Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63812
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada de fs. 246/247 vta. en cuanto decreta la caducidad de instancia del proceso, sin condena en costas por no existir una parte vencida (art. 68 del Cód. Proc.).
2Dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada en el decisorio recurrido en razón de lo expuesto en el Considerando II, último párrafo.
3Diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad (arts. 31 y 51 Ley 14.967).
Causa nº: 2-63812-2018
"(C)BANCO COMAFI S.A. C/ DUARTE DIEGO ANTONIO S/COBRO EJECUTIVO"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 31 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los dieciséis días del mes de Abril del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Banco Comafi S.A. c/ Duarte, Diego Antonio s/ Cobro Ejecutivo” (Causa Nº 63.812), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dr. Galdós y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la resolución apelada de fs. 246/247 vta.?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I) 1. Con fecha 10/10/13, el Banco Comafi S.A. promovió juicio ejecutivo contra Diego Antonio Duarte (fs. 17/19) por la suma de $18.967,13, con base en el saldo impago de un pagaré cuya copia certificada luce a fs. 16. Agregada a requerimiento del juzgado la documentación probatoria del cumplimiento de los recaudos del art. 36 de la Ley 24.240 (fs. 22 y ss.; constancia de apertura de cuenta corriente bancaria y de otorgamiento de tarjeta de crédito), con fecha 12-11-13 se ordenó librar el correspondiente mandamiento de intimación de pago y embargo, y se ordenó trabar embargo sobre los haberes del ejecutado.
Diligenciados oficios a Anses (fs. 56/59) y a “Gestión Laboral S.A.” para la traba de embargo sobre los haberes del accionado (infructuosa en razón de lo informado a fs. 103), con fecha 01/04/14 el banco ejecutante denuncia el extravío del mandamiento ordenado en el despacho de inicio, y solicita se libre uno nuevo, lo cual es despachado favorablemente por proveído de fs. 90. Acompañados numerosos oficios diligenciados negativamente a entidades financieras a fin de conocer la existencia de cuentas a nombre del accionado (fs. 102 y ss., 129 y ss., y 136 y ss.), se deja sin efecto a fs. 146 (despacho del 15/07/14) el embargo trabado a fs. 43 vta., y se decreta la inhibición general de bienes del accionado.
A fs. 209/211 y 227/229 vta. se acompañan mandamientos diligenciados negativamente con fechas 13/05/14 y 14/11/14, ordenándose a fs. 232, por despacho del 26/03/15, que se libre uno nuevo a otro domicilio denunciado. Con fecha 14/10/16 el banco actor denuncia el extravío de este último mandamiento, disponiéndose a fs. 237 con fecha 20/10/16, que se libre uno nuevo a los mismos fines y efectos. Así es que se arriba al despacho de fs. 238, dictado el 27/02/18 (1 año y cuatro meses después de la última actuación), por el que la jueza de grado, con fundamento en lo prescripto por el art. 316 del Código Procesal y la Resolución N°3694/2012 de la Excma. Suprema Corte, dispone, de oficio, intimar a la parte actora para que en el plazo de cinco días manifieste su intención de continuar con el trámite, y produzca actividad procesal útil, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de instancia
Librada cédula electrónica ese mismo día, el ejecutante presenta --en igual fecha; ver fs. 244- escrito electrónico manifestando su intención de continuar con el proceso, y requiriendo se libre nuevo mandamiento a la Oficina de Mandamientos de Morón. Asimismo, por escrito de fs. 243 presentando al día siguiente, acompaña constancia de la traba de embargo efectuada con fecha 08/09/14 (fs. 241 vta.) ante el Registro de la Propiedad Inmueble, y solicita se ordene su reinscripción. Por despacho de fs. 245 se rechaza por prematura esta última petición en razón de restar un amplio lapso para que caduque la anotación, y respecto del escrito electrónico del 27/02/18, se deniega lo peticionado haciendo saber a la parte que de acuerdo con el Ac. 3845/17 deberá acompañar el mandamiento a confronte y las copias para traslado en formato papel.
2. En ese estado de cosas, y transcurridos más de cinco meses sin ningún movimiento procesal, la jueza a quo dicta, con fecha 24/08/18, la sentencia apelada de fs. 246/247 vta., por la que, en los términos del art. 315 último párrafo CPCC, decreta la caducidad del proceso “por reincidencia”, regulando los honorarios profesionales. Considera para ello que después de la actividad impulsoria de fs. 244, efectuada tras la intimación de fs. 238, el proceso no volvió a tener actividad útil desde su despacho del 06/03/18 (fs. 245).
3. A fs. 259/263 vta., el Banco ejecutante plantea recurso de revocatoria con apelación en subsidio, concediéndose este último en relación (fs. 264). Como fundamento de su crítica, y acorde la documentación que acompaña (fs. 248/258), el recurrente arguye, en lo que importa, que el mandamiento librado el 3/11/16 (fs. 232 vta.) que había sido originariamente extraviado, se halló y se ingresó en la oficina de Mandamientos y Notificaciones de Morón el 30/07/18, habiéndose diligenciado el 30/7/18 (antes de decretarse la caducidad de instancia), aun cuando haya obtenido resultado negativo. Sostiene entonces que no es cierto que el proceso no haya tenido actividad útil desde el 6-3-18. Invoca además las notas de fechas 04/4/18 y 28/08/18 (fs. 251/252) que le remitiera el profesional autorizado a diligenciar el mandamiento en el aludido departamento, así como los oficios diligenciados a Movistar, Claro y Personal (fs. 253/258; los dos últimos ingresaron con posterioridad al decreto de caducidad) para conocer el domicilio del deudor. Arguye además que en la Provincia de Buenos Aires no puede decretarse la caducidad de instancia sin remitir una nueva intimación aunque ya se hubiera hecho otra anterior, y, para finalizar, invoca abundante jurisprudencia sobre la materia.
II. Considero que la resolución apelada debe dejarse sin efecto. A esos fines, recuerdo inicialmente que la Suprema Corte tiene decidido que “la caducidad de instancia es un arbitrio instituido para sancionar la inacción de los litigantes siempre que se encuentren en el deber de instar el proceso o que no se hallen en la imposibilidad de impulsar el trámite del mismo hacia su fin que es la sentencia y por ello en el juzgamiento de la concurrencia de la existencia de las condiciones para su declaración debe prevalecer una interpretación restrictiva y favorecedora del mantenimiento de la vitalidad del proceso, debido a las consecuencias que dicho instituto produce” (Base JUBA, SCBA, A 72324, “Oleaginosa Moreno Hnos…”, Rsd-310-16, del 26/10/2016, citado por esta Sala en causas n° 61881, "Affonso, Joaquín Clemente...“, del 26/06/2017 y n° 63768, “Techeiro, Elvira y otros...”del 29/11/18).
En el caso, entre la documentación acompañada por el ejecutante con su recurso de revocatoria y apelación subsidiaria, encuentro relevante la constancia del diligenciamiento (con resultado negativo) del mandamiento de intimación de pago y embargo (fs. 248 y vta.). Como surge a fs. 249, ese mandamiento fue diligenciado el día 30/07/18, es decir, antes de que se decretara la caducidad de instancia por la sentencia apelada del 24/08/18. Ahora bien, en razón de que, como resulta de lo anterior, se trata de un acto impulsorio que ha sido acreditado en las actuaciones judiciales con posterioridad al decreto de caducidad, señalo que esta Sala ha tenido oportunidad de abordar una situación semejante a la aquí planteada, aunque en relación con una cédula diligenciada en extraña jurisdicción, cuya constancia de diligenciamiento también fue adunada a la causa con posterioridad a la sentencia que dispusiera la caducidad del proceso. Sostuve allí que “el diligenciamiento de la referida cédula provocó la interrupción de la perención de la instancia, tal como se ha considerado en doctrina y jurisprudencia (ver Loutayf Ranea y Ovejero López, Caducidad de la instancia, págs.175 y sgtes.). Claro que la agregación de dicha cédula al expediente se produjo con posterioridad al dictado de la sentencia apelada, pero ello no le hace perder eficacia interruptiva a este diligenciamiento que tuvo por objeto notificar el auto de declaración de rebeldía, tal como lo entendió la Suprema Corte de Justicia Provincial en un caso que presenta similitud con el presente. En efecto, resolvió el Superior Tribunal que "corresponde dejar sin efecto la resolución que declaró perimida la instancia, si el accionante, al plantear revocatoria de tal decisorio, alega y acredita que en fecha anterior y en cumplimiento de una notificación ordenada por despacho del Presidente, presentó en Secretaría la cédula confeccionada para el cumplimiento de tal diligencia" (S.C.B.A., B 51639 I 2-11-1993, "De Aduriz Joaquín R. c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/demanda contenciosa administrativa" (sumario JUBA B82977).” (esta Sala, causa n° 56533, "López Pereira, Ricardo Maximiliano...” del 09/08/12; en sentido concordante, causa nº: 63290, “Becker Miguel Enrique...”, del 31/07/18)
Lo dicho en el antecedente citado, que resulta plenamente aplicable al presente por analogía de fundamentos, obsta a la confirmación de la caducidad resuelta en la anterior instancia, aun cuando la jueza a quo no haya tenido conocimiento, al momento de resolver, del acto interruptivo en cuestión. Es que si bien el actor no fue expeditivo en acreditar la existencia de tal acto de impulso (pues entre la fecha en que se diligenció el mandamiento en el Departamento Judicial de Morón y la resolución de caducidad, transcurrió casi un mes), resultaría un excesivo rigor formal quitarle por ello eficacia interruptiva, cuando su existencia desvirtúa la presunción esencial sobre la que reposa el instituto en cuestión (presunción de abandono de la acción).
Por lo demás, no es ocioso destacar que no obsta a la calidad impulsoria del mandamiento diligenciado, el hecho de que lo haya sido con resultado negativo, dado que, como bien se ha resuelto, “El mandamiento librado con el objeto de intimar el pago al ejecutado y citarlo de remate, constituye un acto tendiente al efectivo desenvolvimiento de la causa, por lo que tiene efecto interruptivo, aunque el mandamiento no haya podido cumplir su cometido, o fracasare dicha diligencia por circunstancias ajenas al ejecutante. Por consiguiente, si con anterioridad al auto que decretó la caducidad de oficio, se diligenció el mandamiento de intimación de pago al ejecutado, dicha actividad tiene entidad suficiente para interrumpir el curso de la perención, pues revela un interés en mantener viva la instancia e intentar su prosecución (art. 311 Código procesal), destruyendo, por lo tanto, la presunción de abandono o desinterés en cuya virtud funcionan las normas de este modo anormal de terminación de los procesos” (Cám Civ. y Com. 2ª de La Plata, Sala 1, causa B 83569, “Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas...”, del 02/02/1997; en igual sentido, Cam. Civ. y Com. de Morón, Sala 2, causa n° 33989, “Bosso José...” del 29/06/1995). Vale destacar que igual criterio ha mantenido este Tribunal en torno al carácter impulsorio de cédulas diligenciadas negativamente, entendiendo en tales casos que “a pesar de no haber logrado la finalidad notificatoria a que estaban principalmente destinadas (anoticiar el traslado de demanda a los accionados), lo cierto es que las cédulas fallidas sí provocaron –en cuanto atañe a la temática recursiva- la interrupción del plazo de caducidad, habida cuenta que con ellas el actor exteriorizó su interés en mantener vivo el proceso.“ (esta Sala, causa cit. n° 63.290, “Becker”...)
Por todo ello, propicio la revocación de la sentencia apelada de fs. 246/247 vta.; sin condena en costas por no mediar la existencia de una parte vencida (arts. 68, 260, 310 inc. 3°, 311, 316, 317 y 318 del C.P.C.C). En cuanto a las regulaciones de honorarios contenidas en la resolución apelada (fs. 247 vta.), considero que las mismas deberán dejarse sin efecto, puesto que la fijación de las retribuciones profesionales deberá efectuarse en el momento del dictado de sentencia definitiva (arts. 47, 51 y ccs. del dec. ley 8.904/77 y de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, corresponde: 1) Revocar la resolución apelada de fs. 246/247 vta. en cuanto decreta la caducidad de instancia del proceso; sin condena en costas por no existir una parte vencida (art. 68 del Cód. Proc.). 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada en el decisorio recurrido, en razón de lo expuesto en el Considerando II, último párrafo. 3) Diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad (arts. 31 y 51 Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 16 abril de 2019.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Revocar la resolución apelada de fs. 246/247 vta. en cuanto decreta la caducidad de instancia del proceso, sin condena en costas por no existir una parte vencida (art. 68 del Cód. Proc.). 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada en el decisorio recurrido en razón de lo expuesto en el Considerando II, último párrafo. 3) Diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad (arts. 31 y 51 Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.-
MARIA INES LONGOBARDI
PRESIDENTE
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDOS
JUEZ JUEZ
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II SALA II
ANTE MI
CLAUDIO MARCELO CAMINO
SECRETARIO
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
Fin de la sentencia