Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 168600
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación deducido por el ejecutado a través del escrito electrónico de fecha 25-6-2019 (arts. 242, 246, 260, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 41, 64, 101, 102 y conc. del decreto-ley 5965/63).
II. Imponer las costas de alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
REGISTRO N ° 330-S FOLIO N° 1745/7
EXPEDIENTE N° 168.600. JUZGADO N° 3.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 19días del mes de diciembre de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "MACCARRONE MARIA CRISTINA C/ BONGIOVANNI FLAVIO ROBERTO S/ COBRO EJECUTIVO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Alfredo E. Méndez; aceptándose en este acto la excusación formulada a fs. 93 por el Dr. Roberto J. Loustaunau a mérito de la causal allí invocada (arts. 30 y 32 del C.P.C.C.).
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 72/77?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el pronunciamiento atacado el juez rechazó las excepciones de inhabilidad de título, litispendencia y de incumplimiento contractual y, en consecuencia, mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado -Flavio Roberto Bongiovanni- hiciera al acreedora -María Cristina Maccarrone- íntegro pago del capital reclamado por la suma de dólares estadounidenses un mil (US$1.000), con más los intereses y las costas de la ejecución.
Para arribar a dicha decisión, en lo que al recurso concierne, estimó que resultaba improcedente la inhabilidad de título fundada en que no se había indicado la fecha y lugar de presentación al cobro al iniciarse la ejecución.
Sostuvo que la necesidad de indicar en la demanda la fecha y el lugar de la presentación del instrumento al cobro -como alegaba el ejecutante-, se efectuaba en los casos de pagarés a la vista, en donde ello devenía necesario para poder hacer posible la prueba a cargo de ejecutado, impidiendo que ésta se torne irrealizable, lo que no acontecía en el caso por tratarse de un vencimiento a día fijo.
Destacó que la indicación del lugar de pago no constituía uno de los requisitos formales esenciales que exigía el art. 101 del decreto-ley 5965/63, pues la propia norma disponía que cabía considerar como tal el lugar indicado como de creación y también domicilio de los suscriptores, para lo cual resultaba suficiente indicar en sentido geográfico la localidad, pueblo o paraje.
Aseveró que la defensa de incumplimiento contractual no resistía el más mínimo análisis, por cuanto la inhabilidad de título no podía sustentarse en torno a la obligación subyacente entre las partes, sino que debía orientarse exclusivamente contra los recaudos extrínsecos del título que la documentaba y en base al cual se promovía la ejecución.
Puso de manifiesto, en este sentido, que en atención a los principios de literalidad, autonomía y abstracción propias del ámbito cambiario, no podía discutirse la legitimidad de la causa de la obligación sustancial, quedando vedada dicha discusión en este ámbito y resultando, en todo caso, materia para el juicio de conocimiento posterior.
II. Síntesis de los agravios.
El ejecutado apeló a través del escrito electrónico de fecha 25-6-2019 y presentó el memorial por la misma vía el 5-7-2019. No mereció réplica de la contraria.
Sus quejas giraron en torno a dos cuestiones:
En la primera se agravió del rechazo de la inhabilidad de título por entender al no indicar el título el lugar de pago, sí mediaba una falta de exigibilidad del documento al no denunciarse en la demanda la fecha y el lugar en que habría tenido lugar aquélla.
Asimismo, cuestionó que se hubiera desestimado la excepción de incumplimiento contractual pese a la importante documental adjuntada, porque si bien no estaba prevista para este tipo de procesos ejecutivos, consideraba que al estar sumariamente comprobado el negocio que dio origen al título, se imponía un criterio amplio por parte del magistrado para su consideración especial.
III. Consideración de los agravios.
III.1. El agravio relativo a la inexigibilidad del documento sustentada en la omisión de consignar el lugar de pago no es de recibo.
Calificada doctrina autoral sostiene que el lugar de pago constituye uno de los requisitos formales establecidos por el art. 101 del decreto-ley 5965/63. Y tan esencial resulta para la ley cambiaria que, en aras de la seguridad jurídica, de no mediar especial indicación del lugar de pago, dispone «[...] el lugar de creación del título se considera lugar de pago y, también, domicilio del suscriptor» (art. 102 del decreto-ley 5965/63; Gómez Leo, "Tratado del pagaré cambiario", p. 306, Depalma, Buenos Aires, 2004).
Es más, del juego armónico de los arts. 41, 64, 101 y 102 del decreto-ley 5965/63 se desprende que para tener por cumplido a este requisito esencial basta con indicar en sentido geográfico la localidad, el pueblo o el paraje, siempre que él exista en la realidad y su designación sea precisa o inequívoca, pero sin que sea necesario consignar una dirección -calle y número- específica (Gómez Leo, ob. cit. p. 307).
En el caso, del cuerpo del pagaré traído a ejecución surge que fue librado en la ciudad de Mar del Plata, sin indicar el lugar de pago, por lo que en atención a los fundamentos expuestos cabe tener por suplida dicha omisión con la alusión que se realiza respecto al lugar de creación, teniendo así cumplido el recaudo esencial previsto en la normativa cambiaria (arts. 41, 64, 101 y 102; v. fs. 10).
Por su parte, la falta de mención en la demanda de la fecha y el lugar en que habría tenido lugar la presentación al pago no atenta contra la exigibilidad ni, menos aún, la inhabilidad del título.
Respecto de la fecha, porque esa defensa ha sido interpretada como válida en los pagarés con vencimiento relativo ("a la vista"), pues depende de un hecho futuro e incierto del tenedor del título: la presentación al suscriptor. En cambio en las cartulares extendidas a un día fijo -como acontece en autos- el vencimiento es absoluto ya que queda determinado con precisión desde el mismo momento del libramiento (arg. esta Sala, causas nro. 166.197, RSD 227 del 27-9-2018; nro. 137.442, RSI 288 del 20-12-2011; entre otras).
Y en lo atinente al lugar, por lo ya expuesto precedentemente, toda vez que el único recaudo legal es la alusión -en sentido geográfico- de una localidad, pueblo o paraje, sin necesidad de indicar una dirección con calle y número, encontrándose cumplido tal recaudo con el lugar de libramiento (v. fs. 10), esta impugnación también debe desecharse (arts. 41, 64, 101 y 102 del decreto-ley 5965/63).
III.2. La segunda queja se encuentra desierta (art. 260 del C.P.C.C.).
Sostiene Louytaf Ranea que «[...] el memorial debe contener la crítica razonada y concreta de las partes del fallo que el apelante estime equivocadas, y si tales recaudos no se cumplen, corresponde declarar desierto el recurso de apelación...» ("El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Ed. Astrea, 1989 pág. 262 y ss.).
Ello se acompasa con la doctrina de viejo cuño de este Tribunal, en cuanto ha enfatizado que «[...] el memorial debe indicar los errores que se atribuyen al fallo de primer grado, denunciando en qué consisten los mismos, punto por punto, debiendo la idoneidad de la crítica autoabastecerse en el propio escrito de agravios...» (esta Sala, causa n° 115.336, RSI 787/01 del 27/2/01, entre otras).
En el caso, para que el cuestionamiento cumpliera cabalmente con la carga impuesta por dicho canon, debió el recurrente señalar concretamente los argumentos jurídicos por los que resultaban erróneos los pilares sobre los cuales el juez edificó su conclusión al rechazar la excepción de incumplimiento contractual.
Sin embargo, analizados los términos en que aquél procura fundar este "agravio", no sólo reconoce que este tipo de defensa resulta inadmisible en el juicio ejecutivo, sino que se limita a exigir un criterio amplio en la ponderación de la prueba acompañada, pero sin señalar de qué manera resulta inaplicable la limitación legal señalada por el juez respecto a la batería de defensas admitidas en esta clase de procesos. De modo que la posición del recurrente no deja de constituir una postura y afirmaciones carentes de sostén jurídico que permitan avalarlas.
Por lo expuesto, esta parcela del recurso resulta inadmisible (arts. 260, 261 y 542 del C.P.C.C.).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA. El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el ejecutado a través del escrito electrónico de fecha 25-6-2019, con costas de alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68, 242, 246, 260, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 41, 64, 101, 102 y conc. del decreto-ley 5965/63).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) rechazar el recurso de apelación deducido por el ejecutado a través del escrito electrónico de fecha 25-6-2019 (arts. 242, 246, 260, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 41, 64, 101, 102 y conc. del decreto-ley 5965/63). II) Imponer las costas de alzada en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.C.). DEVU ÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI ALFREDO E. MÉNDEZ
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia