Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98206
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 36 y confirmar la resolución apelada de fecha 11 de septiembre del 2019. Las costas se imponen en el orden causado (arts. 34, inc. 5°, ap. b y c, 36 inc. 2°, 68, 242, 246, 521. 542, inc. 4° y concs. del CPCC; 1093, CCyCN; 1, 36, LDC; 1, inc 2°, 3, Dec. Ley 5965/63).
98206: MARTINEZ, ALFREDO DANIEL C/ LEMES, ELVIO CESAR S/ COBRO EJECUTIVO
Dolores, 19 de noviembre de 2019.
I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 36 por la parte actora contra la resolución de fecha 11 de septiembre de 2019. Concedido el día 26 del mismo mes y año, se sustenta con el memorial de fs. 37/41 y vta..
A través de dicho decisorio –en lo pertinente- la iudex a quo considera que los pagarés presentados en autos a los fines de su ejecución, deben quedar enmarcado en la Ley de Defensa del Consumidor (arts. 48 Const. Nac., 38 Const. Prov.; 1094, 1095, 1121, 1122 y concs. del CCyCN; 1, 2, 36 y concs. Ley 24240 y sus modificatorias).
En consecuencia, intima a la actora a que en el término de cinco días, presente los instrumentos que dieron lugar a la referida relación de consumo en cumplimiento de los recaudos previstos por el art. 36 de la ley 24.240 modificada por la ley 26.361, o acredite que la causa subyacente de los instrumentos base de la presente acción no es una relación de consumo.
II. De ello se agravia la recurrente, señalando que no resulta correcto declarar que entre las partes ha existido una relación de consumo, teniendo en consideración otros juicios ejecutivos que tramitan en el Juzgado a su cargo.
Resalta que no existe en la relación jurídica que une a las partes, elementos para presumir una relación de consumo en los términos de la ley 24.240, ya que solo resultan ser documentos pagarés sin protesto con los requisitos que exige la legislación específica (D. Ley 5965/63).
Agrega que lo decidido atenta contra la seguridad jurídica y el derecho constitucional de igualdad dada la diferencia de trato que realiza de las partes. Que veda a su parte del acceso a la justicia (en clara violación al art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 5, 31, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, preámbulo y art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica).
Desde otroángulo señala que la de Defensa al Consumidor -ley 24.240 t.o.- otorga al consumidor la facultad de demandar la nulidad total o de las cláusulas del contrato que omitiera alguno de los requisitos enunciados. De conformidad con la interpretación pro consumidor que corresponde efectuar de esta norma, debe ser el consumidor quien resolverá si demanda la nulidad parcial o total.
Que se deduce del propio texto de la ley que es meramente facultativo y no obligatorio para el consumidor peticionar la nulidad del contrato.
En su razón, no resulta razonable, entonces, declarar oficiosamente que los instrumentos en cuestión (documentos pagarés) no cumplen con los requisitos que exige la ley, cuando ni siquiera se ha dado la oportunidad principal al interesado, para que denuncie la violación a algún derecho de los que tutela la normativa en cuestión.
En virtud de tales argumentos –expuestos resumidamente-, solicita que se revoque la decisión que se cuestiona y se dé curso a la presente acción conforme la legislación cambiaria y procesal aplicable al caso.
III. Presentada así la situación fáctica de autos, cabe señalar que la iudex a quo, luego de analizar la normativa fondal y procesal correspondiente al estatuto del consumo, considera cambiar su criterio e introducirse en el análisis del instrumento base de la presente acción a la luz de lo previsto por la nueva normativa civil y comercial y de los principios rectores en materia de consumo, cuyos preceptos son de orden público.
En tal camino señala que si bien no se ha podido determinar respecto del accionante, su condición y actividad declarada frente a la AFIP por encontrarse bloqueada la emisión de la respectiva constancia, valora que existen una multiplicidad de procesos similares –ejecutivos- tramitando por ante su Juzgado, por lo que concluye que los títulos fueron instrumentados como consecuencia de la financiación de una operación de consumo, por lo que, prima facie, no resultarían hábiles para la vía ejecutiva que se intenta, habida cuenta que no se encuentran satisfechos los requerimientos formales del art. 36 de la LDC, cuya aplicación prevalece en el caso (arts. 1; 2; 41 y 65 LDC y arts. 2, 7, 12, 1092 y 1094 del CCyCN).
No obstante lo señalado, y con el objeto de brindar una alternativa para reconducir el proceso, a los fines de determinar si resulta viable el trámite ejecutivo pretendido, previo a todo trámite, intima a la accionante para que el plazo de cinco (5) días, integre el titulo con la documentación respectiva que se encuentre en su poder, o por el contrario, acredite que la causa subyacente del instrumento base de la presente acción no es una relación de consumo, ello bajo apercibimiento de decretar, según corresponda, la inhabilidad ejecutiva o la nulidad parcial del instrumento probatorio de la operación, quedando la misma regida en su totalidad o en relación a la parte ineficaz por las disposiciones, usos y practicas más favorables al consumidor (art. 36 LDC; arts. 34 inc. 5 ap. b y c; 36 inc. 2 del CPCC; 1092; 1093 1094 y 1095 CCyCN).
Como fuera dicho, de lo así resuelto se agravia la recurrente.
No obstante lo señalado por la sentenciante en lo que respecta a su cambio de criterio, lo cierto es que el adoptado es el seguido y reiteradamente sostenido por el Superior Tribunal Provincial en cuanto al análisis de la causa de la obligación para éste tipo de procesos –ejecutivos-. Efectivamente, en el fallo “Cuevas” (C. n° 109.305, Sent. res. del 1-IX-2010) y luego reiterado en otras decisiones (C. 117.245, “Créditos para Todos S.A.”, sent. del 3-IX-2014 y C. 121.684, “Asociación Mutual Asís…”, sent. del 14-VIII-2019), señaló que debe armonizarse la normativa cambiaria y adjetiva con la Ley de Defensa del Consumidor –ley 24.240 t.o.-, no solo en lo que respecta en materia de competencia territorial –“Cuevas”- sino para disponer el trámite aplicable a las pretensiones entabladas como la de autos, para asignarle un mayor grado de conocimiento y así garantizar la efectiva tutela del consumidor.
En la última causa citada –C.121.684- expresó que «…la división entre lo que constituye debate sobre la causa de la obligación, por un lado, y sobre las aptitudes ejecutivas del instrumento, por el otro, no siempre resulta tajante (v, voto del doctor Hitters en causa C. 91.162, "Mar del Plata Golf Club", sent. de 2-IX-2009, al que presté mi adhesión; causa C. 117.393, "Barbagelatta e Hijos S.A.", resol. de 10-IV-2013). Si eso es así en algunos supuestos no alcanzados por el sistema de la LDC, con mayor razón aún lo será en los comprendidos en sus previsiones.».
«…La búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v, art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior…».
Y agrega que “…en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción…».
Y tal postura ha sido sostenida con anterioridad por ésta Alzada, en una situación similar a la presentada en autos –v, causa n° 96.849, sent. del 31-V-2018-, en la cual se sostuvo –reiterando los conceptos allí vertidos- que entrando al análisis de la causa de la obligación en virtud de la ley consumeríl, en razón de la existencia de varios procesos ejecutivos iniciados por el ejecutante en virtud de títulos cambiarios –pagarés-, llevan sin más a la presunción seria de que se trata la presente de una relación de consumo cuyo basamento son los pagarés en ejecución, alcanzada por las normas protectorias del consumidor, y particularmente regulada en el artículo 36 de la ley 24.240, en cuanto refiere a los recaudos que un pagaré de esta naturaleza debe reunir.
Que sin perjuicio de ello, es dable señalar que el art. 2 de la citada ley, no establece de manera exclusiva dicho carácter de habitualidad -para quedar alcanzado por su ámbito protectorio-, sino que además hace expresa referencia a la ocasionalidad de la actividad o de la comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios.
Por lo tanto, aún cuando la actividad del actor no fuera habitual, sino meramente ocasional, es que la relación ha de considerarse de todos modos, como encuadrada en la referida normativa. Ello también ha sido receptado por el art. 1093 del CCyCN.
Por otra parte, si bien es cierto que en virtud de la naturaleza abstracta y literal del título cambial (arts. 1 inc. 2 y 103 DL. 5965/63), en principio no puede ser indagada la causa de su obligación conforme las limitaciones propias del proceso ejecutivo (art. 542 inc. 4° del CPCC), lo cierto es que de acuerdo a los usos y costumbres comerciales y salvo prueba en contrario, debe considerarse que el pagaré en ejecución que contiene la obligación de pagar una suma de dinero, deja traslucir la existencia de un mutuo entre las partes.
La normativa protectoria del consumidor ha impregnado todos los sistemas jurídicos, debiendo en ocasiones como la del presente y a los fines del debido cumplimiento de la misma, indagar cual ha sido el negocio jurídico que da basamento a la relación obligacional, a fin de lograr determinar si corresponde o no que sea alcanzada por la normativa en cuestión.
Por lo tanto, resultando de plena aplicación la citada doctrina de esta Alzada al caso de autos, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto, y confirmar la resolución apelada en lo que ha sido materia de agravio.
Por lo expuesto, este Tribunal Resuelve: Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 36 y confirmar la resolución apelada de fecha 11 de septiembre del 2019. Las costas se imponen en el orden causado (arts. 34, inc. 5°, ap. b y c, 36 inc. 2°, 68, 242, 246, 521. 542, inc. 4° y concs. del CPCC; 1093, CCyCN; 1, 36, LDC; 1, inc 2°, 3, Dec. Ley 5965/63).
Regístrese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 19/11/2019 11:12:55 - JANKA Mauricio ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 19/11/2019 11:36:57 - CANALE Silvana Regina ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 19/11/2019 11:52:39 - DABADIE María Rosa ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 19/11/2019 12:43:04 - Gaston Cesar Fernandez ([email protected]) - SECRETARIOS (Lega
Fin de la sentencia