Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 70786
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación de la ejecutante, admitiendo su petición de reajuste del capital adeudado en la etapa de liquidación de sentencia, pero determinando que el aludido reajuste, deberá realizarse de conformidad con el último valor móvil de las cuotasparte, determinado e informado a los adherentes del grupo durante su vigencia, conforme las pautas del contrato oportunamente celebrado (cláusula 3ra del contrato de prenda). Ese último valor móvil, deberá ser fehacientemente acreditado por la ejecutante. A la suma resultante, deberán adicionarse los intereses fijados en la instancia anterior.
2Rechazar la crítica de la actora a la imposición de costas efectuada en la anterior instancia; y determinar, en lo que respecta a las costas de Alzada, que no corresponde efectuar imposición alguna, atento la forma en que se generó y resolvió la cuestión (doct. art. 68 CPCC).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967).
Causa nº: 2-70786-2023 "VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO P/FINES DETERMINADOS C/ ROSA ROSA MARIA S/COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - AZUL
En la ciudad de Azul, a los diecinueve días del mes de octubre del año Dos Mil Veintitrés, celebran Acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Víctor Mario Peralta Reyes y Dra. María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ Rosa Rosa María s/ Cobro ejecutivo” (Causa n° 70.786). Habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del CPCC, resultó de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi- Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Procede el recurso de apelación planteado contra la sentencia definitiva del 5/9/19?
2da- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I Ó N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I. Con fecha 6/08/15, Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados (en adelante, Volkswagen S.A.), promovió demanda ejecutiva contra Rosa María Rosa, por la suma de $19.361,81, más el reajuste de capital pactado en el contrato, e intereses y costas, en razón del incumplimiento de las cuotas pactadas en el contrato de prenda con registro, celebrado el 27/4/09 como consecuencia de la adhesión de la ejecutada a un plan de ahorro administrado por la ejecutante, destinado a la adquisición de un automotor.
El mandamiento ordenado por la suma reclamada de $19.361,81, más la de $9.680,91 presupuestada para responder a intereses costas y costos de la ejecución (ver fs. 35/36 vta.), fue notificado con fecha 24/11/15 (fs. 39); tras lo cual, compareció la demandada a fs. 71/73 vta. y se allanó a la pretensión objeto de demanda.
II. La sentencia apelada del 5/9/19, en lo que importa, receptó el allanamiento haciendo lugar a la demanda, y mandó a llevar adelante la ejecución por la suma de $19.361,81, más los intereses pactados por las partes, siempre que no excedan al conjunto de tasas activas para operaciones de crédito (compensatorios y moratorios), que aplique el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones en mora en los distintos períodos.
En lo que atañe a las costas resolvió imponerlas en el orden causado, a tenor de lo previsto en el art. 68 del C.P.C.C. y, fundamentalmente, de lo estatuido por el art. 25, 2° párr. de la ley 13.133. Para ello, destacó que subyace en autos una relación de consumo; y que como lo ha destacado la Suprema Corte a tenor del art. 25 de la Ley 13.133, "...en el campo de conflictos de usuarios y consumidores introdujo un criterio novedoso, al establecer "... El juez al momento de dictar la sentencia impondrá las costas evaluando la proporcionalidad del monto de la pretensión y los costos del proceso con la capacidad económica de las partes" (art. 25, ley 13.133)..." (S.C.B.A. Ac. Q. 71.091, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Agroservicios Pampeanos S.A. y otros. Medida cautelar autónoma. Recurso de queja" del 2 de octubre de 2013).
III. La sentencia fue apelada por la accionante por escrito del 16/9/19, en el que se agravia de que no se haya abordado su petición de reajuste del monto adeudado (conforme lo solicitado en el punto IV de la demanda), y de que se hayan impuesto las costas en el orden causado. En punto a lo primero, recuerda el modo en que funciona el sistema de plan de ahorro para la compra de automotores, haciendo hincapié en la importancia que tiene la actualización de las cuotas, conforme los valores del automóvil al momento de la cancelación de cada una. Trae a colación el contenido de la resolución conjunta n° 950/91 del Ministerio de Economía y n° 531/91 del Ministerio de Justicia (ratificadas por el Decreto del PEN 601/95); así como, en el mismo sentido, la resolución conjunta del Ministerio de Economía n° 85, y del Ministerio de Justicia n° 366, de junio de 2022; poniendo de relieve además que tanto la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conforme precedentes que trae a colación), como de esta Sala (cita el precedente n° 59.787 “Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ Casquero...”, del 25/6/16) han admitido invariablemente el reajuste en cuestión.
Subraya que la deuda de autos no es una deuda dineraria, sino una deuda de valor equivalente al porcentaje del valor del rodado, por lo que peticiona que se admita el reajuste requerido en la demanda, teniendo en cuenta el precio de lista de venta al público sugerido por el fabricante en la solicitud de adhesión, al tiempo de la liquidación.
Por su parte, en lo que concierne a la imposición de costas, argumenta que si bien la accionada se allanó a la pretensión, reconoció de modo parcial el reclamo, y sujetó tal reconocimiento a lo que resulte de la prueba documental e informativa, por lo que no efectuó un allanamiento real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. En consecuencia, entiende que las costas deben ser impuestas a la accionada perdidosa.
Corrido traslado del memorial sin que la demandada lo conteste; se elevaron las actuaciones quedando radicadas en esta Sala. Corrida vista al Fiscal General, éste manifestó, por presentación del 17/5/23, que al no haber el consumidor cuestionado la falta de información relativa a los intereses de la operación financiera para el consumo celebrada, ha admitido el reclamo efectuado, por lo que, a menos que se acredite la existencia de una cláusula o práctica abusiva de la empresa, no se advierten motivos para rechazar el recurso.
Con fecha 13/6/23, se dispuso que resultando definitiva la cuestión ella debe resolverse con la formalidad del Acuerdo; con lo que, firme esa providencia y practicado el sorteo de rigor, se encuentra esta causa en condiciones de ser resuelta.
IV. En primer término, cabe destacar que, como lo ha referido este Tribunal, el contrato de ahorro previo para fines determinados es un contrato de consumo, “y como tal, regido por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 –modificada por las leyes 26.361 y 26.993-.” (cf. esta Sala, causa n° 67754 "Ragonese Romina...” del 28/06/22; en igual sentido, esta Sala, causa nº 68.364, “Lomascolo Claudia Rita...”, del 13/10/22). En efecto, como se ha señalado, “los suscriptores del plan de ahorro previo y con la finalidad de adquirir un bien determinado, sea un mueble o inmueble, están tutelados por la ley de defensa del consumidor, por engastar dicho sujeto en el art. 1 de la LDC (...) Por su parte, la fabricante, la administradora y/o a comerciante cumplen con los requisitos previstos en el art. 2 de la LDC...” (Francisco Junyent Bas, María Constanza Garzino y Santiago Rodríguez Junyent, Cuestiones claves de derecho del consumidor a la luz del Código Civil y Comercial, Ed. Advocatus, Córdoba 2017, pág. 147; cf. cita de esta Sala, causa cit. n° 68.364, “Lomascolo”). Lo dicho, como lo ha destacó esta Sala en el pronunciamiento arriba citado “conlleva -entre otros efectos- la aplicación del principio protectorio, la interpretación más favorable al consumidor, la obligación del proveedor de suministrar información cierta, clara y detallada de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios comercializados, las condiciones de comercialización, la prohibición de publicidad falsa o que induzca a error al consumidor y la obligación de otorgar trato digno y equitativo a los consumidores, con abstención de conductas que los coloquen en situaciones vergonzantes, intimidatorias o vejatorias (art. 42 de la CN, art. 38 de la Constitución Provincial, arts. 3, 4, 8bis., 36, 52 bis., 65 ss y cdtes. de la LDC, arts. 1092, 1093, 1094, 1095 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.)” (cf. esta Sala, causa cit. n° 67754 "Ragonese...”; en igual sentido, esta Sala, causa cit. n° 68.364, “Lomascolo”).
V. 1. Formulada la anterior referencia preliminar, ingresaré en el tratamiento de los agravios.
En punto a la petición de determinación del valor de lo adeudado de conformidad con lo requerido en el punto IV de la demanda, estimo que debe hacerse lugar al recurso de la parte actora, con la aclaración que en su oportunidad formularé.
La cláusula 3ra de la “Continuación de contrato de prenda con registro” (ver fs. 21 y vta.), reza: “Determinación del monto adeudado: La suma adeudada por el presente contrato, se determinará de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) Se establecerá el número de cuotas pendientes de pago, exigibles o no. b) Se determinará el valor de las cuotas, teniendo en cuenta que cada una es la sesenta ava parte del precio de lista de venta al público, sugerido por el fabricante para un automotor de la misma marca y modelo referenciada en la Solicitud de Adhesión suscripta por el deudor, más los cargos por administración que representa un ...% calculado sobre la base del precio al público de la unidad definido anteriormente. c) El resultado de la multiplicación de la cantidad de cuotas determinadas en a) por el valor de cada una de ellas determinado en b) constituye el monto adeudado a determinado momento.”
Y por su parte, la cláusula 4ª prevé: “Ejecución: En caso de ejecución del presente contrato el monto establecido según el punto 3c) será considerado como suma cierta adeudada, al sólo efecto de la iniciación del juicio, hasta tanto se practique la liquidación final. En la misma se incluirán las eventuales modificaciones del importe adeudado que correspondiere efectuar de acuerdo a lo previsto en este contrato...”.
En ese marco, la suma de $19.361,81 reclamada en la demanda (resultante, conforme el detalle de deuda de fs. 19, de la sumatoria de 13 cuotas adeudadas de $1248,15; más cargos administrativos y otros cargos vencidos, e intereses moratorios), se encuentra, conforme la certificación de deuda de fs. 18/19, reajustada a marzo de 2015, habiéndose omitido en el decisorio apelado proveer el reajuste a la fecha de la liquidación final, expresamente requerido en la demanda (ver fs. 25 vta. y 26/27), a la que la ejecutada se allanó íntegramente.
2. Al respecto, señalo inicialmente que este Tribunal ya se ha expedido sobre la validez de las cláusulas de reajuste pactadas en los contratos de ahorro previo, señalando que “el reajuste de la cuota en función de la variación del precio del bien ha sido admitido en los contratos de ahorro previo (cfr. Resolución conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía N° 366/02 y 85/02, dictada luego de las modificaciones introducidas por la Ley 25.561 a los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad 23.928). Dichas resoluciones establecen las pautas a observarse en el reajuste de los contratos prendarios como el aquí ejecutado, disponiendo que “en los contratos de ahorro para fines determinados bajo la modalidad de grupos cerrados, el importe de las cuotapartes podrá quedar sujeto al valor móvil que corresponda en la oportunidad u oportunidades previstas en los contratos” (art. 1) y “en los contratos de prenda que garanticen el pago de las cuotapartes de amortización correspondientes a los contratos contemplados en el art. 1° de la presente resolución conjunta, podrá establecerse, a los fines del cobro del saldo adeudado, que el monto del mismo sea determinado conforme al valor móvil que corresponda al momento del efectivo pago, siempre que éste se realice durante la vigencia del grupo respectivo” (art. 3°). (....) En este sentido, se ha dicho que “en virtud de las resoluciones conjuntas N° 366/02 y N° 85/02 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía de la Nación, se ha resuelto que en los contratos de ahorro para fines determinados bajo la modalidad de "grupos cerrados", el importe de las cuotas podrá quedar sujeto al valor móvil que corresponda de acuerdo a lo oportunamente pactado por las partes. (...)” (CCiv. y Com. Sala 3, LZ, sent. del 01/04/2014 “Plan Rombo SA de Ahorro para Fines Determinados c/ Cuttiani, Rubén Horacio s/ ejecución prendaria”, JUBA, Sumario 3751003) (esta Sala, causa nro. 59.787 “Volskwagen SA de Ahorro para Fines Determinados c/ Casquero, Luis Alberto s/ ejecución prendaria”, del 25/6/2015; en igual sentido, causa n° 65.039, “Volkswagen SA de Ahorro Para Fines Determinados c/ Peralta Marcela Elizabeth s/ ejecución prendaria", del 21/5/20).
Con posterioridad, esta Sala volvió a abordar la cuestión del ajuste del precio en el contrato prendario, en la causa nro. 64.403, “Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados c/ Benítez, María Andrea Fabiana s/ ejecución prendaria”, del 10/9/2019, explicando que “el sistema de ahorro previo funciona con los fondos reunidos cada mes por los distintos suscriptores, el Administrador del Plan adquiere los bienes que se adjudicarán al mes siguiente, de acuerdo al resultado de un acto público por sorteo y licitación. Estas compras se efectúan al contado y por un precio fijo. Los precios son informados por el fabricante al Administrador todos los meses. A su vez, dichos precios son informados por la Administradora a la Inspección General de Justicia (Resolución N° 4/91). La Terminal Automotriz vende al contado habiendo percibido el precio total de los bienes que se adjudicaron. Por lo tanto, los saldos debidos por los ya adjudicados, que tienen el vehículo, y los pagos que realizan los ahorristas (futuros adjudicatarios) no se vinculan con el precio de los vehículos pagados y adjudicados, sino con los aportes que deben hacer al Grupo para proseguir con las compras al contado de los automóviles, a fin de que los demás partícipes obtengan la propiedad de bienes semejantes a los que ellos recibieron (Hariri, Juan Carlos; Reflexiones Plan de Ahorro, T° 85-A Sec. Doctrina - La Ley) (cf. esta Sala causa cit. nro. 64.403, “Volkswagen S.A. c/ Benítez”, del 10/9/2019; en igual sentido, causa cit. n° 65.039, “Volkswagen SA c/ Peralta”, del 21/5/20).
De manera que la ausencia de cláusulas de reajuste, implicaría que quien ya retiró su vehículo “cristalice su cuota en perjuicio del resto de los integrantes del grupo, que asumirían en solitario los incrementos de precio derivados del aumento del precio de lista del automóvil correspondiente al grupo, lo que contraría la finalidad del sistema de ahorro previo, que es una fuente de financiación comunitaria (confr. doct. de esta Sala, causa cit. nro. 59.787, del 25/06/15 “Volkswagen SA. c/ Casquero...”)” (cf. esta Sala, causa cit. n° 65.039, “Volkswagen SA c/ Peralta”, del 21/5/20). Por lo demás, como se agregó en la causa recién citada “Volkswagen S.A. c/ Peralta”, “jurisprudencialmente se ha admitido el reajuste del valor de las cuotas en los contratos de ahorro para fines determinados, bajo la modalidad de grupos cerrados, como el que presenta la relación jurídica subyacente en estas actuaciones (cfr.
CNCiv., Sala A, del 31/8/06 “Plan Rombo SA de Ahorro para Fines Determinados c/ Loscar, Rubén J. y otros”, AR/JUR/10774/2006; CNCiv., Sala B, del 27/10/05 “Círculo de Inversores SA de Ahorro para Fines Determinados c/ Ramallo, Emma Gloria y otros” DJ01/03/2006, 537; entre otras; CCiv. y Com. Sala 3, LZ, sent. del 01/04/2014 “Plan Rombo SA de Ahorro para Fines Determinados c/ Cuttiani, Rubén Horacio s/ ejecución prendaria”, JUBA, Sumario 3751003; CNCom. Sala D, del 25/10/2018 “Volkswagen SA de Ahorro p/f determinados c/ Dosas SRL s/ ejecución prendaria” –AR-JUR- 58.807/2018-; Corte Suprema de la Prov. de Tucumán, Sala civil y penal, del 14/03/2017, “Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados c/ Cuadra, Claudia Elina s/ ejecución prendaria” –AR-JUR-8317/2017-; CNCom., Sala F, sent. del 3/7/2018 “Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados c/ Sosa, Aquino Ramiro s/ ejecución prendaria”, entre muchas otras).
En el citado fallo de la Sala D de la CNCom., de fecha 25/10/2018, se dijo que ‘mediante el sistema de ahorro y préstamo para fines determinados un grupo limitado de personas realiza un aporte mensual actualizable con el objeto de constituir un fondo común destinado a la adquisición de una unidad tipo que será entregada a lo largo de un período previamente establecido, a través de distintos métodos de adjudicación. En estos planes de grupos cerrados sin reposición luce con evidencia el principio general de la autofinanciación que orienta todo el sistema de ahorro previo, pues en dichos planes no suelen concurrir fuentes exógenas de recursos’ (confr. Guastavino E., Contrato de Ahorro previo, Buenos Aires, 1981, pág. 301/302).
Por lo demás, el consumidor se encuentra debidamente informado sobre la forma en que se calculará el monto adeudado, desde el mismo momento en que se constituye la prenda con registro, siendo la cláusula en cuestión suficientemente clara y detallada (art. 4 L.D.C). De allí que si en el devenir del contrato, el consumidor advierte que el valor de la cuota no se condice con el precio de lista del automotor, puede formular la impugnación correspondiente (...).” (cf esta Sala, causa cit. n° 65.039, “Volkswagen SA c/ Peralta”, del 21/5/20).
En suma, de conformidad con los precedentes de este Tribunal cuyos fundamentos he traído a colación, las cláusulas de reajuste pactadas en el marco de contratos de ahorro previo para fines determinados, son válidas y razonables, de allí que, con la limitación que abordo en el Considerando siguiente, el agravio de la ejecutante debe ser de recibo (arts.1, 2, 3 y 7 CCCN; Resolución conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía, números 366/02 y 85/02, respectivamente, del 13/6/02; arts. 1197 y 1198 C.C.).
VI. 1. Como anticipé, el reajuste pretendido debe ser admitido, aunque con alguna limitación. En efecto, a diferencia de lo que ocurriera en los precedentes de esta Sala que he venido citando, el considerable tiempo transcurrido (más de 14 años) desde que la ejecutada suscribió el plan de ahorro, y celebró el contrato de prenda en cuestión (el 15/4/09), permite presumir válidamente que el grupo integrado por la ejecutada ya no se encuentra vigente. En consecuencia, adquiere particular relevancia la última parte del art. 3 de la resolución conjunta del 13/06/22 antes aludida, que establece un límite a los efectos de las cláusulas de reajuste en cuestión.
Ciertamente, como se mencionó párrafos atrás, la norma que legitima expresamente la previsión de cláusulas contractuales del tenor de la de marras, es la resolución conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía (resoluciones N° 366/02 y 85/02, respectivamente), dictada luego de las modificaciones introducidas por la Ley 25.561 a los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad 23.928. Dicha resolución, continuó la línea de su antecesora (la resolución conjunta del 23/8/91, emanada del Ministerio de Economía, Obras Servicios Públicos y del Ministerio de Justicia; resoluciones n° 950/91 y 351/91 respectivamente, ratificadas por Dec. 601/95), más le introdujo algunos agregados y modificaciones. Ciertamente, como lo puso de relieve el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, la resolución conjunta del 2002, añadió el reconocimiento del rol de control de la IGJ, y “detalló que la facultad de que los contratos de prenda establezcan que el cobro del saldo adeudado incluya el valor móvil correspondiente al momento del efectivo pago tiene como condición que se realice durante la vigencia del grupo respectivo” (cf. TSJ Córdoba, Sala Civil, “Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ Moyano Pablo Alejandro y otros - Ejecución prendaria”, Expte. n° 6090688, sent. del 28/9/21).
En efecto, el ya referido art. 3 de la resolución conjunta del 2002, prevé que “en los contratos de prenda que garanticen el pago de las cuotapartes de amortización correspondientes a los contratos contemplados en el art. 1° de la presente resolución conjunta, podrá establecerse, a los fines del cobro del saldo adeudado, que el monto del mismo sea determinado conforme al valor móvil que corresponda al momento del efectivo pago, siempre que éste se realice durante la vigencia del grupo respectivo”. Huelga decir que el añadido que la aludida resolución efectuó a su antecesora análoga del 23/8/91, no puede ser vaciado de sentido, no sólo por cuanto la ligereza o inadvertencia del legislador no se presume, sino porque, como se verá, tal agregado se encuentra dotado de toda razonabilidad (arts. 2, 3 y 5 CCCN).
En el precedente antes citado, el Tribunal Superior de Córdoba puso de relieve el antedicho agregado, más no ahondó en sus implicancias, presumiblemente por no ser ellas relevantes en el caso concreto. Sin embargo, esa específica cuestión sí fue abordada con mayor detenimiento por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, en el marco de un recurso de casación planteado en la causa “Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ Cuadra, Claudia Elina s/ ejecución prendaria” (sent. del 14/3/2017, Sala Civil y Penal). En el citado precedente, ese Alto Tribunal, tras fundar la validez de las cláusulas de reajuste en los contratos de ahorro previo, así como su operatividad aún en el marco de un proceso ejecutivo, resolvió “hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora y casar la sentencia atacada conforme a la siguiente doctrina legal: ‘En las ejecuciones prendarias en que la demandada es integrante de un grupo cerrado de ahorro previo son válidas las cláusulas que disponen la determinación del monto inicialmente reclamado teniendo en consideración el valor del automotor al día de la fecha en que se practique la liquidación final si se acredita, por la actora, la vigencia del grupo en ese momento’” (cf. CSTucumán, Sala Civil y Penal, causa cit. “Volkswagen S.A. c/ Cuadra...”; del 14/3/2017).
Fijada esa doctrina legal, el Tribunal resolvió entonces admitir el recurso de apelación de la ejecutante, ordenando que se lleve adelante la ejecución por el monto reclamado en la demanda (más los intereses devengados con posterioridad a la certificación de deuda acompañada al demandar, más gastos y costas); y en lo tocante al reajuste pretendido, determinó que “al momento de practicarse la liquidación final el ejecutante deberá presentar prueba fehaciente de la efectiva vigencia del grupo cerrado a que pertenece el demandado a los fines de que, en la liquidación definitiva, se contemple el procedimiento previsto en cláusula tercera del contrato.” (cf. CSTucumán, Sala Civil y Penal, causa cit. “Volkswagen S.A. c/ Cuadra...”; del 14/3/2017).
La particularidad entonces del precedente que vengo citando, es que no hizo lugar, sin más, al reajuste pretendido, sino que lo supeditó a la acreditación fehaciente por la ejecutante, en la etapa de liquidación final, de la efectiva vigencia del grupo cerrado a ese momento. A mi juicio, la aludida doctrina del Superior Tribunal de Tucumán, que entraña un límite al reajuste pretendido, revela un reconocible intento de integrar razonablemente la prohibición de actualización monetaria (arts. 7 y 10 de la Ley 23.928) con los términos del art. 3 de la resolución conjunta del 13/6/02, que reconoce una excepción a ella. Ese proceder, luce acorde a los fundamentos de la aludida excepción (ya reseñados en autos), así como al principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN), y al de interpretación más favorable al consumidor (arts. 7 y 1095 CCCN y 37 de la Ley 24.240). Sin embargo, como se verá, no comparto el concreto modo en que el referido Alto Tribunal interpreta y aplica el mentado artículo 3.
2. Veamos. Ese artículo de la resolución conjunta del 13/6/2002, prevé con claridad, como se ha dicho, que podrá pactarse el reajuste del saldo adeudado “al momento del efectivo pago, siempre que éste se realice durante la vigencia del grupo respectivo”. La interpretación literal de la norma en cuestión, cuyo texto es lo suficientemente claro a mi juicio (art. 2 CCCN), permite concluir que las mentadas cláusulas de reajuste sólo rigen, o tienen efecto, mientras el grupo respectivo se encuentre vigente. Esa suerte de condición, o de límite a la operatividad de las cláusulas de reajuste admitidas por la norma, luce razonable; y esa razonabilidad, radica, a mi entender, en que una vez disuelto el grupo, cesan los motivos que tornaban lógica la excepción a la prohibición de actualización monetaria prevista en la antedicha resolución (sustancialmente, como se ha visto en el curso de este voto, la sostenibilidad del sistema y los derechos de todos los adherentes al círculo de ahorro).
Ello desde que, arribada esa instancia, todos los adherentes han visto satisfecho el fin para el que celebraron el contrato, y no hay razones para considerar que la deuda aún impaga por alguno de ellos, deba continuar reajustándose hasta el efectivo pago, pues ello importaría otorgar un tratamiento privilegiado a un crédito, carente de justificación (arts. 7 y 10 Ley 23.928; art. 16 CN).
En consecuencia, cabe concluir que, tal como lo ha venido sosteniendo este Tribunal, las cláusulas de reajuste en cuestión son válidas, mas, conforme expresa y razonable previsión del art. 3 de la resolución conjunta del 13/6/22, ellas sólo tienen efecto hasta la disolución del grupo en cuestión, siendo el último valor de cuota parte del vehículo, informado a los consumidores conforme lo pactado en el plan de ahorro, el último al que cabe considerar reajustadas las cuotas eventualmente adeudadas por ellos, consolidándose a ese momento el capital adeudado en dinero, y transformándose la deuda expresada en un porcentaje del valor del automotor, en una deuda nominal en pesos. De allí en más, entiendo que corresponde dar a la deuda en cuestión el mismo tratamiento que corresponde otorgar, como regla, a toda deuda de dinero, no existiendo razón alguna para un tratamiento privilegiado (art. 16 CN). Máxime cuando, como se señaló al comienzo de este voto, el contrato que vincula a las partes de autos es un contrato de consumo, en el que rige el principio protectorio, así como el de interpretación más favorable al consumidor (art. 42 de la CN, art. 38 de la CBA; arts. 37, 65 y cdtes. de la Ley de defensa del consumidor; arts. 7, 1094 y 1095 CCCN).
3. Conforme lo dicho, y a diferencia de lo entendido por la Corte Suprema de Tucumán, no considero que del artículo en cuestión se desprenda que las aludidas cláusulas de reajuste sólo son válidas si el grupo se encuentra vigente al tiempo de la liquidación final. Es que, así como sostuve que disuelto el grupo correspondiente al plan de ahorro contratado, la excepción a la prohibición de actualización monetaria queda huérfana de sustento jurídicamente razonable, advierto también que no hay motivos jurídicos para no reconocer el aludido reajuste hasta el cese del grupo, aun cuando al momento de la liquidación final, este cese ya se haya producido. Ello desde que, hasta ese momento, la administradora del plan debió soportar la deuda del ejecutado, respondiendo por ella a valores actualizados, para dar cumplimiento a los derechos de los restantes adherentes. En consecuencia, a mi juicio, una interpretación equitativa de la resolución implicada, impide sostener que toda posibilidad de reajuste en el marco de un proceso, se encuentre supeditada a la vigencia del grupo al momento de practicarse la liquidación final, siendo más justo y razonable interpretar que la vigencia del grupo, constituye sólo una suerte de límite temporal al reajuste pretendido. De otro modo, bastaría con que, tramitado el proceso, el grupo cese un día antes de la liquidación final, para que no proceda reajuste alguno, pese a que, como dije, va de suyo que las cuotas oportunamente impagas por el consumidor, debieron ser soportadas por la administradora del grupo a valores reajustados, a fin de poder continuar con las pertinentes adjudicaciones de automóviles a los restantes adherentes.
En consecuencia, propongo hacer parcialmente lugar al recurso de apelación de la ejecutante, admitiendo la petición de reajuste a practicarse en la etapa de liquidación de sentencia, pero determinando que el aludido reajuste deberá realizarse de conformidad con el último valor móvil determinado e informado a los adherentes del grupo durante su vigencia, conforme las pautas del contrato oportunamente celebrado (cláusula 3ra del contrato de prenda); valor que deberá ser fehacientemente acreditado por la ejecutante. A esa suma, deberán adicionarse los intereses fijados en la instancia anterior (arts. 16 y 42 CN; art. 11 y 38 y CBA; arts. 1, 2, 3, 7, 1094, 1095 y ccs. CCCN; arts. 1197 y 1198 C.C.; arts. 1, 2, 37, 65 y ctes. de la Ley de Defensa del consumidor; arts. 7 y 10 Ley 23.928; art. 3 de la resolución conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía, números 366/02 y 85/02, respectivamente, del 13/6/02).
VII. Finalmente, debe rechazarse el cuestionamiento de la ejecutante a lo resuelto en la instancia anterior en materia de costas, pues no se sustenta en una crítica concreta y razonada de los fundamentos que invocó el fallo, para imponer las costas en el orden causado (cabe aclarar aquí que, pese a un error material en la parte resolutiva del decisorio apelado, en la que se refiere “imponer las costas en el orden causado a la accionada”, de los fundamentos esgrimidos en el Considerando II, puede extraerse con claridad que las costas se impusieron en el orden causado). Dicho ello, advierto que las críticas de la apelante se sustentan en la pretendida ausencia de un allanamiento liso y llano por parte de la accionada, cuando el fundamento por el que se impusieron las costas en el orden causado, radicó en la facultad emanada del segundo párrafo del art. 23 de la Ley 13.133; lo que no ha sido cuestionado por la apelante. En razón de lo expuesto, propongo rechazar esta parcela de los agravios (art. 260 CPCC).
Por su parte, no corresponde efectuar imposición de costas de Alzada, atento la forma en que se generó y fue resuelta la cuestión (doct. art. 68 CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Sra. Jueza Dra. Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, corresponde: 1) Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación de la ejecutante, admitiendo su petición de reajuste del capital adeudado en la etapa de liquidación de sentencia, pero determinando que el aludido reajuste, deberá realizarse de conformidad con el último valor móvil de las cuotasparte, determinado e informado a los adherentes del grupo durante su vigencia, conforme las pautas del contrato oportunamente celebrado (cláusula 3ra del contrato de prenda). Ese último valor móvil, deberá ser fehacientemente acreditado por la ejecutante. A la suma resultante, deberán adicionarse los intereses fijados en la instancia anterior. 2) Rechazar la crítica de la actora a la imposición de costas efectuada en la anterior instancia; y determinar, en lo que respecta a las costas de Alzada, que no corresponde efectuar imposición alguna, atento la forma en que se generó y resolvió la cuestión (doct. art. 68 CPCC). 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967). Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 19 de octubre de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación de la ejecutante, admitiendo su petición de reajuste del capital adeudado en la etapa de liquidación de sentencia, pero determinando que el aludido reajuste, deberá realizarse de conformidad con el último valor móvil de las cuotasparte, determinado e informado a los adherentes del grupo durante su vigencia, conforme las pautas del contrato oportunamente celebrado (cláusula 3ra del contrato de prenda). Ese último valor móvil, deberá ser fehacientemente acreditado por la ejecutante. A la suma resultante, deberán adicionarse los intereses fijados en la instancia anterior. 2) Rechazar la crítica de la actora a la imposición de costas efectuada en la anterior instancia; y determinar, en lo que respecta a las costas de Alzada, que no corresponde efectuar imposición alguna, atento la forma en que se generó y resolvió la cuestión (doct. art. 68 CPCC). 3) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 14.967).
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia