Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 65988
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada en cuanto declaró prescriptos los intereses punitorios pactados devengados con anterioridad al 02-5-17 (arts. 3, 617, 619, 622, 623, C.C.; arts. 7, 768, 769, 770, 2537, 2540, 2541, 2546, 2556, 2562 inc. c y ccs., CCCN; arts. 36 inc. 1°, 260, 266 y ccs., CPCC); confirmar la sentencia apelada en cuanto admitió la capitalización semestral de los intereses punitorios devengados a partir del 02-5-17 a la tasa del 6% anual, hasta el efectivo pago (arts. 7, 769, 770 inc. a y ccs., CCCN; Ley 27.077); revocar la parcela pertinente de la sentencia apelada y disponer que la parte ejecutada deberá abonar la deuda que resulte de la liquidación que oportunamente se practique, en dólares estadounidenses (arts. 617, 619, 622, 623, C.C.; arts. 7, 765, CCCN); revocar la sentencia apelada imponiéndose al ejecutante las costas derivadas de la excepción que prospera, y a la parte ejecutada aquellas por las que se declara procedente la pretensión ejecutiva (arts. 68, 69 y 274, CPCC); con costas de alzada por su orden, atento el resultado del trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC); diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 31, Ley 14.967).
Causa nº: 2-65988-2020
" PUYOU CARLOS ALBERTO C/SUCESORES DE HUARTE HUGO CESAR S/ COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - AZUL
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los diecinueve días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinte, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, con la presencia virtual del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Puyou, Carlos Alberto c/. Sucesores de Huarte Hugo César s/. Cobro Ejecutivo" (Causa Nº 65.988), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós, Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante el 22-5-20 contra la sentencia del 14-5-20?.
2da.- ¿Y el interpuesto por la coejecutada Agustina Lucero el 27-5-20 contra idéntico decisorio?.
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
I.1. Sobre la base del contrato de mutuo con firmas certificadas en fecha 30-11-11 cuya copia agregó a fs. 17/18 (el original está reservado), Carlos Alberto Puyou promovió ejecución contra Thomas Huarte, Francisco Huarte, Agustina Lucero y Mónica Patricia Estrella, en su condición de herederos del mutuario Hugo César Huarte, fallecido el 07-4-19.
Les reclamó la suma de dólares estadounidenses dieciocho mil (U$S18.000) con más un interés punitorio mensual del 3% desde la fecha de la mora automática que tuvo lugar a los ciento ochenta días de la celebración del mutuo (30-5-12), capitalizable mes a mes (cláusulas segunda y quinta). No se previeron intereses compensatorios.
2.1. El 04-3-20 los coejecutados Patricia Mónica Estrella, Thomas Huarte y Francisco Huarte y opusieron excepción de prescripción con relación a los intereses devengados antes del 02-5-17, y solicitaron que se limite su tasa al 6% anual por todo concepto, no capitalizable.
2.2. Un planteo sustancialmente idéntico al anterior en cuanto a prescripción de intereses, tasa aplicable y capitalización, dedujo en fecha 15-4-20 la restante coejecutada Agustina Lucero.
Sólo se diferenció de los otros coejecutados al solicitar que oportunamente la deuda se convierta a pesos tomando como valor del dólar la cotización oficial promedio entre comprador y vendedor del Banco de la Nación Argentina, a cuyos fines invocó la imposibilidad fáctica de adquirir más de U$S200 mensuales (Com. A 6770, 6815 y ccs. del BCRA).
3. En fecha 28-4-20 el actor contestó ambas presentaciones.
Dijo que la capitalización provoca que los intereses punitorios devengados en cada período mensual pierdan su naturaleza propia y pasen a formar un todo con el capital, siéndoles aplicable el mismo plazo de prescripción de diez años de la obligación principal, extremo que en autos no ha ocurrido.
Y siguiendo la interpretación anterior afirmó que la capitalización de intereses no se encuentra prohibida por lo que corresponde hacerlo mensualmente con los devengados desde la mora, y semestralmente con los devengados a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (art. 623 C.C.; arts. 7 y 770, CCCN).
Se opuso a la morigeración de intereses pedida por la parte ejecutada así como también a que se convierta el crédito a pesos, ya que ambas partes erigieron el pago en dólares como una cláusula esencial del contrato y no concurren razones de orden público que justifiquen la conversión.
4. Tras descartar la aplicación al caso de la Ley 24.240 –encuadre que arriba incontrovertido (art. 266, CPCC)-, la sentencia del 14-5-20 resolvió que por tratarse de obligaciones solidarias la carta documento del 02-5-19 suspendió el curso de la prescripción respecto de todos los herederos. Mencionó que el capital prescribe a los diez años y los intereses a los dos según el art. 2562 del Código Civil y Comercial (arg. art. 2537, CCCN), por lo que se encuentran prescriptos los devengados hasta el 02-5-17.
Seguidamente admitió la capitalización semestral de los intereses no prescriptos (art. 770, CCCN), aunque resolvió morigerar la tasa del 3% mensual prevista en el contrato para la deuda en dólares que se reclama, los que redujo al 6% anual.
Y luego de señalar que los ejecutados siguen adeudando dólares, los autorizó a liberarse entregando su equivalente en moneda nacional al momento del efectivo pago.
Entendió, finalmente, que el progreso de la excepción de prescripción justifica que las costas se impongan en un 80% a los ejecutados y en un 20% al actor.
5. El actor apeló la sentencia en fecha 22-5-20 siéndole concedido el recurso en relación el 26-5-20, que fundó el 04-6-20.
Como primer agravio reiteró que los intereses capitalizados mensualmente pierden su naturaleza y pasan a formar parte del capital, por lo que se les aplica el mismo plazo de prescripción que a éste último.
Como segundo agravio rechazó que el deudor pueda liberarse mediante la entrega del equivalente en moneda de curso legal, ya que el art. 765 del Código Civil y Comercial no es una norma imperativa y por lo tanto resulta inaplicable al mutuo de autos celebrado el 25-11-09, que es alcanzado por el entonces vigente Código Civil (art. 7, CCCN; arts. 3, 617 y 619, C.C.). Pidió que mande pagar la deuda en dólares conforme se estableció en la cláusula segunda del mutuo elevada de consuno a la categoría de esencial.
Como tercer agravio cuestionó la morigeración de intereses (que el fallo de primera instancia estableció en el 6% anual), aunque condicionó el mantenimiento de dicho agravio a la circunstancia de que no se mande pagar dólar billete (cf. segundo agravio).
5.1. En fecha 18-6-20 la coejecutada Agustina Lucero contestó el traslado del memorial, y en fecha 19-6-20 hicieron lo propio los restantes coejecutados Mónica Patricia Estrella, Thomas Huarte y Francisco Huarte, adhiriendo a aquella presentación.
6. En fecha 27-5-20 Agustina Lucero apeló la sentencia. El recurso le fue concedido en relación el 29-5-20 y presentó su memorial el 04-6-20.
Únicamente se alzó contra el modo en que se distribuyeron las costas (80% a cargo de la ejecutada, y 20% a cargo del ejecutante), argumentando que la parte rechazada es cuatro veces mayor a la parte que prospera.
6.1. En fecha 19-6-20 el actor contestó el traslado pertinente.
7. Elevadas las actuaciones y practicado el sorteo de rigor, se está en condiciones de decidir.
II. A pesar de que carece de incidencia sobre la solución del recurso y de que no ha sido puesto en tela de juicio por ninguna de las partes, no tomaré como fecha del contrato de mutuo base de la ejecución la que figura en su texto (25-11-09), sino la que surge de la certificación notarial de firmas puesta al pie de las mismas (30-11-11), toda vez que dicha aseveración de la Escribana interviniente se encuentra amparada por la fe pública (a esa fecha hice precisamente referencia cuando relaté los antecedentes del caso en el apartado primero).
1.1. En relación al primero de los agravios del actor he de señalar que los intereses capitalizados en virtud de alguno de los supuestos en que se admite tal proceder no varían su naturaleza de tales con motivo de la capitalización. El recurso verbal utilizado (“capitalización”) no debe ser entendido literalmente en cuanto a sus efectos ya que dichos accesorios mantienen su naturaleza de tales, aun cuando por una licencia legal sean a su vez susceptibles de producir nuevos intereses. La capitalización no provoca una mutación ontológica en los mismos por lo que no constituyen una obligación distinta de la original (desde que no se modifica la causa del deber), ni una novación de dicho vínculo jurídico (puesto que no media extinción obligacional alguna), ni tampoco se trata de un cambio de objeto ya que la prestación sigue siendo la misma. Sólo ocurre que en determinadas circunstancias contempladas por la ley los intereses devengados devienen a su vez productores de nuevos accesorios, pero sin que se opere un cambio en su naturaleza. Para expresarlo gráficamente, los intereses capitalizados se ubican al lado del capital que los origina y con el cual permanentemente se referencian pero sin confundirse con éste, es decir, sin perder por ello su condición de accesorios del capital.
Sobre esas bases considero que se ajusta a derecho y debe confirmarse la sentencia apelada en cuanto declaró prescriptos los intereses punitorios pactados devengados con anterioridad al 02-5-17, fecha en que la interpelación fehaciente operó la suspensión por seis meses del plazo prescriptivo respecto de la totalidad de los herederos de Hugo César Huarte, el que fue luego interrumpido mediante la demanda judicial con que se dio inicio al sub-caso en fecha 24-10-19 (arts. 3, 617, 619, 622, 623, C.C.; arts. 7, 768, 769, 770, 2537, 2540, 2541, 2546, 2556, 2562 inc. c y ccs., CCCN; arts. 36 inc. 1°, 260, 266 y ccs., CPCC).
Los intereses que se capitalizan no pierden su naturaleza de tales y resultan por lo tanto aprehendidos por el plazo específico de prescripción de dos años del art. 2562 inc. c del Código Civil y Comercial, aplicable al caso en virtud de lo prescripto por el art. 7, CCCN.
1.2. La capitalización mensual de los intereses pactada en la cláusula quinta del contrato, deberá ajustarse a la periodicidad semestral prevista como piso por el art. 770 inc. a del Código Civil y Comercial en razón de tratarse de accesorios devengados con posterioridad al 01-8-15 (art. 7, CCCN).
Es que habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial a partir del 1° de Agosto de 2015, conforme lo dispone su artículo 7, y versando los intereses a partir de esa fecha sobre situaciones jurídicas no agotadas que quedan comprendidas en el nuevo régimen, corresponde aplicar la limitación derivada del nuevo artículo 770 inc. a, por cuanto, atento su carácter imperativo y de orden público, ella debe ser aplicada aún de oficio. En efecto, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en su art. 770 inc. a) mantiene el supuesto previsto en el Código derogado, con la diferencia que el art. 623 del Código Civil refería la capitalización con la periodicidad que acordaran las partes, y ahora el artículo 770 inc. a del Código Civil y Comercial establece una periodicidad no inferior a seis meses. Así, dispone: “No se deben intereses de los intereses, excepto que: a) una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a seis meses…” (art.770 inc. a, CCCN; esta Sala, causas n° 60.025, del 25-8-15, “Banco Patagonia S.A. c/. Rivero, Mariano s/ Cobro Ejecutivo”; n° 61.008 del 25-8-16, “Banco Patagonia S.A. c/. Nievas, Fernando Leonardo s/. Cobro Ejecutivo”, con mi voto).
En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto admitió la capitalización semestral de los intereses punitorios devengados a partir del 02-5-17 y hasta el efectivo pago (arts. 7, 769, 770 inc. a y ccs., CCCN; Ley 27.077).
2. De la literalidad del contrato de mutuo que constituye el título base de la presente ejecución se desprende que el 30-11-11 Hugo César Huarte recibió dieciocho mil dólares estadounidenses (U$S18.000) de Carlos Alberto Puyou, obligándose a restituirlos a los ciento ochenta días, es decir, el 30-5-12 (cláusulas primera y segunda).
Reviste particular trascendencia para dar respuesta al segundo de los agravios planteados por el actor, lo estipulado en la cláusula segunda del mutuo. Allí el deudor se obligó “a devolver la cantidad prestada, en billetes de la misma moneda”, habiéndose establecido que “el pago en billetes de dólares estadounidenses se considera elemento esencial de este contrato” y que “por tal razón, la parte deudora declara, formal y expresamente, que es su voluntad obligarse a no transformar la deuda de dólares estadounidenses al cambio oficial ni a ningún otro tipo de moneda legal o papel, que no sea el aquí libremente pactado como elemento de carácter material del contrato”, dado que “aseveran ambas partes que han evaluado conscientemente los riesgos asumidos”. Y con la intención de remarcar la esencialidad de que la restitución del capital prestado en dólares se materialice en la misma moneda, en la cláusula tercera declararon “conocer y aceptar la situación actual del mercado monetario y financiero, y las posibles fluctuaciones en el valor del dólar estadounidense, pactándose expresamente la renuncia a invocar la llamada “Teoría de la Imprevisión”.
Como relaté en el apartado primero, el deudor incurrió automáticamente en mora por falta de pago en fecha 31-5-12, por lo que desde ese mismo momento tomó a su cargo los riesgos derivados de su incumplimiento. Expresa Wayar que “la situación de mora genera la traslación de los riesgos que pendían sobre el propietario… hacia el patrimonio del deudor constituido en mora”. A renglón seguido explica que “el caso fortuito o de fuerza mayor, según la regla del art. 513, libera al deudor de toda responsabilidad; pues bien, luego de la constitución en mora del deudor, se desvanece el efecto exoneratorio del casus, o, lo que es lo mismo, el deudor es igualmente responsable de la pérdida o deterioro derivado de lo fortuito. Este efecto de la mora suele sintetizarse en la expresión: mora perpetuat obligationem…la perpetuatio obligationis significa –en opinión de De Ruggiero- que desde el momento de la mora (del solvens), el acreedor está autorizado a exigir la prestación, aun cuando ésta resultare imposible sin culpa del deudor; el perecimiento del objeto o la imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito no tienen ya efecto liberatorio con relación al obligado”. Concluye el punto el autor sosteniendo que el deudor se libera de responsabilidad si logra probar que, “aunque hubiese cumplido en el término estipulado, o sea, sin incurrir en mora, la cosa habría corrido igual suerte…” (Ernesto C. Wayar, “Tratado de la Mora”, ed. Lexis-Nexis, págs. 706/707).
En este punto recuerdo que el mutuo que sirve de base a la presente ejecución fue celebrado el día 30-11-11, que en su virtud el actor entregó entonces al ejecutado la suma de U$S18.000, y que la mora de éste último persiste desde hace más de ocho años. Con ello quiero significar que la obligación que emerge del pacto se rige en sustancia por las normas del anterior Código Civil, ya que el art. 765 del actual no reviste carácter de orden público (arts. 617 y 619, C.C.; art. 7, CCCN; en tal sentido, ver Aída Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial…”, segunda parte, ed. Rubinzal-Culzoni, págs. 202 a 204). Asimismo, intento destacar que no resulta admisible que el deudor moroso evite cumplir con el objeto debido invocando la aplicación de normas dictadas cuando ya se encontraba en mora, máxime cuando el cumplimiento exacto del objeto de la obligación no resulta imposible ya que –como bien lo señaló el actor- existen alternativas para que se procure la moneda de pago pactada.
Por ello propongo al acuerdo revocar la parcela pertinente de la sentencia y disponer que la parte ejecutada deberá abonar la deuda que resulte de la liquidación que oportunamente se practique en dólares estadounidenses, toda vez que fue ése el objeto concreto del contrato –el actor prestó dólares-, y ello resultaba admitido por el Código Civil de Vélez, que es de aplicación a éste puntual aspecto de la temática litigiosa en virtud de las normas de derecho transitorio (arts. 617, 619 C.C.; art. 7, CCCN). De modo que la prescripción del art 765 CCCN, que adopta una solución diferente, no es aplicable a este caso ni aún como pauta interpretativa del régimen anterior por resultar ambas normas disímiles entre sí.
3. Para dar por concluido el tratamiento de la primera cuestión, cabe mencionar que el actor supeditó mantener el agravio contra la morigeración de la tasa de interés fijada en la sentencia, para el supuesto de que no se mande abonar la deuda en dólares (cf. tercer agravio del memorial). De modo tal que, habiéndose resuelto en el punto precedente que la deuda deberá cancelarse en dólares estadounidenses, dicho agravio queda desplazado como consecuencia de la subordinación lógica a la que lo sometió el propio apelante, solución que de ese modo deja incólume la tasa de interés del 6% anual fijada en la sentencia de primera instancia, lo que así propongo al acuerdo (arts. 36 inc. 1, 260, 266, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
Finalmente, siendo exacto lo manifestado por la coejecutada Agustina Lucero con relación al yerro en el modo de imponerse las costas, corresponde revocar tal aspecto de la sentencia apelada imponiéndose al ejecutante las derivadas de la excepción que prospera, y a la parte ejecutada aquellas por las que se declara procedente la pretensión ejecutiva (arts. 68, 69 y 274, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Galdós, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró prescriptos los intereses punitorios pactados devengados con anterioridad al 02-5-17 (arts. 3, 617, 619, 622, 623, C.C.; arts. 7, 768, 769, 770, 2537, 2540, 2541, 2546, 2556, 2562 inc. c y ccs., CCCN; arts. 36 inc. 1°, 260, 266 y ccs., CPCC); confirmar la sentencia apelada en cuanto admitió la capitalización semestral de los intereses punitorios devengados a partir del 02-5-17 a la tasa del 6% anual, hasta el efectivo pago (arts. 7, 769, 770 inc. a y ccs., CCCN; Ley 27.077); revocar la parcela pertinente de la sentencia apelada y disponer que la parte ejecutada deberá abonar la deuda que resulte de la liquidación que oportunamente se practique, en dólares estadounidenses (arts. 617, 619, 622, 623, C.C.; arts. 7, 765, CCCN); revocar la sentencia apelada imponiéndose al ejecutante las costas derivadas de la excepción que prospera, y a la parte ejecutada aquellas por las que se declara procedente la pretensión ejecutiva (arts. 68, 69 y 274, CPCC); con costas de alzada por su orden, atento el resultado del trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC); diferir la regulación de honorarios para la oportunidad procesal correspondiente (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Longobardi adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 19 Noviembre de 2020.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró prescriptos los intereses punitorios pactados devengados con anterioridad al 02-5-17 (arts. 3, 617, 619, 622, 623, C.C.; arts. 7, 768, 769, 770, 2537, 2540, 2541, 2546, 2556, 2562 inc. c y ccs., CCCN; arts. 36 inc. 1°, 260, 266 y ccs., CPCC). 2) confirmar la sentencia apelada en cuanto admitió la capitalización semestral de los intereses punitorios devengados a partir del 02-5-17 a la tasa del 6% anual, hasta el efectivo pago (arts. 7, 769, 770 inc. a y ccs., CCCN; Ley 27.077). 3) revocar la parcela pertinente de la sentencia apelada y disponer que la parte ejecutada deberá abonar la deuda que resulte de
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