Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64009
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada y admitir el reclamo por los intereses compensatorios devengados entre 30-11-15 y el 30-12-15, debiendo aplicarse los pactados por las partes con la limitación prevista en el art. 16 de la ley 25.065 y lo dispuesto en el punto 3 de esta parte resolutiva (arts. 16, 18, 20, 23 ñ, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 273 del C.P.C.C.).
2Revocar la sentencia apelada disponiendo que se apliquen los intereses punitorios pactados por las partes, con la limitación que emana del art. 18 de la ley 25.065 y lo dispuesto en el punto siguiente 3 (arts. 18 y 23 ñ de la ley 25.065).
3Disponer que en ningún caso será de aplicación la capitalización semestral de intereses pactada en la cláusula sexta del convenio de refinanciación, atento la expresa prohibición sobre el punto que contiene el régimen en cuestión (arts. 18 y 23 ñ de la ley 25.065).
4Sin costas de alzada , atento al modo en que se originó la resolución apelada y el resultado al que se arriba (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Causa nº: 2-64009-2018
"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RICO ALAN ULISES S/ COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 50 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintitres días del mes de Mayo del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/. Rico, Alana Ulises s/. Cobro Ejecutivo" ( Causa Nº 64.009 ), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Galdós y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 73/75?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi , dijo:
I.1. El Banco de la Provincia de Buenos Aires promovió demanda ejecutiva contra Alan Ulises Rico por la suma de $27.275,89 con más intereses y costas, sobre la base del convenio de refinanciación de la deuda originada en el uso de la Tarjeta de Crédito Visa que acompañó (fs. 19/23, 26/28vta.).
Alegó que en dicho convenio se acordó un monto adeudado de $36.283,62 (comprensivo de capital, intereses y gastos) que el deudor se obligó a pagar del siguiente modo: un anticipo de $3.520 y el remanente de $32.763,62 -a la fecha del convenio- en 16 cuotas mensuales y consecutivas, venciendo la primera el día 30-9-15 y así sucesivamente.
En lo que atañe a los intereses, dijo que “se convino una tasa de carácter variable, durante todo el tiempo de vigencia del mismo del 70% del equivalente a 1,4 veces la tasa Badlar -Tasa de interés por depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos – Bancos privados, en pesos, que publica el BCRA o la que posteriormente la reemplace (Tasa Testigo), correspondiente al período comprendido entre el día 19 o anterior hábil del mes precedente y del 20 o anterior hábil del segundo mes anteriores; ambos al mes de vencimiento del servicio anterior” . Y agregó que “dicha tasa podrá variar, pero en ningún caso la tasa de interés podrá ser inferior al 3% TNAV (tasa nominal anual vencida). El costo financiero total asciende 21,98% TNAV (tasa nominal anual vencida), la cual está conformada por la tasa pactada, comisiones y cargos vigentes al momento de la contratación. Para el cálculo de los intereses moratorios se estableció que a partir del vencimiento de la obligación, la tasa que haya estado vigente en cada período se incrementará en un 30%. Se acordó que en todas las obligaciones caídas en mora será de aplicación una tasa adicional a la pactada en cada operación, del 50% de dicha tasa, en concepto de intereses punitorios. Se pactó expresamente la capitalización semestral de los intereses compensatorios, moratorios y punitorios en tales casos” , el sistema de amortización francés para el cálculo de las cuotas y la mora automática.
Mencionó que el deudor pagó las tres primeras cuotas –hasta la que venció el 30-11-2015-, e incurrió en mora de pleno derecho el día 30-12-2015 –cuando debía abonar la cuarta cuota, y no lo hizo-. Dijo que luego de intimar infructuosamente el pago (CD de fs. 24/25), declaró operada la caducidad de los plazos en virtud de lo previsto en la cláusula sexta del convenio.
Solicitó que previa preparación de la vía ejecutiva (arts. 523, 524 y 525 del C.P.C.C.), se libre mandamiento de intimación de pago y oportunamente se dicte sentencia condenatoria por el capital adeudado de $27.275,89, más los intereses compensatorios pactados desde el 30-11-2015 al 30-12-2015, y desde el 30-12-2015 y hasta el efectivo pago los moratorios y punitorios pactados.
2. La a quo enmarcó el sub-caso bajo el régimen del consumidor (ley 24.240 y CCyC.) y confirió vista al Ministerio Público que dictaminó (fs. 29/30).
Seguidamente se preparó la vía ejecutiva y se diligenció el mandamiento de intimación de pago y embargo que el ejecutado no contestó, por lo que se dictó la sentencia de trance y remate que mandó llevar adelante la ejecución (fs. 50, 58/58vta., 62/64, 73/75). No obstante ello, la a quo declaró la nulidad parcial del título con relación a los intereses convenidos, los que fijó de acuerdo a la “tasa activa para operaciones de crédito que aplique el Bco. Pcia. Bs. As. en los distintos períodos (denominada actualmente por la entidad bancaria como “tasa activa restantes operaciones”), con más un plus del 50% moratorio que el banco aplica a las operaciones en mora, dejándose constancia que el tope que se fija se realizará mediante la comparación entre la tasa pactada y la máxima establecida durante el lapso que va desde la fecha de mora hasta su efectivo pago” .
2. El banco ejecutante interpuso recurso de apelación contra ese pronunciamiento que le fue concedido en relación y fundó en tiempo legal (fs. 76, y presentaciones electrónicas del 16-8-18 y 24-8-18).
Por el primero de los dos agravios que dedujo, cuestionó la omisión de condenar al pago de los intereses compensatorios correspondientes al último período mensual previo a la mora (que va del 30-11-15 al 30-12-15), que peticionara en la demanda.
Por el segundo, criticó que se declare la nulidad parcial del título ejecutado y como consecuencia de ello que se aplique una tasa de interés distinta a la pactada. Sostuvo que el art. 768 del Código Civil y Comercial establece tres criterios para determinar la tasa: pacto de partes, leyes especiales y reglamentaciones del Banco Central. Adujo que los intereses moratorios se rigen por el art. 771 del CCyC que autoriza su morigeración por el juez pero cuando la tasa fijada excede “sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares” . En tal sentido argumentó -en contra de lo decidido en origen- que el Banco Provincia “lidera la tendencia a la baja de las tasas de interés” y que por ello la propia ley las toma como referencia para determinar cuáles son razonables, y que son las más bajas del mercado. Concluyó que no corresponde morigerar los intereses pactados y que resulta inaplicable el citado art. 771. Finalmente, pidió que se revoque la sentencia en la medida de los agravios deducidos.
3. Sustanciado el memorial –que no recibió respuesta-, emitido el dictamen por la Fiscalía General Departamental y practicado el sorteo de rigor, la causa se encuentra en condiciones de ser decidida (fs. 77, 84, 86).
II. Reiteradamente este Tribunal ha decidido que en principio deben aplicarse los intereses “que hubieran pactado las partes, pues es ésa la “ley” a la que los contratantes quisieron someter sus conductas (art. 1197 del C.C.). A pesar de ello, y con fundamento en las reglas moralizadoras contenidas en los artículo 953 y 1071 del Código Civil, el Tribunal ha morigerado los intereses cuando los pactados pudieran exceder “el límite de la ganancia lícita para convertirse en un enriquecimiento injusto” (esta Sala, causas n° 48.348 del 05-5-05, “Seguro de Depósito S.A...”; nº 49.681 del 30-5-06, “Mele...”; n° 55.899 del 27-10-11, “Banco de la Prov. de Bs. Aires c/. Burgos, Roberto Duilio y otros s/. Cobro Ejecutivo”; n° 55.992 del 08-3-12, “Don Nicolás S.A. Agropecuaria y Com…”; nº 56.986 del 04-10-12, “Consumo SA c/. Echeverría”; nº 54.746 del 18-8-10, “Carbonazzo Hogar S.A…”; n° 61.090 del 09-8-16, “HSBC Bank Argentina S.A. c/. Ortiz, Pablo Emmanuel s/. Cobro Sumario Sumas de Dinero (Exc. Alquileres, etc.)”; entre otras).
Ahora bien, en el apartado anterior ha quedado debidamente explicitado que lo reclamado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires mediante el convenio de refinanciación con que dio inicio a la presente ejecución, reconoce su origen en consumos que el ejecutado realizó con la tarjeta de crédito VISA emitida a su favor por la entidad actora.
A partir de ese incontrastable dato de la realidad resulta de toda obviedad que el sub-caso debe juzgarse al amparo del régimen tuitivo de la ley de tarjeta de crédito, no tanto porque las partes implícitamente así lo quisieron al decidir mantener viva la obligación originaria expresando en tal sentido en el convenio de refinanciación que “el acogimiento a este régimen de regularización y en su caso las prórrogas, renovaciones o facilidades que “EL BANCO” resolviere conceder dentro o fuera de los plazos estipulados, no constituirán novación … de la deuda” (fs. 20, cláusula octava), sino porque cualquier interpretación que pretenda inaplicar dicho sistema protectorio en desmedro del sujeto tutelado debe ser categóricamente descartada en virtud del orden público que lo caracteriza (art. 57 de la ley 25.065).
1. Pues bien, con las prevenciones que realicé en el punto precedente, entiendo que asiste razón al banco apelante cuando afirma que la sentencia de grado omitió condenar al pago de los intereses compensatorios devengados entre el 30-11-15 y el 30-12-15 (fecha de la mora), apartándose así de lo pactado por las partes en el convenio de refinanciación de la deuda proveniente del uso de tarjeta de crédito y de lo peticionado por el actor en su escrito inaugural (art. 273 del C.P.C.C.; cf. cláusula cuarta de fs. 19vta. y 20, y fs. 29vta., 73vta., 74 y 74vta.). Los intereses compensatorios, retributivos o lucrativos “son aquellos que se adeudan como contraprestación o precio por la utilización de un capital ajeno” (Pizarro-Vallespinos, “Tratado de Obligaciones”, ed. Rubinzal-Cluzoni, T. I, pág. 508).
De esa manera, corresponde admitir el reclamo por los intereses compensatorios devengados entre 30-11-15 y el 30-12-15 omitidos por la sentencia de grado, debiendo aplicarse los pactados por las partes aunque con la limitación prevista en el art. 16 de la ley 25.065 y lo dispuesto en el punto 3 del presente apartado (arts. 16, 20, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 273 del C.P.C.C.; esta Sala, causa n° 61.090, cit.).
2. Las mismas consideraciones sirven para abastecer la crítica del apelante contra la sentencia de grado en cuanto declaró la nulidad parcial del convenio de refinanciación y, por esa vía, morigeró los intereses moratorios pactados. Sólo cabe agregar a lo dicho que mientras el actor reclamó la aplicación de intereses compensatorios, moratorios y punitorios (fs. 26vta., 27/27vta.), la ley de tarjetas de crédito sólo hace referencia a los compensatorios (o financieros) -que ya fueron abordados en el punto precedente- y a los punitorios, mas omite referirse a los moratorios como una categoría distinta de las dos anteriores que justifique un reclamo autónomo, por lo que debe ser rechazado ese puntual reclamo (arts. 16 a 21, 23 incs. k, l, m, n, ñ y 57 de la ley 25.065).
En suma, ponderando que el ejecutado incurrió en mora en fecha 30-12-2015, que no está claro el razonamiento implícito en la sentencia apelada –esto es, que los intereses que fija son menores a los pactados en el convenio de refinanciación-, y partiendo del principio general en la materia que describí en el punto 1, corresponde revocar la sentencia apelada disponiendo que se apliquen los intereses punitorios pactados por las partes, con la limitación que emana del art. 18 de la ley 25.065 y lo dispuesto en el siguiente punto 3.
3. Finalmente, corresponde disponer que en ningún caso será de aplicación la capitalización semestral de intereses pactada en la cláusula sexta del convenio de refinanciación, atento la expresa prohibición sobre el punto que contiene el régimen en cuestión (arts. 18 y 23 ñ de la ley 25.065; cf. Ernesto C. Wayar, “Tarjeta de crédito y defensa del usuario”, ed. Astrea, págs. 254 y 255; esta Sala, causa n° 61.090 cit.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Doctora Longobardi , dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve revocar la sentencia apelada y admitir el reclamo por los intereses compensatorios devengados entre 30-11-15 y el 30-12-15, debiendo aplicarse los pactados por las partes aunque con la limitación prevista en el art. 16 de la ley 25.065 y lo dispuesto en el punto 3 del presente apartado (arts. 16, 18, 20, 23 ñ, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 273 del C.P.C.C.); revocar la sentencia apelada disponiendo que se apliquen los intereses punitorios pactados por las partes, con la limitación que emana del art. 18 de la ley 25.065 y lo dispuesto en el siguiente punto 3 (arts. 18, 20, 23 ñ de la ley 25.065); disponer que en ningún caso será de aplicación la capitalización semestral de intereses pactada en la cláusula sexta del convenio de refinanciación, atento la expresa prohibición sobre el punto que contiene el régimen en cuestión (arts. 18 y 23 ñ de la ley 25.065); sin costas de alzada, atento al modo en que se originó la resolución apelada y el resultado al que se arriba (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Peralta Reyes adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 23 Mayo de 2019.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve : 1) revocar la sentencia apelada y admitir el reclamo por los intereses compensatorios devengados entre 30-11-15 y el 30-12-15, debiendo aplicarse los pactados por las partes con la limitación prevista en el art. 16 de la ley 25.065 y lo dispuesto en el punto 3 de esta parte resolutiva (arts. 16, 18, 20, 23 ñ, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 273 del C.P.C.C.). 2) revocar la sentencia apelada disponiendo que se apliquen los intereses punitorios pactados por las partes, con la limitación que emana del art. 18 de la ley 25.065 y lo dispuesto en el punto siguiente 3 (arts. 18 y 23 ñ de la ley 25.065). 3) disponer que en ningún caso será de aplicación la capitalización semestral de intereses pactada en la cláusula sexta del convenio de refinanciación, atento la expresa prohibición sobre el punto que contiene el régimen en cuestión (arts. 18 y 23 ñ de la ley 25.065). 4) sin costas de alzada , atento al modo en que se originó la resolución apelada y el resultado al que se arriba (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase .
MARÍA INÉS LONGOBARDI
PRESIDENTE
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDÓS
JUEZ JUEZ
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II SALA II
ANTE MÍ
CLAUDIO MARCELO CAMINO
SECRETARIO
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
Fin de la sentencia