Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 70179
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazó la ejecución (art. 42, C.N.; arts. 14 inc. h, 39, 42, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 793 del Cód. Com.; arts. 1, 2, 3 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1093, 1384, 1391 y ccs., CCCN; arts. 523 inc. 1°, 542 inc. 4°, 589 y ccs. del CPCC).
2Con costas a la actora vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Causa nº: 2-70179-2022
"BANCO SANTANDER RIO S.A. C/ GATTI HUGO ADOLFO S/COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los treinta y un días del mes de mayo del año Dos Mil Veintitrés, celebrando Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Banco Santander Río S.A. c/. Gatti, Hugo Adolfo s/. Cobro Ejecutivo" ( Causa Nº 70.179) , habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia del 2/6/22?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi , dijo:
I.1. El 25/11/15 “Banco Santander Río S.A.” demandó ejecutivamente a Hugo Adolfo Gatti el pago de $80.736,75 más intereses, sobre la base del certificado de saldo deudor de la cuenta corriente n°372419/2 al día 6/3/15, que acompañó (fs. 12).
Entre otra documentación adicional que el ejecutante trajo a juicio destaco el “Resumen de Cuenta” con el detalle de movimientos habidos (fs. 13/16), la “Solicitud Cuentas – Productos Segmentos Individuos” con las condiciones que la regulan, y el “Contrato de Adhesión al Sistema de Tarjeta de Créditos para Paquetes de Productos” (fs. 17/41).
2. Hugo Adolfo Gatti compareció el 15/2/19, negó la deuda, solicitó que se aplique la Ley 24.240 y opuso excepción de inhabilidad de título .
Sostuvo que el título es inhábil pues se trata de una operatoria de financiación o crédito para el consumo y no se lo informó en los términos del artículo 36 de la Ley 24.240. En tal sentido, precisó que los movimientos de la cuenta corriente se limitan al pago de la cuota de un préstamo personal y a los saldos por consumo con tarjeta de crédito, no habiéndose informado debidamente la composición de esos débitos (tasa de interés, etc.), ni cumplido con las disposiciones específicas de la Ley 25.065.
Ofreció prueba y solicitó que se admita la excepción rechazándose la demanda, con costas.
3. En fecha 15/8/19 el Ministerio Público dictaminó que debía rechazarse la acción por no haberse cumplido con los recaudos del artículo 36, Ley 24.240.
4. Sobre la base de la “Solicitud Cuentas – Productos Segmentos Individuos” acompañada por la parte actora, en la sentencia del 2/6/22 se comenzó señalando que el demandado “contrató el servicio de CUENTA UNICA N°3724192, Tarjeta de crédito SANTANDER RIO AMERICAN EXPRESS ORO… y, recibió a su “entera satisfacción” conjuntamente con la tarjeta AMERICAN EXPRESS, la tarjeta VISA ORO” .
Se mencionó que en el resumen de CUENTA UNICA acompañado por el banco a fs. 15 se incluyó el ítem “DEUDA TRANSF A GESTION Y MORA” por un total de $80.736,75, que es un monto idéntico al que luce en el certificado de saldo deudor ejecutado (fs. 12).
Se destacó que, aunque el certificado no discrimina los rubros que lo integran, lo único que acreditó el ejecutante es haber entregado dos tarjetas de crédito, por lo que –se razonó en el decisorio- que el saldo deudor está compuesto por los débitos derivados del uso de tarjeta de crédito.
Por ello, en virtud de no haberse preparado antes la vía en los términos prescriptos por la Ley 25.065, la sentencia de primera instancia hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazó la demanda, con costas.
5. El banco ejecutante apeló (13/6/22), siéndole concedido el recurso en relación (14/6/22), que fundó en tiempo legal (28/6/22).
En su memorial afirmó que estamos ante una cuenta corriente operativa, ya que se entregó al cliente libreta de cheques bajo recibo.
Alegó que el estrecho marco cognoscitivo del juicio ejecutivo impide analizar los rubros que componen el saldo deudor de cuenta corriente, debiendo ceñirse a las formalidades extrínsecas. Y la circunstancia de que se debite de la cuenta corriente el saldo de la tarjeta de crédito, no provoca la inhabilidad del título pues se trata de una cuenta operativa, o sea, de una cuenta corriente con movimientos genuinos y no abierta al único fin de debitar la tarjeta de crédito.
Mencionó que la autorización del titular para que se debiten los saldos de la tarjeta en su cuenta corriente, “no implica renuncia de derechos indisponibles sino su intención de despreocuparse por los vencimientos de la tarjeta” .
Mediante el débito en cuenta corriente –sea por existir fondos suficientes o bien autorización para girar en descubierto-, el titular evita que la deuda de su tarjeta venza y se vuelva exigible.
Lo que veda la ley 25.065 es el cobro directo del saldo de la tarjeta cuando la cuenta corriente se abrió exclusivamente con ese fin, que no es el caso de autos.
Pidió que se revoque la sentencia y se mande llevar adelante la ejecución.
6. En fecha 22/12/22 el Fiscal General Departamental solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia.
II. El recurso no procede.
1. La temática recursiva ya ha sido abordada por el tribunal en la causa n° 62.444 del 12/4/18 caratulada “Banco Santander Río S.A. c/. Cifuentes Marcelo Saúl y otro/a s/. Cobro Ejecutivo” , cuyas consideraciones reproduciré a continuación dado que la base fáctica de ambos juicios es sustancialmente idéntica. El único matiz de relevancia que vale mencionar es que, a diferencia de dicho precedente, aquí sí se verifica una relación de consumo entre el banco ejecutante y el ejecutado (cf. resoluciones firmes de fs. 173 y 181).
La parte pertinente del art. 793 del Código de Comercio -aplicable al caso en virtud de lo normado por el art. 7 del Código Civil y Comercial- disponía que “[…] Se debitarán en cuenta corriente bancaria los rubros que correspondan a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de cheques. Se autorizarán débitos correspondientes a otras relaciones jurídicas entre el cliente y el girado cuando exista convención expresa formalizada en los casos y con los recaudos que previamente autorice el Banco Central de la República Argentina” (cf. saldo deudor de fs. 12, emitido el 27/5/15).
Además de las propias del contrato de cuenta corriente bancaria (vgr., las relacionadas con el servicio de cheques), el derogado texto legal admitía debitar en cuenta corriente otro tipo de operaciones entre las que cabe mencionar a las derivadas del uso de tarjetas de crédito, temperamento que el art. 1395 del Código unificado ha mantenido. La reunión en una cuenta corriente bancaria de las diversas operatorias que el cliente posea con el banco puede obedecer a diversas motivaciones de uno o de otro, pero, en cualquier caso, no advierto que esa práctica sea en sí misma violatoria de las normas tuitivas de la ley de tarjeta de crédito.
En cambio, cuando en la cuenta corriente bancaria se han incorporado débitos derivados del uso de tarjeta de crédito y, dada la falta de pago en los términos acordados se pretende la ejecución directa del saldo deudor emitido sin prepararse antes la vía ejecutiva con relación a dichas operaciones , sí se transgrede el orden público de la normativa específica, toda vez que el certificado de saldo deudor emitido en esas condiciones consolida indiscriminadamente y en un solo importe todas las operatorias volcadas en la cuenta, incluso aquellas derivadas del uso de la tarjeta de crédito. Y debe tenerse presente sobre éste último aspecto, que la ejecución directa en esas condiciones “convierte en letra muerta todo el procedimiento de impugnación de la cuenta o resumen” , “elude el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva” , y podría vulnerar el límite de los intereses aplicables que prevé la legislación específica (arts. 26, 39, 16 a 21 de la ley 25.065; Héctor Osvaldo Chomer, “Ley de Tarjeta de Crédito Comentada“, ed. La Ley, págs. 154 y 155).
En contra de lo dicho podría argüirse que el art. 42 de la ley 25.065 autoriza la ejecución directa siempre que la cuenta corriente no hubiera sido abierta al solo fin de debitar el saldo de tarjeta de crédito (cuentas no operativas o instantáneas), pero como bien se ha observado, resulta irrelevante la finalidad para la cual se hubiera abierto la cuenta ya que lo decisivo para desestimar la ejecución directa es la transgresión a las normas irrenunciables de la ley de tarjeta de crédito (arts. 14 inc. h, 39, 57 de la ley 25.065; CNCom., Sala C, 15-12-16, “Banco Santander Rio S.A. c/. Cambon, Martín Hernán y otro s/. Ejecutivo”; 12-12-17, “Banco Santander Rio S.A. c/. Velasco, Osvaldo Jorge s/. Ejecutivo”). Sin perjuicio de ello, al exigirse actualmente que todas las cuentas corrientes bancarias posean servicio de caja, el supuesto de hecho que contempla la norma resulta hoy jurídicamente imposible.
Por ello considero que más allá de las inconsistencias entre las distintas reglas de conducta que integran la ley de tarjeta de crédito en punto a la necesidad de preparar o no la vía (arts. 14 inc. h, 39, 42 ley 25.065), se impone aquí una hermenéutica que preserve la coherencia sistémica de acuerdo a una teleleogía eminentemente tuitiva, por sobre cualquier interpretación atomística y aislada de sus disposiciones. Y en mi parecer el camino interpretativo propuesto lleva inexorablemente a concluir que, dada la falta de pago, no procede la ejecución directa de los saldos de tarjeta de crédito debitados de una cuenta corriente bancaria, debiendo para tales operaciones prepararse previamente la vía ejecutiva de acuerdo al mecanismo y bajo las condiciones prescriptas por la ley específica y el Código adjetivo (doct. arts. 14 inc. h., 39, 42 y 57 de la ley 25.065; art. 523 inc. 1° del C.P.C.C.; Alejandro Drucaroff Aguiar, “La ejecución de saldo deudor de cuenta corriente y un fallo esclarecedor”, L.L. 2010-E, 113; ver también CNCom., Sala C, “Banco Santander Rio S.A. c/. Parrilla, Gustavo Adolfo s/. ejecutivo”, del 23-5-17, pub. en RCCyC 2017 (octubre), 03/10/2017, 295).
Pues bien, junto con el certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria sobre el que basó la presente ejecución, la entidad bancaria trajo a juicio -entre otra documentación adicional- una “Solicitud Cuentas – Productos Segmentos Individuos” con la apertura de una cuenta única más un anexo legal con las normas comunes a todos los servicios y las particulares de cada uno suscriptos por el accionado, más un “contrato de adhesión al sistema de tarjeta de créditos para paquetes de productos” (con la constancia firmada por el demandado de haber recibido las tarjetas Visa y American Express), y un resumen de los movimientos habidos en la cuenta única entre los que debe destacarse aquel designado como “DEUDA TRANSF A GESTION Y MORA” por la suma de $80.736,75 obrante en la columna correspondiente a la “cuenta corriente en pesos” (“CTA. CTE. PESOS”), que contiene un monto idéntico al que emerge del certificado de saldo deudor que se ejecuta.
Al margen de ello, el banco ejecutante no acompañó ningún elemento que pudiera sugerir que, además de las tarjetas de crédito, también entregó al ejecutado algún otro producto con virtualidad para reflejar débitos en la cuenta única (vgr. chequera), lo que ciertamente tampoco puede extraerse del resumen de cuenta única acompañado por la entidad en el cual constan los siguientes débitos: “SALDO INICIAL” ($80.023,93), “INTERESES POR DEUDA EN MORA” ($185,47), “IVA TASA GENERAL” ($38,95), “IMP SELLOS INT DEUDA EN MORA BS AS” ($2,62), “IMP LEY 25413 DEB 0,6% PASE A GYM” ($485,78). Cabe aclarar que la sumatoria de todos estos conceptos totaliza los $80.736,75 englobados bajo el ítem “DEUDA TRANSF A GESTION Y MORA” (reflejados en el certificado de saldo deudor), y que, a excepción del denominado “SALDO INICIAL”, ninguno de los otros ítems volcados en el resumen posee un carácter autónomo ya que todos están referidos a dicho “SALDO INICIAL”, por lo que la solución alcanzará al total ejecutado (no procediendo discriminar conforme se hizo en el precedente “Banco c/. Cifuentes”).
Para finalizar este análisis documental he de señalar que la mención de que “el Recibo extendido en este comprobante es prueba de la recepción de los cheques indicados…” (fs. 41), no prueba la entrega de los mismos ya que en ninguna parte de ese documento se individualiza lo que se dice “indicar” (“los cheques indicados”; art. 384, CPCC).
Las consideraciones anteriores conducen inexorablemente a concluir que el “SALDO INICIAL” del que derivan los restantes débitos que, en su conjunto, totalizan los $80.736,75 englobados en el resumen bajo el ítem “DEUDA TRANSF A GESTION Y MORA”, tuvo origen en el uso de las tarjetas de crédito entregadas al ejecutado y así se incorporó al certificado de saldo deudor cuya ejecución se persigue, sin haberse antes preparado la vía en los términos que exige la normativa específica (fs. 15/16).
El examen de la composición de saldo que he realizado se basa en las constancias documentales emanadas de la propia ejecutante y se encuentra justificado en la finalidad eminentemente tuitiva de la ley de tarjeta de crédito cuyas disposiciones son de orden público y, por lo tanto, irrenunciables por acuerdo de partes, aspecto éste último que alcanza a los procedimientos impugnativos (de la cuenta o resumen) y preparatorios de la vía ejecutiva (arts. 14 inc. h, 39, 57 y ccs. de la ley 25.065).
Al margen de que la solución del caso se obtiene por aplicación de la normativa específica de la tarjeta de crédito, cabe destacar que en autos se configura una clara relación de consumo en los términos de la normativa protectoria general (art. 42, C.N.; arts. 1, 2, 3 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1093, 1384, 1391 y ccs., CCCN; cf. esta Sala, causas n° 62.124 del 05/9/17, “Banco Credicoop Cooperativo Limitado c/. Sucesores de Saenz Christian Reinaldo s/. Cobro Ejecutivo”; n° 69.041 del 9/3/23, “Fernández Pablo Santiago c/. Banco Hipotecario S.A. s/. Daños y Perjuicios por Incumplimiento Contractual Inc del art. 250 del C.P.C.C.”). Ha destacado este tribunal que “se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social” (art. 1092 del CCyC; arts. 1 de la ley 24.240). Analizando el destino de los bienes o servicios se dijo además que “consumo final alude a una transacción que se da fuera del marco de la actividad profesional de la persona, ya que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad con fines de lucro, o en otro proceso productivo” , pues “cuando los bienes o servicios se incorporan al proceso productivo no cabe ya hablar de consumidor porque éste se encuentra al final de la cadena de comercialización” (esta Sala, causas n° 61.713 del 21-3-17, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/. Marrero, Ernesto Fabián s/. Cobro Ejecutivo”; n° 62.124, cit.).
Por los fundamentos expuestos, propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazó la ejecución (art. 42, C.N.; arts. 14 inc. h, 39, 42, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 793 del Cód. Com.; arts. 1, 2, 3 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1093, 1384, 1391 y ccs., CCCN; arts. 523 inc. 1°, 542 inc. 4°, 589 y ccs. del CPCC); con costas a la actora vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC); diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi , dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazó la ejecución (art. 42, C.N.; arts. 14 inc. h, 39, 42, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 793 del Cód. Com.; arts. 1, 2, 3 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1093, 1384, 1391 y ccs., CCCN; arts. 523 inc. 1°, 542 inc. 4°, 589 y ccs. del CPCC); con costas a la actora vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC); diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 31 de mayo de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve : 1) confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechazó la ejecución (art. 42, C.N.; arts. 14 inc. h, 39, 42, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 793 del Cód. Com.; arts. 1, 2, 3 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1093, 1384, 1391 y ccs., CCCN; arts. 523 inc. 1°, 542 inc. 4°, 589 y ccs. del CPCC). 2) con costas a la actora vencida en el trámite recursivo (arts. 68 y 69, CPCC). 3) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase .
Firmas
Funcionario Firmante: 31/05/2023 10:23:31 - PERALTA REYES Victor Mario - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2023 11:53:49 - LONGOBARDI María Inés - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2023 12:11:23 - CAMINO Claudio Marcelo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 31/05/2023 12:15:04 hs. bajo el número RS-87-2023 por Camino claudio.
Fin de la sentencia