Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 66639
Causa nº: 2-66639-2020
"HSBC BANK ARGENTINA SA C/ ARIZTEGUI ROQUE ABEL S/ COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: ............. Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintidós días del mes de junio de Dos Mil Veintiuno, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), se reúnen los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia virtual del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “HSBC Bank Argentina S.A. c/ Aríztegui Roque Abel s/ Cobro Ejecutivo” (causa n° 66.639) . Habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1 ra .- ¿Es procedente el recurso de apelación planteado contra la sentencia del 5 de octubre de 2020?
2 da .- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. 1. La demanda ejecutiva de autos fue promovida por HSBC Bank Argentina SA , quien reclamó a Roque Abel Aríztegui la suma de $284.609 más intereses, IVA sobre intereses y costas. El monto reclamado corresponde al capital adeudado –deducidos los pagos efectuados- en relación con el pagaré del 21/12/17, librado por la suma de $290.000 y acompañado por escrito del 08/10/2018.
Como documentación para integrar el aludido título ejecutivo, el banco actor acompañó un formulario de “solicitud de productos”, también del 21/12/17, del que resulta que el ejecutado contrató con el banco un préstamo personal por la suma de $290.000. Adjuntó además como documentación accesoria, en setenta páginas, los “Términos y condiciones de productos de Retail Banking”.
El préstamo contratado sería pagadero en sesenta cuotas mensuales y consecutivas, venciendo la primera a los treinta días, con sistema de amortización francés, habiendo el demandado abonado sólo tres cuotas. Dicho pagaré, se señaló en la demanda, fue presentado al cobro al demandado el día 21/04/2018 en el domicilio de pago, sin que el demandado lo abonare, no explicando el motivo.
2. Al contestar demanda con fecha 28/09/19, el ejecutado reconoció la firma del pagaré en ejecución, mas no la obrante en la restante documentación , pues si bien ella “se asemeja” a su firma, “no recuerdo en momento alguno haber suscripto la cantidad de documentación que actualmente se acompaña” . Asimismo, opuso excepción de inhabilidad de título argumentando que la documentación acompañada para integración no posee firmas certificadas, y que ellas se encuentran, incluso, de manera aislada. Sostuvo que esa documentación no resulta clara, ni acredita que se haya cumplido con el deber de información al consumidor. Ello pues se trata de condiciones generales de cerca de setenta páginas, que en su mayoría no aluden al contrato celebrado sino a otros productos. Afirmó que el pagaré en ejecución no cumple con la información exigible acorde el art. 36 LDC; y puso de relieve que la ejecutante incumplió el art. 38 LDC que dispone que se debe publicar en el sitio web un ejemplar del modelo de contrato; que el pagaré incumple pautas de tipografía derivadas de la resolución 906/98; y que al formulario de solicitud del préstamo le falta la página 9. Subsidiariamente, solicitó que los intereses sean morigerados por abusivos.
Por su parte, al evacuar su vista con fecha 28/09/18, el Ministerio Público Fiscal destacó en lo sustancial que la documentación de fs. 8/10 carece de la firma del demandado, el que, a su vez, ha negado que su contenido se le haya explicado. Por ello, en atención a la importancia de la información allí contenida –pues son las cláusulas contractuales del mutuo- estima que la documentación acompañada por la empresa no logra acreditar el cumplimiento de la obligación de información.
3. La sentencia de la anterior instancia, dictada el 05/10/2020, hizo lugar a la acción mandando llevar adelante la ejecución por el capital reclamado más los intereses a la tasa activa para operaciones de crédito del Bco. de la Pcia. Bs. As. en los distintos períodos (denominada "tasa activa restantes operaciones"), con más un plus del 50% moratorio. Ello desde la fecha de mora, determinada acorde la demanda, el 21/04/18, dada la ausencia de manifestación al respecto del ejecutado.
Para arribar a esa conclusión, el decisorio encuadró la operatoria en una relación de consumo y destacó que el ejecutado reconoció expresamente la firma del pagaré; y que dicho pagaré es de consumo. En razón del desconocimiento del demandado de la documentación acompañada para integrar el título, enfatizó que el ejecutado reconoció que “lo une con el actor una relación consumeril” , por lo que, sostuvo el decisorio, en todo caso debió aclarar y probar qué relación consumeril lo vincula al ejecutante (cf. art. 375 del ritual). En ese marco, recordó que acorde el plenario N° 5 de esta Cámara (“HSBC c/ Pardo, Cristian Daniel s/ cobro ejecutivo” del 9/3/2017), en las operaciones de consumo es admisible la integración del título ejecutivo con documentación adicional. Destacó que tanto el pagaré como el mutuo fueron firmados por la suma de $290.000 y en el mismo día (el 21 de diciembre de 2017); y que el mutuo contiene una firma atribuida al ejecutado, inserta ante el gerente del banco actor. En consecuencia concluyó que el pagaré fue debidamente integrado conforme la Ley 24.240, y que debe rechazarse la excepción opuesta por el ejecutado.
4. La aludida sentencia fue apelada por el Sr. Aríztegui por escrito del 14/10/20, siendo sustentado su recurso con el memorial del 19/10/2020. Argumenta allí que ante su desconocimiento de las firmas insertas en la documentación acompañada para integrar el título, la actora debió solicitar pericia caligráfica, ya que las firmas no están efectuadas ante ninguna entidad con facultades certificantes o de fe pública. A todo evento, esgrime que sólo existen unas pocas firmas insertas en documentos dónde se han agregado cuadros con textos, lo que viola ampliamente los derechos del consumidor. Trae a colación lo destacado por el Ministerio Público Fiscal en relación con la ausencia de firma en las fs. 8/10 de la documentación.
Agrega que la documentación con que se pretende integrar el título vulnera el principio de buena fe y el derecho a una información clara, veraz y precisa, en razón a su carácter excesivo y confuso que refiere a múltiples relaciones de consumo. Insiste en que el pagaré viola las pautas de tipografía mínima y no se ha publicado.
Subsidiariamente, se agravia de que el juez no ha morigerado los intereses –conforme lo pretendido por su parte- sino que los ha agravado, puesto la tasa activa para “restantes operaciones” del BAPRO es notablemente más alta que el 39% pactado en el pagaré. Por ello peticiona que se revoque el decisorio apelado y se proceda a la real morigeración de los intereses. Finalmente, en punto a la fecha de mora, argumenta que debe interpretarse que al desconocer la documentación acompañada, su parte también desconoció la fecha de presentación al cobro que refirió la actora, y alega que dicha fecha de constitución en mora no se encuentra acreditada. Niega que haya existido tal interpelación, por lo que, considerando que no se aplica la mora automática, solicita que se determine como fecha de mora la del mandamiento de intimación de pago y embargo y/o, en su defecto, la de inicio del presente proceso.
Corrido traslado de la apelación, contesta el ejecutante (escrito del 26/10/2020), planteando que el recurso incoado no contiene una crítica concreta y razonada del decisorio apelado, y reiterando, en sustancia, los argumentos oportunamente introducidos al contestar el traslado de la excepción opuesta por el accionado.
Elevadas las actuaciones a esta Alzada, se corre vista al Fiscal General, quien se remite en un todo a la vista ya evacuada por el Agente Fiscal con fecha 05/04/19, propiciando así el acogimiento de la apelación incoada. Con fecha 19/04/2021 se dispone que resultando definitiva la cuestión objeto de apelación ella debe resolverse con la formalidad del acuerdo; con lo que, firme esa providencia y practicado el sorteo de rigor, se encuentra esta Alzada en condiciones de dictar la presente sentencia.
II. 1. En primer término, en punto a la alegación del banco actor de que el recurso del ejecutado no abastece los recaudos del art. 260 del CPCC, señalo que este Tribunal tiene dicho que la expresión de agravios resulta idónea “en tanto aborde y desarrolle un piso mínimo de crítica con respecto a aquellas pretensiones por las cuales la demanda prosperó” (esta Sala causas n° 54.255, del 26/08/10 “Carrizo…”; nº 58840, "Demarco, Lidia..”, del 09/09/14; n° 58.439, “HSBC Bank Argentina SA...”, del 18/03/14; nº 59508, "Iglesias de Pagliaro A....” del 24/09/15; nº 60.803, “Olivera, Ernesto Oscar...”, del 09/05/16; nº 61947, "Banco Francés del Río de La Plata...”, del 11/05/17; n° 64.962, “Paris, Sergio Abel”, del 12/05/2020, entre otras). En esa línea, ha expresado Loutayf Ranea que “en la sustentación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia (...); la carga procesal de fundar los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva” (Loutayf Ranea, Roberto G., El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, 2ª Ed., Ed. Astrea, Bs. As., 2009, Tomo I. pág. 62 y jurisprudencia allí citada).
Acorde lo dicho, estimo que la expresión de agravios del ejecutado cumple en términos generales con el referido piso mínimo de crítica a la sentencia apelada, pues cuestiona los argumentos medulares del fallo impugnado -en particular, la procedencia de la integración del título ejecutivo, el cumplimiento de los recaudos del art. 36 LDC y los intereses fijados-, por lo que corresponde estimar cumplido el recaudo del art. 260 C.P.C.C., e ingresar en el análisis de procedencia de la impugnación articulada (arts. 246, 260 y 261 CPCC).
2. Concluido lo anterior, corresponde destacar que arribó firme a esta alzada la calificación del vínculo jurídico de autos como una relación de consumo , por lo que resulta aplicable al presente todo el plexo normativo de defensa del consumidor (Ley 24.240, sus reglamentarias, modificatorias y complementarias; arts. 1092 a 1122 CCCN, y en el caso, los arts. 1384 a 1389 C.C.C.N).
Ha llegado consentida también la posibilidad de integrar un pagaré de consumo con documentación adicional , a fin de evaluar el cumplimiento de los recaudos del art. 36 LDC. Al respecto, es de recordar que tal posibilidad de integración es admitida por esta Sala desde el año 2014 (causas N° 58.917, del 4/11/14 “Bazar Avenida SA c/ González de Castro….”; N° 59.057, del 2/10/14 “Bazar Avenida S.A. c/ Castro…”; N° 59.596, del 14/5/15 “Banco Industrial SA c/ Suárez…”, entre otras). Siguiendo el desarrollo efectuado por esta Sala en la causa “Illarietti, Héctor Luis…” (causa n° 65.246, del 13/08/2020) cabe recordar asimismo que en el plenario de esta Cámara “HSBC Bank Argentina c/ Pardo, Cristian Daniel s/ Cobro Ejecutivo”, del 9/3/2017 , se fijó por mayoría que “el pagaré de consumo puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal, dentro del mismo juicio ejecutivo, conformando un título complejo que deberá contener información clara y veraz, y además cumplir con los requisitos previstos en el art. 36 de la LDC para las operaciones de financiación o crédito para el consumo. Dicha documentación debe agregarse en primera instancia, hasta el momento de la sentencia, sin que se admita su integración en la alzada. Los intereses pactados que surjan del título complejo no podrán exceder el límite de la ganancia lícita”. De esta manera se concilió la protección del consumidor con la pronta recuperación del crédito.
La doctrina plenaria descripta tuvo adhesiones de diversos sectores doctrinales y jurisprudenciales (vgr. Saux, Edgardo I. “El pagaré de consumo: una figura jurídica no legislada y controversial”, La Ley, 27/03/2017, págs. 5/8; Quaglia, Marcelo C. y Menossi, Lucas “Transversalidad del derecho del consumo. Un fallo señero”, La Ley, 24/05/2017, pág. 8 y sgtes.; Camps, Carlos E. “Contratos de consumo, títulos ejecutivos y eficacia procesal”, La Ley, 29/08/2017, pág. 1 y sgtes.; Cám. Civ. y Com. San Martín, Sala III, sent. interlocutoria de fecha 21/3/2017, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, Miriam Ester. Cobro ejecutivo"). Finalmente, la Suprema Corte provincial , en el marco de un recurso extraordinario planteado por el Fiscal General contra la sentencia dictada por la Cámara de San Martín en la causa citada en último término, se expidió en el mismo sentido que la antedicha doctrina plenaria ( causa nro. 121.684, del 14/8/2019 “Asociación Mutual Asís…” ).
Así, con voto del Dr. Soria, se acogió la postura que flexibiliza el alcance del art. 542 inc. 4 del CPCC para declarar la habilidad o inhabilidad del título en tanto se acredite o no la observancia del art. 36 tantas veces mencionado. Destacó Soria, con cita de los votos de los doctores Hitters y Pettigiani en el precedente "Cuevas" (SCBA, C. 109.305, sent. del 1/9/10 “Cuevas c/ Salcedo”), que las reglas protectoras del consumidor imponen modulaciones relevantes al régimen cambiario; que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva; y que en situaciones como la ventilada la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extra-cambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.).
Por ello, concluye que “en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución.” (SCBA, C. 121.684, del 14/8/2019 “Asociación Mutual Asís…” -voto del Dr. Soria-).
Posteriormente, en la causa C. 122.124, "Recupero On Line S.A." (resol. de 18-IX-2019) , el Superior Tribunal provincial reiteró tal criterio, expresando que los jueces pueden valorar aquellos instrumentos complementarios que se hubieran acompañado en la demanda y/u ordenar su acompañamiento a través de la vía procesal pertinente (en igual sentido, SCBA, causa n° 122.155. "Banco Columbia" del 16/10/2019).
Cabe destacar que en la causa “Alarfín”, la Sala I de este Tribunal siguió la doctrina casatoria, señalando que “en la misma línea se orienta el Proyecto de Ley de Defensa del Consumidor elevado el día 06.12.2018 a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Producción y Trabajo de la Nación (…)”. Destacó además, en lo que podría calificarse como una segunda etapa de flexibilización, la distinción entre incumplimiento absoluto –no subsanable- e incumplimiento defectuoso –subsanable- de los requisitos previstos en dicho art. 36 de la LDC. Expresó que “la solución aquí propuesta es que en los casos en que la información brindada en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 36 resulte de algún modo defectuosa, oscura o insuficiente, ello no inhabilite sin más la vía ejecutiva para su reclamo, sino que el juez resuelva al efecto en el sentido más favorable al consumidor, en consonancia con los principios rectores pro consumidor y pro deudor (conf. art. 42 CN; 38 Constitución Provincial; 1, 2, 3, 4, 36, 37 y 65 LDC y 1100 y ccdtes. CCCN)” (este Tribunal, Sala I, causa nro. 65205, del 12/5/2020 “Alarfín SA c/ Rojas, Pablo Alfredo s/ ejecución prendaria ...”).
III. Ahora bien, como se adelantó, el ejecutado insiste en esta instancia en que ha desconocido la autenticidad de la documentación acompañada por el banco ejecutante para integrar el título. Ello pues ha negado que las firmas allí insertas le pertenezcan , considerando que, frente a tal negativa, el banco debió ofrecer prueba pericial. En la instancia anterior, se estimó desvirtuada tal negativa en razón de que el Sr. Aríztegui, que reconoció el pagaré y la existencia de una relación de consumo, no alegó ni aclaró cuál es la relación contractual que se verificó con el ejecutante, incumpliendo así el art. 375 CPCC.
A esos argumentos, y dado que el apelante insiste en que era el banco actor el que debía acreditar la autenticidad de las firmas, es conveniente agregar que la oportuna negativa del demandado se advierte ambigua y/o genérica, en los términos del art. 354 CPCC . Es que, como se ha dicho, no solo reconoció la firma inserta en el pagaré y la existencia de una relación de consumo como sustrato de fondo, sino que no denunció la existencia de ningún otro vínculo contractual en cuyo marco haya librado el pagaré en cuestión. Pero además, tampoco negó en concreto haber celebrado un contrato de préstamo personal con el ejecutante (lo que permite concluir que tal negocio jurídico existió), habiéndose limitado a afirmar en el punto II de su escrito de responde del 06/02/19, que si bien las firmas “se asemejan” a la propia, no recuerda haberlas efectuado. En ese cuadro integral de manifestaciones, la negativa del accionado se torna inverosímil, genérica o ambigua, por lo que a mi juicio debe tenerse por reconocida la autenticidad de los documentos que se le atribuyen, conforme lo prevé expresamente el art. 354 inc. 1, 1 er párr. CPCC (art. 384 CPCC).
Por lo demás, conviene recordar -en atención a la prueba pericial a la que alude el demandado-, que conforme el art . 314 CCCN , la autenticidad de las firmas en los instrumentos privados “puede probarse por cualquier medio” , lo que incluye el presuncional que en todo caso entiendo verificado en autos (art. 314 CCCN; arts. 163 inc. 5 y 384 CPCC; destacando la amplia libertad probatoria otorgada por el citado art. 314 CCCN, puede verse José M. Orelle, en Código Civil y Comercial Comentado , Dir. Gral. Jorge H. Alterini, Dir. de tomo José W. Tobías; Coord. Ignacio E. Alterini, La Ley, Bs. As. 2019,T. II, pág. 703. ).
Asimismo, en lo concerniente a la afirmación del Ministerio Público Fiscal –invocada por el apelante- de que la documentación de fs. 8/10 carece de la firma del demandado (lo que revestiría importancia en atención a que contiene cláusulas contractuales del mutuo, según se afirma en la vista), destaco que ella no condice con las constancias obrantes en autos. En efecto, si bien es cierto que las hojas 8 y 10 del formulario de solicitud de préstamo no se encuentran firmadas (la 9 cuya ausencia invoca el ejecutado es el pagaré, que fue adunado con antelación a la solicitud de préstamo), también es cierto y manifiesto que la solicitud de préstamo personal del Sr. Ariztegui, culmina en la hoja 7, donde se inserta su firma . La hoja 8 se encuentra en blanco; la 9, como dije, es el pagaré (que fue digitalizado en forma desordenada, al inicio de la documental), y la 10 se encuentra anulada por no interesar al préstamo o a la situación jurídica del cliente ahora ejecutado.
Por lo demás, en punto al argumento del ejecutado de que sólo existen unas pocas firmas insertas en documentos dónde se han agregado cuadros con textos, cabe destacar que la existencia de firma en todas las hojas de un instrumento privado no constituye un recaudo legal para la validez de tales instrumentos (art. 313 CCCN ). En consecuencia, existiendo una
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