Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167163
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 29 por el ejecutante (arts. 195, 219, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 2, 3, 57 y conc. de la ley 9650).
II. Imponer las costas de alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
REGISTRO N ° 59-S FOLIO N° 299/301
EXPEDIENTE N° 167.163. JUZGADO N° 8.
En la ciudad de Mar del Plata, a los19 días del mes de marzo de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "COOP DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO PEDRO BENOIT LTDA C/ SAUBIDET MIGUEL ANGEL S/ COBRO EJECUTIVO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justo el auto de fs. 27/28?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el proveído atacado el juez de primera instancia desestimó el pedido del accionante de trabar un embargo sobre los haberes jubilatorios del ejecutado, por resultar éste beneficiario de una jubilación otorgada por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (I.P.S.).
Destacó que la regla general era la no afectación por terceros del haber jubilatorio, siendo las excepciones restrictivas y no pudiendo ser interpretadas por analogía.
Agregó que el régimen de las prestaciones que otorgaba el I.P.S. se encontraba legislado en la ley provincial 9650, que en su art. 2 establecía quienes eran las personas en él comprendidas, en su art. 3 quienes se encontraban excluidos y en el art. 57 reseñaba los caracteres de que se encontraban revestidas.
Aludió que en el caso no se había denunciado ninguna causal de exclusión de la normativa antes señalada que hiciera procedente la cautelar peticionada, pues tratándose de un beneficiario del sistema previsional provincial sus ingresos resultaban regulados por el I.P.S. a través de la ley 9650 y sólo podían ser afectados válidamente por el Estado provincial a raíz de los préstamos personales y/o hipotecarios que éste acordara, o bien, mandato judicial.
Concluyó, finalmente, que no dándose en la especie los supuestos de excepción contemplados en la norma, no correspondía el embargo de los haberes jubilatorios del ejecutado.
II. Síntesis de los agravios.
El ejecutante apeló a fs. 29 y presentó el memorial por la vía electrónica el 2-7-2018. No mereció réplica de la contraria por no encontrarse trabada la litis a su respecto.
En líneas generales sostuvo que la decisión era errónea e infundada por resultar inaplicable el régimen previsto en la ley 24.241, específicamente el articulo 14 inc. "c", ya que el demandado resultaba beneficiario del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) y no de la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), razón por la cual la norma precitada no era de aplicación para la situación de hecho en cuestión, debiendo aplicarse la ley 9650.
Expuso que si bien dicha norma provincial establecía que las prestaciones no podían ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno, existía una salvedad en los casos específicamente previstos su el art. 57 inc. "c", según el cual no sólo podían reducirse en el monto necesario para atender el servicio de los préstamos personales y/o hipotecarios que acordara el Estado, sino también que ello podía tener lugar mediando un mandato judicial, por lo que la prestación objeto del pretenso embargo resultaba procedente en función de la orden judicial que se requería en este proceso en curso.
Manifestó que a diferencia de otras leyes especiales en las que se disponía expresamente la inembargabilidad de las pensiones o jubilaciones, según el caso, la situación no era comparable con el régimen previsto en la ley 9650, donde no solo el legislador no establecía dicha restricción sobre las jubilaciones y pensiones, si no que disponía su embargabilidad de forma expresa en el artículo 57 cuando mediaba un mandato judicial.
Solicitó en forma subsidiaria la inconstitucionalidad del régimen legal de la ley 24.241.
III. Consideración de los agravios.
En primer lugar debo consignar que el recurrente parte de una premisa jurídica errónea al apuntalar parte de su embate en función a los términos y alcances de la ley nacional 24.241, ya que el colega de la instancia previa no desestima la pretensión cautelar en función de dicha norma, sino en virtud del régimen consagrado por la ley provincial 9650, por lo que las aseveraciones formuladas por aquél en este sentido resultan estériles y no son de recibo.
Tampoco corre mejor suerte su queja en torno a la procedencia del embargo a raíz del mandato judicial previsto en el art. 57 de la ley 9650 como excepción al régimen de inembargabilidad.
Este Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse en casos similares (exptes. nro. 159.629, RSI 444 del 25/08/2015; nro. 157.519, RSI 240 del 26-5-2016, entre otras) interpretando los alcances que dicho canon consagra.
Así, el art. 57 de la ley 9650 prevé que: "Las prestaciones que establece la ley revisten los siguientes caracteres [...] b) No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno, salvo en los casos previstos en los incisos c) y d) de este artículo e inciso h) del art. 4 de la presente ley [...] c) Podrán reducirse en el monto necesario para atender al servicio de los préstamos personales y/o hipotecarios que acuerde el Estado, o por mandato judicial (...)" (el subrayado no es de origen).
Es decir que, en atención al tenor del agravio bajo análisis, frente al principio rector del ordenamiento citado, esto es, la inembargabilidad de los salarios, jubilaciones y pensiones percibidas por el I.P.S, se presentan una serie de excepciones que están dadas por la naturaleza jurídica de la persona del acreedor y el crédito en cuestión.
Así, en el inciso "c" se alude a los créditos cuya causa fuente obedezcan a préstamos personales y/o hipotecarios que deban abonarse al propio Estado provincial, sea de manera voluntaria o bien a través de medidas cautelares dispuestas por el órgano jurisdiccional competente en caso que la deuda devenga impaga y la controversia se judicialice.
En otras palabras, el mandato judicial al que alude este inciso -en el que el quejoso procura sustentar su embate- sólo concierne a las controversias que se susciten en los tribunales a raíz de los reclamos que la provincia formule para el cobro de las acreencias cuyas causas reconozcan como fuente los negocios jurídicos allí previstos (préstamos personales o hipotecarios).
Repárese que el beneficio de la jubilación por edad avanzada tiene un carácter eminentemente social cuyo fin es resguardar a las personas cuando han cesado en sus actividades laborales, por razones estrictamente de orden público que se vinculan a la digna subsistencia de la persona (arg. art. 14 CN).
De lo expuesto se infiere que el embargo solicitado sobre los haberes jubilatorios que percibe el ejecutado (Sr. Miguel Ángel Saubidet) no es viable porque en función a los términos del art. 57 de la ley 9650, el ejecutante no resulta ser el Estado provincial (inc. "c") y porque el crédito reclamado se asienta en un título (pagaré) que no se encuentra incluido entre los supuestos de excepción a la regla de la inembargabilidad que aprehende aquella norma.
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 29 por el ejecutante, con costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario, 195, 219, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 2, 3, 57 y conc. de la ley 9650).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 29 por el ejecutante (arts. 195, 219, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 2, 3, 57 y conc. de la ley 9650). II) Imponer las costas de alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.C.). DEVU ÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia