Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 67857
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar inadmisible por insuficiencia de fundamentación el recurso de apelación articulado por el accionado contra la sentencia del 17/6/21, con costas a su parte en calidad de vencido (art. 68 CPCC), y declarar inoficioso el escrito recursivo a los fines regulatorios (art. 30 Ley 14.967 2) Confirmar , dada la forma de apelación, la regulación de fecha 17/06/21, quedando determinados los honorarios del Dr. Roberto Marcelo Lalanne, en la suma equivalente a siete con cincuenta y nueve (7,59) jus arancelarios , con más aporte legal e I.V.A., si correspondiera (arts. 1, 16, 21, 34, 47 y cc. de la Ley 14.967). 3) Hacer lugar al recurso de apelación planteado por el ejecutado contra la sentencia del 14/7/21 y revocar la resolución apelada, sin condena en costas en razón del modo en que se originó la cuestión (doct. art. 68 CPCC). 4) Regular los honorarios de Alzada devengados por el Dr. Roberto Marcelo Lalanne por el recurso abordado en la primera cuestión, a mérito de lo dispuesto por el art. 31 de la Ley 14.967, en la suma equivalente a uno con ochenta y nueve (1,89) jus arancelarios , con más aporte legal e I.V.A., en caso de corresponder. 5) Regular los honorarios del Dr. Rubén Omar López por el recurso abordado en la tercera cuestión, en la suma equivalente a dos con diez (2,10) jus arancelarios , con más aporte legal e I.V.A., si correspondiera (art. 31, Ley 14.967).
Causa nº: 2-67857-2021
"DEL ZOTTO PABLO GASTON C/ LOPEZ RUBEN OMAR S/ COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los veintiocho días del mes de abril del año Dos Mil Veintidós, celebrando Acuerdo Ordinario (Acuerdo 3975/2020), se reúnen los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes , con la presencia del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “Del Zotto, Pablo Gastón c/ López, Rubén Omar s/ Cobro ejecutivo” (causa n° 67.857) . Habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1 ª.- ¿Procede el recurso de apelación planteado contra la sentencia del 17 de junio de 2021?
2 ª.- ¿Es justa la regulación de honorarios efectuada en la antedicha sentencia?
3 ª.- ¿Procede el recurso de apelación articulado contra la resolución del 14 de julio de 2021?
4 ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, la Sra. Jueza Dra. LONGOBARDI dijo:
I. 1. Por la sentencia apelada del 17 de junio de 2021, el juez de la anterior instancia resolvió rechazar la impugnación articulada por el demandado, Rubén Omar López, contra la liquidación por la suma de $462.727,80, practicada por el actor , Pablo Gastón del Zotto . Recordó el sentenciante que tal liquidación fue cuestionada por el demandado, con fundamento en que el Dr. Lalanne (su presentante) no se encontraba facultado para actuar en nombre del accionante -por no ser su apoderado sino su patrocinante-; en que tal liquidación incurre en anatocismo; y en que no se ha descontado el monto depositado el 07/05/21 ($20.000, cf. constancia adjunta con presentación de esa fecha).
Para rechazar el primer cuestionamiento del ejecutado, el decisorio destacó que la liquidación presentada por el Dr. Lalanne fue ratificada por la parte actora por escrito del 28/05/21.
Para desestimar el segundo, destacó que no se han capitalizado intereses, pues el monto utilizado para la liquidación del 10/5/21 ($245.472,10), es inferior al capital originariamente reclamado ($258.461; cf. liquidación del 30/10/2018, aprobada por resolución del 28/11/2018).
Finalmente, para rechazar el tercero, el decisorio ponderó que el monto depositado no fue percibido ni se encontró a disposición del ejecutante, pues era necesaria una orden judicial a esos efectos. En consecuencia, entendió que no se puede imputar al accionante desidia en la percepción de la suma depositada ($20.000); y aclaró que la sola comparecencia del demandado y su manifestación de querer desinteresar al acreedor, no bastan para detener el devengamiento de intereses.
2. Contra esa resolución, por escrito del 24/6/21, planteó recurso de apelación el ejecutado . En su memorial del 6/7/21, se limitó a relatar los antecedentes de autos y los términos de su contestación de demanda (fs. 28/29 vta.); y a reiterar lo oportunamente argumentado en su impugnación a la liquidación aprobada por la sentencia recurrida (escrito del 25/5/21), omitiendo, sin embargo, toda referencia concreta a los argumentos otorgados por el decisorio apelado para rechazar su antedicha impugnación .
3. Corrido el traslado de ley, contestó el accionante por presentación del 13/7/21 . Planteó inicialmente que el memorial en traslado adolece de una crítica concreta y razonada del decisorio apelado. A ello agregó, como lo señaló la sentencia recurrida, que ratificó lo actuado por su patrocinante -por escrito del 17/6/21, punto I-; y que por presentación del 28/5/21, ratificó el escrito del 10/5/21 (por el que se presentó la liquidación aprobada por la sentencia recurrida).
Asimismo, en relación con el pretendido anatocismo imputado por el demandado, argumentó que sólo se aplicaron intereses sobre el saldo de capital adeudado desde el 30-10-2018 (en razón de la liquidación aprobada por proveído de fs. 74). Subrayó que, como lo destacó la sentencia cuestionada, el saldo de capital considerado en la liquidación del 10/5/21 es inferior al monto de capital de condena ($258.461, cf. sent. del 6/3/17), y no se cargaron intereses al saldo de capital reclamado. Adujo que el ejecutado pretende olvidarse de la liquidación aprobada a fs. 74, practicada por escrito del 6/11/2018, que además de los intereses hasta el 30-10-18, incluye los gastos causídicos hasta ese momento. Refiere que ello sirve de base para el nuevo cálculo, y que la prohibición de anatocismo, conforme el art. 770 CCCN incs. b y c, no procede cuando se reclama judicialmente una deuda; máxime cuando hay una liquidación aprobada (la de fs. 74).
Por otra parte, en relación con el argumento del impugnante de que no se tomó en cuenta el depósito efectuado el 7/5/21, sostiene que tal depósito no fue dado en pago parcial, y no fue percibido por su parte -a pesar del pedido del 10-5-21 punto II-, por lo que no es computable por el momento.
Elevadas las actuaciones a la Alzada, y radicadas en esta Sala, se resuelve con fecha 10/2/22 que resultando definitiva la cuestión ella debe resolverse con la formalidad del Acuerdo. Firme tal providencia, y efectuado el sorteo de ley, se encuentran estos obrados en condiciones para su abordaje.
II. 1. Estimo que el recurso de apelación planteado por el ejecutado Rubén Omar López debe rechazarse por inadmisible, pues, como resulta de la reseña que antecede, su impugnación se limita transcribir anteriores alegaciones, adoleciendo de una crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo impugnado (arts. 260 y 261 CPCC).
Al respecto, tiene dicho este Tribunal que “la expresión de agravios debe contener un mínimo de técnica recursiva por debajo de la cual las consideraciones o quejas carecen de entidad jurídica como agravios, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución apelada. La expresión de agravios debe ser autosuficiente y completa” (esta Sala, causa nº 47.026 del 01-6-04, “Nolasco…”, con cita de Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Ordinarios”, pág. 442 y ss.; en igual sentido, esta Sala, causa n° 55.945, “Musumeci...”, del 15-5-12; n° 61.579, “González Maximiliano...”, del 09/03/17; n° 61946, “Mejor Crédito S.R.L. c/ Ramírez...”, del 11/05/17; nº 64.844; “Piva, Elsa Irene…”, del 11/02/20; nº 65.535, “Salicio Julio César…” del 02/09/2020; nº 66.027, “Larrouy Liliana Beatriz...”, del 11/2/21). Para dar cumplimiento a esa directriz, la parte agraviada debe indicar “cuál punto del desarrollo argumental ha incurrido en un error fáctico o jurídico que revele el desacierto ulterior de la decisión” (esta Sala, causa n° 57332, "Moyano de Córica, Mirta y otros…”, del 29/08/13; y jurisprudencia y doctrina allí citada: esta Sala causa n° 50.430, "Campomenosi...", del 15-3-07; Palacio, “Derecho Procesal Civil”, tomo V, págs. 266 y sgtes.; Loutayf Ranea, “El recurso de apelación en el proceso civil”, tomo 2, págs .155 y sgtes; en igual sentido, esta Sala, causa nº 59.228, “Zamudio, Hugo Eduardo...”, del 05/05/15; causa n° 61946, “Mejor Crédito S.R.L. c/ Ramírez...”, del 11/05/17; causa n° 62.134, “Mejor Crédito S.R.L. c/ Romano...”, del 12/06/17, causa n° 61962, “Occhi, Marcelo Daniel...”, del 05/09/17; nº 64.844; y causas citadas “Piva”, “Salicio” y “Larrouy”, entre otras tantas).
Incluso, ha agregado esta Sala que expresar agravios " ’...no es una simple fórmula carente de sentido, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Deben precisarse así, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, no reuniendo las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación’ (Cám. Nac. Civ. Sala "A", 3/6/69, E.D. v.31, p.978; Sala "C", 30/7/68, L.L. v.134, pág.1104; arts. 260 y 261 C.P.C. y C.). ‘No se trata pues de un obrar caprichoso o discrecional del órgano jurisdiccional, sino del acatamiento de expresas normas que obviamente rigen tanto para éste como para las partes...’ (S.C.B.A. Ac. 44018, 13/8/91, "Estévez...”; Ac. 54246, 12/8/97, "Andrea...”, D.J.B.A. 153-231; Ac. 76615, 11/7/2001, "Moliner...”, JUBA B21618)” (cf. esta Sala, causas nº 43460, 5/3/02, "Silva..."; causa nº 45566, 7/8/03, "Agromecánica..."; nº 46103, 23.12.03, "Valetutto..."; causa n° 46.888, "Britambo", del 20-4-04; causa n°50.557 del 22/5/07, “Gutiérrez”; causa n°55.865, “Dos Santos” del 22/3/12; n° 56.887 del 27/12/12, “Gatti”; n° 61946, “Mejor Crédito S.R.L. c/ Ramírez...”, del 11/05/17; n° 62.134, “Mejor Crédito S.R.L. c/ Romano...”, del 12/06/17; y causas citadas “Piva”, “Salicio” y “Larrouy”, entre otras). De allí que frente a una expresión de agravios insuficiente “el tribunal no puede suplir las omisiones en que incurrieron las partes, pues la disposición del art. 265 del Cód. Procesal tiene carácter de orden público; no tiene que explorar el expediente en busca de elementos para efectuar la revisión.” (Roberto G. Loutayf Ranea, El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Bs. As., 2009, Ed. Astrea, Tomo 2, págs. 196 y ss.; esta Sala, causa n° 61.570, “González, Maximiliano...”, del 09/3/2017; en igual sentido, causa nº 61962, “Occhi, Marcelo Daniel...”, del 05/09/17; y causas citadas “Piva”, “Salicio” y “Larrouy”, entre otras).
En suma, de conformidad con lo expuesto, propongo declarar inadmisible por insuficiencia de fundamentación el recurso de apelación articulado por el accionado, pues a la luz de las bases dogmáticas y precedentes citados, el mismo no se ampara en fundamentos concretos que habiliten la instancia revisora (arts. 260 y 261 C.P.C.C.). En consecuencia, propongo imponer las costas del recurso al accionante en su calidad de vencido (art. 68 CPCC), y declarar inoficioso el escrito recursivo a los fines regulatorios (art. 30 Ley 14.967; cf. SCBA, Rc 124308, “Leyros, Ramiro y Hoffman, María Mercedes...”, del 17/11/2020; Rc 124158 “Batafarano, María Teresa...”, del 04/11/2020; Rc 124072, “Malmierca, Ana Maria y otro/a...”, del 21/10/2020; Rc 123407, “Bagdonas, Ezequiel Anibal...”, del 06/11/2019; Rc 120111, “Gallia, Andrea Virginia...”., del 02/03/2016; Rc 119988, “Miguel, Horacio Gregorio”...”, del 22/12/2015, entre otros tantos; en igual sentido, Cam. Civ. y Com. 1° de Mar del Plata, Sala 2, causa n° 161158, “Sucesores De Scorza, Hugo Héctor...”, del 01/12/2016; Juan Manual Hitters, Honorarios de Abogados y Procuradores , Lexis Nexis, Bs. As., 2007, pág. 375 y 376; Ribera, Carlos E., Honorarios de abogados en la Provincia de Buenos Aires: comentario analítico de la Ley 14.967 , Bs. As., La Ley, 2020, libro digital consultado en https://proview.thomsonreuters.com).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi dijo:
I. La sentencia apelada del 17/6/21 reguló los honorarios del Dr. Roberto Marcelo Lalanne en el equivalente a 7,59 jus, más aportes previsionales e IVA en caso de corresponder.
II. Por escrito del 27/6/21, el citado profesional apeló por baja la antedicha regulación, solicitando que se la eleve en atención al monto de la liquidación aprobada, y a los trabajos realizados en la última incidencia.
III. Consecuentemente, por la importancia, valor y mérito de los trabajos realizados por el Dr. Roberto Marcelo Lalanne , que originaron el dictado de la resolución de fecha 17/06/21, y a mérito de lo dispuesto por los arts.1, 2,16, 21, 34, 47 y cc. de la Ley 14.967, corresponde confirmar , dada la forma de apelación, la regulación apelada, quedando determinados los honorarios en la suma equivalente a siete con cincuenta y nueve (7,59) jus arancelarios , con más aporte legal e I.V.A., si correspondiera.
IV. Resuelto lo que antecede, y a mérito de lo dispuesto por el art. 31 de la Ley 14.967, corresponde regular los honorarios de alzada del Dr. Roberto Marcelo Lalanne , por su contestación al recurso incoado contra la sentencia del 17/06/21 (escrito del 13/07/21), en la suma equivalente a uno con ochenta y nueve (1,89) jus arancelarios , con más aporte legal e I.V.A., en caso de corresponder.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA TERCERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi dijo:
I. 1. En su contestación al memorial del ejecutado reseñado en la primera cuestión, el accionante requirió como punto III, que se aplique al ejecutado la multa por temeridad prevista en el art. 592 CPCC , según parámetros fijados en art. 549 CPCC (ver escrito del 13/7/21). Ello en razón de la postura dilatoria del ejecutado; de su necesidad de percibir el saldo del crédito reconocido por sentencia del 6-3-2017 (el que, según refiere, necesita para vivir); y de los efectos de la depreciación monetaria, que no alcanzan a compensarse con los intereses fijados en la sentencia ejecutiva. Para fundar tal pedimento estacó además que el ejecutado propuso pagar en cuotas de $20.000 una deuda que supera los $500.000 (sin contar accesorios causídicos); que dedujo impugnaciones ignorando la liquidación aprobada a fs. 74; y que se ha valido del paso del tiempo en un proceso iniciado el 28/09/2016, correspondiente a un cheque sin fondos que tenía como fecha de pago el 7/3/2015. Adujo que hace más de 6 años que espera que el ejecutado pague, y éste sigue demorando la satisfacción del crédito.
2. Teniendo en cuenta lo requerido por el ejecutante, así como el incumplimiento de la intimación de pago por parte del ejecutado, la Jueza de la anterior instancia, en vez de abordar la procedencia de la multa por temeridad prevista por el art. 592 CPCC -requerida por el ejecutante-, dispuso, por resolución del 14/7/21 , hacer efectivo el apercibimiento por ella dispuesto por resolución del 17/6/21 , determinando que el ejecutado deberá abonar al demandante el equivalente a 1,5 jus por cada día de retardo (cf. art. 804 CCCN y 37 CPCC)
3. Contra la aludida resolución, el ejecutado interpuso recurso de apelación , por escrito del 5/8/21.
En su memorial del 17/8/21 , argumenta, en lo que interesa, que la liquidación practicada por la parte actora no se encuentra firme, por haber sido impugnada y encontrarse el rechazo de tal impugnación apelado por su parte. De manera que entiende que no es posible imponer el pago de astreintes respecto de un incumplimiento inexistente, pues la obligación presuntamente incumplida aún no se encuentra firme. Más adelante, y tras numerosas consideraciones dogmáticas, agrega que la obligación impuesta a cuyo respecto se fijaron astreintes, es de cumplimiento imposible, pues -como dijo- la liquidación no se encuentra firme.
II. Estimo que le asiste razón al ejecutado, toda vez que efectivamente la aprobación de la liquidación practicada por el ejecutante no se encuentra firme . Ello impide que se haya verificado el incumplimiento de una manda judicial; lo que constituye el presupuesto básico de procedencia de la figura de las astreintes (cf. arts. 804 CCCN y 37 CPCC). En consecuencia, propongo revocar por prematura la resolución apelada del 14/7/21; sin condena en costas , en razón del modo en que se originó la cuestión (doct. art. 68 CPCC).
III. Finalmente, por la labor desarrollada en esta instancia en relación con la temática objeto de la presente cuestión, y a mérito de lo dispuesto por el art. 31 de la Ley 14.967, corresponde regular los honorarios del Dr. Rubén Omar López, en la suma equivalente a dos con diez (2,10) jus arancelarios , con más aporte legal e I.V.A., si correspondiera.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA CUARTA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, corresponde : 1) Declarar inadmisible por insuficiencia de fundamentación el recurso de apelación articulado por el accionado contra la sentencia del 17/6/21, con costas a su parte en calidad de vencido (art. 68 CPCC), y declarar inoficioso el escrito recursivo a los fines regulatorios (art. 30 Ley 14.967 2) Confirmar , dada la forma de apelación, la regulación de fecha 17/06/21, quedando determinados los honorarios del Dr. Roberto Marcelo Lalanne, en la suma equivalente a siete con cincuenta y nueve (7,59) jus arancelarios , con más aporte legal e I.V.A., si correspondiera (arts. 1, 16, 21, 34, 47 y cc. de la Ley 14.967). 3) Hacer lugar al recurso de apelación planteado por el ejecutado contra la sentencia del 14/7/21 y revocar la resolución apelada, sin condena en costas en razón del modo en que se originó la cuestión (doct. art. 68 CPCC). 4) Regular los honorarios de Alzada devengados por el Dr. Roberto Marcelo Lalanne por el recurso abordado en la primera cuestión, a mérito de lo dispuesto por el art. 31 de la Ley 14.967, en la suma equivalente a uno con ochenta y nueve (1,89) jus arancelarios , con más aporte legal e I.V.A., en caso de corresponder. 5) Regular los honorarios del Dr. Rubén Omar López por el recurso abordado en la tercera cuestión, en la suma equivalente a dos con diez (2,10) jus arancelarios , con más aporte legal e I.V.A., si correspondiera (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto
A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 28 de abril de 2022.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Declarar inadmisible por insuficiencia de fundamentación el recurso de apelación articulado por el accionado contra la sentencia del 17/6/21, con costas a su parte en calidad de vencido (art. 68 CPCC), y declarar inoficioso el escrito recursivo a los fines regulatorios (art. 30 Ley 14.967 2) Confirmar , dada la forma de apelación, la regulación de fecha 17/06/21, quedando determinados los honorarios del Dr. Roberto Marcelo Lalanne, en la suma equivalente a siete con cincuenta y nueve (7,59) jus arancelarios , con más aporte legal e I.V.A., si correspondiera (arts. 1, 16, 21, 34, 47 y cc. de la Ley 14.967). 3) Hacer lugar al recurso de apelación planteado por el ejecutado contra la sentencia del 14/7/21 y revocar la resolución apelada, sin condena en costas en razón del modo en que se originó la cuestión (doct. art. 68 CPCC). 4) Regular los honorarios de Alzada devengados por el Dr. Roberto Marcelo Lalanne por el recurso abordado en la primera cuestión, a mérito de lo dispuesto por el art. 31 de la Ley 14.967, en la suma equivalente a uno con ochenta y nueve (1,89) jus arancelarios , con más aporte legal e I.V.A., en caso de corresponder. 5) Regular los honorarios del Dr. Rubén Omar López por el recurso abordado en la tercera cuestión, en la suma equivalente a dos con diez (2,10) jus arancelarios , con más aporte legal e I.V.A., si correspondiera (art. 31, Ley 14.967). REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA Y DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia