Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64957
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en cuanto decretó la caducidad de la instancia de las actuaciones; con costas al apelante vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
2Regular los honorarios del Dr. Julio César Alejandro Olivera por la labor cumplida en esta instancia, en la suma equivalente a cero con treinta y nueve (0,39) jus arancelarios, con más el aporte legal e I.V.A., en caso de corresponder (art. 31 de la Ley 14.967).
Causa nº: 2-64957-2019
"BZIK MIGUEL ANGEL C/ INOSTROZA ILEANA MARCELA S/COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 174 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los diez días del mes de diciembre del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Bzik Miguel Angel c/ Inostroza Ileana Marcela s/ cobro ejecutivo” (Causa Nº 64.957), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Peralta Reyes y Dr. Galdós
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fs. 117/118 vta.?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I) 1. Con fecha 13/11/12, Miguel Ángel Bzick promovió juicio ejecutivo contra Ileana Marcela Inostroza, por la suma de $17.874, sobre la base de catorce pagarés (fs. 65/66 vta.).
Ordenado el mandamiento de intimación de pago y embargo (fs. 81/82); diligenciados oficios al Registro de la Propiedad Inmueble (fs. 89 y vta.) y al Registro de la Propiedad Automotor (fs. 94 y vta.); diligenciado también –negativamente- el mandamiento ordenado (fs. 97/100) así como, posteriormente, oficios tendientes a conocer el domicilio del accionado (fs. 106/109), transcurrió un lapso de más de dos años y medio (del 06/10/14 al 01/02/17; ver fs. 109 y 113), sin que la causa judicial registrara actividad procesal de impulso alguna (sólo presentaciones destinadas a desparalizar las actuaciones, o a constituir nuevos domicilios; ver fs. 111 y 113).
En ese marco, la jueza a quo dispuso de oficio, por despacho del 01/02/17, intimar al actor con fundamento en los arts. 315 y 316 del Código Procesal y en la Resolución N°3694/2012 de la Excma. Suprema Corte Provincial, para que en el plazo de cinco días manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la instancia (fs. 113). En respuesta a dicha intimación, notificada el 07/02/17, el abogado patrocinante del actor, invocando el art. 48 CPCC, denunció con fecha 15/12/17 un nuevo domicilio de la parte accionada, y solicitó que se ordene librar oficio al Juzgado Federal con competencia electoral en la Provincia de Neuquén. La aludida presentación fue implícitamente considerada impulsoria por el Juzgado de origen, el que, no obstante, en su despacho de fs. 116 del 17/02/17, se remitió a lo ya resuelto a fs. 81 vta., tercer párrafo. Transcurrido 1 año y 16 días de dictado el aludido despacho, durante el cual el actor no realizó movimiento procesal alguno, se dictó la sentencia apelada de fs. 117/118 vta., que decretó la caducidad de instancia de las actuaciones.
Para ello, la sentencia apelada destacó que luego del impulso de fs. 115, el proceso no volvió a tener actividad útil, por lo que, en base a lo prescripto por la última parte del art. 315 del C.P.C.C., corresponde decretar la caducidad de instancia. Ello por verificarse una hipótesis de caducidad por reincidencia, la que tiene lugar cuando el requerido a activar abandona el proceso por idéntico período. Impuso las costas al actor y reguló los correspondientes honorarios.
2. En el mismo día de la sentencia (ver fs. 118 vta.) se libró la pertinente cédula de notificación, la que no fue diligenciada por razones que no constan en autos. En ese contexto, con fecha 14/03/18, se presentó el apoderado del actor, constituyendo domicilio electrónico y acompañando para su cotejo y firma, oficio al Juzgado Federal con competencia electoral de la Provincia de Neuquén. No obstante la caducidad decretada (que subsistía sin notificar), el juzgado de origen libró el aludido oficio (fs. 120), el que fue retirado por el actor el 09/04/18 (fs. 120 vta.). Transcurridos casi cinco meses más, el apoderado del actor denunció el extravío del aludido oficio por presentación electrónica del 04/09/18, acompañando otro para su confronte. Al día siguiente el Juzgado libró el nuevo oficio requerido (fs. 121), el que fue retirado por la parte actora con fecha 10/10/18 (fs. 121 vta.). Recién con fecha 12/10/18 (fs. 122 y vta.), es decir, transcurridos más de siete meses, el Juzgado de origen notificó al actor la caducidad de instancia que había decretado por resolución del 02/03/18 (fs. 117/118 vta.)
3. Frente a ello, por presentación electrónica del 18/10/18, el actor plantea recurso de aclaratoria, con revocatoria y apelación en subsidio. Argumenta que luego de decretar la caducidad de las actuaciones, el mismo Juzgado realizó actos de impulso del proceso, lo que entrañaría la intención de continuarlo. Agrega que antes de recibir la cédula de notificación de la declaración de caducidad, realizó actividad procesal útil, y que la cédula por la cual se notificó la caducidad no cumple los requisitos exigibles, por cuanto no contiene la transcripción íntegra de la resolución, faltando verbigracia la fecha de la resolución. Sostiene que de mantenerse la caducidad de instancia decretada de oficio, se configuraría el injusto de privar a la parte de continuar con la instancia de su reclamo antes de notificarse el auto de caducidad, y habiéndose, incluso, continuado la instancia con actos procesales suscriptos por el Juez de la causa.
Tras algún avatar procesal irrelevante en esta instancia (ver fs. 124 y 127 y presentación electrónica del 28/02/19), se hace lugar al recurso de apelación incoado, y se elevan las actuaciones a esta Alzada (fs. 127/129), quedando radicadas en esta Sala (fs. 131). A fs. 133 se resuelve que resultando definitiva la cuestión, ella debe resolverse con la formalidad del acuerdo, con lo que, firme esa providencia (fs. 133 vta.), y practicado el sorteo de rigor, se encuentran estos obrados en condiciones de ser resueltos.
II. A mi juicio, el recurso no es procedente.
1. Conviene destacar en primer término, que las críticas del recurrente no se orientan a la efectiva configuración de una hipótesis de caducidad de instancia por reincidencia al tiempo de dictarse la resolución apelada, sino a argüir -en lo sustancial- que antes de su notificación, el apelante había realizado actividad procesal útil, y que incluso la caducidad decretada habría sido dejada sin efecto por el propio Juez de la causa, al realizar –también- actividad impulsoria luego de su dictado. Accesoriamente, cuestiona la validez de la cédula de notificación de la caducidad, argumentando, en concreto, que ella no contiene la fecha de la resolución notificada.
En lo que concierne al primer argumento, este Tribunal ha tenido oportunidad de fallar un supuesto de semejantes características, señalando que “la falta de notificación de la resolución que declara la caducidad de la instancia se vincula únicamente con la eventual actividad recursiva que puede desplegar la parte afectada (en cuyo marco podrá revisarse si la caducidad fue bien o mal decretada), mas de ninguna manera sirve como excusa para atribuir efectos interruptivos a los actos procesales realizados luego del dictado de la resolución de caducidad pero antes de su notificación. En tal sentido se ha expresado que ‘para que los actos de impulso tengan eficacia interruptiva por sí mismos, es necesario que ocurran cuando el plazo legal de caducidad se encuentre en curso; es decir, cuando aún no se haya cumplido el plazo legal’ (Roberto G. Loutayf Ranea-Julio C. Ovejero López, “Caducidad de la instancia”, ed. Astrea, 2da ed., pág. 137) (el resaltado no está en el original).” (esta Sala, causa n° 62.110, “ Banco de la Pcia. Bs. As. c/. Gago....”, del 15/06/17).
En razón de lo resuelto en el aludido precedente, los actos realizados por el interesado luego del decreto de caducidad pero antes de su notificación, resultan irrelevantes en términos de la validez de la caducidad decretada, pues carecen de fuerza interruptiva del plazo legal, que, a ese entonces, ya ha transcurrido. No omito que en el caso de autos, por razones que no aparecen manifiestas en la causa, transcurrió un plazo extraordinariamente excesivo entre el dictado de la resolución de caducidad y su efectiva notificación. Sin embargo, esa circunstancia –al margen de otras consecuencias jurídicas que pudiera tener y que no son objeto de análisis aquí-, no es hábil para trastocar el efecto o valor de los actos procesales de impulso realizados con posterioridad a la resolución de caducidad. Es que se encuentra implicado aquí el principio de preclusión procesal, vinculante para las partes y el propio juez, conforme el cual, al decir de Couture, “el juicio marcha así, incesantemente, impulsado por las partes o por el tribunal, hacia su destino, sin detenerse (salvo por acuerdo expreso o tácito de partes) y sin regresar jamás.” (Couture, Eduardo J., Desenvolvimiento del Proceso Civil, LA LEY 27, 998; Sup. Esp. Páginas de Eduardo J. Couture en La Ley 2008 (agosto), 23; RCyS 2018-VI, 265). La caducidad de instancia ha sido decretada, y ello no puede ser desconocido ni por las partes ni por el propio juez de la causa.
2. Por lo demás, conviene advertir que tampoco podría configurarse en autos una suerte de subsanación o purga de la instancia, por cuando ello sólo puede verificarse cuando la caducidad de instancia aún no ha sido declarada; es decir, cuando la instancia no ha perimido aún (arts. 315 y 316 CPCC). Es que lo que puede subsanarse -sea por consentimiento del tribunal, de los auxiliares o de la parte contraria- es la instancia y no su perención (cf. Roberto G. Loutayf Ranea, Caducidad de Instancia, Ed. Astrea, 2ª ed. act. y amp., Bs. As., 2005, pág. 637).
3. Finalmente, en orden al planteo de nulidad que también introduce el apelante con fundamento en que la cédula de notificación carecía -lo que es cierto- de la fecha de la resolución dictada, señalo que ello, aunque es de buena práctica, no es un recaudo formal que resulte del artículo 136 del CPCC, y que, de todos modos, no se advierte –ni el apelante lo ha mencionado-, qué perjuicio en concreto le habría generado esa omisión, cuando no parece que le haya impedido ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Ello nos conduce a lo reglado por el artículo 169 CPCC, en cuanto prevé que “la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad”, y que “no se podrá declarar la nulidad (...) si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado”. Conforme esas claras directivas legales, no abrigo dudas de que la nulidad argüida por el recurrente, no puede ser de recibo.
4. En virtud de las razones expuestas, propicio al acuerdo confirmar la resolución apelada en cuanto decretó la caducidad de instancia, con costas de alzada al apelante vencido (arts. 310 inc. 3°, 311, 315, 316, 317, 318, 68 y 69 del C.P.C.C.).
En lo que atañe a los honorarios del Dr. Julio César Alejandro Olivera por la labor cumplida en esta instancia, propongo regularlos en la suma equivalente a cero con treinta y nueve (0,39) jus arancelarios, con más el aporte legal e I.V.A., en caso de corresponder (art. 31 de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Galdós adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, corresponde: 1) Confirmar la resolución apelada en cuanto decretó la caducidad de la instancia de las actuaciones; con costas al apelante vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). 2) Regular los honorarios del Dr. Julio César Alejandro Olivera por la labor cumplida en esta instancia, en la suma equivalente a cero con treinta y nueve (0,39) jus arancelarios, con más el aporte legal e I.V.A., en caso de corresponder (art. 31 de la Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Galdós adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 10 de diciembre de 2019.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Confirmar la resolución apelada en cuanto decretó la caducidad de la instancia de las actuaciones; con costas al apelante vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). 2) Regular los honorarios del Dr. Julio César Alejandro Olivera por la labor cumplida en esta instancia, en la suma equivalente a cero con treinta y nueve (0,39) jus arancelarios, con más el aporte legal e I.V.A., en caso de corresponder (art. 31 de la Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
MARIA INES LONGOBARDI
PRESIDENTE
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDOS
JUEZ JUEZ
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II SALA II
ANTE MI
CLAUDIO MARCELO CAMINO
SECRETARIO
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia