Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 168316
REGISTRO N ° 250-S FOLIO N° 1326/33
EXPEDIENTE N° 168316 JUZGADO N ° 9
En la ciudad de Mar del Plata, a los8 días del mes de octubre de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "VINCIGUERRA, ELIZABETH C. C/ GERMINO, SERAFINA M. S/ COBRO EJECUTIVO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada el día14-5-2019 a fs. 93/95 ?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI DIJO :
I. En el fallo cuestionado la jueza mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto la deudora haga a la acreedora, íntegro pago del capital reclamado más los intereses allí dispuestos.
Para así decidirlo, desestimó la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada porque los argumentos que la sustentaron (referidos a hechos anteriores a la firma del contrato de mutuo ejecutado) desbordan el limitado marco cognitivo del proceso.
Se apartó del dictamen del Ministerio Público Fiscal y rechazó la aplicación de la ley de Defensa del Consumidor por considerar que en el caso no se trata de una relación de consumo, toda vez que el mutuo que se ejecuta fue firmado por una persona física frente a otra, no encuadrable en la definición de "proveedor" del art. 2 de la ley de mención, lo que presumió luego de realizar un relevo en la mesa de entradas virtual (en adelante MEV) y comprobar la inexistencia de más ejecuciones iniciadas por la actora.
Limitó los intereses al 24% anual entre moratorios y compensatorios, con cita del plenario dictado por esta Cámara con fecha 16-4-1996 en el expediente n° 95.421 caratulado: " Banco de la Edificadora de Olavarria S.A. c/ Pena, Daniel y otro s/ Ejecución "
II. El día 21-5-2019 apeló la parte ejecutante.
II.1. En el memorial presentado en la misma pieza recursiva se quejó del tope fijado a los intereses convenidos en el mutuo de autos firmado en el año 2015, mediante la aplicación de un plenario dictado en el año 1996.
Afirmó que los accesorios cuestionados no compensan la depreciación del peso.
Recordó que estamos en presencia de un mutuo oneroso.
Se refirió a las pautas a considerar en aquellos supuestos en los cuales no hubieran sido convenidos los intereses.
Señaló de qué modo debe determinarse cuándo una tasa es excesiva. Citó el art. 771 del CCyC.
Criticó que la jueza no haya argumentado la limitación del 24% anual por todo concepto.
Concluyó que los intereses pactados son razonables e inferiores a los que cobran las entidades bancarias oficiales.
Pidió que se revoque la sentencia apelada y se eleven los compensatorios a un mínimo del 36% anual y los punitorios a un porcentaje similar, con costas.
II.2. La parte ejecutada contestó los agravios el día 10-6-2019 a fs. 99/100.
Manifestó que la aplicación del plenario es obligatoria, limita el ejercicio abusivo del derecho e importa la intervención judicial que prevé el art. 771 del CCyC.
Recordó que su parte no participó en la negociación de la cláusulas del mutuo y que nunca existió el entrega del dinero.
Solicitó que se rechace el recurso de la actora con costas.
III. El día 10-6-2019 a fs. 101, la ejecutada -también- apeló la sentencia.
III.1. En el memorial presentado el 28-6-2019 se quejó de que la jueza refiera que su parte no negó la firma.
Puso de resalto que sí negó la deuda y recordó la coacción de la que fue víctima para firmar el contrato sin recibir el dinero que en él se indica.
Afirmó que lo denunciado merece ser verificado.
Cuestionó que la magistrada haya concluido que el actor no reviste la condición de proveedor en los términos del art. 2 de la ley 24.240.
Expuso que de haberse pedido un informe a la Receptoría general de expedientes (RGE) se hubiera demostrado que el acreedor principal -luego cedente del crédito de autos- promovió la ejecución de un pagaré ante el Juzgado de Paz Letrado de Balcarce.
Solicitó que se revoque la sentencia apelada y se mande a producir las medidas probatorias ofrecidas.
III.2. Mediante el escrito electrónico de fecha 1-7-2019 la parte ejecutante contestó el memorial.
En primer lugar solicitó la deserción del recurso alegando que la pieza en responde no constituye la crítica concreta y razonada que impone el art. 260 del C.P.C.
Seguidamente afirmó que no es cierto que la ejecutada no haya recibido el dinero ni que fuera forzada a firmar el contrato.
Sostuvo que la excepción de inhabilidad de título fue correctamente rechazada y que las pruebas ofrecida por la contraria son inconducentes.
Expresó que el hecho que el Sr. Guida (firmante del mutuo, luego cedente) tenga un proceso abierto nada aporta al caso sobre todo cuando la ejecutante de autos es la Sra. Vinciguerra (cesionaria del mutuo) no tiene ni un sólo juicio en contra, ni a favor.
Recordó, a todo evento, que el análisis de la relación causal no es procedente en los juicios ejecutivos y que no estamos ante un pagaré de consumo sino ante un contrato de mutuo de cuyo texto -además- surge todos los requisitos exigidos por la ley 24.240; y refirió que, aún en las ejecuciones de pagarés, se permite la integración con el título con el documento que justifique la operación del crédito.
Por todo ello, pidió que se rechace el recurso, con costas.
IV. TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS.
Aclaro que abordaré los recursos de manera conjunta y en el siguiente orden (art. 34 inc. 5° del C.P.C.)
1.a. En la causa n° 161.159 (RSD 114 del 17-5-2016) tuve oportunidad de expedirme en un caso análogo al presente, por lo que en lo sustancial lo habré de seguir.
En ese precedente hice mención a lo resuelto por la S.C.B.A. en los autos "Cuevas" (Ac. 109.305 del 1-9-2010) en cuanto a los alcances con los que debía interpretarse el art. 36 de la ley 24.240, refiriendo que los jueces se encuentran autorizados no sólo a declarar de oficio la incompetencia territorial, sino también a indagar la faz causal del reclamo de los títulos de crédito en aras de sopesar su habilidad ejecutiva, por mediar disposiciones de orden público que autorizan a atravesar los límites meramente extrínsecos de los instrumentos, en miras de un fin superior que hace a la tutela judicial efectiva (arts. 18 C.N., 15 C.Pcia.; S.C.J.B.A., Acs. 120.242 del 28-10-2015; 119.353 del 11-11-2015).
La Suprema Corte precisó los parámetros a tener en cuenta para atribuir la existencia de una relación sustancial de consumo subyacente en la ejecución, aludiendo a su efectiva constatación mediante elementos serios y adecuadamente justificados.
En definitiva, en el juicio ejecutivo es posible concluir en la existencia de una relación de consumo sobre la base de los elementos que se desprenden del título y de las propias actuaciones: la calidad de las partes involucradas, determinadas constancias obrantes en el documento, la habitualidad en la promoción de ejecuciones similares y diversos elementos que conduzcan a obtener presunción en tal sentido. Esa labor puede y debe tener lugar de oficio por el juez, por la naturaleza de orden público de las disposiciones contenidas en la L.D.C. y por la necesidad de protección de intereses especialmente amparados y en el deber de evitar un obrar abusivo (del voto del Dr. de Lázzari en la causa C. 117.245 “Crédito para todos S.A. c/ Estanga, Pablo Marcelo s/ Cobro Ejecutivo”, sent. del 3-9-2014; "Asociación Mutual de Asís" Ac. 121.684 del 14/08/2019).
1.b. Del análisis del caso concluyo que no puede presumirse la existencia de una relación de consumo en los términos de los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240, toda vez que no se observan elementos objetivos que demuestren que el accionante o el cedente firmante del mutuo aquí ejecutado se dediquen, habitual u ocasionalmente, al comercio o a la actividad financiera (art. 2 de la ley 24.240).
Contrariamente a lo que afirma la ejecutada al cuestionar este punto, sólo puede decirse que los nombrados son personas humanas, sin que medien constancias en el expediente que habiliten a sostener la existencia de una relación consumeril entre ellas y la ejecutada.
A su vez, luego de cotejar la MEV a través de la página de internet suministrada por la Suprema Corte, tampoco encuentro que los nombrados (Jorge Nelso Guida en su carácter de firmante cedente, o la cesionaria actora en autos Elizabeth Cristina Vincigerra) revistan la calidad de ejecutantes en una multiplicidad de juicios ejecutivos o de cobro de pesos en este departamento judicial, puesto que ello podría revelar prima facie una actividad orientada al préstamo de dinero que constituya una relación de consumo con sus ocasionales deudores.
A idéntica presunción arribo luego de realizar tal búsqueda en la base de datos del Juzgado de Paz Letrado de Balcarce, habida cuenta que en ninguno de los procesos detallados en la página indicada, surge que el Sr. Guida sea ejecutante (sino demandado)
El espectro defensivo del que pretende echar mano la ejecutada es aplicable en supuestos en los que se presentan como acreedores entidades bancarias, financieras o cadenas de comercios destinados a la venta de electrodomésticos, circunstancias que aquí no se presenta.
Recuerdo que esos procesos ejecutivos en los que fue abordada la indagación causal del crédito habían indicios con la entidad suficiente para describir una operación financiera para consumo.
Se trataba mayormente de reclamos de poca monta dirigidos contra personas físicas, respecto de quienes se había solicitado el embargo de haberes, dando el propio actor cuenta suficiente de que la parte ejecutada se hallaba bajo relación de dependencia y por ello no podía sino colegirse razonablemente que tales sujetos habían sido los destinatarios finales de un préstamo de dinero destinado a la adquisición de bienes para su consumo personal o familiar (por ejemplo en causa de esta Sala n° 146930 RSD 333 del 4-12-2012 o de Sala III, n° 149753 RSD 1 del 2-2-2012). Nada de ello acontece en el sub examen .
1.c. Por consiguiente, no existiendo elementos que permitan corroborar el cumplimiento de las condiciones aludidas, ni la presencia de indicios que, por su número, precisión, gravedad y concordancia produzcan la convicción deseada por el apelante, sumado a la inadvertencia de vicios externos manifiestos en el título, concluyo que no devienen aplicables las previsiones de la ley 24.240.
Por lo tanto, el agravio formulado al respecto por la parte ejecutada no merece prosperar (arts. 242, 246, 270, 542, 547, 549 y conc.; arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240).
2. De la excepción de inhabilidad de título:
2.a. Constituye principio recibido en doctrina que las excepciones en general opuestas dentro del marco de un juicio ejecutivo, y en el caso de la inhabilidad de título en particular, sólo pueden fundarse en ataques a la forma extrínseca del documento que se procura ejecutar, sin adentrarse en los aspectos causales, tal como lo previene el digesto adjetivo en el art. 542, habida cuenta que el limitado marco cognoscitivo de los juicios compulsorios vedan sopesar cuestiones que hacen a la relación sustancialínsita en el título ejecutivo (conf. ALSINA , Tratado, 2da. ed., T.V, p. 284; FASSI , Código Procesal, T.II, ps. 625/6; PODETTI , "Tratado de las ejecuciones", p. 270 y ss, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1997)
El art. 542 inc. 4° del C.P.C. determina que la excepción de inhabilidad de título sólo puede fundarse en sus formas extrínsecas, las que únicamente debe referirse a que: a) el título no se encuadre en la enumeración legal; b) no contenga una obligación de dar suma de dinero líquida y exigible; c) quien pretenda ejecutarlo no sea su titular y d) se dirija la acción contra quien no resulte deudor de la obligación (esta Sala en causa n° 139.889 RSD 403 del 23-6-2009)
2.b. En el caso, si bien es cierto que la ejecutada dio cumplimiento al recaudo formal de negar la deuda, cabe precisar que lo que reviste singular importancia en autos es no haber negado la firma inserta en el mutuo ejecutado ni cuestionado sus aspectos extrínsecos (v. escrito del 28-2-2019)
Mientras la defensa de la Sra. Germino se circunscribió al relato de los hechos anteriores a la firma del mutuo introduciendo al debate cuestiones vedadas en su tratamiento porque intentaron discutir la causa de la obligación (art. 542 inc. 4° del C.P.C.), el mutuo obrante a fs. 25/27 contiene todos los recaudos formales exigidos por el art. 521 inc. 2° del C.P.C. en cuanto se trata de un instrumento privado suscripto por la obligada, con firma certificada por escribano público con intervención de aquella y registrada la certificación en el protocolo o libro de requerimientos, por lo que, en definitiva, es un título que trae aparejada ejecución.
Cuando la jueza expresa que la ejecutada no negó la firma, es porque el instrumento privado provisto de la certificación notarial de firmas obrante a fs. 25/27, reviste la condición de prueba auténtica conferida por la intervención del escribano público, lo que acarrea una presunción legal sobre la veracidad de su contenido (art. 979 inc. 2 del Cód. Civil -Ley 340-; argto. doct. Morello- Sosa- Berizonce, "Códigos ..." Librería Editora Platense, La Plata, 1994, t.VI-A, p. 322; Fenochietto, "Código ..", 5° ed., Astres, Buenos Aires, 1999, p. 579).
En virtud de ello, debe tenerse por cierto que "el Sr. Jorge Nelson GUIDA, hace entrega en este acto y LA DEUDORA, Sra. Micaela Josefina GERMINO, recibe de plena conformidad, la cantidad de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL ($1.624.000) (...)" , tal como lo expresa el título cuya ejecución se pretende, toda vez que se han certificado notarialmente las firmas de ambos contratantes (v. fs. 25/27, cláusula 1°).
En el limitado marco cognoscitivo de este juicio ejecutivo debe presumirse la veracidad de los términos pactados en el título, sobre todo si se certificó la firma de la obligada, y por lo tanto, el debate sobre la entrega o no del dinero implicaría una discusión causal sólo reservada para el juicio ordinario posterior (art. 551 del C.P.C.).
Y lo mismo sucede con el argumento referido a la alegada coacción de la que habría sido victima la Sra. Germino, pues sin perjuicio de que el relato fuera cierto, requiriendo de un profundo proceso de investigación, sólo podría ventilarse en el indicado juicio ordinario posterior donde podrán alegarse y probarse las irregularidades denunciadas que no surgen del título mismo, y cuyo tratamiento niega el art. 542 del C.P.C (art. 989 del Cód. Civ. -Ley 340-).
2.c. En definitiva, los fundamentos que sostienen los agravios de la Sra. Germino no son procedentes, por lo que en un todo de acuerdo a lo explicado, corresponde rechazar íntegramente el recurso articulado por la nombrada, con costas a su cargo atento al principio contenido en el art. 556 del C.P.C. (arts. cits., 68, 242, 245 y cctes. del C.P.C; art. 979 inc. 2° y 989 del Cód. Civ. -Ley 340-).
3. De los intereses: .
3.a. Ya con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (ley 26.994) la S.C.B.A. se había expedido en torno a la improcedencia de todo planteo o decisión judicial que persiga o disponga la reducción de los porcentajes convenidos en materia de intereses sin la comprobación fehaciente de la existencia de tasas abusivas, usurarias y confiscatorias (vg. Ac. 106.661, “H.J. Navas y Cía. S.A. c/ Banco Bansud S.A. s/ Revisión de cuentas” del 11/8/2010; Ac. 95.758, “Volpe, José c/ Banco de Buenos Aires s/ Nulidad, Repetición y Comp.” del 9/12/2010).
Por lo que en ese sentido es razonable la queja de la parte ejecutante referida a que no es correcto que la jueza haya modificado los intereses pactados mediante la remisión mecánica a la conclusión de un fallo plenario o precedente jurisprudencial, sin desarrollar los fundamentos que llevaron a adoptar tal determinación y sin hacer una descripción comparativa de la situación fáctica del precedente con la de la causa (esta Sala causas n° 146.897 RSD 111 del 12-7-2011; 146.030 RSD 183 del 22-9-2011, 151.305 RSD 278 del 19-10-2012). Máxime cuando la pauta adoptada por la jueza fue dejada sin efecto a través del Fallo Plenario: "Metz" del 27/12/2010 (expte nro. 140.929, RSD 355).
3.b. La voluntad de las partes en la determinación de las tasas de interés en principio debe respetarse (argto. arts. 957, 958 del CCyC) pues las facultades de morigerarlos es otorgada a los jueces por el art. 771 del CCyC siempre que " … la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación " (argto. arts. 765, 769, 771, 794, 960, 961 del CCyC).
Pizarro señala que " El juez debe efectuar una ponderación integral de la operatoria, valorando toda la ecuación económica ligada al mismo y el resultado que ella arroja. Para esto debe calibrar no solo la tasa de interés aisladamente considerada, en función del costo medio del dinero para deudores en operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación..." "…La naturaleza del negocio debe ser especialmente ponderada por el magistrado. La tasa de interés está frecuentemente ligada a ello, pues las condiciones suelen variar tratándose de créditos de consumo, para la construcción o refacción de viviendas, para el financiamiento de proyectos, o para pequeñas, medianas y grandes empresas, etc.". "El plazo, las garantías y el riesgo de recupero, la moneda del préstamo, el monto del crédito y el sistema de amortización también deben ser ponderados como elementos que puedan justificar una tasa mayor o menor, a la hora de una posible revisión ” (Pizarro Ramón Daniel, "Los intereses en el Código Civil y Comercial" en La Ley del 31.7.2017).
Con este instrumento, ya no resulta necesario contar con una acción del deudor que ataque el acto por lesivo para restablecer la proporción entre las prestaciones eliminando la ventaja patrimonial injustificada, y los intereses pueden morigerarse a petición de parte o de oficio (Pizarro, ob. cit., p. 9).
Otra herramienta en el mismo sentido, y conforme la doctrina legal de la S.C.B.A., es la reducción judicial de la cláusula penal excesiva, aplicable a los intereses punitorios "convencionales" en virtud de lo dispuesto por el art. 769 CCyC (con remisión al 2do. párrafo del art. 794) que podría tener lugar "de oficio" cuando el exceso aparece manifiesto (S.C.B.A. "Celulosa Carhué S.A. c/ Empresa Constructora Abel Pie - Michael Landau", 16-3-1971, E.D. 36-637), y no sea necesaria una investigación de hecho (Ac. 41.880; 56.234; 61.024), sea el abuso originario o constituya una consecuencia sobreviniente (Ac. C 120.055 del 23.11.2016).
3.c. En el caso, el mutuo traído a ejecución obrante a fs. 25/27 contiene intereses compensatorios en el 3% mensual (36% anual, v. cláusula 2°) y punitorios, a la tasa que cobra el Banco Nación en sus operaciones en descubierto en cuentas corrientes (v. cláusula 3°)
i ) En lo que respecta a los intereses compensatorios , considero que para evaluar si los convenidos son merecedores de morigeración judicial, al no haber una norma que específicamente regule el caso, el análisis comparativo que exige el art. 771 del CCyC debe realizarse por analogía con lo previsto en la ley de tarjetas de crédito n° 25.065, a un servicio financiero no bancario (arg. art. 2 del CCyC; esta Sala, causas nro. 167.156, RSD 99 del 7-5-2019, entre otras).
El art. 16 de la citada norma prevé expresamente que “ En caso de emisores no bancarios el límite de los intereses comp
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