Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98244
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar lo decidido a fs. 9 (arts. 42 CN; 15 Const. Prov.; 1, 2, 36 y 37 ley 24.240; ley 20.337 y Dto. Ley 5965/63).
98244:COOP. DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO PEDRO BENOIT LTDA. C/ BAYLE MARIA ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO
Dolores, 12 de diciembre de 2019.
I. Contra la declaración de oficio del señor Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 1 Departamental de su incompetencia territorial para intervenir en las presentes actuaciones, con fundamento en la existencia de una relación de consumo entre las partes, al tiempo que dispuso la remisión de la causa al Juzgado de Paz Letrado de Castelli una vez firme la decisión; interpuso recurso de apelación el letrado apoderado de la actora.
Concedido el recurso a fs. 12 se presentó el memorial sustentatorio de aquel con fecha 10/9/2019. En esta pieza el Dr. Ramiro Andres Vidal manifiesta que la decisión recurrida le agravia por entender que resulta arbitraria, absurda e infundada, provoca un vacío legal reprochable y una violación flagrante a las más elementales garantías y derechos constitucionales de su representado.
Considera que tales cuestiones se configuran dado que el vínculo que mantiene su poderdante con la demandada está fundado en la calidad de cooperativa y asociado; de allí que se trata a su entender de un acto cooperativo, no una relación de consumo.
Alega que el acto cooperativo constituye la particular forma de actuación de las cooperativas para la realización de su objeto social.
Cuando la cooperativa presta el servicio a sus asociados realiza un acto cooperativo, y no propiamente un contrato de compraventa de mercadería o de locación de servicios o de seguro o de mutuo, según sea la clase de cooperativa en cuestión. En todo caso, se trataría a su entender de actos tendientes a la obtención del servicio de la cooperativa por parte de los asociados.
Entiende que las disposiciones específicas de defensa del consumidor, es decir las que tienen el objetivo de defenderlo o protegerlo de su contraparte más fuerte en la relación de consumo, resultan extrañas al ámbito cooperativo, en cuanto se trata de relaciones entre la cooperativa y sus asociados.
Refiere que no resulta de aplicación el art. 36 de la LDC en cuanto no se trata de una operación de venta a crédito.
Por último y con pie en el principio de prórroga de la jurisdicción y el art. 5 inc. 3 CPCC, solicita se revoque lo decidido a fs. 9.
II. Adelantamos que la cuestión en análisis, ha sido ya tratada en las causas nº 97.481 y 98.021 por esta Alzada.
En toda acción ejecutiva el juez se encuentra facultado para realizar una verificación previa del título (art. 529 CPCC) y en tal tarea la Dra. Mendes de Macchi entendió que el pagaré librado de conformidad con el Dto. Ley 5965/63 y por prestación de servicios se encontraba comprendido en el art. 36 de la ley 24.240. Con ese pie normativo decidió inhibirse oficiosamente, en tanto el domicilio real del deudor se encuentra en la jurisdicción del Juzgado de Paz Letrado de Castelli.
Antes de avanzar en el tratamiento de los agravios del letrado apoderado del actor, corresponde dejar sentado que esta decisión ha de seguir lo dicho por la Suprema Corte Provincial en la causa “Cuevas” (C. 109.305, res. del 1-IX-2010) que establece la facultad de los jueces para declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación fehaciente de elementos que hagan a la existencia de una relación de consumo bajo precepto del art. 36 de la ley 24.240, en los siguientes términos; “Más allá de las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título, cuando la pretensión ejecutiva reconoce arraigo en una relación de financiación para el consumo, es posible y necesario interpretar la aludida regla procesal, de modo compatible con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (artículos 1, 2, 36 y 37, ley 24.240).
Y ello a fin de poder arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables, como ocurre con los usuarios y consumidores”.
A lo dicho se ha de agregar que la efectiva protección del acceso a la justicia (art. 15 Const. Prov.), en tanto el domicilio real del deudor se encuentra en calle Roca casa 51 Barrio Fonavi de Castelli (fs. 6 vta./7) el proceso debe tramitar en cercanía a ese domicilio, de lo contrario la garantía indicada se desvirtuaría.
No hay modo de decidir si se está o no frente a una relación de consumo si no se ingresa en el análisis del cartular. En ese rumbo no hay duda de que el pagaré de fs. 5 documenta una relación de consumo por resultar emitido en los términos del Dto. Ley 5965/63, con el que se documenta un préstamo de dinero por “…prestación de servicios…”.
En cuanto al vínculo que mantiene la actora con la demandada, entendido por el quejoso como cooperativo y no de consumo, esgrimiendo en tal sentido argumentaciones varias, se ha de señalar que una adecuada hermenéutica del sistema (ley 20.337) determina que no todos los actos de las cooperativas –incluso los que celebran con sus asociados- cumplen con la cualidad de ser “cooperativos”. En efecto, los actos y contratos de derecho civil o comercial –como la compraventa o la cuenta corriente bancaria por ejemplo- no mutan su naturaleza por el solo hecho de ser celebrados por cooperativas, que en realidad en varias ocasiones ejecutan verdaderos actos de comercio y con fines de lucro que quedan alcanzados por las leyes comunes como en el caso la ley 24.240 (Saleme Murad, Marcelo A. “Los actos de comercio realizados por las cooperativas”, LL Córdoba, 1997,59; Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala III, del 5-3-2009, en autos caratulados “Cooperativa Obrera Ltda. Acta nro. 1712, Olavarría” LL on line AR/JUR/9133/2009).
Cuando la Constitución Nacional en su art. 42 consagra la protección a los consumidores, no hace distinción en cuanto al modo en que se lleva adelante la circulación de los productos ni en punto a sus destinatarios. De tal manera no cabe dar un trato diferenciado entre las operaciones económicas que lleva adelante la gestión cooperativa y las que se materializan por los modos ordinarios, como tampoco corresponde fijar una tutela diferente según que el consumidor sea un asociado a una cooperativa o un cliente común.
En tal entendimiento no puede ser considerado el acto cooperativo ajeno a las normas de protección de la ley 24.240 y a la cooperativa actora como consumidora final en los términos del art. 1° del cuerpo legal señalado, ya que de la documental acompañada a fs. 5 no surge que la suma reclamada haya sido entregada “al costo”, con el sentido de solidaridad que impera en entidades como las cooperativas, sino que como ya se señaló lo ha sido “por una prestación de servicios”.
Asimismo la entidad actora no acredita ni surge de las actuaciones que la demandada haya intervenido positivamente en el proceso de formación de la voluntad del órgano cooperativo en punto a su política crediticia; tampoco acompaña el instrumento que rige la actividad de la cooperativa en cuanto a su objeto ni el que acreditaría la condición de asociado del deudor, sin que resulte admisible la incorporación de prueba documental ante esta Alzada en el marco de un recurso concedido en relación (art. 270 CPCC).
Para finalizar, en consonancia con lo dicho, corresponde confirmar lo decidido en la instancia de origen, en tanto resulta competente para conocer en este proceso el órgano jurisdiccional correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo todo pacto en contrario (art. 36 último párrafo LDC).
Por todo lo dicho y fundamentado, este Tribunal RESUELVE: Desestimar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar lo decidido a fs. 9 (arts. 42 CN; 15 Const. Prov.; 1, 2, 36 y 37 ley 24.240; ley 20.337 y Dto. Ley 5965/63).
Regístrese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 17/12/2019 10:21:55 - JANKA Mauricio ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 17/12/2019 11:02:10 - DABADIE María Rosa ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 17/12/2019 11:46:00 - Gaston Cesar Fernandez ([email protected]) - SECRETARIOS (Lega
Fin de la sentencia