Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167604
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación en subsidio articulado el 19-2-2019 por el ejecutante (arts. 195, 219, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 2, 3, 57 y conc. de la ley 9.650).
II. Imponer las costas de alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
REGISTRO N ° 110-S FOLIO N° 581/2
EXPEDIENTE N° 167.604. JUZGADO N° 13.
En la ciudad de Mar del Plata, a los15 días del mes de mayo de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "COOP DE CREDITO VIVIENDA CONSUMO Y SERV SOC ACREDITAR LTDA. C/ PAGGI CARLOS ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justo el auto de fs. 10/11?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el proveído atacado el juez de primera instancia desestimó el pedido del accionante de trabar un embargo sobre los haberes jubilatorios del ejecutado, por resultar éste beneficiario de una jubilación otorgada por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (I.P.S.).
Destacó que la regla general era la no afectación por terceros del haber jubilatorio, no encuadrando el crédito que aquí se reclama en ninguna de las categorías de excepción previstas por la normativa.
Citó jurisprudencia en apoyo de su postura en base a lo normado por la ley 24.241.
II. Síntesis de los agravios.
El ejecutante dedujo recurso de reposición con apelación en subsidio a través del escrito electrónico de fecha 19-2-2019.
El primer embate se acogió parcialmente, pues si bien se reconoció que no resultaba de aplicación la ley nacional 24.241, se concluyó que, de todos modos, no se configuraba ninguno de los supuestos de excepción consagrados en el art. 57 de la ley provincial 9.650, amén de la prohibición prevista en el decreto-ley 6754/43, por lo que se concedió la apelación en subsidio.
Los fundamentos a título de memorial no fueron objeto de réplica por la contraria al no encontrarse trabada la litis a su respecto.
En líneas generales el quejoso sostuvo que la ley 9.650 establecía que las prestaciones no podían ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno, existía una salvedad en los casos específicamente previstos su el art. 57 inc. "c", según el cual no sólo podían reducirse en el monto necesario para atender el servicio de los préstamos personales y/o hipotecarios que acordara el Estado, sino también que ello podía tener lugar mediando un mandato judicial, por lo que la prestación objeto del pretenso embargo resultaba procedente en función de la orden judicial que se requería en este proceso en curso.
Manifestó, en otras palabras, que el régimen previsto en el art. 57 de la ley 9.650 permitía como excepción la posibilidad de embargar las jubilaciones y pensiones siempre que mediara un mandato judicial a esos fines.
Expuso, a todo evento, que tampoco era de aplicación el régimen consagrado por el decreto-ley 6754/43 por no originarse el crédito reclamos en un préstamo de dinero ni en la compra de mercaderías.
III. Consideración de los agravios.
El recurrente apuntala su embate en torno a la procedencia del embargo a raíz del mandato judicial previsto en el art. 57 de la ley 9650 como excepción al régimen de inembargabilidad.
Este Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse en casos similares (exptes. nro. 167.163, RSD 59 del 19-3-2019; nro. 159.629, RSI 444 del 25/08/2015, entre otras) interpretando los alcances que dicho canon consagra.
Así, el art. 57 de la ley 9.650 prevé que: "Las prestaciones que establece la ley revisten los siguientes caracteres [...] b) No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno, salvo en los casos previstos en los incisos c) y d) de este artículo e inciso h) del art. 4 de la presente ley [...] c) Podrán reducirse en el monto necesario para atender al servicio de los préstamos personales y/o hipotecarios que acuerde el Estado, o por mandato judicial (...)" (el subrayado no es de origen).
Es decir que, en atención al tenor del agravio bajo análisis, frente al principio rector del ordenamiento citado, esto es, la inembargabilidad de los salarios, jubilaciones y pensiones percibidas por el I.P.S, se presentan una serie de excepciones que están dadas por la naturaleza jurídica de la persona del acreedor y el crédito en cuestión.
Así, en el inciso "c" se alude a los créditos cuya causa fuente obedezcan a préstamos personales y/o hipotecarios que deban abonarse al propio Estado provincial, sea de manera voluntaria o bien a través de medidas cautelares dispuestas por el órgano jurisdiccional competente en caso que la deuda devenga impaga y la controversia se judicialice.
En otras palabras, el mandato judicial al que alude este inciso -en el que el quejoso procura sustentar su embate- sólo concierne a las controversias que se susciten en los tribunales a raíz de los reclamos que la provincia formule para el cobro de las acreencias cuyas causas reconozcan como fuente los negocios jurídicos allí previstos (préstamos personales o hipotecarios).
Repárese que el beneficio de la jubilación por edad avanzada tiene un carácter eminentemente social cuyo fin es resguardar a las personas cuando han cesado en sus actividades laborales, por razones estrictamente de orden público que se vinculan a la digna subsistencia de la persona (arg. art. 14 CN).
De lo expuesto se infiere que el embargo solicitado sobre los haberes jubilatorios que percibe el ejecutado (Sr. Carlos Alberto Paggi) no es viable porque en función a los términos del art. 57 de la ley 9650, el ejecutante no resulta ser el Estado provincial (inc. "c") y porque el crédito reclamado se asienta en un título (pagaré) que no se encuentra incluido entre los supuestos de excepción a la regla de la inembargabilidad que aprehende aquella norma.
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde rechazar el recurso de apelación en subsidio articulado el 19-2-2019 por el ejecutante, con costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario, 195, 219, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 2, 3, 57 y conc. de la ley 9650).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) rechazar el recurso de apelación en subsidio articulado el 19-2-2019 por el ejecutante (arts. 195, 219, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 2, 3, 57 y conc. de la ley 9.650). II) Imponer las costas de alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.C.). DEVU ÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia