Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175842
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Desestimar el recurso de apelación interpuesto el 4-10-2022 por el coejecutado Daniel A. Fernández (arts. 48, 242, 246, 270 y conc. del CPCC).
II. Imponer las costas de la alzada al apelante vencido (arts. 68 y 69 del CPCC).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N ° 175.842. JUZGADO N° 15.
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "RABINOWICZ SAMUEL DAVID C/ FERNANDEZ DANIEL ALBERTO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la resolución del 26-9-2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En la decisión impugnada el juez declaró la nulidad de lo actuado por el Dr. Eduardo Celso Céspedes en nombre y representación del coejecutado Daniel Alberto Fernández desde la presentación electrónica de fecha 28-3-2022, teniéndose por no presentados los escritos electrónicos de fechas 31-3-2022 y 19-4-2022.
Por otra parte, desestimó el planteo de caducidad de la prueba pericial caligráfica formulado por el accionante, por no encuadrarse en las pautas del art. 461 del CPCC, ya que la perito calígrafo aceptó el cargo y a su pedido se dispuso la transferencia de la suma fijada en concepto de anticipo para gastos.
II. El demandado aludido apeló y fundó en la misma pieza el día 4-10-2022. La réplica del ejecutante tuvo lugar el 18-10-2022.
El embate lo sustentó en dos agravios.
En primer lugar alegó que el accionar de su letrado fue ratificado tácitamente con motivo de la presentación del día 19-4-2022 en la que el Dr. Céspedes manifestó que el Sr. Daniel Fernández había procedido a través de su persona a depositar el anticipo de gastos fijado en favor de la perito calígrafo, dándose en pago dichas sumas y consintiéndose su extracción.
Sostuvo que tanto la parte contraria como el magistrado consintieron los términos de ese depósito.
Enfatizó la importancia de que su parte le hubiera entregado dinero a su abogado para que éste hiciera el depósito judicial como un acto inequívoco y un hecho irrefutable que daba cuentas de una ratificación de lo actuado previamente, cumpliéndose con lo normado por los arts. 262 y 367 del CCyC
En segundo lugar, expuso que lo agraviaba la omisión de imponer en cabeza del accionante las costas por el rechazo de su pedido de caducidad de la prueba pericial caligráfica.
III. Abordaré el análisis de los agravios en el mismo orden en que fueron expuestos.
III.1. El agravio concerniente al modo en que tuvo lugar la ratificación tácita de la franquicia del art. 48 del ritual no es de recibo.
La ratificación de lo actuado por quien comparece sin el poder puede ser expresa o tácita y, de producirse, equivale al mandato, pero tiene que resultar de un hecho que necesariamente importe aprobación de lo que hubiese actuado el mandatario.
Dicho de otro modo, para que pueda estimarse ratificado tácitamente lo actuado por el gestor, es menester que los actos procesales de la parte revelen cabal conocimiento del estado de los autos y una postura congruente con la adoptada por aquél (Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos…”, Lib. Edit. Platense; Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1984, t. II-A, p. 926; S.C.B.A. Ac 87.820 del 6-6-2007; esta Sala en causa n° 160.967 RSD 168 del 7-7-2016).
Por lo tanto, la ratificación tácita tendrá lugar en supuestos de directa correlación de los dos actos procesales respectivos, invocación y actuación posterior del representado. El hecho consecuente producido por la parte debe, necesariamente, importar el conocimiento y la aprobación de lo actuado en su nombre por el gestor (esta Sala; causa nro. 162.328, RSD 324 del 29-12-2016).
Para comprender la solución que propongo es necesario hacer un breve repaso de los antecedentes de la causa, a saber:
a) El 26-11-2021 se presentó el Dr. Céspedes como gestor procesal del Sr. Daniel A. Fernández, opuso dos excepciones (inhabilidad y falsedad de título) y ofreció pruebas para ambas defensas (confesional, informativa e instrumental para la inhabilidad y pericial caligráfica para la falsedad de título).
b) El 7-12-2021 tuvo lugar la ratificación de la gestión y el 13-12-2021 el juez así lo proveyó.
c) El 20-12-2021 el Dr. Berenguer contestó las excepciones y se opuso a la apertura a prueba en ambas.
d) El 15-3-2022 el juez resolvió desestimar la apertura a prueba respecto a la inhabilidad de título y receptarla respecto a la falsedad, por lo que ordenó la desinsaculación de un perito calígrafo.
e) El 28-3-2022 el Dr. Céspedes invocó nuevamente el art. 48 del CPCC por la misma parte y apeló la resolución del 15-3-2022 que desestimó las pruebas ofrecidas para la inhabilidad de título (confesional, informativa e instrumental).
