Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 174487
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada el día 18-3-2022 y confirmar la sentencia dictada el 10-3-2022 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68 y 556 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N ° 174.487 JUZGADO N° 15 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "RABINOWICZ, SAMUEL D. C/ FERNÁNDEZ, DANIEL A. Y OTRO S/ COBRO EJECUTIVO", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada el día 10-3-2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. En el fallo cuestionado el Sr. Juez condenó a los ejecutados al pago del capital reclamado, más los intereses, costos y costas de la ejecución.
Para decidir de ese modo, desestimó la excepción de inhabilidad de título sustentada en la inobservancia del art. 36 de la ley 24.240.
Afirmó que en el caso no es aplicable la ley consumeril, ni pertinente la producción de la prueba ofrecida por el ejecutado.
Citó lo resuelto en la causa entre las mismas partes: “RABINOWICZ, SAMUEL D. C/ FERNÁNDEZ, DANIEL A. Y OTRO S/ COBRO EJECUTIVO" de trámite ante el Juzgado civil y comercial n° 10 departamental”, y su confirmación por esta Alzada.
Morigeró los intereses pactados, estableciendo una tasa anual del 6% en concepto de compensatorios y 3% de punitorios, y fijó la mora desde la celebración del mutuo.
II. El día 18-3-2022 apeló y fundó la parte ejecutada.
Planteó los siguientes agravios:
a) la parte dispositiva se contradice con los considerandos al establecer una fecha de mora no pedida en la demanda;
b) omitió referirse al abuso de firma en blanco y falsificación de firmas, alegado al tiempo de excepcionar;
c) no se le permitió a su parte abrir la excepción de inhabilidad de título a prueba a fin de acreditar la procedencia de la aplicación de la ley 24.240 y lo que se resolvió al respecto difiere de lo considerado en la causa homónima citada por el juez;
d) debió aplicarse la referida ley porque la cantidad de juicios abiertos a nombre del actor presume su calidad de prestamista profesional y además, porque si bien su parte no era comerciante al tiempo de la suscripción del mutuo ejecutado, la ley consumeril no distingue respecto de personas con o sin finalidad de lucro;
e) la morigeración de intereses es insuficiente.
Sostuvo que el ejecutante no cumplió con el art. 36 de la ley 24.240.
Destacó que el Ministerio Fiscal coincidió con su postura.
Pidió que se revoque la sentencia, con costas.
III. Mediante el escrito del 4-4-2022 el ejecutante alegó, en primer lugar, que el memorial no constituye una crítica concreta y razonada en los términos del art. 260 del C.P.C.
Luego contestó los agravios.
Expresó que el error material referido a la fecha de mora pudo suplirse con una aclaratoria y coincidió en que corresponde establecer que los intereses corren a partir del 26-10-2015 y no desde la celebración del contrato.
Manifestó que lo expresado por el apelante en relación a la imposibilidad de abrir el juicio a prueba y la relación que hace con la causa homónima, es un artilugio lingüístico.
Afirmó que la prueba pretendida pudo agregarse al tiempo de oponer la excepción.
Señaló que no fue rebatido el argumento del juez referido a que el monto ejecutado no se corresponde con una operación de consumo.
Afirmó que el préstamo se utilizó para ejercer el comercio.
Reiteró la deserción del recurso en lo que hace a la mayor morigeración de intereses pedida.
Expresó que el dictamen de la Fiscalía no es vinculante para los jueces.
Solicitó que se rechace el recurso y se condene en costas a la ejecutada.
IV. El recurso no prospera.
a) En orden a lo reclamado en la demanda, la fecha de mora debe fijarse el día 26-11-2015, tal como lo establece el juez al tratar la “morigeración de intereses” pedida por el ejecutante (en lugar de: " desde la celebración del título ")
De todos modos, coincido con el apelado en cuanto a que el tema pudo haber sido evacuado a través de un recurso de aclaratoria (art. 36 inc. 3° del C.P.C.).
b) Del escrito de fs. 104/108 de fecha 10-9-2018 se desprende que el ejecutado no planteo la excepción de falsedad del art. 542 inc. 4° del C.P.C. como lo afirma en el memorial (sólo tituló el escrito e hizo una mención a fs. 104 vta. que no se refería a su persona).
Nada debía resolver el juez al respecto, por lo que el agravio formulado al respeto no es de recibo (art. 242 del C.P.C.)
c) Los agravios que sostienen la aplicación de la ley 24.240 tampoco son procedentes.
No encuentro motivos para apartarme de la decisión adoptada en la causa homónima de trámite ante este Tribunal bajo el n° 172.809 caratulada: "RABINOWICZ, SAMUEL D. C/ FERNÁNDEZ, DANIEL A. Y OTRO S/ COBRO EJECUTIVO" proveniente del juzgado civil y comercial n° 10 departamental (conf. RSD 74 del 15-11-2021, que cita el juez).
Allí se expresó que: “ El fundamento del régimen tuitivo es el consumidor, por lo que resulta de toda lógica que el acceso al sistema normativo de protección depende de la existencia del sujeto al cual se le destina la protección, y ello se estructura sobre la concepción económica dada por el destino del bien o servicio adquirido (art. 1 de la ley 24.240; esta Sala, en causa n° 161.009 RSI 479 del 20-10-2016).
Si bien se entiende que el "consumidor" puede ser una persona humana o jurídica (art. 1 LDC), sólo se adquiere la tutela legal siempre y cuando sea “destinatario final” de bienes adquiridos o utilizados para un fin privado, familiar o social. De manera que no se excluye a quienes desenvuelven actividades económicas, pero en tal supuesto, el carácter de destinatario final se entenderá configurado si la operación es ajena al ámbito estricto de su profesionalidad, apreciado ello en función del objeto de la actividad económica junto a otras circunstancias relevantes del caso.
Cuando se habla del financiamiento para el consumo que regula el art. 36 de la ley de defensa del consumidor, quedan comprendidas todas aquellas situaciones de préstamo de dinero, aperturas de crédito, o cualquier otra operación que implique posibilitar los medios para la adquisición de determinados bienes.
Si el dinero es otorgado por una entidad financiera -distinta del proveedor del bien o servicio-, entonces debe ser acreditada la concurrencia de los extremos de la realidad negocial, que permitan vincular la operación crediticia con el contrato de provisión de la prestación principal (sea compraventa, obra, o servicio), para calificar así que el préstamo ha sido de consumo. De otro modo, no es plausible la aplicación de la ley 24.240 (FRUSTRAGLI- HERNÁNDEZ, “Primeras consideraciones sobre los alcances de la reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, con especial referencia a la materia contractual”, en KA 2008-II-1212, cit. por SAUX, “Tutela del consumidor en las operaciones de crédito”, RDPyC 2009-I, “Consumidores”, p. 176).
A su vez, debe tenerse en cuenta que en los precedentes jurisprudenciales en los que fue abordado en el marco de un proceso ejecutivo la indagación causal del crédito, había indicios con la entidad suficiente para describir una operación financiera para consumo.
Se trataba mayormente de reclamos de poca monta dirigidos contra personas humanas, respecto de quienes se había solicitado el embargo de haberes, dando el propio actor cuenta suficiente de que la parte ejecutada se hallaba bajo relación de dependencia y por ello no podía sino colegirse razonablemente que tales sujetos habían sido los destinatarios finales de un préstamo de dinero destinado a la adquisición de bienes para su consumo personal o familiar (vg. esta Sala en causas n° 146930 RSD 333 del 4-12-2011; Sala III en causas n° 149753 RSD 1 del 2-2-2012; 149121 RSD 189 del 11-10-2011, entre otras).
Dicho entendimiento proviene de la doctrina legal de la Suprema Corte “Cuevas, Eduardo Alberto c/ Caceres, Claudio Maximiliano s/ Cobro ejecutivo” (SCBA LP Rc 109193 I 11-8-2010).” (conf. Causa n° 172.809 RSD 74 del 15-11-2021) .
Llevado lo anterior al caso de autos concluyo, en primer lugar, que la prueba confesional (sobre la que el apelante erige el agravio referido a la desestimación de abrir la excepción a prueba) carece de utilidad en los términos del art. 547 del C.P.C., por lo que el rechazo del juez es ajustado a derecho (arts. 242 y 245 y cctes. del C.P.C.).
En segundo término, y tal como advirtió el juez sin que fuera replicado por el apelante (art. 260 del C.P.C.), observo que el monto del préstamo otorgado el 26-10-2009 en dólares estadounidenses (U$S 25.000) torna poco verosímil la pretensa calidad de “ destinatario final ” en los ejecutados (arts. 1 de la ley 24.240 y 384 del C.P.C.).
Refuerza lo dicho que de las 16 causas iniciadas por el ejecutante, 5 fueron contra de los aquí ejecutados, por montos en dólares de magnitud similar a la del epígrafe (en el juzgado n° 6 por U$S 35.000; en el juzgado n° 10 por U$S 20.000; en el juzgado n° 15 por U$S 40.000 y el de marras por U$S 25.000, y otro ante el Juzgado n° 4 cuyo monto no es posible ver a través de la MEV).
Los indicios me convencen que el caso de autos no difiere del citado por el juez, las partes y transcripto supra : aquí tampoco corresponde la tutela consumeril solicitada, por lo que no son operativas las exigencias del art. 36 en relación al contenido del instrumento de crédito en las que se sustentó la inhabilidad de título opuesta.
En consecuencia, y pese al dictamen del Ministerio Fiscal, se desestiman los agravios esbozados en tal sentido (arts. 52 de la ley 24.240, 29 inc. 4° de la ley 14.442; arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
d) La queja referida a la pretensa morigeración de intereses está desierta por falta de crítica idónea (art. 260 del C.P.C.).
La expresión de agravios debe contener un mínimo de técnica recursiva por debajo de la cual las consideraciones o quejas carecen de entidad jurídica como agravios, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez, sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución apelada (esta Sala en causa n° 157.904 RSD 151 del 27-5-2021).
Nótese que la comparación que el apelante realiza se refiere a los intereses pactados, pero en sus fundamentos omite demostrar que las tasas establecidas por el juez en la sentencia apelada (menos de 9% anual entre compensatorios y punitorios) exceden de manera desproporcionada o injustificada, los porcentajes que habitualmente se dispone en el fuero, o que contrarían la moral, buenas costumbres y el costo medio del dinero para deudores de operaciones similares.
La crítica formulada por el recurrente no apunta a los argumentos que constituyen el sustento de la decisión impugnada, por lo que el agravio debe ser desestimado (arts. 242, 260 y cctes. del C.P.C.).
Y aún ejerciendo la revisión de oficio (art. 771 del CCyC), encuentro que la morigeración acordada por el juez se ajusta a los parámetros receptados jurisprudencialmente para este tipo de operaciones en dólares, porcentajes que oscilan entre un 7 y 12% anual comprensivo de intereses compensatorios y punitorios (v. esta Sala en causas n° 165.497 BARBANO, LEONARDO C/ ASTORECA, LEONARDO S/ COBRO EJECUTIVO, RSD 127 del 24-5-2018; asimismo v. causas n° 173.792, 167.009 entre otras; arts. 771 y cctes. del CCyC)
Por todas las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. R Roberto J. Loustaunau dijo:
En orden a la votación precedente corresponde: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada el día 18-3-2022 y confirmar la sentencia dictada el 10-3-2022, con costas al apelante vencido (arts. 68, 242, 245, 556 y cctes. del C.P.C.).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada el día 18-3-2022 y confirmar la sentencia dictada el 10-3-2022 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.). II) Imponer las costas al apelante vencido (arts. 68 y 556 del C.P.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (Ac. 4103). DEVUÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2022 09:13:34 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 10:00:49 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 12:20:23 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 15/07/2022 08:49:22 hs. bajo el número RS-176-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia