Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 96849
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución de fs. 69/80. Las costas se imponen al vencido atento el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
CD 96849: GONZALEZ, LIDIA ROSA C/ LOPEZ,
RAMON IGNACIO S/ COBRO EJECUTIVO
Dolores, 05 de junio de 2018.
I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 81 por la parte actora contra la resolución de fs. 69/80. Concedido a fs. 82 y sustentado mediante el escrito de fs. 83/86, merece réplica de la contraria a fs. 88/90.
A través de dicho decisorio, el iudex a quo considera que el pagaré presentado en autos a los fines de su ejecución, debe quedar enmarcado en la Ley de Defensa del Consumidor (arts. 48 Const. Nac., 38 Const. Prov.; 1094, 1095, 1121, 1122 y concs. del CCyCN; 1, 2, 36 y concs. Ley 24240 y sus modificatorias).
En consecuencia, intima a la actora a que en el término de cinco días, presente los instrumentos que dieron lugar a la referida relación de consumo en cumplimiento de los recaudos previstos por el art. 36 de la ley 24.240 modificada por la ley 26.361, que en la misma resolución detalla.
II. Del ello se agravia la recurrente a fs. 83/86; estima que no resulta correcto declarar que entre las partes ha existido una relación de consumo, teniendo en consideración ocho juicios ejecutivos que tramitan en el Juzgado a su cargo, en el lapso de doce años.
En ese camino, refiere la apelante que ese fundamento dado, deviene a su criterio insuficiente para considerar que los préstamos allí reflejados, resultan ser su actividad regular o medio de vida.
Se queja además por cuanto el a quo para decidir como lo hizo no tuvo en cuenta que el deudor en ningún momento negó la deuda contraída; y por ello mal puedo resultar admisible la excepción de inhabilidad de título opuesta, por ser aquel recaudo imprescindible para que esta última proceda.
III. Presentada así la situación fáctica de autos, cabe señalar que el iudex a quo, se explaya de modo suficiente en su resolución, acerca de los caracteres y la naturaleza jurídica de la relación de consumo que regula la normativa referida, como así también respecto de los principios básicos que hacen al trasfondo de la misma. Por lo cual, a ello debe estarse por razones de economía procesal.
Luego de ello y para decidir como lo hizo -concluyendo que en el presente existe entre las partes una relación consumeril- tuvo en cuenta la tramitación de múltiples juicios ejecutivos del mismo tenor, iniciados ante su juzgado y por el mismo actor.
Ello conforme surge evidenciado de las constancias de las referidas acciones, obrantes a fs. 38/45, sustanciadas desde el año 2005 hasta el presente.
En ese camino, y en un todo de acuerdo con el sentenciante de grado, debe considerarse que esa situación descripta –que no puede ser negada por el apelante en razón de las constancias señaladas- deja vislumbrar sin dudas, que el actor ha mantenido cierta habitualidad en la actividad que desarrolla (arts. 1 y 2 de la LDC).
Es así que la existencia de los procesos referenciados, lleva sin más a la presunción seria de que se trata la presente de una relación de consumo cuyo basamento es el pagaré en ejecución, alcanzada por las normas protectorias del consumidor, y particularmente regulada en el artículo 36 de la ley 24.240, en cuanto refiere a los recaudos que un pagaré de esta naturaleza debe reunir.
Sin perjuicio de ello, es dable señalar que el art. 2 de la citada ley, no establece de manera exclusiva dicho carácter de habitualidad -para quedar alcanzado por su ámbito protectorio-, sino que además hace expresa referencia a la ocasionalidad de la actividad o de la comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios.
Por lo tanto, aún cuando la actividad del actor no fuera habitual, sino meramente ocasional, es que la relación ha de considerarse de todos modos, como encuadrada en la referida normativa. Ello también ha sido receptado por el art. 1093 del CCCN.
Por otra parte, si bien es cierto que en virtud de la naturaleza abstracta y literal del título cambial (arts. 1 inc. 2 y 103 DL. 5965/63), en principio no puede ser indagada la causa de su obligación conforme las limitaciones propias del proceso ejecutivo (art. 542 inc. 41 del CPCC), lo cierto es que de acuerdo a los usos y costumbres comerciales y salvo prueba en contrario, debe considerarse que el pagaré en ejecución que contiene la obligación de pagar una suma de dinero, deja traslucir la existencia de un mutuo entre las partes.
La normativa protectoria del consumidor ha impregnado todos los sistemas jurídicos, debiendo en ocasiones como la del presente y a los fines del debido cumplimiento de la misma, indagar cual ha sido el negocio jurídico que da basamento a la relación obligacional, a fin de lograr determinar si corresponde o no que sea alcanzada por la normativa en cuestión.
Por lo tanto, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar la resolución apelada en lo que ha sido materia de agravio.
Por lo expuesto, este Tribunal Resuelve: Confirmar la resolución de fs. 69/80. Las costas se imponen al vencido atento el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
Regístrese. Devuélvase.
MAURICIO JANKA
SILVANA REGINA CANALE
GASTON FERNANDEZ
ABOGADO - SECRETARIO
Fin de la sentencia