Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 68267
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada (arts. 6, 101 a 104 y ccs., dec-ley 5965/63; arts. 242, 243, 255 inc. 2, 266 y ccs., CPCC).
2Con costas de alzada al ejecutado vencido en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Causa nº: 2-68267-2021
" LOPEZ SILVIO FERNANDO C/ LANGGE RAUL EDGAR S/COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO DE PAZ - BOLIVAR
En la ciudad de Azul, a los once días del mes de Agosto del año Dos Mil Veintidós, reunidos en Acuerdo Ordinario (Acuerdo 3975/2020), el Señor Juez de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctor Víctor Mario Peralta Reyes, y los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala I, Doctores Esteban Louge Emiliozzi y Doctora Yamila Carrasco, con quienes se integró la Sala debido a la excusación de la Dra. María Inés Longobardi, con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “López, Silvio Fernando c/. Langge, Raúl Edgar s/. Cobro Ejecutivo" (Causa Nº 68.267), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dr. Louge Emiliozzi y Dra. Carrasco.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia apelada del 4-11-21?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I.1. El ejecutado Raúl Edgar Langge apeló la sentencia que en fecha 4-11-21 rechazó la excepción de inhabilidad de título y mandó llevar la ejecución adelante por la suma de $250.000, con sustento en el pagaré sin protesto que venció el 29-12-17.
En su memorial del 18-11-21 señaló que si bien el decisorio apelado refiere al rechazo de la excepción de inhabilidad (ver pto. 1 de la parte dispositiva), en realidad su defensa se basó en la falsedad del título (1er agravio).
Luego de esa aclaración inicial, se remontó hacia atrás y cuestionó la resolución de fecha 13-10-21 que -con anterioridad al dictado de la sentencia apelada- lo había declarado negligente por no producir la prueba pericial caligráfica que ofreció. Invocando expresamente el art. 255 inc. 2 del Código Procesal solicitó que “se replantee la producción de la prueba” en segunda instancia (2do agravio).
Para finalizar, se consideró agraviado porque se rechazó la defensa de falsedad tras declararlo negligente en producir la prueba que ofreció, decisión que –entendió- le impedirá promover el juicio ordinario posterior (3er agravio).
2. El ejecutante contestó el traslado del memorial en fecha 26-11-21.
II. En lo que sigue relataré brevemente las vicisitudes procesales principales de este proceso ejecutivo, pues ello pondrá en evidencia por qué la sentencia debe ser confirmada.
1. El 22-3-21 compareció el ejecutado y opuso excepción de falsedad de título para lo cual negó la autoría de la firma, la deuda, y el haber creado de su puño y letra el pagaré que sustenta la ejecución (ap. I).
Dijo que la adulteración comprende al monto que es “totalmente ilegible, y sin coincidencia lo expresado en números y letras…”, y sostuvo que la ilegibilidad del monto en letras impide que pueda estarse al mismo (ap. II).
Ofreció prueba pericial caligráfica y pidió que se rechace la acción (aps. IV y V).
2. Tras rechazar que el pagaré sea falso, el actor adhirió a la prueba pericial caligráfica ofrecida por el ejecutado precisando que lo hacía “atento la excepción de Falsedad planteada, y a los efectos de determinar la autenticidad de la firma” (7-4-21.).
3. El 10-4-21 se abrió la causa a prueba por 40 días; la resolución del 29-4-21 ordenó producir las ofrecidas, entre ellas, la pericial caligráfica.
Pero en fecha 10-9-21 el actor denunció que no se había producido la prueba tendiente a demostrar la falsedad dentro del plazo fijado al efecto, por lo que solicitó se declare negligente al ejecutado.
Por su parte, el ejecutado rechazó la negligencia que se le endilgó (cf. escrito adjunto a la presentación electrónica del 1-10-21).
La resolución del 13-10-21 zanjó la incidencia declarando al ejecutado negligente en producir tempestivamente la prueba pericial caligráfica. Este decisorio no fue impugnado.
4. A grandes rasgos, fueronéstos los actos procesales más relevantes que precedieron al dictado de la sentencia que en fecha 4-11-21 rechazó la excepción y mandó llevar adelante la ejecución, con costas.
II.1. Pues bien, el art. 521 inc. 5 del Código Procesal establece que el pagaré que cumple con las prescripciones de la ley especial lleva aparejada ejecución (arts. 101 a 104 y ccs., dec-ley 5965/63).
Por eso quien pretende enervar la ejecutividad del título emitido en los términos de ley corre con la carga de probar los extremos de su defensa (arts. 375 y 547, CPCC).
En autos el ejecutado negó la firma del pagaré y ofreció prueba pericial caligráfica para justificar su afirmación, pedido que fue favorablemente proveído por el juzgado que enseguida abrió la causa a prueba por cuarenta días (10-4-21) y ordenó producirla (29-4-21).
Pero a poco que se analice el trámite procesal que siguió a esas dos providencias, inexorablemente habrá de concluirse que el ejecutado omitió motorizar la producción tempestiva de la prueba ofrecida conforme era su carga, sin que existan motivos serios y debidamente comprobados que pudieran excusar ese proceder (arts. 375 y 547, CPCC). Precisamente por ello, a pedido del actor, el excepcionante fue declarado negligente en la producción de la prueba que hacía a su defensa (presentación del 20-9-21 y resolución del 21-9-21).
Al margen del valladar procesal que supone la concesión en relación del recurso de apelación contra la sentencia de remate (arts. 242, 243, 246, 255 inc. 2, CPCC), el derrotero procesal descripto exhibe con crudeza la manifiesta inadmisibilidad del replanteo de prueba intentado por el ejecutado, que, tras haber negado la firma que se le atribuye como librador de un pagaré, no activó en tiempo y forma la producción de la prueba pericial caligráfica tendiente a demostrar su defensa.
2. En otro orden de ideas, tampoco alcanza a perjudicar la ejecutividad del documento la pretensa diferencia entre los montos expresados en letras y los expresados en números que, además, no es tal.
En efecto, la regulación de la ley especial que asigna preferencia a la suma expresada en letras por sobre la expresada en números, opera “en caso de diferencias” entre ambas (arts. 6 y 103, dec-ley 5965/63). Pero en el caso de autos la ilegibilidad de la suma expresada en letras impide realizar el cotejo que exponga diferencias con la expresada en números -que es perfectamente legible-, por lo que habrá de estarse a ésta última toda vez que no se verifica el supuesto de hecho que prevé el art. 6 del dec-ley 5965/63.
3. En cuanto a los planteos relativos a la negativa de la deuda y a la negativa de haber creado de su puño y letra el título ejecutivo –que el ejecutado también introdujo al excepcionarse-, cabe decir que fueron deliberadamente marginados del abordaje. Y no sólo porque no fueron actualizados en el memorial de apelación (art. 266, CPCC), sino, fundamentalmente, porque la absoluta falta de justificación de la falsedad de la firma atribuida al ejecutado librador del pagaré que se ejecuta, desplaza lógicamente el tratamiento de estas otras alegaciones defensivas (arg. arts. 101 a 104 y ccs., dec-ley 5965/63).
4. Finalmente, cabe tener presente que si bien en la parte dispositiva de la sentencia se rechazó la excepción de inhabilidad (pto. 1), lo cierto es que de los escritos constitutivos del pleito, como así también de los propios considerandos del pronunciamiento impugnado, se desprende con toda claridad que la efectivamente abordada y dirimida fue la excepción de falsedad de título.
5. Por lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada (arts. 6, 101 a 104 y ccs., dec-ley 5965/63; arts. 242, 243, 255 inc. 2, 266 y ccs., CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Louge Emiliozzi y la Dra. Carrasco adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: confirmar la sentencia apelada (arts. 6, 101 a 104 y ccs., dec-ley 5965/63; arts. 242, 243, 255 inc. 2, 266 y ccs., CPCC); con costas de alzada al ejecutado vencido en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC); diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Louge Emiliozzi y la Dra. Carrasco adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 11 de Agosto de 2022.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la sentencia apelada (arts. 6, 101 a 104 y ccs., dec-ley 5965/63; arts. 242, 243, 255 inc. 2, 266 y ccs., CPCC). 2) con costas de alzada al ejecutado vencido en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC). 3) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2022 11:24:14 - PERALTA REYES Victor Mario - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 09:27:28 - CARRASCO Yamila - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 09:44:19 - LOUGE EMILIOZZI Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 11:46:28 - CAMINO Claudio Marcelo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 12/08/2022 11:47:04 hs. bajo el número RS-105-2022 por Camino claudio.
Fin de la sentencia