°, 311, 315, 316, 317 y 318 del C.P.C.C.), con costas a la actora vencida en esta instancia (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Galdós adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi , dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve confirmar la resolución apelada en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 260, 310 inc. 3°, 311, 315, 316, 317 y 318 del C.P.C.C.); con costas a la actora vencida en esta instancia (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). Regúlanse los honorarios del doctor Rubén Antonio Colombo por la labor cumplida en esta instancia en la suma de pesos trescientos dieciocho ($318), con más el aporte legal e I.V.A., en caso de corresponder (art. 31 del dec-ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Galdós adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, Abril de 2016.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve : confirmar la resolución apelada en todo cuanto fue materia de agravios (arts. 260, 310 inc. 3°, 311, 315, 316, 317 y 318 del C.P.C.C.); con costas a la actora vencida en esta instancia (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). Regúlanse los honorarios del doctor Rubén Antonio Colombo por la labor cumplida en esta instancia en la suma de pesos trescientos dieciocho ($318), con más el aporte legal e I.V.A., en caso de corresponder (art. 31 del dec-ley 8904/77). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase .
MARÍA INÉS LONGOBARDI
PRESIDENTE
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDÓS
JUEZ JUEZ
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II SALA II
ANTE MÍ
CLAUDIO MARCELO CAMINO
SECRETARIO
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
Fin de la sentencia