Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175105
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante el día 5-4-2022 contra la resolución dictada el 30-3-20222 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas en el orden causado (arts. 68 y 71 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL SALA SEGUNDA
EXPEDIENTE N° 175105. JUZGADO N° 1
"MAGGI, JULIO C. C/ CONSORCIO PROPIETARIOS AV. COLÓN 1962/66 S/ COBRO EJECUTIVO"
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las actuaciones caratuladas: "MAGGI, JULIO C. C/ CONSORCIO PROPIETARIOS AV. COLÓN 1962/66 S/ COBRO EJECUTIVO" son traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte ejecutante el día 5-4-2022, contra la resolución dictada el 30-3-2022.
I. En el pronunciamiento cuestionado el Sr. Juez desestimó el planteo formulado por el ejecutante -referido a la falta de legitimación del Sr. Julio C. Santillán para actuar en autos en representación del consorcio ejecutado-, con costas en el orden causado.
Para decidir de ese modo, explicó que la controversia gira en derredor a determinar si el cargo de administrador del consorcio conferido al Sr. Santillán el día 30-10-2019 feneció de pleno derecho el 30-10-2020, en tanto no se convocó una asamblea que decida su renovación.
Interpretó que la aplicación literal del art. 14 de la ley 14.701 atentaría contra el espíritu de la norma integral que la contiene y dejaría al consorcio sin posibilidad de ejercer el derecho de defensa, pues supondría declarar nulos todos los actos procesales posteriores al 30-10-2020 llevados a cabo por el Sr. Santillán en nombre y representación del consorcio, entre los que se encuentra la contestación de esta demanda.
Hizo hincapié en que la existencia del administrador en el consorcio es de carácter obligatorio, al punto que constituye un órgano esencial del que no puede prescindirse, en tanto el consorcio es una persona jurídica que requiere de un representante legal para poder ejercer sus atribuciones legales.
Analizó las circunstancias de la causa y advirtió indicios claros de manifestación tácita de la voluntad del consorcio de prorrogar el mandato, como por ejemplo la inacción del Consejo de Propietarios de instrumentar el acto asambleario y requerir la devolución de los libros y documentación en poder de aquél.
Impuso las costas en el modo indicado por considerar que la cuestión es dudosa de derecho.
II. En el memorial presentado el día 21-4-2022 el ejecutante alegó que conforme los arts. 2066 del CCyC y 14 de la ley 14.701 el cargo de administrador del Sr. Santillan feneció de pleno derecho el 31-10-2020, por lo que la decisión del juez es arbitraria y carece de sustento legal.
Sostuvo que ante la falta de renovación operó la extinción del mandato por el transcurso del plazo y el nombrado dejó de ser representante legal del consorcio.
Recordó que en caso de vacancia de la administración es el Consejo de Administración quien debe ejercerla y afirmó que si la voluntad del consorcio hubiera sido la interpretada por el juez, debió utilizar el mecanismo que prevé el reglamento de copropiedad y las normas pertinentes para regularizar la situación, todo lo que no ocurrió en el caso.
Consideró que las costas deben ser soportadas íntegramente por la contraria.
Solicitó que se revoque la decisión y se determine la falta de representación del consorcio para actuar en el proceso, con costas.
III. El ejecutado contestó el memorial el día 24-5-2022.
Expresó que la sentencia se ajusta a derecho en la medida que se funda en indicios que denotan la clara voluntad del consorcio de prorrogar el mandato conferido al Sr. Santillán para continuar al frente de la administración.
Denunció como hecho nuevo que en la asamblea celebrada el 24-2-2022 se renovó el cuestionado mandato con el efecto retroactivo, lo que acreditó mediante la documentación agregada en escrito separado.
Afirmó que la cuestión cayó en abstracto y pidió que así se declare, con costas.
IV. El 2-6-2022 el ejecutante replicó la incorporación del hecho nuevo por reputarlo inadmisible en el ámbito del juicio ejecutivo.
A todo evento, sostuvo su improcedencia en virtud de los términos plasmados en el acta, que dan cuenta del reconocimiento al planteo formulado por su parte.
V. El tratamiento de recurso devino abstracto.
V1.- La S.C.B.A. ha resuelto que " Los tribunales de justicia deben expedirse en los asuntos que llegan a su conocimiento tendiendo en consideración las circunstancias existentes al momento de su decisión (arg. art. 163 inc. 6, CPCC). Por tal motivo, cuando hechos sobrevinientes puestos de manifiesto en la sustanciación de la causa, importan la desaparición del conflicto ventilado, queda inhabilitada la Suprema Corte para resolver la materia sometida a su conocimiento. Lo contrario constituiría una declaración meramente teórica e inoficiosa y, por lo tanto, impropia de la función jurisdiccional" (en causa B 75.662 RSI 232 del 5-8-2020).
V.2. En el caso, en orden a lo normado por el art. 163 inc. 6° del C.P.C., no puede soslayarse la asamblea celebrada el 24-2-2022 conforme la presentación del ejecutado de fecha 24-5-2022.
Mediante ella se acredita la renovación por el término de 1 año del mandato del administrador en la persona del Sr. Santillán, en su carácter de representante legal y mandatario (v. pto. 4°), tanto como su continuidad de la gestión de administración consorcial (arts. 362, 369, 1319, 1320 y 2065 del CCyC).
De su cotejo y el devenir de los acontecimientos se observa que no sólo no fue revocado el mandato del Sr. Santilán sino que, además, al tiempo de aprobar la rendición de cuentas de los períodos 1-11-2019 a 31-12-2019, años 2020, 2021, y el estado financiero al 31-12-2021 (supeditada al cotejo dela documentación respaldatoria por parte de dos propietarios) no se puso en tela de juicio quién realizó la gestión, deduciendo de esta circunstancia la ratificación de que siempre fue el mismo administrador quien ejecutó las tareas concernientes a la vida consorcial, ratificación que, por cierto, opera con efecto retroactivo al momento de los distintos actos llevados adelante por aquél, lo que suple el defecto de representación (arts. 362,369, 1319, 1320 y 2065 del CCyC).
A su vez, la asamblea que renueva su cargo es válida hasta tanto no medie impugnación y exista una decisión firme que la acoja favorablemente y declare su nulidad (v. pto. 4; arts. 2044, 2046 incs. a, 2056 incs. m, ñ y r, 2058, 2059, 2060, 2062, 2065, 2066, 2067 y cctes. del CCyC; esta Sala en causa n° 174.043 S. del 21-4-2022).
Ello demuestra que ya no existe el conflicto que amerite un pronunciamiento por parte de este Tribunal de Alzada en torno a la justicia de la decisión adoptada por el juez y, de esta manera, resulta inoficioso expedirnos sobre la contienda otrora originada, toda vez que cualquier decisión que recaiga al respecto resultaría meramente teórica y ajena a la función jurisdiccional.
V.3. En cuanto a las costas, por regla general deben imponerse en el orden causado porque no cabe considerar vencida a ninguna de las partes (SCBA Ac. 71018 del 17-6-2015), máxime que no advertimos notas de excepción que nos persuadan apartarnos de aquélla (SCBA Ac. 70.620 del 29-4-2015, entre otros).
Y es que aún en el supuesto de no haber tenido lugar la asamblea aludida, la pretensión alegada por el apelante podría resultar improcedente si se compartiera la interpretación realizada por el colega de la instancia anterior, lo que denota la solución propuesta en las costas.
VI. Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante el día 5-4-2022 contra la resolución dictada el 30-3-20222 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas en el orden causado (arts. 68 y 71 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
IV. Registrar el presente y transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2022 11:23:55 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2022 12:05:15 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2022 13:13:51 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 25/08/2022 14:06:10 hs. bajo el número RR-426-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia