Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 70866
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada, admitir la excepción de inhabilidad de título y rechazar íntegramente la ejecución (art. 42, C.N.; arts. 14 inc. h, 39, 42, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 793 del Cód. Com.; arts. 1, 2, 3 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1093, 1384, 1391 y ccs., CCCN; arts. 523 inc. 1°, 542 inc. 4°, 589 y ccs. del CPCC; jurisp. cit.).
2Con costas de ambas instancias a la parte actora que resulta vencida (arts. 68, 69 y 274, CPCC).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Causa nº: 2-70866-2023
"BANCO SANTANDER RIO S.A. C/ALVEIRA SERGIO ROMAN S/ COBRO EJECUTIVO"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
En la ciudad de Azul, a los siete días del mes de diciembre del año Dos Mil Veintitrés, celebran Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Dr. Víctor Mario Peralta Reyes y Dra. María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Banco Santander Rio S.A. c/. Alveira, Sergio Román s/. Cobro Ejecutivo" (Causa Nº 70.866). Practicado el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultó el siguiente orden de votación: Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado contra la sentencia del 15/3/23?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I.1. El 23/02/09 “Banco Santander Río S.A.” demandó ejecutivamente a Sergio Román Alveira el pago de $25.040,54 más intereses, sobre la base del certificado de saldo deudor de la cuenta corriente n°362298/7 al día 13/01/09, que acompañó (fs. 19).
Entre otra documentación adicional que el ejecutante trajo a juicio, destaco la “Solicitud Única - Infinity” y el “Anexo Legal Cuenta Única” con las condiciones que la regulan (fs. 21/1 a 21/11). Y tras encuadrar la temática bajo las previsiones de la Ley 24.240, a requerimiento del juzgado (19/5/15), el ejecutante acompañó esta otra documentación: “Contrato de Adhesión al Sistema de Tarjeta de Créditos para Paquetes de Productos” (fs. 86/88); detalle de “Comisiones – Infinity” (fs. 89); recibo firmado por el ejecutado del “Set de Bienvenida” conteniendo: veinticinco (25) cheques numerados y una tarjeta de crédito Santander Rio American Express 3777900141178250 a nombre de Sergio Román Alveira (fs. 90); y resúmenes únicos de cuentas únicas (fs. 91/132).
2. El ejecutado compareció el 02/3/22, negó las firmas que se le atribuyeron, la deuda, las operatorias que supuestamente la originaron, solicitó que se aplique la Ley 24.240 y opuso excepción de inhabilidad de título.
Sostuvo que el título es inhábil pues comprende gastos de tarjeta VISA, intereses y débitos varios de supuestos mutuos, que expresamente desconoció, así como las firmas que le atribuyeron en la documentación acompañada.
Ofreció prueba y solicitó que se admita la excepción rechazándose la demanda, con costas.
3. En fecha 23/6/15 tomó vista el Ministerio Público.
4. Sobre la base de que en la pericia caligráfica del 30/12/22 se dictaminó que las firmas atribuidas al ejecutado presentan semejanzas morfológicas, y que la misma no fue impugnada, la sentencia del 15/3/23 rechazó la excepción de inhabilidad de título y mandó llevar adelante la ejecución, más intereses y costas.
5. El ejecutado apeló (27/3/23), siéndole concedido el recurso en relación (28/3/23), que fundó en tiempo legal (11/4/23).
En cuanto interesa, criticó que la sentencia no evaluó el planteo de inhabilidad de título que dedujo, puntualmente, que en el saldo deudor cuya ejecución se persigue se incorporaron gastos provenientes de la tarjeta de crédito VISA.
6. El Fiscal General Departamental dictaminó en fecha 07/7/23, propiciando que se haga lugar al recurso.
II. El recurso procede.
1. La temática recursiva ya ha sido abordada por el tribunal en las causas n° 62.444 del 12/4/18 caratulada “Banco Santander Río S.A. c/. Cifuentes Marcelo Saúl y otro/a s/. Cobro Ejecutivo”, y n° 70.179 del 31/5/23 caratulada “Banco Santander Río S.A. c/. Gatti, Hugo Adolfo s/. Cobro Ejecutivo”, cuyas consideraciones reproduciré a continuación dado que la base fáctica de ambos juicios es sustancialmente idéntica. El único matiz de relevancia que vale mencionar con relación a la causa n° 62.444 es que, tal como aconteció en la causa n° 70.179, aquí también se verifica una relación de consumo entre el banco ejecutante y el ejecutado (cf. resolución firme del 19/5/15).
La parte pertinente del art. 793 del Código de Comercio -aplicable al caso en virtud de lo normado por el art. 7 del Código Civil y Comercial- disponía que “[…] Se debitarán en cuenta corriente bancaria los rubros que correspondan a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de cheques. Se autorizarán débitos correspondientes a otras relaciones jurídicas entre el cliente y el girado cuando exista convención expresa formalizada en los casos y con los recaudos que previamente autorice el Banco Central de la República Argentina” (cf. saldo deudor de fs. 19, emitido el 13/01/09).
Además de las propias del contrato de cuenta corriente bancaria (vgr., las relacionadas con el servicio de cheques), el derogado texto legal admitía debitar en cuenta corriente otro tipo de operaciones entre las que cabe mencionar a las derivadas del uso de tarjetas de crédito, temperamento que el art. 1395 del Código unificado ha mantenido. La reunión en una cuenta corriente bancaria de las diversas operatorias que el cliente posea con el banco puede obedecer a diversas motivaciones de uno o de otro, pero, en cualquier caso, no advierto que esa práctica sea en sí misma violatoria de las normas tuitivas de la ley de tarjeta de crédito.
En cambio, cuando en la cuenta corriente bancaria se han incorporado débitos derivados del uso de tarjeta de crédito y, dada la falta de pago en los términos acordados se pretende la ejecución directa del saldo deudor emitido sin prepararse antes la vía ejecutiva con relación a dichas operaciones, sí se transgrede el orden público de la normativa específica, toda vez que el certificado de saldo deudor emitido en esas condiciones consolida indiscriminadamente y en un solo importe todas las operatorias volcadas en la cuenta, incluso aquellas derivadas del uso de la tarjeta de crédito. Y debe tenerse presente sobre éste último aspecto, que la ejecución directa en esas condiciones “convierte en letra muerta todo el procedimiento de impugnación de la cuenta o resumen”, “elude el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva”, y podría vulnerar el límite de los intereses aplicables que prevé la legislación específica (arts. 26, 39, 16 a 21 de la ley 25.065; Héctor Osvaldo Chomer, “Ley de Tarjeta de Crédito Comentada“, ed. La Ley, págs. 154 y 155).
En contra de lo dicho podría argüirse que el art. 42 de la ley 25.065 autoriza la ejecución directa siempre que la cuenta corriente no hubiera sido abierta al solo fin de debitar el saldo de tarjeta de crédito (cuentas no operativas o instantáneas), pero como bien se ha observado, resulta irrelevante la finalidad para la cual se hubiera abierto la cuenta ya que lo decisivo para desestimar la ejecución directa es la transgresión a las normas irrenunciables de la ley de tarjeta de crédito (arts. 14 inc. h, 39, 57 de la ley 25.065; CNCom., Sala C, 15-12-16, “Banco Santander Rio S.A. c/. Cambon, Martín Hernán y otro s/. Ejecutivo”; 12-12-17, “Banco Santander Rio S.A. c/. Velasco, Osvaldo Jorge s/. Ejecutivo”). Sin perjuicio de ello, al exigirse actualmente que todas las cuentas corrientes bancarias posean servicio de caja, el supuesto de hecho que contempla la norma resulta hoy jurídicamente imposible.
Por ello considero que más allá de las inconsistencias entre las distintas reglas de conducta que integran la ley de tarjeta de crédito en punto a la necesidad de preparar o no la vía (arts. 14 inc. h, 39, 42 ley 25.065), se impone aquí una hermenéutica que preserve la coherencia sistémica de acuerdo a una teleleogía eminentemente tuitiva, por sobre cualquier interpretación atomística y aislada de sus disposiciones. Y en mi parecer el camino interpretativo propuesto lleva inexorablemente a concluir que, dada la falta de pago, no procede la ejecución directa de los saldos de tarjeta de crédito debitados de una cuenta corriente bancaria, debiendo para tales operaciones prepararse previamente la vía ejecutiva de acuerdo al mecanismo y bajo las condiciones prescriptas por la ley específica y el Código adjetivo (doct. arts. 14 inc. h., 39, 42 y 57 de la ley 25.065; art. 523 inc. 1° del C.P.C.C.; Alejandro Drucaroff Aguiar, “La ejecución de saldo deudor de cuenta corriente y un fallo esclarecedor”, L.L. 2010-E, 113; ver también CNCom., Sala C, “Banco Santander Rio S.A. c/. Parrilla, Gustavo Adolfo s/. ejecutivo”, del 23-5-17, pub. en RCCyC 2017 (octubre), 03/10/2017, 295).
Pues bien, junto con el certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria sobre el que basó la presente ejecución, la entidad bancaria trajo a juicio -entre otra documentación adicional- una “Solicitud Única - Infinity” con la apertura de una “Cuenta Única Infinity”, más un anexo legal con las normas comunes a todos los servicios y las particulares de cada uno suscriptos por el accionado, así como el servicio de Tarjetas de Crédito VISA y AMERICAN EXPRESS. Posteriormente, acompañó un “contrato de adhesión al sistema de tarjeta de créditos para paquetes de productos” firmado por el demandado, y diversos “Resúmenes de Cuenta” que contienen -entre otras operatorias bancarias- resúmenes de la Tarjeta de Crédito VISA por períodos y montos también diversos.
Sin embargo, este cúmulo documental aportado por el ejecutante no alcanza para discriminar con nitidez, qué parte del total reclamado en concepto de saldo deudor en cuenta corriente corresponde a operatorias derivadas del sistema de tarjeta de crédito, y qué parte no, habida cuenta que -naturalmente- el saldo deudor en cuestión carece de ese nivel de detalle.
Las consideraciones anteriores conducen inexorablemente a concluir que en el saldo deudor de cuenta corriente cuya ejecución se persigue, se incorporaron consumos derivados del uso de tarjeta de crédito sin haberse antes preparado la vía ejecutiva a su respecto como exige la normativa específica. Y al no poderse determinar la exacta incidencia que la deuda proveniente del sistema de Tarjeta de Crédito tiene en la conformación del saldo deudor -que, naturalmente, no indica los períodos o resúmenes que abarca-, tampoco es posible admitir el progreso parcial de la ejecución, como sí se hizo en la citada causa n° 62.444.
El examen de la composición de saldo que he realizado se basa en las constancias documentales emanadas de la propia ejecutante y se encuentra justificado en la finalidad eminentemente tuitiva de la ley de tarjeta de crédito cuyas disposiciones son de orden público y, por lo tanto, irrenunciables por acuerdo de partes, aspecto éste último que alcanza a los procedimientos impugnativos (de la cuenta o resumen) y preparatorios de la vía ejecutiva (arts. 14 inc. h, 39, 57 y ccs. de la ley 25.065).
Al margen de que la solución del caso se obtiene por aplicación de la normativa específica de la tarjeta de crédito, cabe destacar que en autos se configura una clara relación de consumo en los términos de la normativa protectoria general (art. 42, C.N.; arts. 1, 2, 3 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1093, 1384, 1391 y ccs., CCCN; cf. esta Sala, causas n° 62.124 del 05/9/17, “Banco Credicoop Cooperativo Limitado c/. Sucesores de Saenz Christian Reinaldo s/. Cobro Ejecutivo”; n° 69.041 del 9/3/23, “Fernández Pablo Santiago c/. Banco Hipotecario S.A. s/. Daños y Perjuicios por Incumplimiento Contractual Inc del art. 250 del C.P.C.C.”). Ha destacado este tribunal que “se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social” (art. 1092 del CCyC; arts. 1 de la ley 24.240). Analizando el destino de los bienes o servicios se dijo además que “consumo final alude a una transacción que se da fuera del marco de la actividad profesional de la persona, ya que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad con fines de lucro, o en otro proceso productivo”, pues “cuando los bienes o servicios se incorporan al proceso productivo no cabe ya hablar de consumidor porque éste se encuentra al final de la cadena de comercialización” (esta Sala, causas n° 61.713 del 21-3-17, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/. Marrero, Ernesto Fabián s/. Cobro Ejecutivo”; n° 62.124, cit.).
Por los fundamentos expuestos, propongo al acuerdo revocar la sentencia apelada, admitir la excepción de inhabilidad de título y rechazar íntegramente la ejecución (art. 42, C.N.; arts. 14 inc. h, 39, 42, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 793 del Cód. Com.; arts. 1, 2, 3 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1093, 1384, 1391 y ccs., CCCN; arts. 523 inc. 1°, 542 inc. 4°, 589 y ccs. del CPCC; jurisp. cit.); con costas de ambas instancias a la parte actora que resulta vencida (arts. 68, 69 y 274, CPCC); diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: revocar la sentencia apelada, admitir la excepción de inhabilidad de título y rechazar íntegramente la ejecución (art. 42, C.N.; arts. 14 inc. h, 39, 42, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 793 del Cód. Com.; arts. 1, 2, 3 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1093, 1384, 1391 y ccs., CCCN; arts. 523 inc. 1°, 542 inc. 4°, 589 y ccs. del CPCC; jurisp. cit.); con costas de ambas instancias a la parte actora que resulta vencida (arts. 68, 69 y 274, CPCC); diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 7 de diciembre de 2023.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) revocar la sentencia apelada, admitir la excepción de inhabilidad de título y rechazar íntegramente la ejecución (art. 42, C.N.; arts. 14 inc. h, 39, 42, 57 y ccs. de la ley 25.065; art. 793 del Cód. Com.; arts. 1, 2, 3 y ccs., Ley 24.240; arts. 1092, 1093, 1384, 1391 y ccs., CCCN; arts. 523 inc. 1°, 542 inc. 4°, 589 y ccs. del CPCC; jurisp. cit.). 2) con costas de ambas instancias a la parte actora que resulta vencida (arts. 68, 69 y 274, CPCC). 3) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 07/12/2023 10:26:06 - PERALTA REYES Victor Mario - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2023 12:04:06 - LONGOBARDI María Inés - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2023 12:43:17 - CAMINO Claudio Marcelo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 07/12/2023 12:45:45 hs. bajo el número RS-230-2023 por Camino claudio.
Fin de la sentencia