Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 166986
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar caído en abstracto el recurso de apelación intentado mediante la presentación electrónica del 4/10/2018 con costas en el orden causado por configurarse una circunstancia sobreviniente ajena a las partes (art. 68 a contrario del CPCC).
II. Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 107/117 y revocar, en consecuencia, la resolución de fs. 70/75 en lo que ha sido materia de agravio, con costas a cargo del accionante vencido (arts. 68 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° . 29-R FOLIO N° . 57/9
EXPEDIENTE N° 166986.JUZGADO N° 2.
"INFOPAN MR S.R.L. C/ SCARAFIA ANDREA NOEMI Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO".
Mar del Plata, 19de febrero de 2019
AUTOS Y VISTOS : Las presentes actuaciones caratuladas: "INFOPAN MR S.R.L. C/ SCARAFIA ANDREA NOEMI Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO" traídas a despacho a fin de resolver los recursos de apelación deducidos por la parte demandada los días 4 y 23 de octubre de 2018 contra las resoluciones de fs. 64 y 70/75 respectivamente.
1. Recurso articulado mediante la presentación electrónica del 4/10/2018 .
I. A fs. 64 el a quo ordenó el desglose de la presentación realizada a fs. 50/62 al estimar que los peticionarios no revestían el carácter de parte en tanto aún no se había dispuesto la intimación de pago y embargo prevista en el art. 529 CPCC.
II. Mediante su pieza recursiva los apelantes persiguen la revocación de lo decidido y el proveimiento de su presentación realizada en carácter de parte demandada.
III. Coincidimos con el criterio fijado por el magistrado de la anterior instancia en cuanto a que, no habiéndose dispuesto la intimación en los términos del art. 529 del CPCC, no corresponde el proveimiento del escrito de fs. 50/61.
Ello toda vez que es el accionante quien cuenta con la disponibilidad de la acción, pudiendo readecuar o ampliar los términos de su pieza postulatoria hasta tanto ésta no sea notificada (argto art. 331, 529 CPCC).
De esta manera, la presentación espontánea de la parte contraria no puede clausurar ese estadio previo a la notificación, dado que de otra forma se cercenarían las facultades con las que cuenta el reclamante, lo que se halla en pugna con los deberes procesales de lealtad, probidad y buena fe (argto. arts. 18 C.N. y 331 del CPC; esta Sala en causa nº 163.554 RSI- 86 del 26/03/2018).
Sin perjuicio de ello, habiéndose rechazado la vía ejecutiva mediante la resolución dictada a fs. 70/75 (firme para el accionante en tanto no fue objeto de recurso alguno), la discusión en torno a la habilidad del título ha caído en abstracto, pues habiendo desaparecido la causa que motivó la presentación del apelante, su análisis en esta instancia deviene superfluo y, por lo tanto, ajeno a la función jurisdiccional.
De modo que, si no puede el Tribunal interviniente emitir un pronunciamiento de mérito acogiendo o desestimando la pretensión deducida, desde que cualquier decisión que recayera sobre la cuestión introducida resultaría meramente teórica, pues la colisión de intereses o derechos ya no subsisten al momento del dictado de la sentencia es que concluímos que el tratamiento del recurso devino abstracto (esta Sala en causa nº 165.601 RSI-150 del 8/05/2018; argto. Peyrano, Jorge W.; "El proceso atípico", Ed. Universidad, Bs. As., 1983, p. 131 y sstes.).
2. Recurso de fs. 107/117.
I. En el decisorio de fs. 70/75 el a quo rechazó la vía ejecutiva. Señaló que, frente a un contrato con prestaciones recíprocas, la exigibilidad de una de ellas requiere la comprobación de extremos que exceden el proceso ejecutivo, a la vez que tampoco contiene una obligación líquida o fácilmente liquidable.
Sin perjuicio de ello estimó que se encontraba acreditada la verosimilitud en el derecho con el instrumento privado con firmas certificadas glosado a fs. 5/8 (contrato de compra venta de bienes) y dispuso el embargo preventivo de los haberes del Sr. Atilio Roberto Rey junto con la inhibición general de bienes de éste y de la Sra. Andrea Noemí Scarafia.
II. A fs. 107/117 obran los agravios de los recurrentes, que fueron contestados por la actora a fs. 119/122.
Cuestionaron el dictado de las medidas cautelares dispuestas en tanto alegaron que no se acreditó el cumplimiento de los recaudos de procedencia exigidos por el art. 209 inc. 3ro del CPCC.
Indicaron que, frente a la reconducción de autos a un proceso de conocimiento, ambas partes cuentan con idénticos medios de defensa, por lo que el éxito de la futura demanda ya no será probable como para dictaminar una medida cautelar con la sola presunción de un contrato bilateral.
Asimismo cuestionaron que nada se dijo respecto al peligro en la demora y estimaron insuficiente la creencia genérica e indeterminada de que pueda resultar defraudada la expectativa de satisfacer el crédito invocado, máxime cuando la medida rece sobre el salario de uno de los demandados y no existe riesgo de que dicha contraprestación se pierda.
III. El recurso merece prosperar.
1. Las medidas precautorias constituyen un "anticipo de la tutela jurisdiccional" y se otorgan sobre la base del derecho que se pretende asegurar, no teniendo un fin en sí mismas, sino que sirven a un proceso principal, que condiciona su procedencia, posterior mantenimiento y eventuales variaciones (arts. 195, 199, 202, 203 y cctes. del CPC.). Es decir, que la función de la providencia cautelar, tiene un carácter estrictamente instrumental y accesorio, dirigido a asegurar preventivamente el objeto comprometido en un proceso principal al cual sirve, con la finalidad de evitar la inoficiosidad de la sentencia que se dicte (art. 195 Cód. Proc.; Conf. Cámara Civil y Comercial N° 2, sala 1 de La Plata, B 78451 RSI-839-94 I 10-11-1994, autos "Campos de Mansilla, Mirta c/ Díaz, María Cristina s/ Daños y perjuicios").
La verosimilitud del derecho, a más de constituirse como uno de los requisitos esenciales de toda cautelar, pasa a ser una actividad jurisdiccional en sí misma definida a partir de un análisis de probabilidades en torno a la existencia de un derecho. En otras palabras, «se trata de la verosímil presunción mediante un conocimiento sumario de lo que se dice es probable, o que la demanda aparece como destinada al éxito.» (De Lazzari, Medidas Cautelares”. Librería Editora Platense. T.1, p. 23).
2. En el caso, habiendo sido rechazada la vía ejecutiva y no encontrándose aún reencauzada la acción, estimamos insuficientes las constancias existentes en autos para tener por reunidos los recaudos necesarios para la procedencia de la cautelar pretendida.
Cuando la acción se funda en un contrato bilateral, son presupuestos del embargo preventivo la acreditación de la existencia de la relación contractual así como también el cumplimiento por parte del peticionario de las obligaciones a su cargo, o el ofrecimiento de cumplirlas si no fuesen exigibles (argto. art. 209 inc. 3ro del CPCC).
Es decir que, si no existen elementos de juicio que permitan verificar prima facie que las partes cumplieron con las prestaciones que asumieron, deviene improcedente el embargo pretendido (conf. esta Sala en causa nº 154.748 RSI-468 del 24/09/2013, entre otras).
En autos, precisamente, si bien la existencia del contrato bilateral celebrado no se encuentra discutida, la carga de demostrar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del accionante no estaría cumplida.
En efecto, mediante el contrato acompañado a fs. 14/17 la parte actora vendió el 15/03/2018 el 100% de los bienes intangibles y muebles que, entre otros, comprendían el valor llave del negocio-panadería sito en calle Santa Fé nro. 1902 a los demandados, quienes se comprometieron a abonar la suma de $950.100 en 18 cuotas mensuales.
Y habiéndose promovido la presente acción a los fines de reclamar el pago del saldo de precio, de la misiva glosada a fs. 29 (actual fs. 88) se advierte que los compradores sustentaron la suspensión de la prestación a su cargo en el incumplimiento en que habría incurrido el vendedor respecto a las obligaciones emergentes de las cláusulas decimoprimera y decimocuarta del respectivo convenio (referidas a la asunción de la totalidad de las deudas con causa en la explotación del comercio devengadas con anterioridad al 10/02/2018 y a la vigencia de la habilitación comercial).
A su vez, de la documentación acompañada a fs. 34/45 (actuales fs. 93/101) se advierte que el comercio fue clausurado el día 21/03/218 por no contar con la habilitación municipal correspondiente, la que se encontraría en trámite bajo el expediente nº 505/c/39, lo que coincidiría con el acta de inspección municipal realizada 14/07/2017, es decir, con anterioridad a la celebración del contrato objeto del conflicto (fs. 34/35).
En atención a ello, dados los términos del contrato, del cual se desprende que el negocio se encontraba habilitado y que la parte vendedora asumió la obligación de suscribir la documentación necesaria para su transmisión en favor del comprador (cláusula decimocuarta) y no habiéndose acreditado dicha circunstancia, máxime por resultar contradictoria con la información que surge de la documentación reseñada, no encontramos reunida -al menos en en esta instancia liminar del proceso- la verosimilitud en el derecho necesaria para el dictado de las medidas pretendidas (argto. art. 209inc. 3º “a contrario”).
En atención a ello, frente a la ausencia de dicho presupuesto, que nos exime de analizar los restantes recaudos de procedencia, encontramos conducente el recurso articulado debiendo levantarse las cautelares oportunamente decretadas (arts. 195, 198, 202, 209, 228 y concds. del CPCC).
Por lo hasta aquí señalado y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 195, 202, 209, 228, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS : I.- Declarar caído en abstracto el recurso de apelación intentado mediante la presentación electrónica del 4/10/2018 con costas en el orden causado por configurarse una circunstancia sobreviniente ajena a las partes (art. 68 a contrario del CPCC). II.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 107/117 y revocar, en consecuencia, la resolución de fs. 70/75 en lo que ha sido materia de agravio, con costas a cargo del accionante vencido (arts. 68 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del CPCC, devolver las actuaciones al juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia