Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64190
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar, por propios fundamentos, la sentencia apelada de fs. 113/115vta. (arts. 1, 2, 3, 4, 36, 37, 65 ss. y cdtes. LDC; arts. 12, 1092, 1093, 1094, 1095 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.; doct. y jurisp. cit.);
2Imponer las costas de alzada a la apelante vencida en la etapa recursiva (art. 68 del CPCC), 3) regular los honorarios del Dr. Santiago Ramos en la suma equivalente a 0,46 (cero con cuarenta y seis) Jus Arancelarios (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967).
Causa nº: 2-64190-2019
"CREDIFIN AZUL SRL C/ MONTENEGRO, PAMELA SOLEDAD S/ COBRO EJECUTIVO (12) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 10 días del mes de Julio del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós (arts. 47 y 48 de la ley 5827) habiéndose retirado del Acuerdo la Dra. María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CREDIFIN AZUL SRL c/ Montenegro, Pamela Soledad s/ cobro ejecutivo" (Causa n° 64.190), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes - Galdós - Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 113/115vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. La demanda ejecutiva de autos fue promovida por Credifín Azul SRL contra Pamela Soledad Montenegro, por la suma de $ 3.840 (Tres mil quinientos ochocientos cuarenta pesos), más intereses, IVA sobre intereses, costos y costas del juicio.
El monto reclamado surge de un reconocimiento de deuda suscrito por la ejecutada en calidad de fiadora. Denunció como fecha de mora el día 10/10/2011 (fs. 13/14).
II. Mediante la resolución de fs. 69 la ejecutante fue intimada a acompañar los pagarés suscritos en garantía, agregándose al proceso dieciséis pagarés de $ 240 firmados por la deudora principal Ana Gladys Kloster y la fiadora ejecutada (fs. 70/85), más una solicitud de crédito (fs. 86/86vta.).
Con posterioridad a dicha presentación se notificó a la ejecutada bajo responsabilidad de la parte actora, y ésta no compareció al proceso (fs. 109/110)
III. De este modo se llegó al dictado de la sentencia apelada que rechazó el cobro ejecutivo, impuso las costas al ejecutante vencido y reguló los honorarios del único abogado interviniente.
Para así resolver expresó que para habilitar la vía ejecutiva resulta ineludible -bajo pena de nulidad- acreditar el cumplimiento de lo normado en el art. 36 de la Ley del Consumidor. Dijo que de acuerdo a dichas pautas y conforme los documentos agregados a fs. 49, 70/85 y 86 que se pretenden ejecutar, se aprecia que no se encuentran cumplidos los incisos "a", "c", "e", "f" y "g" del art. 36 LDC, al par de incluir cláusulas abusivas.
Advirtió que con fecha 23 de diciembre de 2010 -en forma simultánea-, se suscribió entre el acreedor y la demandada una solicitud de crédito (mutuo dinerario) para instrumentar el mismo negocio jurídico, 16 pagarés y un reconocimiento de deuda. Señaló que conforme surge de la solicitud de crédito agregada a fs. 86 cuyo destino era abonar deudas, la señora Pamela Soledad Montenegro, en carácter de co-deudora, se comprometió al pago de 24 cuotas de $ 240 cada una. Expresó que de dicha solicitud surge la suma de $ 3.150 correspondiente a capital, $ 2.250 de interés y un costo financiero total del 80% anual.
Manifestó que el acreedor agregó 16 pagarés de $ 240 cada uno, por un monto total de $ 3.840, que permite suponer que la demandada abonó ocho cuotas de las veinticuatro convenidas. Dijo que sin perjuicio de ello se suscribió un reconocimiento de deuda, consignándose en dicho documento que la deuda corresponde a servicios publicitarios prestados, lo que importa una clara contradicción entre éste y el crédito originario detallado, y conduce a concluir que ello ha sido para sustraer la operación de la aplicación del estatuto consumeril.
Expresó que a través de diferentes documentos se pretende ejecutar la misma obligación, lo que habilitaría, mediante la ejecución individual de cada instrumento, la posibilidad de cobrar varias veces la misma deuda. Además, consideró que no se encuentran acreditados: la fecha de mora, los montos pagados y la cantidad de cuotas pendientes, presumiéndose que han sido capitalizados intereses en transgresión al art. 770 del Cód. Civ. y Com.
Concluyó que los términos de los contratos mencionados provocan un grave abuso en perjuicio del consumidor, invalidándolos para proceder ejecutivamente, debiendo a todo evento ocurrir el acreedor por la vía de conocimiento ordinario para obtener la satisfacción de su crédito.
IV. La sentencia fue apelada por la ejecutante (fs. 116) y el recurso, fundado con el memorial de fs. 118/119vta.
La apelante manifestó haber iniciado el presente juicio ejecutivo contra la fiadora, que garantizó un préstamo de dinero impago otorgado a la Sra. Ana Gladys Kloster, en su carácter de deudora principal, que fue destinado por esta última a abonar deudas publicitarias y la Sra. juez anterior rechazó la demanda por no encontrarse cumplidos los incs. "a", "c", "e", "f" y "g" del art. 36 LDC.
Consideró equivocada la sentencia porque el art. 1092 del Cód. Civ. y Com. excluye del ámbito de los contratos de consumo al fiador, sujeto "expuesto a una relación de consumo", por lo que los efectos de la ley 24.240 no se aplican a la demandada. Dijo que la obligación del garante no deriva de un préstamo de dinero, sino de una convención de afianzamiento. Adujo que la fianza es la garantía del préstamo, no el préstamo en sí mismo.
En subsidio, y para el caso de extenderse el régimen del consumidor a la fiadora, expresó que el día 23 de diciembre de 2010 Ana Gladys Kloster solicitó un crédito destinado a abonar deudas publicitarias, a una tasa fija del 40% (TEAV), el importe del capital prestado fue de $ 3.150 y los intereses a abonar eran de $ 2.520. El costo financiero total (CFT) del préstamo era 80%. Las deudoras reconocieron que debían abonar $ 5.760, obligándose a reembolsarlas en 24 cuotas mensuales iguales de $ 240 a partir del 10/02/2011. Dijo que, para el caso de incumplimiento se pactó un interés punitorio equivalente al 50% del interés compensatorio. Con dicha información consideró cumplidos los requisitos del art. 36 LCD, destacando que las cuotas fijas ya incluyen los intereses, sin gastos administrativos, seguros y extras (fs. 118vta/119).
Señaló que se adeudarían 18 cuotas por un monto de $ 3.840, más los intereses moratorios, por lo que no sería certera la sentencia apelada cuando señaló que no se encuentra acreditada la fecha en la que la deudora incurrió en mora, el monto de deuda abonado y la cantidad de cuotas pendientes.
V. Corrida vista, el Fiscal General Departamental coincidió con los fundamentos de la sentencia apelada, por lo que solicitó el rechazo del recurso. Destacó la gravedad de la maniobra intentada que consignó como destino del dinero la retribución de "servicios publicitarios prestados" (fs. 127).
VI. a) Como primera medida abordaré el agravio conforme el cual el fiador de una operación de crédito para el consumo no se encontraría amparado por el sistema protectorio, cuya protección se encuentra reservada al deudor principal (cfr. agravio de fs. 118/118vta.).
El agravio no es fundado.
Entre Credifín Azul SRL, la deudora principal Ana Gladys Kloster y la ejecutada Pamela Soledad Montenegro, quien intervino en su carácter de fiadora, fue celebrada una operación de crédito para el consumo, que se infiere de la calidad de proveedor de servicios financieros de Credifín Azul (fs. 10), el destino del préstamo denunciado en la solicitud de fs. 86 (pagar deudas), y el monto de la operación, que ponen en evidencia el carácter de consumidor final de la Sra. Kloster (arts. 1, 2, 3, 4, 36, 37, 65 ss. y cdtes. LDC; arts. 1092, 1093, 1094, 1095 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.).
La situación del fiador en las operaciones de crédito para el consumo fue analizada por Frustagli quien señaló que: "la constitución de estas garantías coligadas a negocios financieros de consumo no escapa a los cánones de la masificación contractual, concluyéndose habitualmente de manera predispuesta, con escasos niveles de transparencia e insuficiencias informativas, factores que exigen atender a la protección del garante a fin de evitar prácticas reñidas con la buena fe, que perjudiquen la situación jurídica de aquél" (cfr. "La protección del consumidor en las operaciones de crédito al consumo" Tratado de derecho del consumidor, Tomo II, Gabriel Stiglitz-Carlos A. Hernández (directores), La ley 2015, pág. 227 y sgtes.).
Continuó expresando que "el eje del debate se centra en establecer si el rol del garante ingresa en el concepto de consumidor, en tanto esta categoría aparece estructurada alrededor de la exigencia de actuar como 'destinatario final' de bienes, ya como contratante, ya como usuario o beneficiario (conf. arts. 1° ley 24.240, y 1092 Código Civil y Comercial). Pese a ello, en este caso, la principal razón a ponderar para decidir la protección reside en las vulnerabilidades económicas cognoscitivas y técnicas que se observan en quienes actúan fuera del ámbito de su competencia profesional frente a un proveedor profesional, aun cuando lo hagan en el marco de un negocio de garantía" (ob. cit. pág. 228).
En la misma orientación este Tribunal señaló, siguiendo a Hernández, que: "si la relación garantizada es de consumo, la protección no se detiene en el deudor principal sino que puede extenderse -en los aspectos pertinentes- al garante" (Hernández, Carlos A. "Información, accesoriedad y revisión en el contrato de fianza" Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, nro. 1 (Sept. 2010), pág. 213, Frustagli, Sandra A. "La protección del consumidor en las operaciones de crédito para el consumo", Tratado de Derecho del Consumidor, Tomo II, Gabriel Stiglitz y Carlos A. Hernández (Dir.), Ed. La Ley, 2015, pág. 228). Ello exige atender a la obligación afianzada para establecer si se trata de una operación regida por el sistema protectorio" (cfr. esta Sala, causa nro. 63.383, del 20/11/18 "Ceschinelli", si bien en este caso citado la obligación principal no era de consumo, por lo que no se extendió a los fiadores la aplicación del sistema protectorio).
Conforme lo expuesto, y encontrándose acreditada la operación de crédito para el consumo, corresponde extender al fiador el régimen protectorio (arts. 1, 2, 3, 4, 36, 37, 65 ss. y cdtes. LDC; arts. 1092, 1093, 1094, 1095 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.; doct. y jurisp. cit.).
b) En subsidio, para el caso de considerarse aplicable la Ley del Consumidor a la fiadora, la apelante aseguró haber acreditado el cumplimiento de los requisitos del art. 36 LDC (118vta./119vta).
Analizaré conjuntamente la documental agregada en distintas etapas del proceso (cfr. reconocimiento de deuda de fs. 12, pagarés de fs. 70/85 y solicitud de crédito de fs. 86/86vta.), sin dejar de señalar que el reconocimiento de fs. 12 no trae aparejada ejecución, en tanto se trata de un documento privado sin firma certificada, en el cual se omitió consignar los datos del deudor principal (cfr. art. 521 CPCC), y no fue preparada la vía ejecutiva, dado que no logró notificarse a los firmantes de dicho instrumento -más allá de la notificación bajo responsabilidad de la parte actora- (cfr. fs. 54/55, 56/57, 59/60, 61/62, 63/34, 106/107, 109/110; art. 523 inc. 1° del CPCC).
Señala Rodríguez Saiach que "cabe tener en cuenta que es deber del juez reexaminar el título al tiempo del dictado de la sentencia, aun cuando no se hubieren articulado excepciones o, como en el caso, la opuesta haya sido desestimada in límine. Es decir que la circunstancia de haberse dado curso a la ejecución no obsta a la posibilidad de un nuevo análisis de la habilidad del título (arts. 529, 549 y concs., CPCCBA)" (cfr. "Procesos de Ejecución en la Provincia de Buenos Aires", Ed. Abeledo-Perrot, 2008, pág. 294, esta Sala, causa nro. 62.577, "Naldo Lombardi SA c/ Villán, Dante Manuel s/ cobro ejecutivo").
Lo expuesto resulta suficiente para rechazar el juicio ejecutivo promovido, sin embargo, en primera instancia, se le otorgó una posibilidad adicional al ejecutante al intimárselo a integrar el título (fs. 69). Cabe recordar que la integración del título ejecutivo fue admitida por este Tribunal en las ejecuciones de pagarés de consumo (cfr. Plenario Nro. 5 "HSBC c/ Pardo", de fecha 9/3/2017), sentando la siguiente doctrina: "el pagaré de consumo puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal, dentro del mismo juicio ejecutivo, conformando un título complejo que deberá contener información clara y veraz, y además cumplir con los requisitos previstos en el art. 36 de la LDC para las operaciones de financiación o crédito para el consumo" (este Tribunal (en Pleno), causa 61.380, sent. del 9/3/2017 "HSCB Bank Argentina c/ Pardo, Cristian Daniel s/ cobro ejecutivo", entre otras).
Admitir la integración del pagaré de consumo en el mismo juicio constituyó una forma de componer el conflicto que se había suscitado entre proveedores y consumidores, a partir de la reforma introducida por la ley 26.361 a la ley 24.240, realizando una lectura armonizante de las normas involucradas (Decr. Ley 5965/63 y ley 24.240, con las reformas de las leyes 26.361 y 26.994, además de las normas respectivas del Código Civil y Comercial, arts. 1092 y sgtes.). Pero de ninguna manera puede inferirse de dicha doctrina que un documento que no trae aparejada ejecución, como es el reconocimiento de deuda de fs. 12, pueda completarse con los pagarés de consumo de fs. 70/85 -opción que se ha concedido a la ejecutante en estas actuaciones-, por lo que encuentro aquí otra objeción al progreso de la presente ejecución.
Sin perjuicio de lo expuesto, el análisis de la documentación traída a juicio por la ejecutante termina de sellar la suerte de esta acción, dado que constituye la demostración cabal del abuso en que incurrió el proveedor en perjuicio del consumidor y de la fiadora. Esta Sala ha dicho claramente que no cualquier documentación adicional al pagaré de consumo resulta idónea y conducente para integrar el título, máxime cuando viene a poner en evidencia un abuso por parte del proveedor y su actuación en fraude a la ley (esta Sala, causa nro. 62.579, sent. del 14/02/18 "Credil c/ Alfaro").
En el presente caso, Credifín Azul intenta ejecutar a la fiadora de una operación de crédito para el consumo con la velada finalidad de eludir el sistema protectorio, tal como luego se revela en su memorial.
Luego, intimada a integrar el título de fs. 12, se vio obligada a denunciar la verdadera operación en fraude a la ley del Consumidor (cfr. Solicitud de crédito de fs. 86 y pagarés de consumo de fs. 70/85). Tal como lo advierte el Fiscal en su dictamen, en el reconocimiento de deuda de fs. 12 se consignó como causa del préstamo originario la prestación de "servicios publicitarios", que los firmantes reconocen haber recibido (cfr. cláusula primera), mientras que en la Solicitud de Crédito se consignó como destino del crédito "abonar deudas" (fs. 86).
Además, cabe destacar que el reconocimiento de deuda, los pagarés y la solicitud de crédito fueron firmados el mismo día (23 de diciembre de 2010), lo que deja en evidencia la triple instrumentación de la misma obligación, que consistió en un préstamo de dinero.
Todo ello permite inferir la existencia de una manifiesta actuación en fraude a la Ley del Consumidor, en perjuicio de Ana Gladys Kloster, tomadora del crédito, y Pamela Soledad Montenegro en su carácter de fiadora, por lo que deberá confirmarse la sentencia apelada de fs. 113/115vta. (arts. 1, 2, 3, 4, 36, 37, 65 ss. y cdtes. LDC; arts. 12, 1092, 1093, 1094, 1095 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.; doct. y jurisp. cit.).
Las costas de alzada se imponen a la apelante vencida en la etapa recursiva (art. 68 del CPCC).
Asi lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Galdós adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) confirmar, por propios fundamentos, la sentencia apelada de fs. 113/115vta. (arts. 1, 2, 3, 4, 36, 37, 65 ss. y cdtes. LDC; arts. 12, 1092, 1093, 1094, 1095 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.; doct. y jurisp. cit.); 2) imponer las costas de alzada a la apelante vencida en la etapa recursiva (art. 68 del CPCC), 3) regular los honorarios del Dr. Santiago Ramos en la suma equivalente a 0,46 (cero con cuarenta y seis) Jus Arancelarios (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Galdós adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 10 Julio de 2019.
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) confirmar, por propios fundamentos, la sentencia apelada de fs. 113/115vta. (arts. 1, 2, 3, 4, 36, 37, 65 ss. y cdtes. LDC; arts. 12, 1092, 1093, 1094, 1095 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.; doct. y jurisp. cit.); 2) imponer las costas de alzada a la apelante vencida en la etapa recursiva (art. 68 del CPCC), 3) regular los honorarios del Dr. Santiago Ramos en la suma equivalente a 0,46 (cero con cuarenta y seis) Jus Arancelarios (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia