Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 169145
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación deducido subsidiariamente el día 23-9-2019 y confirmar la resolución dictada el 17-9-2019 a fs. 30 (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 1, 2, 11 a contrario y conc. del decreto-ley 6754/43).
II. Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (art. 68 a contrario del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
REGISTRO N ° 45-S FOLIO N° 205/8
EXPEDIENTE N° 169.145. JUZGADO N° 1.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 12días del mes de marzo de 2020, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES C/ BROCHERO, ROBERTO C. S/ COBRO EJECUTIVO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la resolución de fs. 30?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el proveído cuestionado el juez desestimó el pedido de embargo sobre los haberes del ejecutado solicitado por la entidad bancaria ejecutante.
Para así decidirlo, tuvo en consideración que el accionado era dependiente del Estado Mayor General de la Armada y presumió que el pagaré objeto de la ejecución instrumentaba un préstamo de dinero, por lo que quedaba alcanzado por el principio de inembargabilidad que emanaba de las disposiciones del decreto-ley 6754/43, sin que se demostraran cumplidas las exigencias de su art. 2 apart. "b".
II. Síntesis de los agravios:
El banco ejecutante interpuso revocatoria con apelación en subsidio el día 23-9-2019. Desestimada la reposición, fue concedido el recurso subsidiario el 16-10-2019 a fs. 33.
Las quejas del apelante giraron en torno a tres cuestiones:
II.1. Alegó que el decreto-ley 6754/43 quedó derogado el 15-5-2000 con el dictado del decreto 691/2000 que estableció en su art. 13 la derogación del decreto 9472/43 que reglamentaba a aquél.
II.2. Manifestó, de todos modos, que el decreto-ley 6754/43 resultaba inaplicable al caso, pues tratándose de la ejecución de un pagaré, la abstracción que rodeaba al libramiento de dicho título impedía determinar si la obligación asumida derivó del otorgamiento de un préstamo de dinero o la compra de mercadería.
II.3. Expuso, en subsidio, que la norma en la que se sustentaba la decisión atacada era inconstitucional, ante la inexistencia de motivos que justificaran el privilegio otorgado hace ya más de 57 años a los empleados públicos en desmedro del derecho de propiedad de los acreedores.
III. El día 16-12-2019 el Ministerio Público Fiscal contestó la vista conferida el 5-12-2019 a fs. 35. Emitió el pertinente dictamen en los términos de los arts. 1, 29 inc. 4to. y 39 de la ley 14.442, del art. 52 de la ley 24.240 y del art. 27 de la ley 13.133, a cuyos términos me remito por razones de economía procesal (art. 35 inc. 5° del C.P.C.)
IV. Consideración de los agravios:
Abordaré los agravios en el mismo orden en que fueron reseñados.
IV.1. El decreto 691/2000 (hoy sustituido por el decreto 14/2012) tuvo por objeto aprobar el régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal que presta servicios en los organismos y entidades incluidas en el artículo 8º de la ley 24.156.
Para ello creó un registro de entidades participantes del régimen de deducciones en los haberes de los agentes de la Administración Pública Nacional destinado a atender el cumplimiento de las obligaciones dinerarias asumidas por aquellos y vino a reemplazar al anterior decreto 9472/43 reglamentario del decreto-ley 6754/43.
De una lectura de los antecedentes por cuales se dictan los recientes decretos (691/200 y 14/2012) se desprende no sólo la vigencia del decreto-ley 6754/43, pues "[...] a pesar de haber transcurrido más de medio siglo desde el momento del dictado de dicha normativa los objetivos allí planteados mantienen plena actualidad..." , sino que ante la experiencia recogida en todo este tiempo se determina la conveniencia de incrementar la oferta y la transparencia de los servicios financieros que posibilitará a los agentes contar con alternativas de refinanciación más ventajosas cuando tengan obligaciones en curso de ejecución.
Es más, en los considerandos del decreto 14/2012 se destaca la necesidad de sustituir el régimen creado en el año 2000 por otro que se adecue al marco de las políticas económicas y sociales llevadas adelante por el Gobierno Nacional, en especial de desarrollo y protección de los trabajadores y de inclusión e igualdad social, que facilite el acceso al crédito y evite abusos en el costo financiero de los créditos que ocasionan un marcado deterioro en los haberes.
En suma, el quejoso parte de una afirmación errónea al sostener que el decreto 691/2000 derogó al decreto-ley 6754/43, pues aquél se limitó a sustituir la reglamentación que éste tenía con el anterior decreto 9472/43.
Por otra parte, no puedo dejar de observar que en atención a que los decretos en juego (9472/43, 691/200 y 14/2012) sólo poseen contenido normativo reglamentario, su rango constitucional resulta jerárquicamente inferior al decreto-ley 6754/43 (ratificado por la ley 13.894), por lo que mal podrían aquéllos haber derogado a éste, so pena de subvertir la pirámide jurídica de fuente constitucional (arts. 31 y 99 inc. 2° de la C.N.).
Por ello, la tesis del apelante resulta improcedente en tanto el decreto-ley 6754/43 no ha perdido su vigencia (www.infoleg.gob.ar).
IV.2. El segundo agravio tampoco es de recibo.
La inembargabilidad relativa de sueldos, pensiones, salarios y jubilaciones de empleados y obreros de la Administración Pública prevista en el decreto-ley 6754/43, sólo se limita a los supuestos de obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercaderías, y en razón de la calidad limitativa de tal beneficio, no debe extenderse a obligaciones que respondan a otra causa u origen (esta Sala, causa n° 152.939 RSI 6 del 13-2-2013, entre otras).
Si bien cuando en el título no consta la causa de la obligación se presume, de acuerdos a usos y costumbres comerciales, que ha sido instrumentado por un préstamo en dinero, lo cierto es que dicha presunción opera en casos en que el ejecutante es una entidad financiera cuya actividad principal consiste en el otorgamiento de tales préstamos (esta Sala, causa n° 142.318, RSI 38 del 11-2-2009, entre otras).
Es más, esta protección también se hace extensiva a supuestos en los que dicha circunstancia se encuentra plasmada en el texto expreso del título y, por ello, si el ejecutante no acredita el cumplimiento de los recaudos exigidos por la citada norma, los haberes de los empleados públicos resultan inembargables.
En autos se presentan ambas variables, el acreedor resulta ser una entidad financiera en los términos de la ley 21.526 y en el texto del documento objeto de la ejecución se consigna «[...] por igual valor recibido en efectivo...» , por lo que se encuentran reunidos los elementos suficientes para afirmar que el libramiento de aquel responde a un mutuo dinerario.
Por ello el pretenso crédito cuya ejecución persigue el banco acreedor se encuentra alcanzado por el decreto-ley 6754/43.
IV.3. Respecto al planteo de inconstitucionalidad, adelanto que no encuentro razones para apartarme de la posición que adoptara ante un planteo idéntico en los autos "Miranda, Miguel c/ López, Claudia s/ cobro ejecutivo" (causa nro. 163.086, RSD 225 del 8-9-2017), por lo que a continuación transcribiré en lo pertinente los argumentos allí expuestos en mi voto.
"1. Como punto de partida, recuerdo la doctrina reiterada por la Corte federal según la cual la declaración de inconstitucionalidad constituye, por importar un acto de suma gravedad institucional, una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, la última ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía (Fallos 316:2624, entre otros).
"En el mismo sentido, calificada doctrina ha señalado que el ejercicio de esta potestad judicial debe ser llevada a cabo con sumo equilibro, moderación y prudencia y en línea con las reglas que rigen para declarar la invalidez de toda norma (Morello - Rosales Cuello, D.J., 2004-3, pág. 676).
"En virtud de ello, las tres Salas de este Tribunal se han expedido sobre la validez constitucional del decreto-ley 6.754/43 (Sala 1, causa nro. 125.632, RSD 431 del 14-9-2004; Sala 2, causas nro. 116.099, RSD 203 del 22-4-2004; nro. 135.848, RSI 566 del 11-7-2006, entre otros y Sala 3, causa nro. 152.736, RSD 4 del 6-2-2013), doctrina respecto de la cual no encuentro argumentos para apartarme.
"Así, en oportunidad de dictar sentencia definitiva en los autos caratulados "SEGURO DE DEPÓSITOS S.A. C/ PORTAL, LUIS M. S/ COBRO EJECUTIVO" -causa nro. 154.295, RSD 210-924/9 del 10/9/2013-, luego de destacar la protección que nuestra Constitución Nacional otorga al trabajo en sus diversas formas (art. 14 bis C.N.) y el consecuente resguardo del salario vigente en nuestra legislación (dec. 11.594/56, de ratificación y adhesión al Convenio n° 95 de la Organización Internacional del Trabajo), que incluye normas limitativas de su embargabilidad tanto en el ámbito público como privado (dec. ley 6.754/43 y dec. 484/87, respectivamente), he señalado:
"Al tratar el pedido de declaración de inconstitucionalidad del decreto 6754/43 debe tenerse presente que tal declaración constituye una decisión extrema, “ultima ratio”, acto de suma gravedad institucional (CSJN JA 1990-II-307), que solo debe ejercerse en el caso concreto (CSJN JA 1990-II-596/7) en que se hubiera demostrado claramente el gravamen que produce la norma sindicada como contraria a la Constitución Nacional (CSJN fallos 307-2).
"Las razones de quienes militan en favor de declarar la inconstitucionalidad de la norma se fincan mayoritariamente en la violación de la garantía de igualdad ante la ley, considerando que privilegia la situación de unos en desmedro de otros (Cámara 7ma. Civil y Comercial de Córdoba), en tanto Francisco Junyent Bas, considera que viola asimismo la garantía de la propiedad y de la defensa en juicio.
"Los argumentos de quienes sostienen la constitucionalidad, resultan a nuestro juicio, más convincentes. Así la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Azul, si bien en minoría (voto del Dr. Céspedes) afirmó que el establecimiento de un régimen especial igual para todos los empleados de una especie de trabajo no comporta una violación de la garantía de la igualdad y que dicho régimen se limita a proteger la retribución del empleado público, dejando intacto el derecho de los acreedores de perseguir otros bienes (Knavs, Verónica y otros ob.cit. nota 34) (...).
"Respecto a la igualdad, la Corte Suprema de Justicia de La Nación ha resuelto en reiteradas oportunidades que el art. 16 de la Ley Fundamental no impone una rígida igualdad, por lo que tal garantía no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes. De ahí que se atribuya a su prudencia una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la reglamentación (Fallos: 320:1166), aunque también destacó que ello es así en la medida en que las distinciones o exclusiones se basen en motivos razonables y no en un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas (Fallos: 315:839; 322:2346).
"De la lectura de los argumentos vertidos se desprende que la norma atacada no conduce a frustrar la efectiva percepción del crédito, pues el acreedor podrá perseguir otros bienes que integren el patrimonio del deudor, o también podrá hacer efectivo su crédito sobre una porción del salario siempre que recurra a un proceso ordinario (art.11 decreto 6754/43).
"Por lo expuesto se rechaza el pedido de declaración de inconstitucionalidad del decreto 6754/43 (...)".
Las consideraciones vertidas en los párrafos anteriores son plenamente aplicables al supuesto de autos, de modo que encontrándose acreditado que el ejecutado es dependiente del Estado Mayor General de la Armada (Ministerio de Defensa - Poder Ejecutivo Nacional), y que el título de crédito resulta alcanzado por el decreto-ley 6.754/43 cuya validez constitucional he declarado, encuentro ajustado a derecho el auto apelado que rechaza el pedido de embargo de los haberes de aquel (arts. 1, 2, 11 a contrario del decreto-ley 6.754/43).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En orden a la votación precedente, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido subsidiariamente el día 23-9-2019 y confirmar la resolución dictada el 17-9-2019 a fs. 30, con costas en el orden causado por no mediar controversia (arts. 68 a contrario, 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 1, 2, 11 a contrario y conc. del decreto-ley 6754/43).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación deducido subsidiariamente el día 23-9-2019 y confirmar la resolución dictada el 17-9-2019 a fs. 30 (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 1, 2, 11 a contrario y conc. del decreto-ley 6754/43). II) Imponer las costas en el orden causado por no mediar controversia (art. 68 a contrario del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.C.). DEVU ÉLVASE.-
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
ALEXIS A. FERRAIRONE
SECRETARIO
Fin de la sentencia