Frente a este panorama, se advierte que el quejoso parte de una premisa fáctica errónea, pues la pieza de fecha 19-4-2022 en la que procura apuntalar la ratificación tácita de la gestión procesal de su letrado no guarda correlación suficiente con la conducta desplegada por éste el 28-3-2022 en uso de la franquicia del art. 48 del ritual.
Repárese que en esta última presentación el Dr. Céspedes apeló el rechazo de la apertura a prueba de la inhabilidad de título en la que se ofrecían como medios probatorios la confesional, la informativa y la instrumental. En tanto que a través del escrito del 19-4-2022 el gestor denunció que el Sr. Daniel Fernández procedió a través de su persona a depositar el anticipo de gastos fijado en favor de la perito calígrafo, para impulsar la producción de la prueba pericial ordenada respecto a la otra excepción articulada (falsedad de título).
De allí que no media una directa correlación entre los dos actos procesales respectivos, invocación y actuación posterior del representado.
Por ello, toda vez que la franquicia del art. 48 del ritual fue invocada en relación a la negativa de abrir a prueba la excepción de inhabilidad de título, respecto de la cual no media actuación o presentación alguna por parte del coejecutado que permita tener por ratificada la actuación de su letrado al momento de interponer el recurso de apelación, el agravio bajo análisis debe desestimarse (arts. 242, 246, 270 y conc. del CPCC).
III.2. La queja orientada a imponer las costas al ejecutante por el rechazo de la caducidad probatoria planteada por éste no corre mejor suerte que la anterior.
Reiteradamente se ha señalado que si el justiciable no recibe ningún perjuicio del dispositivo sentencial, es obvio de que no puede combatirlo, pues como no hay acción sin interés tampoco hay recurso sin agravio. Y existe éste si aparece una diferencia perjudicial entre lo pedido por el litigante y lo otorgado por el juez (esta Sala, causa nro. 155.202, RSD 38 del 20-2-2014, entre otras; Hitters, "Técnica de los recursos ordinarios", pág. 371, Librería Editora Platense, Buenos Aires, 2004).
Al tomar en cuenta estas directrices entiendo que el recurso resulta inadmisible en lo que a esta parcela concierne, toda vez que no avizoro gravamen alguno en cabeza del coejecutado Daniel A. Fernández ni en la de su letrado (Dr. Céspedes).
Y es que a poco de cotejar el modo en que quedó trabada la incidencia suscitada con motivo del planteo de caducidad de la prueba pericial formulado por el ejecutante el 8-9-2022 y la contestación realizada por el ahora apelante el 20-9-2022, advierto que éste se limitó a replicar la solicitud de nulidad del art. 48 del ritual por alegar que mediaba una ratificación tácita de su parte a la labor de su letrado, pero guardó absoluto silencio en lo atinente al restante planteo de caducidad probatoria.
Por ende, la falta de intervención en dicha controversia no generará honorarios para el Dr. Céspedes, de allí que sea que las costas recaigan en cabeza del ejecutante o se decidan por su orden, en nada altera la posición en la que se encuentra aquél porque en ningún caso será beneficiario de emolumento alguno por dicha incidencia.
Por todo lo expresado, frente a la ausencia de agravio en la pieza recursiva, ha de tenerse por mal concedido el embate ensayado (arts. 242, 246, 270 y conc. del C.P.C.).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto el 4-10-2022 por el coejecutado Daniel A. Fernández, con costas a su cargo (arts. 48, 68, 69, 242, 246, 270 y conc. del CPCC).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) desestimar el recurso de apelación interpuesto el 4-10-2022 por el coejecutado Daniel A. Fernández (arts. 48, 242, 246, 270 y conc. del CPCC). II) Imponer las costas de la alzada al apelante vencido (arts. 68 y 69 del CPCC). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (Ac. 4103). DEVU ÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 09/02/2023 11:30:03 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 12:46:49 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 13:22:04 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 14/02/2023 08:29:02 hs. bajo el número RS-7-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia