Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175313
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la resolución apelada con los alcances indicados en los considerandos de la presente.
II. Las costas se imponen en el orden causado III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N ° 175313 JUZGADO N ° 6
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "NUEVA CARD S.A C/ BALDINELLI LEANDRO REMO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de 30-6-2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. La jueza rechazó in limine el pedido de preparación de vía ejecutiva efectuado por Nueva Card SA, por falta de requisitos legales exigidos tanto en el contrato como en los resúmenes de tarjeta, en los términos de los arts. 6 inc. "b" y "d", 7, 22, 23 incs. "d, e, f y g" , 39, 41, y cctes. del la ley 25.065.
La parte actora apeló el 11-7-2022 y expresó agravios el 8-8-2022.
II. Síntesis de los agravios.
En punto al inciso "b" del art. 6 de la ley 25.065, esto es, la indicación del plazo de pago de las obligaciones por parte del titular, la actora sostiene que se encuentra cumplido en la cláusula nro. 8 inc. c) del contrato, por el cual se remite dicha información a los resúmenes de cuenta mensuales. Explica que no es posible determinar en una cláusula general del contrato de tarjeta de crédito cuándo vencerá el pago de un determinado consumo.
En cuanto al inciso "d" de la ley de tarjeta de crédito, es decir, la exigencia de que en el contrato conste el monto máximo de compras, alega que ello se encuentra regulado en el punto 1) a.1) del Anexo al contrato de tarjeta de crédito Coopeplus, que lo establece en pesos veinte mil ($20.000).
Respecto de los resúmenes de cuenta, expresa que los montos a abonar surgen de los consumos realizados por el Sr. Baldinelli, los cargos e impuesto correspondientes, los intereses financieros y punitorios en el resumen nro. 004-08451756, que se suman a la refinanciación de la deuda mediante un convenio de pago celebrado entre la entidad actora y el demandado, que acompañó para su agregación, cuyas cuotas se manifiestan en los resúmenes subsiguientes.
Detalla que los saldos de los resúmenes nro. 0004-09437586, 004-09602545, 004-09767760, arrastran el saldo de $97.585,56, surgido de los resúmenes anteriores. En ese orden, explica que varios resúmenes no contienen un detalle de consumos realizados porque no se registraron consumos.
Propone evaluar la prueba en forma conjunta y cronológica, bajo las reglas de la sana crítica, para evitar que se los mire de manera parcial y separada.
Destaca que en los resúmenes se incluyó el ítem "convenio de pago", que implica un acuerdo celebrado ente la demandada y la actora, con firma ológrafa de ambas, en cuyo contenido el deudor reconoció haber incumplido con la obligación establecida en el contrato de tarjeta de crédito y adeudar una determinada suma de dinero, con lo que propone inferir que los consumos mencionados en los resúmenes han sido realizados por él.
Finalmente alega que se encuentra agregada la documentación que da cuenta del acuse de recibo de la tarjeta por el ejecutado.
III. Consideración de los agravios.
III. 1. Plazo de pago para las obligaciones por parte del titular.
La inclusión del plazo para el pago de las obligaciones y fecha de cierre de las operaciones en los resúmenes de cuenta de la tarjeta de crédito abastece la exigencia de los incisos "b" y "g" del art. 6 de la ley 25.065, porque permite al usuario conocer fácilmente y de antemano cuándo pagar los consumos realizados (art. 23 inc. "h" LTC, conf. esta Sala en causa nro. 174.446, RSD 183 del 15-7-2022, "Contar SA c/ Díaz Marcelo s/ Cobro Ejecutivo" y Sala Primera en causa nro. 168768, caratulada "Contar SA c/ Merino Olga Graciela y ot s/ Cobro Ejecutivo").
En el caso, puede apreciarse del confronte con la prueba documental acompañada al inicio del proceso, que las fechas de vencimiento correspondientes a cada liquidación han sido consignadas, como también lo han sido las que anticipan el período siguiente de la operatoria.
III. 2 Monto máximo de compra.
El límite de compra emerge del anexo del contrato, en los términos que señala el recurrente, y de lo cual puede tomarse vista con la captura de pantalla de la documentación acompañada en la demanda presentada el día 31-5-2022 (arts. 6 inc. "d" ley 25.065; 375 y 384 del CPC).
III. 3. Composición del saldo deudor.
El caso presenta suficientes similitudes con el antecedente de esta sala que tramitó bajo el nro. 174662, RSD 228 del 25-8-2022, "CONTAR SOCIEDAD ANONIMA C/ MORALES ISAIAS S/ COBRO EJECUTIVO" en el que tuve oportunidad de formular las siguientes consideraciones.
El juez tiene el deber de dar una solución adecuada al conflicto mediante un proceso que se conduzca del modo más rápido, económico, sencillo y justo que sea posible. Este deber es inherente a la función judicial y resulta del Preámbulo y de los arts. 16, 18 y 33 de la Constitución Nacional así como del 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos (MORELLO y ots. "Códigos ...", Abeledo Perrot, 4ta. ed., Bs.As. 2015, T. II, pág. 439).
El Código Procesal hace explícito este imperativo en el art. 34, cuyo ejercicio implica para el juez tomar activamente el control de los casos. Esto permite administrar el tiempo y los recursos mediante la dirección por parte del propio tribunal —junto con las partes, si se puede— del ritmo de los juicios, en lugar de colocarse en una mera situación de espectador. Es lo que se ha dado en llamar "gestión o gerenciamiento del caso" (MORELLO, op. cit. pág. 441).
Estas herramientas deberían permitir al tribunal planificar razonablemente su actividad, concentrarse en las cuestiones que más influyen a la hora de la decisión y que, en ultima instancia, permita también al juez un mayor desahogo, para que utilice su tiempo de la mejor manera: tomando contacto directo e inmediato con las partes y sus pretensiones y elaborando la mejor decisión (MORELLO, op. y pág. cit.).
Puntualmente, el art. 34 inciso 5° del CPC establece que el juez deberá "...señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que el juez fije...".
En búsqueda de la "solución adecuada" debe tenerse presente no incurrir en demasías formales como la que se configura en este caso, en el que fue desestimada la preparación de la vía por un defecto en la demanda que se presenta dentro de lo posiblemente subsanable.
Análogamente con el antecedente citado (causa nro. 174662), aquí también la jueza advirtió que respecto de la documentación acompañada por la parte actora, se desconocen operaciones que le habrían dado origen a la pretensa deuda, y ello lo condujo al temperamento de rechazar la preparación de la vía.
Sin embargo, las actuaciones no se encuentran sustanciadas y es viable para la magistrada solicitar al ejecutante que aclare o complemente su pretensión en función de la ausencia de los resúmenes idóneos para justificar la pretensión, como una instancia condicional para disponer el cierre del trámite, ya que el interés de resguardar el equilibrio entre las partes no se ve afectado si el juez controla los elementos arrimados por el litigante con la finalidad de evitar dilaciones ulteriores del trámite.
A diferencia de lo evaluado por la jueza, entiendo que el interrogante sobre los saldos deudores se retrotrae con anterioridad al resumen de cuenta presentado con la fecha más antigua por la actora, este es, aquel con nro. 0014-08451756, pues contiene un saldo deudor por capital de $53.331,07 que es anterior a los consumos reflejados en el detalle que se vuelca en esa liquidación, que totalizan $11.404.
Para mejor ilustración de lo dicho, dado que no contamos con referencia de la foja en la que se encuentra la documental porque se trata de un archivo digital que fue acompañado en la demanda, inserto a continuación el fragmento correspondiente.
De allí que, mediante un despacho preventivo en el que se intimara a la parte actora para que aclare todo lo atinente al saldo del extracto de cuenta cerrado al 28-2-2020 y, en su caso, acredite debidamente la pretensión, se genera una instancia previa al rechazo de la preparación de vía, y se otorga a la interesada un espacio suficiente para que cubra la carga legal de demandar y, así, facilitar que la ulterior bilateralización del trámite ofrezca a la contraparte el escenario completo al que se lo convoca para la tutela de su defensa en juicio (argto. causa nro. 174662 cit.).
Con estos alcances, corresponde hacer lugar al recurso de apelación (doct. art. 242 del CPC).
III. 4. Entrega de plástico.
El recurso fue concedido en relación y ello implica que no se admite la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos (art. 270 del CPC).
Esto veda la posibilidad de justificar el agravio mediante la la constancia de entrega de tarjeta de crédito que fue acompañada como prueba documental por el apelante junto con el memorial.
Sin embargo, la queja prospera por otra razón.
En efecto, la entrega de la tarjeta es un hecho, y como tal, a la hora de resolver puede ser apreciado a partir de indicios.
En esta lógica, el uso de la tarjeta es un hecho natural y consecuente de que el instrumento se encuentra en posesión del usuario, ya que la habilitación de cada compra por parte del proveedor implica que el titular (como también el cotitular) es portador de una tarjeta que cumple con las disposiciones de la ley, y respecto del cual ha verificado la identidad (art. 37 ley 25065).
De allí que la demostración de los consumos efectuados con la tarjeta y que se encuentran vertidos en los resúmenes de cuenta implica necesariamente que el plástico fue entregado y que el titular ha sido verificado con su identidad por el proveedor en cada compra (doct. art. 384 del CPC).
Dado que la actora acompañó resúmenes de cuenta en donde figuran consumos efectuados por el demandado, debemos tener por acreditado el hecho de que la tarjeta de crédito fue entregada al usuario, y que éste la utilizó en diversas compras.
La captura de pantalla insertada como imagen en el apartado anterior (III.3) es suficiente para demostrar una serie de consumos efectuados por el titular de la tarjeta, ejecutado en autos.
Por las razones expuestas VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En orden al resultado de la votación precedente corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la resolución apelada, con los alcances indicados en los considerandos de la presente. Las costas se imponen en el orden causado por cuanto la cuestión ha sido suscitada por actividad oficiosa y no ha mediado oposición ni vencimiento que amerite la aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 2do. párr. del CPC). La regulación de honorarios se difiere para su oportunidad (art. 31 ley 14967).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la resolución apelada con los alcances indicados en los considerandos de la presente. II) Las costas se imponen en el orden causado III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (Ac. 4103). DEVU ÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 15/11/2022 10:39:05 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2022 12:49:40 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2022 13:00:56 - TROBO Lucas Mariano - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 17/11/2022 08:57:48 hs. bajo el número RS-315-2022 por Trobo Lucas Mariano.
Fin de la sentencia