Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98876
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso y revocar la resolución apelada del 18/08/20 (fs. 42), debiendo continuar entendiendo en las actuaciones el Juzgado de origen (arts. 1, 2, 3, 36 y concs. ley 24.240; 1, 2, 4, 5, 242, 246, 521 del CPCC; 1092, 1093, 1094, CCyCN; 1, 2. Ley 11.560).
Expte. Nº 98876: FOGABA SAPEM C/ CABRERA, CARLOS JAVIER S/ COBRO EJECUTIVO
I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto en subsidio el 19/08/2020, contra la decisión del 18 del mismo mes y año, por la cual el sentenciante declaró de oficio su incompetencia para entender en el presente proceso.
Para llegar a tal decisión el a quo consideró que el vínculo existente entre una entidad financiera (FO.GA.BA. SAPEM) y un cliente usuario de sus servicios, encuadra claramente en una relación de consumo conforme art. 1092 del CCyC, al tiempo que el préstamo otorgado constituye un contrato de consumo contemplado en el art. 1093 del mismo código.
De allí que con pie en la doctrina del Superior Tribunal Provincial sentada en el fallo "Cuevas" (C 109.303, Resol. 1-IX-2010) y valorando que el demandado tiene su domicilio en la calle Julián Lynch nº 542 de la ciudad de Maipú, concluye que resulta competente el Juzgado de Paz Letrado de dicha ciudad.
II. La apelante en su fundamentación sostiene que se puede advertir un posible error involuntario respecto de la interpretación del objeto social de su mandante, de la calidad de empresario del ejecutado (titular de pequeña y mediana empresa) y de la no existencia de la relación de consumo, ya que aquí no se pretende ejecutar un contrato de mutuo sino el aval (garantía) otorgado a la Pyme en cuestión (cuyo titular resulta ser en este caso la persona física del ejecutado).
Que la accionante, contrariamente a lo que supuso el juez, es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria bajo el régimen de la ley 19.550, creada por ley 11.560 de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objeto social exclusivo resulta ser el de otorgar, a título oneroso, "garantías" a las Pymes (conf. art. 2 ley 11.560).
Es decir, no da créditos y tiene como objetivo el fomento y la promoción de la actividad económica en la Provincia de Buenos Aires (art. 1 de la ley 11.560), por lo que sólo otorga garantías a empresas que desarrollen su actividad o tengan el asiento principal de sus negocios en la Provincia de Buenos Aires.
Señala que por el presente proceso no pretende ejecutar un contrato de mutuo, como erróneamente consigna el a quo , sino que la base de la presente ejecución resulta ser el Convenio de Cumplimiento, que se adjuntó digitalmente. Destaca que el propio ejecutado en su carácter de Pyme y al suscribir la documentación con la entidad financiera respecto al acuerdo de descubierto, reconoce y declara bajo juramento a los fines de la aplicabilidad de las normas que hacen a "Consumidores y/o Usuarios de Servicios Financieros", que el acuerdo de giro en descubierto solicitado: NO lo utilizará como destinatario final, en beneficio propio y/o de mi grupo familiar y/o social.
Es decir, que el Sr. Cabrera solicitó el aval de la sociedad ejecutante para una operación de giro en descubierto de cuenta corriente bancaria, para utilizar como Pyme en el ejercicio de su actividad comercial, otorgando la actora el aval pertinente ante la entidad bancaria mencionada.
Afirma que la operación financiera que ha realizado el ejecutado, no fue en carácter de persona humana consumidora sino en el marco de su emprendimiento Pyme de servicio de transporte automotor; caso contrario su mandante no hubiera podido otorgar aval alguno pues justamente no es el objeto de la misma, tal cual lo dicho anteriormente.
Destaca que no subyace relación de consumo alguna y que la accionante no direcciona su actividad de modo profesional a realizar operaciones financieras para consumo y de crédito para el consumo, tal como se señala erróneamente en la decisión.
Que por ende no resulta de aplicación alguna de la Ley de Defensa al Consumidor y no se afecta ningún derecho y garantía constitucional de la Pyme ejecutada, cuyo titular resulta ser en este caso una persona humana.
Consecuentemente, concluye que son improcedentes los argumentos dados por el sentenciante, quien resulta competente para entender en los presentes actuados.
III. El 26/09/2020 contesta la vista el Fiscal General, en razón del tema en análisis, señalando que lo decidido no se ajusta a derecho en tanto el ejecutado no resulta ser un consumidor final, por lo que la normativa aplicada por el sentenciante de grado resultaría errónea.
Alega que el art. 1º de la Ley de Defensa al Consumidor dispone "...Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social...".
En ese sendero, expresa que de la documentación acompañada surge que la demandada solicitó un crédito al Banco de la Provincia de Buenos Aires, en fecha 10 de octubre de 2017, por un monto de $ 80.000, dejando constancia "Destino de los fondos: evolución comercial", declarando bajo juramento en el anexo de la solicitud que el giro en descubierto solicitado no lo utiliza como destinatario final, en beneficio propio y/o su grupo familiar y/o social.
IV. Así planteada la cuestión traída a consideración del Tribunal, corresponde adelantar que lo decidido, al menos en este estadio incipiente del proceso, no resulta ajustado a derecho.
Efectivamente -como mencionó el juez de grado- nuestro Superior Tribunal reconoció la facultad de los jueces para declarar de oficio la incompetencia territorial, a partir de la constatación fehaciente de elementos que hagan presumir en forma seria y razonable la existencia de una relación de consumo bajo el precepto del art. 36 de la ley 24.240.
Ese criterio ha sido seguido por esta Alzada, quedando plasmado en las causas nº 95.688 (sent. del 06/12/2016) y nº 97.481 (sent. del 29/11/2018), entre muchas otras.
En consecuencia, esta decisión habrá de contemplar lo dicho en los precedentes citados y lo señalado por la Suprema Corte Provincial en la causa "Cuevas" (C. 109.305, res. del 1-IX-2010) en los siguientes términos: "Más allá de las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título, cuando la pretensión ejecutiva reconoce arraigo en una relación de financiación para el consumo, es posible y necesario interpretar la aludida regla procesal, de modo compatible con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (artículos 1, 2, 36 y 37, ley 24240). Y ello a fin de poder arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables, como ocurre con los usuarios y consumidores".
En ese camino, cabe señalar que la ley considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios "como destinatario final", en beneficio propio o de su grupo familiar o social (art. 1092 CCyCN).
Tal condición -destinatario final- se refiere a la persona individual o jurídica ubicada al agotarse el circuito económico, lo que significa que queda excluido del concepto el consumidor industrial o revendedor, ya que se hallan en el mercado en un nivel similar o próximo al del fabricante. En cambio, el consumidor que requiere la protección legal es aquel que carece de intenciones que apunten a que el bien o el servicio continúen su vida económica en actividades de fabricación o distribución (Stiglitz, Gabriel, "Defensa de los consumidores de productos y servicios", pág. 39).
Sentada tal pauta directriz, encontramos que en la especie la accionante (FOGABA SAPEM) pretende el cobro ejecutivo de la suma de dinero plasmada en un recibo de pago, en virtud del cual el Banco de la Provincia de Buenos Aires recibe de la aquí ejecutante, la suma de $ 60.000 en concepto de cancelación parcial del capital impago adeudado a dicha entidad bancaria por el ejecutado Carlos Javier Cabrera, con relación a la operación de crédito radicada en la Sucursal Maipú del Banco Provincia, denominada "Margen Rotativo para Descubierto en Cuenta Corriente", correspondiente a la cuenta n° 50293/3, que el Banco le otorgara a Cabrera, por hasta la suma de $ 80.000, en el marco del convenio para el otorgamiento de garantías automáticas celebrado con fecha 23/09/2013 entre el referido banco y FOGABA SAPEM, dejándose expresa constancia que esta última sociedad ha cancelado en forma total y definitiva su garantía otorgada ante el banco (ver documentación adjunta con la demanda de fecha 13/08/2020).
Con la demanda se ha acompañado una "SOLICITUD DE GARANTÍA AUTOMÁTICA CARTERA COMERCIAL", suscripta el 17 de octubre de 2017, por la cual el accionado solicita el otorgamiento de una fianza por parte de FOGABA SAPEM, a su favor y ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal: Maipú (6971), por hasta la suma de $ 60.000, a fin de garantizar créditos por la suma de $ 80.000, que solicitó ante el banco.
Se agrega en la misma que el deudor se comprometió a adquirir acciones clase "D" de dicho Fondo, en un total equivalente al 0,10% de la garantía obtenida y hasta un monto máximo de $ 1.200, que corresponden a 1.200 acciones de $1 valor nominal cada una.
Igualmente se ha adjuntado planilla de "ACEPTACIÓN CONVENIO DE CUMPLIMIENTO PERSONAS JURÍDICAS-AUTOMÁTICA" por la cual se establece que con fecha 12/10/2017 Cabrera solicitó al FOGABA SAPEM el otorgamiento de una garantía a su favor, ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la cual le fue otorgada por Acuerdo 10526758, de fecha 13/10/2017, por hasta la suma de $ 60.000.
Que habiendo solicitado una asistencia crediticia al Banco de la Provincia de Buenos Aires, la misma ha sido otorgada con fecha 13/10/2017 por la suma de $ 80.000, con la garantía (aval) de FOGABA SAPEM, por el 75 % del mismo, fijándose como "datos de las operaciones" (acuerdo de descubierto en cta. cte.; descuento de cheques de terceros; préstamo amortizable; etc.), que el destino de los fondos sería "capital de trabajo/Inversiones".
Igualmente se acordó, para el supuesto en que FOGABA SAPEM deba abonar al Banco de la Provincia de Buenos Aires el préstamo otorgado en virtud de la fianza conferida a favor de Cabrera, que éste se quedaría obligado irrevocablemente a pagar a FOGABA SAPEM, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de reclamado el pago en forma fehaciente, la totalidad del importe que dicha sociedad hubiera abonado, con más sus accesorios hasta la fecha de la efectiva cancelación de sus obligaciones. La mora, ante el incumplimiento de sus obligaciones, se produciría de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.
Agregándose que dicho instrumento constituye suficiente título ejecutivo a tenor de lo establecido en el art. 520 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por la deuda de Carlos Javier Cabrera, el cual se integrará con el comprobante del pago efectuado por FOGABA SAPEM al Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la fianza que se otorga a su favor.
Ahora bien, tal como lo sostiene la apelante, la ley 11.560 (B.O. 09/12/1994), establece en su capítulo I, art. 2º, que el objeto social de dicho Fondo resulta ser exclusivamente el otorgamiento, a título oneroso, de garantías a las PYMES, y que su capital social se constituirá sobre la base de los aportes del Tesoro Provincial y los aportes de particulares.
Se agrega en el referido artículo: "Acciones: El estatuto dividirá las acciones en seis (6) categorías que contemplen la participación en el capital de los siguientes sectores: ...Clase d): Que se destinarán a los empresarios adheridos al sistema, condición fundamental para acceder a las garantías".
Conforme lo señalado, en este estadio preliminar del proceso y con las constancias adjuntadas, no se vislumbra la existencia de elementos serios que permitan considerar que las partes se hallan vinculadas por una relación de consumo, ni que el demandado revista la calidad de consumidor de los servicios financieros como destinatario final de los mismos, ni mucho menos que se trate de una relación de financiación para el consumo, en los términos contemplados en los arts. 1º y 36 de la ley 24.240 y 1092 del CCyCN.
Por el contrario, se desprende prima facie [a primera vista] de la operación en vías de ejecución, que los fondos que conformaban el préstamo original (mediante autorización de giro en descubierto), cuyo incumplimiento de pago originó el presente proceso, serían destinados a la compra de capital de trabajo y/o inversiones.
En efecto, conforme lo reseñado de la ley 11.560, las garantías son otorgadas a Pymes, y los beneficiarios de las mismas deben adquirir acciones de dicho Fondo de Garantía -tal como habría acontecido con el accionado-, las que se encontraban destinadas a "empresarios" que adhirieran al sistema, de lo cual puede inferirse válidamente que los capitales que se garantizaron serían aplicables al proceso de producción de una empresa, en tanto el objetivo de la constitución del referido Fondo de Garantía resulta ser el fomento y la promoción de la actividad económica de la Provincia de Buenos Aires -conf. art. 1º, ley 11.560-.
Desde otro vértice, no debe pasar inadvertido que lo que se pretende por el presente es el cobro de una fianza hecha efectiva por la sociedad avalista, a la que se obligó el demandado hasta el valor del préstamo concertado con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para ser invertido en capital o insumos de una empresa, por lo que no existe elemento alguno que permita presumir la existencia de una actividad crediticia o de financiación para el consumo final, como exige claramente el art. 36 LDC para hacer operativas sus previsiones.
Por tal motivo, el caso no queda encuadrado en el mentado art. 36 LDC, ya que no se verifica (al menos a primera vista) la existencia de elementos que permitan presumir una relación de crédito o de financiamiento para el consumo; o por lo menos no resulta palpable en el examen que debe realizar el juez de oficio, por lo que deviene prematuro expedirse del modo en que se hizo; sin perjuicio de lo que eventualmente pueda surgir al trabarse la litis.
En atención a lo expresado el recurso debe prosperar.
Por los argumentos expuestos, este Tribunal RESUELVE: Hacer lugar al recurso y revocar la resolución apelada del 18/08/20 (fs. 42), debiendo continuar entendiendo en las actuaciones el Juzgado de origen (arts. 1, 2, 3, 36 y concs. ley 24.240; 1, 2, 4, 5, 242, 246, 521 del CPCC; 1092, 1093, 1094, CCyCN; 1, 2. Ley 11.560).
Regístrese. Radíquese en el Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 12/11/2020 08:26:36 - DABADIE María Rosa - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2020 11:36:20 - JANKA Mauricio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2020 11:57:15 - Gaston Cesar Fernandez - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia