Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 174446
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución del 25-3-2022. II) Las costas se imponen en el orden causado por no haber mediado oposición ni vencimiento en el modo que se resuelve la cuestión en esta instancia, debido a que el recurso ha sido motivado en una actividad oficiosa del juez de origen (doct. art. 68 del CPC). III) Se difiere la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N ° 174446 JUZGADO N ° 3
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "CONTAR SOCIEDAD ANONIMA C/ DIAZ MARCELO ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la resolución del 25-3-2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En la decisión cuestionada, el juez desestimó la preparación de la vía ejecutiva e intimó al accionante para que dentro del plazo de 10 días proceda a readecuar su escrito de demanda para el trámite previsto para el juicio de conocimiento, bajo apercibimiento de considerar concluidas las presentes actuaciones y proceder a su archivo, sin perjuicio del derecho que le asiste al requirente de iniciar un nuevo reclamo por la vía correspondiente y previo tránsito de la etapa de mediación.
El fallo es fundado en que no se reúnen los requisitos contractuales previstos en la ley de Tarjeta de Crédito nro. 25.065 (LTC), por cuanto, por una parte, no se encuentra determinado el plazo para el pago de las obligaciones por parte del titular, lo cual considera un incumplimiento de la exigencia prevista en el art. 6 inc. b de la referida ley. El juez señaló además que en el contrato se omitió establecer el porcentual del monto mínimo de pago, y que el tope mínimo del 10% especificado en las cláusulas séptima y décimo séptima no satisface la exigencia del art. 6 inc. "c" del mencionado cuerpo legal. A su vez, observa que en el contrato no se determinó el importe o tasas por cobertura de consumo en caso de pérdida o sustracción de tarjeta, lo cual califica como incumplimiento del inciso "j" del referido art. 6 de la LTC.
Por otra parte, el magistrado observó que no surge constancia de que se trate de un contrato autorizado y registrado por la autoridad de aplicación en los términos del art. 7 del aludido texto legal.
La actora apeló el 28-3-2022 y presentó el memorial el 1-4-2022. No recibió réplica de la contraria por no encontrarse aun trabada la litis.
II. El apelante expresa cuatro agravios, que pueden sintetizarse del siguiente modo.
II. 1. Respecto de la ausencia del plazo de pago, refiere que el usuario cuenta con la potestad de elegir entre 3 fechas de cierre contable de operaciones y que la correspondiente al ciclo elegido será notificada por la entidad con anticipación en los resúmenes de operaciones.
Esgrime que la ley no obliga a la entidad a fijar en el contrato un día del mes a tales efectos, sino que el plazo es un lapso o espacio de tiempo determinado que es informado en los respectivos resúmenes enviados a los usuarios.
II. 2. Respecto del requisito del monto mínimo de pago, la apelante sostiene que su parte cumplió con la exigencia legal en las cláusulas séptima y décimo séptima, al establecer un tope al porcentual en el 10% sobre los conceptos alcanzados, y que tales conceptos son determinados por la cláusula séptima.
Expresa que la normativa no obliga en sus disposiciones a establecer un porcentual fijo de montos mínimos de pago, y que por ello en el contrato base la actora cumple con el inciso "c" del art. 6 de la ley 25.065 al establecer la alícuota mínima.
II. 3. En cuanto al incumplimiento del inc. "j" del art. 6 de la referida ley, respecto del importe o tasas por cobertura de consumo en caso de pérdida o sustracción de tarjeta, manifiesta que el contrato tiene estipulado, en la cláusula décimo segunda, que en tales casos la empresa se hará cargo de los consumos posteriores que se efectúen luego de la denuncia de extravío o sustracción de la tarjeta, es decir, que no se le cobra seguro alguno al usuario, sino que la empresa afronta el 100% del consumo efectuado con posterioridad al evento sobrevenido.
II. 4. Finalmente cuestiona el incumplimiento que se le atribuye respecto de la registración del contrato, en los términos del art. 7 de la LTC.
Alega que el requisito es de cumplimiento imposible en virtud de que jamás se reglamentó la ley, al punto que la propia Secretaría de Comercio perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informa dicha circunstancia ante el envío de contratos para registrar.
Señala que la referida comunicación se encuentra agregada en la causa en copia simple, habiéndose ofrecido oficiar al organismo para que se informe al respecto.
III. Consideración de los agravios.
III. 1. En los autos caratulados “ Contar SA c/ Rielo, Antonela Nahier s/ Cobro Ejecutivo ” (causa n° 171418 RSD 89-S del 26-3-2021) tuve oportunidad de expedirme en un caso análogo del mismo ejecutante en torno a los términos y alcances del contrato de tarjeta de crédito y su correspondencia con los requisitos exigidos en el art. 6 de la ley 25.065.
Hemos dicho que la determinación de la fecha del pago del resumen constituye un elemento de suma importancia para el usuario, para que pueda conocer fácilmente y de antemano cuándo debe pagar, de manera que se la debe indicar de modo exacto (arts. 4 y 36 de la ley 24.240; art. 6 inc. "b" LTC, argto. esta Sala en causas n° 168235, RSD 266-S del 22-10-2019, “ Contar SA c/ Morales s/ Cobro Ejecutivo ”; y causa n° 171418 cit.)
Desde esta perspectiva, el texto del contrato parece no cubrir la exigencia prevista en el art. 6 inc. “b” de la ley mencionada (v. doc. digital adjuntado al escrito de demanda de fecha 11-2-2022, siguiendo este enlace: http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=3a962e1e-4bff-493c-88df-36c067645f57&hash=A4F9124F8AAAF1BAD76EE2A3B843B092&nombrepath=DOCUMENTAL.pdf_ ) porque no lleva inserta la fecha del vencimiento para el pago de las consumos y demás conceptos derivados de la operatoria del usuario con la tarjeta de crédito.
La fórmula empleada por el proveedor es que: “ El usuario titular podrá optar entre tres (3) fechas de cierre contable de operaciones disponibles, que se fijarán entre el rango de días establecido a continuación, de acuerdo a como sobrevengan los días hábiles encada mes calendario, a saber: Cierre 1: entre 24 y 31; Cierre 2: de entre 05 y 12 y Cierre 3: entre 16 y 23. La fecha correspondiente al ciclo elegido será notificada por la Entidad con anticipación en los resúmenes de operaciones ”.
En los precedentes citados hemos resuelto que este tipo de cláusulas conllevan una infracción a la ley que impide al accionante ejercer su reclamo por la vía ejecutiva (causas 168235 y 171418).
Sin perjuicio de lo expuesto, un nuevo estudio de la cuestión a partir de lo resuelto por la Sala Primera de esta Cámara de Apelaciones en la causa nro. 168768, caratulada "Contar SA c/ Merino Olga Graciela y ot s/ Cobro Ejecutivo" me persuade hacia una conclusión diferente.
En efecto, coincido con la visión plasmada por el Dr. Rodrigo Cataldo en el referido precedente, por cuanto considera que la inclusión del plazo para el pago de las obligaciones y fecha de cierre de las operaciones en los resúmenes de cuenta de la tarjeta de crédito abastece la exigencia de los incisos "b" y "g" del art. 6 de la ley 25.065, porque permite al usuario conocer fácilmente y de antemano cuándo pagar los consumos realizados (art. 23 inc. "h" LTC). Y ello es, precisamente, lo que se desprende de la documentación acompañada por el ejecutante, que transcribo a continuación.
III. 2. Idéntica apreciación encuentro respecto del requisito del inciso “ c ” del art. 6, pues en la medida que las cláusulas séptima y décimo séptima del contrato no informan con exactitud cuál es el porcentual del pago mínimo al formular que “no podrá ser inferior al porcentaje establecido en el ANEXO” (cláusula séptima) y que “no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) sobre los conceptos alcanzados”, el monto correspondiente ha sido informado en cada resumen (art. 23 inc. "n" LTC), tal como puede observarse supra, en las capturas de pantalla de las páginas 25, 28 y 31 de la documental agregada en formato pdf con la demanda ( http://docs.scba.gov.ar/Documentos?nombre=3a962e1e-4bff-493c-88df-36c067645f57&hash=A4F9124F8AAAF1BAD76EE2A3B843B092&nombrepath=DOCUMENTAL.pdf ).
III. 3. En cuanto al incumplimiento del inc. "j" del art. 6 de la referida ley, respecto del importe o tasas por cobertura de consumo en caso de pérdida o sustracción de tarjeta, le asiste razón al apelante en cuanto señala que en la cláusula décimo segunda, se ha previsto que la empresa se hará cargo de los consumos posteriores que se efectúen luego de la denuncia de extravío o sustracción de la tarjeta, es decir, que no se le cobra seguro alguno al usuario, sino que la empresa afronta el 100% del consumo efectuado con posterioridad al evento sobrevenido (documental agregada en la demanda, pág. 9).
Lo expuesto se corrobora al observar que en los resúmenes de cuenta adjuntados no hay concepto liquidado por importes o tasas cobradas por adelantado en referencia a coberturas de consumo en caso de pérdida o sustracción de tarjeta (págs. 25 a 33 de la documental adjuntada en la demanda, conf. enlace citado supra).
III. 4. Finalmente, en lo atinente a lo requerido por el Art. 7 inc. "d" de la ley 25.065 (la autorización y el registro por la autoridad de aplicación de los contratos tipo que utilice el emisor), en los autos "Favacard S.A. c/ Salinas, Juan s/ Cobro ejecutivo" (expte. nro. 159.509 del 27-10-2016) tuve oportunidad de resolver un caso análogo en el que el magistrado de primera instancia rechazó la solicitud de preparación de la vía ejecutiva por entender que el contrato de tarjeta de crédito no cumplía con dicho canon (la autorización y el registro por la autoridad de aplicación de los contratos de tipo que utilice el emisor).
Al igual que en este caso, el quejoso afirma en su memorial que el aludido requisito no se encuentra reglamentado y que el registro nunca fue creado. Por tal razón, este Tribunal decidió ordenar en el precedente reseñado una medida para mejor proveer para desentrañar el entuerto.
Fruto de ellas la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, informó que la ley 25.065 no ha sido reglamentada y, en consecuencia, no se ha tornado operativo el registro y autorización de los contratos que prevé tanto el art. 7 como el 38 del texto legal referido.
Por lo expuesto, cimentándose el rechazo de la preparación de la vía ejecutiva exclusivamente en el incumplimiento del art. 7 inc. "d" de la ley 25.065, el embate merece ser acogido y el pronunciamiento cuestionado dejado sin efecto , en este parcial (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; arts. 6 y 23 de la ley 25.065).
Por las razones expuestas VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En orden al resultado de la votación precedente, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 28-3-2022 y, en consecuencia, revocar la resolución del 25-3-2022. Las costas deberán ser impuestas en el orden causado por no haber mediado oposición ni vencimiento en el modo que se resuelve la cuestión en esta instancia, debido a que el recurso ha sido motivado en una actividad oficiosa del juez de origen (doct. art. 68 del CPC). La regulación de honorarios deberá diferirse para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: I) se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 28-3-2022 y, en consecuencia, se revoca la resolución del 25-3-2022. II) Las costas se imponen en el orden causado por no haber mediado oposición ni vencimiento en el modo que se resuelve la cuestión en esta instancia, debido a que el recurso ha sido motivado en una actividad oficiosa del juez de origen (doct. art. 68 del CPC). III) Se difiere la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (Ac. 4103). DEVU ÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2022 11:13:53 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 13:37:31 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 13:48:01 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 15/07/2022 08:50:21 hs. bajo el número RS-183-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia