Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175115
EXPEDIENTE N ° 175115 JUZGADO N ° 4
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "PROMAQ .SA C/ GUEVARA GUSTAVO GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia del 28-4-2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El juez mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado, que no se presentó a oponer excepciones, hiciera íntegro pago a la acreedora del capital que surge del mutuo en la suma de $30.000, más los intereses y las costas.
Evaluó que si bien la pretensión de la ejecutante ascendía a un monto de $62.937,60, ello no era viable porque contenía un exceso en función del capital efectivamente prestado al deudor en el momento que suscribió el contrato de mutuo, y que dicho exceso obedecía a la inclusión de los intereses capitalizados en forma encubierta y que, además, no había sido informada debidamente al consumidor.
Decidió que, más allá de la determinación del capital puro como monto de condena, la capitalización sí podía prosperar a partir de la fecha de la intimación de pago de conformidad con el art. 770 inc. "b" del CCyC, con una periodicidad no inferior a los seis meses.
Dispuso que los intereses compensatorios correspondía liquidarlos sobre el capital puro desde la creación del título (26-1-2021), a la tasa morigerada del 76,40% anual y hasta la fecha de intimación de pago (3-3-2022), donde se podían capitalizar de acuerdo a la modalidad ya reseñada.
Destacó que la reducción de la tasa convenida obedeció a que la tasa nominal anual pactada en un 120% no guardaba proporción con la informada por el Banco Central para las mismas operaciones en un 56,40% anual, vigente en la época del contrato (enero 2021). De modo que, tomando como referencia analógica lo dispuesto en el art. 16 de la ley 25.065, concluyó incrementar en un 20% la tasa para intereses compensatorios publicada en el Banco Central para préstamos al sector privado no financiero por préstamos personales sin garantía.
Explicó, por otra parte, que no resultaba procedente convenir intereses moratorios y punitorios y formular el reclamo de manera acumulativa porque significaría una doble sanción por el mismo hecho, por lo que la pena o multa derivada de los estos últimos ingresaba en lugar de la indemnización de los daños causados por la mora.
Determinó que a partir del 28-4-2021, que es el día posterior a aquél en que venciera la tercera cuota de la obligación de acuerdo a lo pactado en las cláusulas segunda, tercera y décima del contrato (vencimientos y mora automática) y hasta el efectivo pago, correspondía aplicar los intereses punitorios a una tasa anual del 50% de los compensatorios (38,20%).
Dejó establecido que respecto a los pagos parciales denunciados al presentar la demanda (correspondientes a las dos primeras cuotas), y los que eventualmente pudieran realizarse con posterioridad en el transcurso del trámite del proceso, debían ser considerados en oportunidad de practicarse la liquidación correspondiente bajo las mismas pautas fijadas para los intereses del capital y discriminando con precisión los montos y las fechas de cada uno de aquéllos.
II. La actora apeló el 6-5-2022 y presentó el memorial el 23-5-2022. No medió réplica de la contraria.
Sus agravios cuestionan: a) el monto de capital de condena; b) la capitalización de los intereses; c) la morigeración de los intereses compensatorios; d) la modalidad adoptada para los intereses moratorios y punitorios; y e) la inclusión del I.V.A. sobre los intereses pactados.
II.1. Respecto al monto de capital reconocido en la condena, afirmó que las partes acordaron que en caso de mora se produciría de pleno derecho la caducidad de todos los plazos y se consideraría a toda la deuda como de plazo vencido, por lo cual el acreedor podía exigir el inmediato pago de todo lo adeudado más los intereses pactados.
Señaló que el deudor no cumplió con el pago de la tercera cuota, por lo que incurrió en mora de pleno derecho el día 28-4-2021, de manera que tornó exigible la totalidad de las restantes 16 cuotas estipuladas que equivalían a la suma de $62.937,60.-
Acotó que también era erróneo el monto de condena establecido en $30.000 porque conllevaba la omisión de deducir las dos primeras cuotas que el deudor abonó en tal concepto, por un total de $3.333,32.-
II.2. En lo atinente a la capitalización de los intereses, destacó que en la cláusula décimo segunda del contrato se estipuló dicha modalidad de conformidad con lo previsto en el art. 770 inc. "a" del CCyC, es decir, de fuente convencional y no como lo interpretó el juez bajo la órbita del inciso “b” que era de fuente legal.
Expuso que correspondía distinguir este pleito del precedente “ Finanpro SRL c/ Ifran, Héctor Darío s/ Cobro Ejecutivo ” citado en el pronunciamiento impugnado para resolver sobre esta materia, porque allí -a diferencia de aquí- las partes no habían convenido expresamente la capitalización.
II.3. En lo relativo a la morigeración de los intereses compensatorios, con cita de lo resuelto por la Casación bonaerense en “Cementub S.A.” y “La Casa del Ferretero” postuló que los jueces no estaban habilitados para establecer tasas de interés con abstracción de las circunstancias concretas de cada caso, sino que era imprescindible comparar el costo medio del dinero para deudores en operaciones similares en el lugar donde se contrajo la operación.
Planteó que en el caso no se daban las condiciones objetivas para habilitar la reducción, pues la sociedad actora era una entidad financiera no bancaria que asistía a los usuarios que se encontraban fuera del sistema financiero y, por ende, con mayor riesgo de incobrabilidad respecto del sector bancario.
Explicó que el Banco Central no regulaba ni limitaba las tasas aplicables a este tipo de financiaciones otorgadas por la actora como proveedor de crédito no bancario, y que no debían aplicarse las previsiones de la ley de tarjetas de crédito (25.065) ya que no se trataba de una emisora de tales documentos.
Efectuó un cotejo de las liquidaciones, por una parte, según lo pactado, por la cual arribó a un monto de $146.850,68 y, por la otra, conforme a las pautas establecidas en la sentencia, que estimó en $84.951,68 para concluir que la decisión configuraba un menoscabo a su derecho de propiedad en un 42,2%.
II.4. La queja concerniente a los intereses moratorios y punitorios la sustentó en que medió un error semántico de los contratantes al momento de redactar la cláusula décima del mutuo.
Detalló que en el texto se plasmó que en caso de mora el mutuante podía reclamar el pago de todo lo adeudado, con más los intereses moratorios (calculados a una tasa equivalente a los compensatorios pactados en la cláusula tercera) y los punitorios (cuya tasa será equivalente al cincuenta por ciento de la tasa del interés compensatorio).
Comentó que a partir de la mora los denominados en el contrato de mutuo como intereses compensatorios se pasarían a llamar intereses moratorios, aplicándose la misma tasa para ambos, y que además se podría exigir el pago de punitorios a una tasa equivalente al 50% de aquéllos.
Requirió como planteo subsidiario que si la decisión del juzgador fuera eliminar la aplicación de los intereses moratorios pactados, sin reconocer los compensatorios hasta el monto del efectivo pago total, se estaría apartando de lo normado por el art. 768 del CCyC, en la medida que la ley habilitaba a que las partes acordaran la tasa de los intereses moratorios.
II.5. En lo referente al impuesto al valor agregado sobre los intereses adeudados, señaló que en la sentencia se omitió condenar al ejecutado al pago de dicha gabela.
Funda en lo dispuesto en la ley 23.349 que tipifica como hecho imponible la realización de actividades financieras como la concesión de créditos y préstamos en dinero, cualquiera sea la condición del prestatario y la forma en que se instrumenten, resultando sujeto pasivo quien preste el servicio.
Expone que Promaq SA, pese a no haber cobrado las cuotas pactadas por parte del ejecutado, debió cumplir con la obligación que tiene como contribuyente con el Fisco, es decir, declararlo como percibido, pese a no haber podido recaudar dicho impuesto por parte del obligado al pago, que es el consumidor final.
III. El Ministerio Público tomó intervención a raíz de la vista que le fue corrida en esta instancia y ratificó el dictamen emitido el 5-4-2022, en el que constató que la accionante cumplió con los requisitos previstos en el artículo 36 de la ley 24240 y consideró que la demanda podía prosperar.
IV. Abordaré los agravios en el mismo orden en que fueron reseñados.
IV.1. En el caso del monto de capital de condena, la caducidad de los plazos y el sistema de capitalización pactados en el contrato, estimo conveniente un abordaje conjunto, transcribiendo en lo pertinente los términos en los que están redactadas las distintas cláusulas en juego.
De la cláusula primera del mutuo celebrado el 26-1-2021 se desprende que el capital entregado por el mutuante es de $30.000.
De los términos de la cláusula segunda, a su vez, se conviene que "la mutuaria se obliga a devolver al mutuante la suma total de pesos SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 83/100 ($70.804,83), que se conforma por el capital solicitado ($30.000), los intereses compensatorios pactados ($33.723) y la incidencia del i.v.a. sobre los intereses compensatorios ($7.081,83); en DIECIOCHO (18) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de pesos TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES con 60/100 ($3.933,60) cada una; venciendo la primera el día 27-2-2021 y las restantes, el mismo día de los meses subsiguientes (...) En el supuesto que la mutuaria no diere cumplimiento al pago de una de las cuotas estipuladas precedentemente en la forma pactada en la cláusula cuarta, incurrirá en mora de pleno derecho con los alcances previstos en la cláusula décima del presente" .
Por otra parte, en la cláusula décima se estipuló que "la falta de cumplimiento de la mutuaria a cualquiera de sus obligaciones en debido tiempo y forma hará producir de pleno derecho la caducidad de todos los plazos acordados en el presente, considerándose a toda la deuda como de plazo vencido, quedando automáticamente constituida en mora, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa alguna, pudiendo el mutuante exigir a la mutuaria el inmediato pago de todo lo adeudado, con más intereses moratorios calculados a una tasa equivalente los compensatorios pactados en la cláusula Tercera del presente e intereses punitorios cuya tasa será equivalente al cincuenta por ciento de la tasa del interés compensatorio sobre el monto total de lo adeudado, desde la fecha de la mora y hasta que el mutuante perciba íntegramente su crédito y accesorios" .
Finalmente, en la cláusula décimo segunda, se establece que en caso mora los intereses adeudados o devengados serán capitalizados mensualmente de acuerdo a lo previsto en el art. 770 del Código Civil y Comercial.
La demanda ejecutiva fue promovida el 31-8-2021, con fundamento en la mora operada en forma automática ante la falta de pago de la tercera cuota de amortización, que tornó operativa la caducidad de todos los plazos, por lo que la actora reivindica en esta instancia que el capital adeudado por el mutuario asciende a $62.937,60 (porque reconoce pagos parciales de las primeras dos cuotas), no obstante surgir del propio instrumento crediticio que el dinero efectivamente prestado fue de $30.000.
Coincido con el juez en cuanto limita el capital por el cual prospera la ejecución al efectivamente entregado (cuyos pagos parciales serán eventualmente deducidos al tiempo de practicarse la liquidación).
La interpretación armónica de las cláusulas segunda, décima y décima segunda del contrato no pueden conducir a un resultado abusivo y gravoso para el deudor, que en este caso es consumidor (arts. 10 CCivCom; 1, 2, 4, 37 y cctes. ley 24.240).
Y es que si se permite que el capital de la ejecución incluya intereses compensatorios de las cuotas caídas, y a ello se le aplique la capitalización pactada entre las partes, la operatoria es manifiestamente abusiva y no puede ser avalada.
En este sentido y ante casos análogos la jurisprudencia ha resuelto que si el mutuo habría de devolverse en cuotas mensuales y consecutivas, que incluían intereses compensatorios y de conformidad con los plazos pactados las cuotas vencían con posterioridad a la iniciación de la demanda al hacerse valer el pacto de caducidad de los plazos, no puede condenarse al pago del importe total requerido en la demanda, pues se ha excedido lo que el propio título permite, al incluirse como líquido y exigible la suma pactada como intereses futuros de las cuotas aún no vencidas, lo que constituye anatocismo (art. 623 Cód. Civil) y, por lo tanto el título es inhábil para iniciar la ejecución englobando en forma conjunta el capital y los intereses futuros, pues estos réditos constituyen un aspecto de la deuda que carece de exigibilidad, perjudicando el andamiento de la pretensión ejecutiva (Cám. Apel. Civ. y Com., Sala 1ra., La Plata, causa nro. 94540, RSD-41-1, S 01/03/2001, "Mayocchi", SAIJ SUB0253987).
En este precedente se interpretó que si se hace valer el pacto de caducidad de los plazos, el carácter de compensatorio que reviste el interés incorporado a cada cuota, pierde su vigencia, resultando improcedente su reclamo con relación al tiempo no transcurrido, porque la caducidad de los plazos no implica que los intereses compensatorios, por períodos intransitados, ya están adquiridos o ganados por el acreedor, por lo que no pueden ser reclamados como parte de capital. Su capitalización definitiva implicaría que devengaran nuevos intereses, como también que se percibieran pese a que el cobro en el juicio se anticipe a la propia época para la que se hallaban calculados.
Ello es lo que acontece en el caso bajo estudio, en tanto la demanda fue promovida por una suma que implica el reclamo en modo anticipado del transcurso del tiempo que las partes estipularon para amortizar el capital. En detalle, la fecha del contrato se remonta al 26-1-2021 y estipula una amortización a lo largo de 18 cuotas que culminarían el 21-7-2022, mientras que las actuaciones fueron iniciadas el 31-8-2021.
El interés compensatorio que prevé la cláusula segunda aparece como "directo" -esto es sin tener en cuenta las amortizaciones de capital (Villegas y Schujman, "Intereses y Tasas", Abeledo- Perrot, Bs. As., 1989, p. 105).
Por otra parte, no encuentro configurado un gravamen irreparable en el apelante respecto a fijar como capital de condena la suma de $26.666,68, resultante de descontar a los $30.000 entregados las dos primeras cuotas por un total de $3.333,32, pues en la parte final del pronunciamiento apelado el juez aclaró expresamente que los pagos parciales denunciados en la demanda, así como los que pudieren tener lugar durante el transcurso del juicio, debían ser considerados en oportunidad de practicarse la liquidación correspondiente (arts. 557 y 589 del C.P.C.C.).
A su vez, no debe perderse de vista que si bien en la cláusula décimo segunda fue pactada, para el caso de mora, la capitalización de los intereses adeudados o devengados de conformidad a lo dispuesto por el art. 770 inc. "a" del CCyC, deviene procedente su admisión pero no con la periodicidad mensual allí establecida, en tanto es contraria a los 6 meses fijados como mínimo por la norma indicada.
De este modo, corresponde su acumulación por encontrase pactado, pero con una periodicidad no inferior a seis meses (arts. 767, 768, 770 y conc. del CCyC).
IV.2. A fin de dar tratamiento al parcial relativo a la morigeración de los intereses compensatorios, advierto que median circunstancias análogas a las analizadas en un antecedente que tramitó recientemente en esta Sala de parte del mismo acreedor (causa nro. 174.740 del 17-8-2022, RS 214), en el que adherí al voto de mi distinguido colega Dr. Loustaunau razón por la cual traeré a continuación algunos de los fundamentos allí desarrollados por resultar de aplicación para sustentar la solución que aquí propongo.
Coincido con el colega de la instancia anterior en cuanto a la posibilidad de morigerar, aún de oficio, los intereses pactados cuando concurren las circunstancias necesarias para habilitar tal proceder de conformidad a lo normado por los arts. 768, 771 y concds. del CCyC (esta Sala en causas nº 162.787 RSD-72 del 4/04/2017; 165.139 RSD-116 del 15/05/2018, entre otras).
Para dar cumplimiento a los parámetros que establece el art 771 del CCyC y la doctrina de la S.C.J.B.A. (C. 95758, autos “Volpe…” del 9/12/10; C. 102152 autos “Puig…” del 18/05/11, C. 103494 autos “Carrer…” del 2/11/11, entre otros), es imprescindible comparar el costo medio del dinero para deudores en operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación, tal como aquí también lo señala el apelante (v. síntesis de agravios ap. II.3. de la presente).
En esa tarea, las facultades judiciales morigeradoras proceden cuando se comprueba una práctica abusiva, usuraria o confiscatoria (arg. arts. 21, 953, 954 y 1071 Código Civil; 10, 771 del CCyC y, en su caso, art. 37 de la ley 24.240).
Conforme los términos del voto del Dr. Soria en la causa "Volpe" ya citada, es posible que un convenio contenga una elevada tasa de interés, pero que en función de determinadas características singulares de la operación, ella no sea automáticamente descalificable por usuraria. Los intereses compensatorios, por caso, se encuentran ligados al destino del préstamo; y hay brechas importantes entre las tasas aplicadas a préstamos a largo plazo y las utilizadas en descubiertos o adelantos en cuentas corrientes bancarias; aun las hay dentro de los primeros, de mediar tasa fija o variable. A su vez, por lo que respecta a los intereses punitorios su finalidad como incentivo para el cumplimiento puntual cobra especial relevancia. Allí también la cuantía podrá variar legítimamente según los tipos de negocios jurídicos; por ejemplo, en las contrataciones masivas, en donde el pago puntual es clave del funcionamiento del sistema -v.gr. en materia de expensas comunes, planes de ahorro previo, tarjetas de crédito- podría justificarse una tasa mayor que en otro tipo de convenciones. Otros factores determinantes de los accesorios, tales como el plazo del crédito, la moneda del préstamo, su monto o cuantía, el sistema de amortización empleado, la garantía y riesgo de incobrabilidad, si se ha pactado o alguna modalidad válida de capitalización, como así también la situación general del mercado, son igualmente de indispensable ponderación.
En otros términos, las condiciones para el funcionamiento del art. 771 CCyC son la desproporción y la falta de justificación emergentes de la comparación del caso en estudio con el promedio de tasas utilizadas para operaciones similares.
En otros casos análogos esta Sala acudió a la solución contemplada en el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley 25.065 para limitar los intereses compensatorios (véanse causas n° 162.787 “Finanpro S.R.L. c/ Córdoba, María Laura” del 04/04/2017, n°163.898 “Finanpro S.R.L. c/ Medina, Gastón” del 05/10/2017 y n° 163.046 “Finanpro S.R.L. c/ García, Karina” del 29/06/2017).
En particular, observamos que la actora es una entidad financiera no bancaria, y ante la ausencia de todo dato que permita hacer el análisis comparativo específico que exi
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