Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 168395
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte ejecutante el día 15-4-2019 y confirmar la sentencia dictada el 8-4-2019 a fs. 126/129 (arts. 242 y 245 del C.P.C.).
II. Imponer las costas de alzada en el orden causado habida cuenta la falta de responde del memorial (art. 68 a contr. del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
REGISTRO N ° 295-S FOLIO N° 1576/81
EXPEDIENTE N° 168395. JUZGADO N° 6.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 19días del mes de noviembre de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "MARTIN, SILVIA Y OTRO / SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA S/ COBRO EJECUTIVO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada el 8-4-2019 a fs. 126/129?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el pronunciamiento atacado la jueza rechazó la demanda por considerar que el documento de fs. 29 no reunía los recaudos previstos en el art. 518 del C.P.C.C. para ser considerado como título ejecutivo, con costas.
Para así decidir señaló que si bien la ley ritual no definía al título ejecutivo, podía acudirse a la pauta genérica que sentaba el primer apartado del artículo precedentemente citado y a la enumeración que hacía el art. 521 del mismo ordenamiento.
Expresó que a los fines de dilucidar la procedencia del crédito que reclamaban los accionantes resultaba indispensable adentrarse en la causa de la obligación, excediendo de esta forma el acotado marco del proceso ejecutivo.
Agregó, a su vez, que la documentación complementaria adjuntada no era suficiente para acreditar el cumplimiento de las contraprestaciones a cargo de los pretensos acreedores y que, supuestamente, originaban la deuda en ejecución, habiendo pactado las partes someterse a la mediación previa para todos los efectos legales emergentes del contrato.
Detalló que en un proceso de brevedad cognoscitiva como el de autos, el instrumento que la motorizaba debía reunir de manera manifiesta los caracteres de autonomía y autosuficiencia, esto es, debía surgir con precisión la deuda, o bien, poder determinarse la cantidad mediante una simple operación aritmética, ya que los instrumentos privados reconocidos sólo poseían fuerza ejecutiva en el supuesto de que contuvieran una deuda líquida y exigible, no sujeta a condición o contraprestación.
II. Síntesis de los agravios:
Los ejecutantes apelaron por medio del escrito electrónico de fecha 15-4-2019 y presentaron el memorial por la misma vía el 6-5-2019. No mereció réplica de la contraria.
Afirmaron, en líneas generales, que la magistrada incurrió en una valoración arbitraria de las constancias de autos, especialmente de la documentación aportada por su parte y los hechos alegados en la demanda que no fueron controvertidos por la contraparte, sumado a que ofreció fundamentos aparentes, imprecisos, incompletos e incorrectos, habiendo incluso variado intempestiva e irrazonablemente el criterio que había sostenido desde un principio en estos mismos autos respecto de la habilidad del título ejecutado.
Puntualmente se agraviaron que la jueza no haya identificado el supuesto defecto o vicio que contendría el título que trajeron a ejecutar.
Recordaron que la exigibilidad del crédito por honorarios profesionales correspondientes al 40% del “proyecto de obra”, se encontraba acreditado con el vencimiento de las cuotas pactadas en el contrato que trajeron a ejecutar (fs. 29) y con el cumplimiento de la prestación a su cargo en la misma proporción al crédito reclamado, de acuerdo a la estimación que la propia accionada realizó en la documentación complementaria aportada y reconocida por ésta (v. fs. 38/44).
A su vez, manifestaron que la exigibilidad del crédito de honorarios profesionales correspondientes a la “dirección de obra” también estaba demostrada en virtud del imposible cumplimiento de la prestación a cargo de los actores ante el desistimiento unilateral, expreso, voluntario, intempestivo e incausado de dicha encomienda por parte de la demandada, comunicado a los actores en la referida documentación complementaria.
Afirmaron que ambos créditos (proyecto y dirección de obra) eran fácilmente liquidables.
Expresaron que la desestimación de la presente ejecución sobre la base de una supuesta necesidad de adentrarse en la causa de las obligaciones, era completamente arbitraria.
En lo referido a lo expuesto por la magistrada en relación a la mediación previa, manifestaron que las partes -ya- transitaron esa instancia con anterioridad a la promoción de autos, acreditándose así el cumplimiento de lo acordado en el artículo 10° del contrato ejecutado (v. fs. 29 vta.), sumado a las dos (2) audiencias de conciliación y celebradas en el juzgado a su cargo.
Hicieron referencia a que la decisión apelada importaba modificar infundada e intempestivamente el criterio anterior de la jueza, respecto de la habilidad del título, pero en un contexto exactamente idéntico al que se presentaba en la época en que despachó la ejecución, sobre todo teniendo en consideración que la parte ejecutada no aportó nueva documentación que pudiera dar sustento a tal variación.
Por último, solicitaron de manera subsidiaria que las costas debían imponerse en el orden causado, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los accionantes, próximos a jubilarse y persiguiendo desde hace años, en distintas instancias, el cobro de créditos de naturaleza alimentaria (honorarios profesionales) devengados por el ejercicio de su profesión de arquitectos.
III. Consideración de los agravios:
III.1. Liminarmente cabe destacar que el juez se encuentra válidamente facultado para desestimar una pretensión ejecutiva aun cuando el ejecutado no se haya presentado a oponer excepciones, pues es sabido que si bien luego de presentada la demanda aquél debe examinar cuidadosamente el título ejecutivo antes de despachar su ejecución (art. 529 del C.P.C.), lo cierto es que ese examen no reviste carácter definitivo ni genera en consecuencia preclusión alguna, pues puede volver a efectuarse, incluso aunque el demandado no haya opuesto excepciones, en la oportunidad de dictar la sentencia (art. 549 del C.P.C.C.; esta Sala, causas n° 155.903 RSI 340 del 24-8-2017; entre otras).
Por lo tanto, el agravio de los apelantes referido a que el modo en que se dictó sentencia importó una variación intempestiva e irrazonable por parte de la juzgadora del criterio sostenido al despachar inicialmente esta ejecución, no es procedente, máxime en el supuesto traído a revisión en el cual la parte ejecutada opuso excepción de inhabilidad de título y negó la deuda reclamada (v. fs. 105/108; arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
III.2. Ahora bien, recuerdo que la fuerza de un título ejecutivo no sólo proviene de la ley sino que puede emanar de la voluntad de los contratantes (esta Sala, causa n° 159.353 RSD 229 del 13-9-2016).
En efecto, es sabido que conforme una posición de la doctrina, las partes disponen de la posibilidad de crear otros títulos ejecutivos al margen de los enumerados legalmente, aunque respetando los requisitos propios de tales instrumentos, básicamente, que en ellos conste una deuda líquida y exigible, que no provoquen un debate causal incompatible con la limitación de conocimiento que es propia del juicio ejecutivo y que dicha deuda, además de líquida y exigible, provenga de una manifestación explícita e inequívoca del obligado en tal sentido de la que surja su calidad de deudor.
Por ello se ha explicado que " El ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes en la creación del título ejecutivo, debe desenvolverse dentro del cuadrante de las obligaciones de dar sumas de dinero, líquidas y exigibles, pues ello es el soporte del título ejecutivo y por ende de la preparación de la vía ejecutiva, para el caso de que el título no sea completo; así debe entenderse el artículo 523 del Código Procesal Civil cuando dispone 'que sean reconocidos los documentos que por sí solos traigan aparejada ejecución'. Lo contrario importaría dejar al arbitrio exclusivo de las partes la creación del título ejecutivo, siendo que es de la esencia de la ejecución singular que la misma surja de los títulos determinados por el legislador" (CC0002 LM 23 RSI-22-00 I 17/08/2000; CC0002 MO 45697 RSI-222-1 S 31/05/2001)
III.3. Del escrito de demanda obrante a fs. 48/64 surge que los accionantes iniciaron esta acción a los fines de obtener el cobro de los honorarios profesionales pactados con el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, correspondiente al 40% de los estipulados en concepto de " proyecto de obra " ($560.020 de un total de $1.400.050.-) y el 100% por la " dirección de obra " ($933.368), de conformidad a lo establecido en las cláusulas 1°, 3° y 5° del contrato firmado entre las partes en noviembre de 2015 (fs. 29).
De los hechos relatados en el escrito de demanda, se desprende que el referido 40% de los honorarios por el "proyecto de obra" se encontraría acreditado con la manifestación del Sindicato accionado realizada ante escribano público, de la que daría cuenta el acta notarial obrante a fs. 38/44 por medio de la cual estaría demostrado que la prestación a cargo de los arquitectos se hallaría cumplida "por lo menos" en ese porcentaje, al decir (el Sindicato ante el notario): " ( ...) se pone a vuestra disposición el cuarenta por ciento (40%) de la aludida suma, considerando que ello obedece, proporcional y equitativamente, a la labor parcialmente cumplida por vuestra parte” (v. específicamente fs. 40), fundamento al que los accionantes agregaron "el vencimiento de las tres (3) cuotas pactadas en la cláusula 4° el contrato".
A su vez, el 100% de los honorarios estipulados en concepto de "dirección de obra", se encontraría acreditado en virtud de lo normado por el art. 24 inc. "a" del dec. 6964/64 en atención al desistimiento del comitente a la labor encomendada.
III.4. Si bien de las constancias del expediente surge el reconocimiento expreso por parte de los ejecutados de la firma del contrato y de la autenticidad material e ideológica de la documentación agregada a la demanda (v. fs. 100 y 105 vta., segundo párrafo), coincido con la jueza en cuanto a que el título traído a ejecución es inhábil, por lo que -adelanto- el recurso de apelación en tratamiento no ha de prosperar.
Explicaré a continuación los fundamentos de mi decisión:
III.4.a. Advierto, en primer lugar, que mientras los apelantes pretenden demostrar la existencia del crédito que reclaman, lo que aquí se evalúa es la posibilidad de cobrarlo por la vía ejecutiva elegida.
Dicho de otro modo, los procesos de ejecución persiguen el cumplimiento de la obligación y no la declaración de su existencia. La contienda solamente puede estar referida a la procedencia de la ejecución. El crédito está en el título, indiscutible en el trámite compulsorio (Morello- Sosa- Berizonce; "Códigos...", Lib. edit. Platense, La Plata, 1994, t. VI-A, p. 298).
Nótese que, contrariamente a ello, lo que sucede en el caso es que los arquitectos dependen de un análisis de los hechos sucedidos con posterioridad a la firma del pretenso título para demostrar la exigibilidad de la obligación que denuncian, toda vez que ésta no surge acabadamente del contrato de fs. 29, ni aun cuando se lo intente "integrar" con el acta notarial de fs. 38/46.
Repárese que de los términos de dicha acta acompañada por los propios accionantes se desprende que el sindicato ejecutado:
1. Negó que los profesionales hubieran confeccionado de modo conjunto, oportuno, completo y correcto el proyecto encomendado en la cláusula primera del contrato.
2. Afirmó que el laboreo de los arquitectos no constituyó un "proyecto completo" con los alcances del art. 3, capítulo I, título VIII del decreto 6964/65 por resultar aquel insuficiente.
3. Expuso que correspondía condicionar el pago total de los honorarios al cumplimiento íntegro de la prestación a cargo de los ejecutantes en función al art. 12, capítulo II, título VIII del decreto 6964/65, agregando que eran los únicos responsables en la demora de su materialización, lo que, a su vez, resultaba de capital importancia para iniciar, desarrollar y proseguir la obra.
4. Detalló la documentación necesaria que los arquitectos debían proveer para la continuación de la obra (archivos en "Autocad", diseño y planos del cartel de obra del I.V.B.A.,detalle en escala apropiada de la escalera de planta alta, de los desagües cloacales del baño de planta alta, etc.).
5. Aseveró que formulará una denuncia por violación a las normas de ética ante el Colegio de Arquitectos provincial, una denuncia por el delito de defraudación ante la justicia penal y que accionará civilmente por los daños y perjuicios irrogados.
Al margen que la integración de los documentos agregados, pretendida por los ejecutantes, no surge de ninguno de los supuestos previsto en alguno de los incisos del art. 521 del C.P.C., no puede eludirse que para entender la existencia de la obligación reclamada, su monto y exigibilidad, los actores formularon en el escrito liminar un notable relato de los hechos más propia de un proceso de conocimiento que de uno ejecutivo, que amén de su extensión, lo cierto es que aquellos son casi irrelevantes en un juicio ejecutivo porque del título a ejecutar deben surgir todos los recaudos del art. 518 del C.P.C. en atención a los recaudos de completitud y autosuficiencia que juegan en esta materia.
III.4.b. La particularidad del caso reside en que se trata de un contrato bilateral con prestaciones recíprocas que, si bien ha admitido la vía ejecutiva cuando de él surja que el ejecutante ha cumplido su prestación y el ejecutado ha asumido una deuda de dinero líquida y exigible, como se reseñó ello no acontece en autos.
Por lo tanto, siendo que el contrato bilateral aquí ejecutado no reúne esos extremos, su encuadre escapa a las previsiones del art. 523 del ordenamiento procesal, y es improcedente la vía ejecutiva aun cuando la prueba documental acompañada sirva de elemento para una demanda de conocimiento (Morello- Sosa- Berizonce, ob. cit., p. 471)
III.4.c. Observo también, a un mayor abundamiento, que las partes no han pactado la vía ejecutiva para el caso de incumplimiento en el contrato que las unió. Nótese que en ninguna de sus cláusulas lo han previsto (v. fs. 29).
Esto es importante, porque si bien es posible que tal omisión no conlleve necesariamente al rechazo de esta ejecución, sí me conduce a razonar que los accionantes no podrían sostener -entonces- que las partes han adherido a aquella doctrina que permitía que «[...] los particulares pueden crear el convenio ejecutivo al celebrar el negocio, dando lugar a un futuro título...» (Cám. Civ. y Com., Morón, 27.6.1995, "Suárez, Emilse B. c. Oeste Visión S.A.", Abeledo Perrot en línea, Lexis Nº 1/39284.
Me explico: si se tiene en consideración que los fundamentos que sostienen la teoría, básicamente, refieren a la posibilidad de renunciar a ciertos derechos (restringiendo o acotando el margen de sus defensas oponibles ante un eventual reclamo judicial) y a la autonomía de la voluntad, y aún así se ha dicho que " el solo hecho que las partes hayan convenido la procedencia de la vía ejecutiva, no autoriza por sí solo a accionar por dicha vía, si el instrumento carece de los requisitos que la ley exige para hacerla admisible " (CC0201. La Plata, causa nro.113.058 RSD 138 del 28/09/2010) cuanto más en el caso de autos en que tal convenio por parte de los contratantes, no ha existido.
III.4.d. Tampoco encuentro certeza en la extensión del monto ejecutado.
En los términos en que ha quedado trabada la controversia, no es posible aislar intelectualmente el crédito reclamado del ámbito contractual en el que se inserta.
Si bien de la documentación complementaria surge el texto que refiere al 40% del valor puesto a disposición, también de aquella surge que el pago la totalidad de los honorarios convenidos en concepto de "proyecto de obra" fueron condicionados "al cumplimiento íntegro de la labor encomendada a los arquitectos" y de allí que se los invitara a completar y entregar los documentos técnicos faltantes (v. fs. 39 y 40)
A su vez, sucede que mientras el pago del 100% de los honorarios por la "dirección de obra" fue pactado según el avance de obra (v. cláusula 4°, fs. 29) obsérvese que por un lado el fundamento de este reclamo radica en lo normado por el art. 24 inc. "a" del decreto 6964/65 atento el desistimiento del comitente a la labor encomendada y, por el otro, de la documentación complementaria agregada surge que el Sindicato alude a la indemnización prevista en el 1261 del CCyC ante el desistimiento.
Por lo tanto, el monto del crédito reclamado no surge del título mismo sino que requiere de una actividad probatoria propia de un juicio de conocimiento y la definición del encuadre normativo aplicar (decreto 6964/65 o Cód. Civ. y Com.). La complejidad de la cuestión, sumada al hecho de que la composición de la deuda debe poder ser claramente determinada, lo que no acontece en autos, me lleva a la concluir que el título no es hábil para proceder a su ejecución, por lo que el embate debe desestimarse (arts. 242, 246, 270, 518, 523 y conc. del C.P.C.C.).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
De conformidad con la votación precedente corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la parte ejecutante el día 15-4-2019, con costas de alzada en el orden causado habida cuenta la falta de responde del memorial (arts. 68 a contr., 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte ejecutante el día 15-4-2019 y confirmar la sentencia dictada el 8-4-2019 a fs. 126/129 (arts. 242 y 245 del C.P.C.). II.- Imponer las costas de alzada en el orden causado habida cuenta la falta de responde del memorial (art. 68 a contr. del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVU ÉLVASE.-
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
ALEXIS A. FERRAIRONE
SECRETARIO
REGISTRO Nro. 319-S FOLIO Nro. 1696/7
EXPEDIENTE NRO. 168.395. JUZGADO NRO. 6.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 10días del mes de diciembre de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados " MARTIN SILVIA Y OTRO/A C/ SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA S/ COBRO EJECUTIVO " , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Corresponde aclarar la sentencia de fs. 141/146?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. Las presentes actuaciones vuelven a despacho con motivo de la aclaratoria planteada por los ejecutantes en la pieza en proveimiento a fin de que se subsane la omisión concerniente al modo en que las costas fueron impuestas en la instancia de origen.
Expresaron que la sentencia definitiva se pronunció únicamente respecto de las costas de esta instancia pero no respecto de la instancia
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