Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63962
Causa nº: 2-63962-2018
"BANCO HIPOTECARIO S.A C/ BASILE VICTOR FABIAN CRUZ S/ COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - AZUL
Sentencia Registro nº: 134 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los treinta días del mes de septiembre del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados “Banco Hipotecario S.A. c/ Basile Víctor Fabián Cruz s/ Cobro Ejecutivo” (causa n° 63.962), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Galdós y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 124/128?
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I. 1. El presente juicio ejecutivo es promovido por el Banco Hipotecario S.A. contra el Sr. Víctor Fabián Basile, con sustento en los resúmenes de tarjeta de crédito obrantes a fs. 30/40, por la suma de $23.294,63, más intereses e IVA sobre intereses. Con su escrito de promoción, el banco ejecutante acompaña también el contrato de tarjeta de crédito oportunamente celebrado con el demandado (fs. 52/56), así como, en cumplimiento de lo previsto por el art. 39 de la Ley 25.065 (en adelante, la LCT), la declaración jurada de que no se ha registrado denuncia fundada y válida de extravío o sustracción de la tarjeta Visa emitida por el banco, y de que no se existe cuestionamiento ni impugnación fundada y válida respecto de las liquidaciones emitidas por el Banco (fs. 57). Solicita que tratándose de documentos que no traen aparejada ejecución, se cite al accionado a que reconozca la firma del formulario de solicitud de tarjeta de crédito, así como los resúmenes de cuenta acompañados. Peticiona además, que se ordene la inhibición general de bienes del accionado.
Calificado prima facie el vínculo entre las partes como una relación de consumo, se corre vista al Ministerio Público Fiscal, el que manifiesta, en lo que aquí interesa, que no se advierten elementos que acrediten la notificación al accionado de los resúmenes de cuenta acompañados.
Intimado el demandado a presentarse a reconocer la firma (fs. 67) y efectuados varios intentos notificatorios frustrados, se presenta espontáneamente el ejecutado y reconoce como suya la firma inserta a fs. 28 vta. (ver fs. 85 y 55 vta.). Más adelante, y sin que se haya librado aún la intimación de pago y embargo (es decir; sin que se haya trabado la litis), el ejecutado toma intervención a fs. 102/105, y solicita que se rechace la vía ejecutiva intentada, tramitándose el proceso como ordinario, y acumulándolo a los autos por él iniciados “Basile Víctor Cruz c/ Banco Hipotecario S.A. s/ cumplimiento de contrato” (Expte. n° 2624 que tengo a la vista, también en trámite ante el a quo). Ello afirmando que si la actora acompañó las declaraciones referidas por el art. 39 de la LTC (lo que, según afirma, desconoce), ha faltado a la verdad pues el resumen de la tarjeta ha sido cuestionado.
Aludiendo a un consumo que no surge de los resúmenes de cuenta en ejecución, relata haber concurrido el 27/08/15, a la casa de amoblamientos "Tomás Natalio" de esta localidad (perteneciente a la firma Fortísima Esperanza S.A.), a comprar una mesada de granito y una bacha por un valor de $11.033,50, pretendiendo usar el "Plan V" ofrecido por la tarjeta Visa del Banco Hipotecario, que importaba la posibilidad de obtener, llamado telefónico de por medio, la financiación en 24 cuotas sin interés. Manifiesta que la operatoria era compleja (pues el pago debía ingresar inicialmente como de pago único, pero la operación financiera se perfeccionaba vía telefónica), y que el banco le había informado que ese beneficio estaba preconcedido para los poseedores de un crédito hipotecario. Narra que al no haberse reconducido la operatoria en 24 cuotas sin interés, procedió a comunicarse con la tarjeta de crédito para desconocer el consumo y anular la compra, procediendo a abonarla, a fines de octubre de 2015, con la tarjeta de crédito de otra entidad bancaria. Relata que finalmente la anulación no se produjo, y el consumo ingresó a su resumen de cuenta del banco ejecutante. Arguye que su parte no sólo cuestionó el consumo pues abonó el producto con otra tarjeta, sino que además, formuló denuncia ante la Oficina Municipal de Defensa del Consumir de Azul; y, pasadas las actuaciones al Juzgado Contravencional de Azul, se condenó al ejecutante, así como a Visa (Prisma Medios de Pago S.A.) y a “Tomás Natalio” (Fortísima Esperanza S.A.), a abonarle una multa de $10.000 cada uno. Se consideró allí, destaca, que mientras el consumidor se comportó diligentemente efectuando reiterados llamados telefónicos y reclamos vía e-mail, las empresas condenadas, alongaron la resolución del conflicto, violentando la relación de consumo y ocasionando con ello perjuicio económicos y espirituales al consumidor. Argumenta que frente a esa sentencia administrativa, la conducta del banco surge como temeraria y maliciosa, pues pretende prevalerse de un proceso con defensas abreviadas, para dar vuelta la conclusión de la inexistencia del crédito.
Corrido traslado de lo solicitado por el ejecutado en el punto 6.2 (que se rechace la vía ejecutiva, se reconduzca el proceso como ordinario y se lo acumule al juicio de cumplimiento de contrato mencionado párrafos atrás; ver fs. 105), se opone el banco ejecutante, argumentando que los resúmenes mensuales de cuenta por él acompañados nunca fueron impugnados por el ejecutado conforme se establece en la ley 25.065, y no se efectuó denuncia de robo o extravío, por lo que la deuda que surge de los resúmenes es responsabilidad del demandado. Destaca que el accionado reconoció la firma inserta a fs. 28 vta., con lo que ha quedado preparada la vía ejecutiva prevista por la Ley 25.065; y que conforme el art. 551 CPCC, el ejecutado o el ejecutante pueden promover posteriormente el correspondiente juicio ordinario. Seguidamente, refiere que la Ley 25.065 establece un procedimiento específico para cuestionar el resumen de tarjeta de crédito, y un plazo de 30 días desde la recepción del resumen, y que ese reclamo no puede suplirse por haberse abonado el consumo con la tarjeta de otro banco o por haberse efectuado una denuncia ante la OMIC. Argumenta que el demandado debió haber impugnado el consumo en los términos en cuestión, sin perjuicio del mal asesoramiento que pudo haber recibido de Fortísima Esperanza S. A., y que no existen circunstancias de que la aludida empresa no haya cobrado la mesada. El consumo ingresó, afirma, no se impugnó, y se adeuda al inicio de la ejecución la suma de $23.294.63. Finalmente, el ejecutante describe el funcionamiento y los distintos actores que intervienen en el sistema de tarjeta de crédito, y vierte explicaciones vinculadas con la operación invocada por el ejecutado.
A su turno, el Ministerio Público Fiscal, estima que la cuestión se centra en la interpretación que se efectúe de los artículos 26/30 de la Ley 25.065; y que ella está signada por la aplicación del art. 37 de la Ley 24.240. Asimismo, sostiene que la resolución dictada por el Juzgado de Faltas de Azul (fs. 93/99) reviste entidad de acto público, sin perjuicio de su falta de firmeza. Subraya que el recaudo temporal del art. 26 de la Ley 25.065 (30 días de recibido el resumen) se encontraría cumplido mediante el reclamo ante la OMIC; considerando además que la empresa no aportó elementos que permitan confirmar la fecha exacta en la cual notificó el resumen cuestionado. Sostiene que las referencias efectuadas a fs. 93/95 de la resolución del Juez de Faltas, permiten considerar que el ejecutado detalló claramente el error atribuido, y que, considerando que la empresa participó en el trámite ante la OMIC, cabe entender reunido el recaudo de la “nota simple girada al emisor”. Considera, en resumidas cuentas, que el procedimiento administrativo ordenado por la Ley 13.133 es una alternativa perfectamente válida para impugnar un resumen de consumos de tarjeta de crédito.
2. A fs. 124/128 se dicta la sentencia apelada, por la cual se considera correctamente preparada la vía ejecutiva y, en consecuencia, se ordena librar mandamiento de intimación de pago y embargo por la suma de $23.294,63, acorde el resumen de cuenta obrante a fs. 40, más la suma de $12.000 presupuestada para intereses y costas del proceso.
Para sí resolver, el decisorio destaca que la instancia de preparación de la vía ejecutiva importa únicamente la constatación del cumplimiento de los recaudos establecidos para dar curso a la acción ejecutiva, y no se encuentra estipulado dentro de este procedimiento o etapa previa, la posibilidad de incoar defensas del tenor de la intentada por el ejecutado, que busca restar eficacia al título que se pretende ejecutar. Cita jurisprudencia que destaca el carácter preliminar de esa etapa, por cuanto ella no importa transmisión de la pretensión, por lo que el ejecutante conserva la disponibilidad de la instancia al no estar trabada la litis (lo que ocurrirá recién con la intimación de pago). Así es que el decisorio estima que los planteos vinculados con la eficacia del título, deberían canalizarse en el momento procesal oportuno a través de las excepciones que establece la norma procesal. No obstante, analiza la prueba obrante en punto a la existencia de la impugnación del resumen al que alude la Ley 25.065, concluyendo que la opción elegida por el ejecutado (reclamo ante la OMIC) no puede considerarse como alternativa a las disposiciones de la ley 25.065. Entiende el sentenciante de grado que no hay razón para sostener que la normativa consumeril desplaza las disposiciones de la LTC, sino que, acorde su art. 3, la Ley 24.240 se aplica en forma supletoria. De allí que concluye que la declaración jurada del ejecutante por la cual manifestó no haber “cuestionamiento ni impugnación fundada y válida por parte del titular de la cuenta”, no es falaz, pues la impugnación fundada y válida sólo la constituye la efectuada en el marco de la Ley 25.065. Considera así correctamente preparada la vía ejecutiva, ordenando librar el pertinente mandamiento de intimación de pago y traba de embargo.
A fs. 129, el ejecutado plantea recurso de apelación fundándolo a fs. 132/138. Argumenta allí que el cauce formal dado a la pretensión soslaya la cuestión central de la operación de consumo efectuada, la cual describe como una operación en la que el consumidor manifestaba su voluntad indiciaria de utilizar la tarjeta mediante la firma del cupón en un pago único, pero la operación soló se perfeccionaba por vía telefónica. Agrega que el llamado a Visa para que se dejara sin efecto la operación, es parte del ejercicio del derecho a revocación del consumidor para aquellos servicios que se perfeccionan telefónicamente. Argumenta que el reclamo del ejecutante carece de causa, pues abonó la compra mediante otra tarjeta de crédito, con el Plan Ahora 12.
Entiende que Visa y el Banco ejecutante instrumentaron una operación engañosa, pues se le exige la firma del cupón al consumidor, pero el perfeccionamiento se produce telefónicamente. Luego, cuando las cuotas no fueron concedidas, “tenían vedado contabilizar la operación y lo hicieron ilegítimamente” (sic. fs. 133). Agrega que la instancia ante la OMIC constituye un reclamo oportuno y eficaz, y que la sentencia recaída en el procedimiento administrativo, constituye una fortísima presunción de la actuación indebida del ejecutante, y por sí sola basta para negar la vía ejecutiva. Añade que frente a tal sentencia, la pretensión ejecutiva esgrimida constituye una conducta procesal temeraria y maliciosa, pues pretende prevalerse de un proceso con defensas abreviadas para desvirtuar la inexistencia del crédito.
En lo que concretamente concierne a los fundamentos de la sentencia apelada, sostiene que ella es arbitraria por incurrir en un rigor formal manifiesto, que se desentiende de las particularidades de la operación. Señala que como lo destacó en el juicio iniciado contra el ejecutante, el demandado efectuó un reclamo personal por incorporación de un consumo indebido (pues había pagado con otra tarjeta), y el Banco le contestó que el problema era de Visa. Agrega que tampoco tenía la certeza de que el proveedor no hubiera recibido dos veces el pago. Argumenta que en ese contexto “el reclamo escrito no hubiera servido para nada”; y que “no cuestionó su firma en el cupón, sino que la operación no se había perfeccionado con el plan de cuotas (...), y peor aún, no había revertido en su beneficio (no se le pagó al proveedor).” (SIC fs. 135). Relata haber concurrido al Banco, al proveedor, y haber llamado a Visa innumerables veces, y que ninguno hizo el esfuerzo por solucionar su situación, excusándose cada uno en el otro. El proveedor adujo que no recibió el pago; el Banco Hipotecario que la liquidación provenía de Visa, y Visa que le envió una nota rechazando el pedido para dejar sin efecto el consumo. Argumenta que inició el reclamo ante la OMIC por cuanto era la única forma de reunir a todas las partes en el contrato. Hace hincapié en la presunción que emana de la sentencia administrativa dictada, y entiende abusivo que avance este proceso contra una verdad administrativa que, hasta una eventual revocación judicial, entraña una presunción de legalidad.
A lo dicho, agrega que cuando el Banco Hipotecario expidió la declaración jurada del 20/04/17 de no haber impugnaciones válidas, tenía pleno conocimiento del cuestionamiento efectuado ante la OMIC; que la elección de la vía ejecutiva no libera al ejecutante de actuar con buena fe en los términos de la relación de consumo; y que el Banco reclama lo que Visa jamás pagó, excusándose en no poder obtener la colaboración de Visa, ni investigar las condiciones de la operatoria o verificar si el pago se realizó.
Por escrito electrónico del 31/10/18 contesta agravios el banco ejecutante, con lo que, elevadas las actuaciones a esta Alzada (fs. 141), y cumplidos los trámites procesales de rigor, se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
II. 1. En primer término, dado que el ejecutante arguye que el memorial del ejecutado adolece de una crítica concreta y razonada de la decisión cuestionada, recuerdo que este Tribunal tiene dicho que la expresión de agravios resulta idónea “en tanto aborde y desarrolle un piso mínimo de crítica con respecto a aquellas pretensiones por las cuales la demanda prosperó” (esta Sala causas n° 54.255, del 26/08/10 “Carrizo…”; nº 58840, "Demarco, Lidia..”, del 09/09/14; n° 58.439, “HSBC Bank Argentina SA...”, del 18/03/14; nº 59508, "Iglesias de Pagliaro A....” del 24/09/15; nº 60.803, “Olivera, Ernesto Oscar...”, del 09/05/16; nº 61947, "Banco Francés del Río de La Plata...”, del 11/05/17, entre otras entre otras). En esa línea, ha expresado Loutayf Ranea que “la carga procesal de fundar los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva” (Loutayf Ranea, Roberto G., El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, 2ª Ed., Ed. Astrea, Bs. As., 2009, Tomo I. pág. 62 y jurisprudencia allí citada). Acorde lo dicho, estimo que el memorial de fs. 132/138 vta., cumple con el referido piso mínimo de crítica a la sentencia apelada -sin perjuicio de la procedencia o no de los fundamentos dados, y de la reiteración de argumentos ya expresados-, por lo que me abocaré a su análisis (art. 260 CPCC).
2. A esos fines, adelanto que a mi juicio el recurso incoado debe prosperar, mas por las razones que seguidamente expongo.
Sabido es que la Alzada se encuentra habilitada para analizar oficiosamente el título con el que se deduce la ejecución (esta Sala, causas n° 50.112 “Orellana...”, del 19/09/06; n° 50.919, “Vinagre...”, del 26/04/07, entre otras). Recuerdo entonces que el titulo ejecutivo que crea la LTC en el marco del vínculo entidad emisora-titular, resulta un título ejecutivo incompleto, pues es necesaria la preparación de vía ejecutiva (art. 39 LTC) para proceder a su ejecución. Tan es así que el inc. h del art. 14 LTC, determina que es nula la cláusula que prevea la "habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito".
Por otra parte, dentro de la clasificación de títulos ejecutivos causados e incausados, la tarjeta de crédito se incluye entre los primeros; y en la clasificación entre los títulos causados que contienen su causa (por ejemplo, la ejecución de un crédito con garantía hipotecaria, un crédito por alquileres, un contrato de mutuo, etc.), y los que no la contienen (vgr. el saldo deudor de cuenta corriente bancaria o el certificado de deuda por expensas comunes; cf. arts. 1406 y 2048 CCCN), la tarjeta de crédito se enrola entre los primeros. Así es que, considerando que acorde el art. 39 LTC, para promover la acción ejecutiva se requiere adjuntar para su reconocimiento: 1) el contrato de tarjeta de crédito, y 2) el resumen donde consta el crédito reclamado, nos encontramos frente a un título ejecutivo incompleto causado que contiene la causa. Ello así pues “del resumen acompañado, surgirán las operaciones (de compra, extracciones, intereses, cargos convenidos, etc.) no saldadas por el cliente y cuyo pago se reclama al titular de la Tarjeta de Crédito.” (cf. José Manuel del Cerro, Tarjeta de crédito. Ejecución del saldo deudor, Pub. en Sup. Doctrina Judicial Procesal 2015 –septiembre-; 08/09/2015).
3. Calificado de tal manera el título ejecutivo creado por la LTC entre el emisor y el titular de la tarjeta de crédito, cabe preguntarse si basta que al promover el proceso el ejecutante acompañe el último resumen, o si es menester que adjunte todos aquellos que documenten las operaciones cuyo pago se reclama. Si bien este Tribunal no ha abordado puntualmente esta cuestión, al referirse a los recaudos para integrar el título bajo análisis, ha señalado que debe acompañarse “el resumen (o resúmenes) mensual adeudado” (esta Sala, causa nº 49.052, “Caja de Crédito Coop. La Capital del Plata Ltda....”, del 25/10/05).
En concordancia con tal criterio, el autor arriba citado estima que habiéndose calificado el título como “ejecutivo causado que contiene la causa”, “deberán adjuntarse con la demanda tantos resúmenes de cuenta como sean necesarios para probar las operaciones realizadas por el deudor y cuyo reclamo se efectúa judicialmente.” Es que "el contrato de tarjeta de crédito trasunta en sí mismo el concepto de ‘cuenta’, y es en razón de ello que su operatoria debe transitar por una adecuada ‘rendición de cuentas’, con detalle claro de las operaciones en las que ha utilizado el crédito concedido y éste le es reclamado por la entidad. (...) Si se permitiera que la entidad emisora emita resúmenes sin consumos, se dejaría a su arbitrio el manejo de la exigibilidad de la deuda, haciendo imprescriptible la misma. Por ello los resúmenes adjuntados deben reflejar los consumos impagos.” (José Manuel del Cerro, ob. cit., con cita de fallo de la C.N.Com., Sala A, "Banco de La Provincia de Buenos Aires c/ Percivati, Franco M., del 26/02/2010”).
Es que, continua señalando el autor citado, “La ley con el procedimiento establecido, ha querido que en el reclamo judicial, surja claramente la causa de la deuda del ejecutado. La liquidación presentada, que puede ser asimilada al título ejecutivo contemplado en el art. 523 inc. 4 del CPCN (521 inc. 4 del CPCPBA.) – “cuenta aprobada o reconocida” -exige (...) no el último resumen emitido, sino la presentación de todas la
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