Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176974
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Tener por reanudados los plazos procesales oportunamente suspendidos.
II. Aceptar la excusación deducida por el Dr. Roberto J. Loustaunau el 19/04/2023 en atención a la causal allí invocada (arts. 30, 31 y concds. del CPCC).
III. Por mayoría hacer lugar al recurso de apelación articulado el 25/08/2021 y revocar, en consecuencia, la resolución del 24/08/2021
IV. Imponer las costas en el orden causado en atención a la ausencia de controversia (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
V. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 176974. JUZGADO N ° 13.
"CREDYMAND S.A. C/ ALFANO GUSTAVO LUIS S/ COBRO EJECUTIVO".
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " CREDYMAND S.A. C/ ALFANO GUSTAVO LUIS S/ COBRO EJECUTIVO " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido de manera subsidiaria por la parte actora el 25/08/2021, contra la resolución del 24/08/2021.
I. El juez rechazó el embargo de haberes peticionado.
Remarcó que en el pagaré objeto de ejecución se consignó que el instrumento fue librado "por igual valor recibido en prestación de bienes y servicios" , lo que le permite interpretar que obedeció a un préstamo de dinero, por lo que, al no encontrarse cumplidos los recaudos exigidos por el art. 2 del decreto 6754/43, rige la inembargabilidad consagrada en el art. 1ro de dicha normativa.
II. Los agravios fueron expuestos el 25/08/2021.
Aclaró que se solicitó un embargo ejecutorio, y no preventivo, dado que existe sentencia firme que condena al deudor, y que éste no tuvo ninguna participación en el proceso, por lo el caso debe ser asimilado al supuesto contemplado en el art. 11 inc. b del decreto ley 6754/43, de conformidad al criterio adoptado por la Sala I de este Tribunal.
1. El Decreto 6754/43 establece en su art. 1° que son inembargables "los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros de la Administración Nacional, Provincial y Municipal y de las Entidades Autárquicas, por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercadería, salvo en la proporción y condiciones del presente decreto" .
No obstante el principio general, el art. 2º de la misma reglamentación dispone que se puede afectar el 20% de su remuneración nominal mensual cuando se cumpla con los recaudos individualizados en los incisos del mencionado artículo.
2. En el caso, conforme las constancias acompañadas el título en ejecución obedece a un préstamo en dinero (fs. 3/16), por lo que encuadra en las previsiones de la norma invocada (conf. este Tribunal, sala I en causas 146.055 del 8/07/2010, 124.121 del 27/3/03).
A su vez el ejecutado, Gustavo Luis Alfano, resultaría empleado de la Municipalidad de General Pueyrrodón, por lo que se encontraría, en principio, al amparo del embargo sobre sus haberes en atención a la naturaleza del crédito que se ejecuta.
Sin perjuicio de ello, frente a la sentencia de trance y remate dictada el 14/07/2021 y la incomparecencia del ejecutado, consideramos que corresponde excluirlo de dicha tutela.
Ello en atención a que el art. 11 del Decreto-Ley 6754/43, al referirse a las deudas que las personas comprendidas en el art. 1º contraigan con posterioridad a la fecha del Decreto-Ley sin afectación de haberes, destaca que "(...) las que tengan su origen en suministro de mercaderías, sólo podrán hacerse efectivas mediante juicio ordinario y no darán lugar a embargos, salvo que exista sentencia firme que condene al deudor al pago de la deuda" .
Es decir que la existencia de una sentencia firme sólo dará lugar a la embargabilidad de los sueldos/haberes de empleados públicos, siempre y cuando se reúnan las dos condiciones previstas por la norma: a) crédito cuyo origen sea el suministro de mercaderías (extensivo también al préstamo en dinero, aunque el Decreto Ley guarde silencio, según el juego armónico de los arts. 1 y 11 incs. a) y b) de dicho cuerpo normativo; ver a ese respecto la interpretación efectuada en autos "Vázquez, María c/ Heras, Francisco", CNCom., Sala C, 4/6/69, L.L., 136-117) y, b) que la sentencia haya recaído en un juicio ordinario (expresión que se la ha interpretado pretorianamente como de "conocimiento", debiendo incluirse, por tanto, a los procesos sumarios).
De esta manera, siendo válidos los embargos sobre los haberes de empleados públicos cuando existe sentencia firme recaída en juicio ordinario que condena al deudor al pago de la obligación, estimamos que igual solución corresponde aplicar, por ser idénticas las situaciones, en las hipótesis de juicios ejecutivos donde no hubo oposición de excepciones legítimas por parte del ejecutado, ya que además de un contrasentido importaría un desgaste económico innecesario e inequitativo (este Tribunal, Sala I en causa nro. 155.333 del 31/10/2013, entre otras).
Admitir lo contrario implicaría otorgar tutela jurídica a un manifiesto ejercicio abusivo del derecho, vedado por nuestro Código Civil (art. 1071 bis. Cód. Civil; en el mismo sentido, Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, "Banca Nazionale del Lavoro c/ Savid, Domingo y Ot" , 15/9/ 2004 en L.L. Córdoba, n°11, Diciembre 2004).
Lo expuesto, se refuerza con la idea de que al haber quedado firme y consentida la sentencia condenatoria, el embargo pretendido no tiene ya carácter preventivo, sino ejecutorio, en cuyo caso es en parte embargable el sueldo del empleado público por una obligación derivada de un préstamo en dinero -según la interpretación de la jurisprudencia citada-.
Por lo demás, aun si se viera en la letra del inc. b) un temperamento contrario a este tipo de juicios, ello implicaría actualmente una idea contraria a un criterio de razonabilidad que no puede estar ausente en la interpretación de la ley, máxime cuando la parte ejecutada no opusiera excepciones legítimas (Conf. CNCom., Sala C, "Banco Francés SA c/Merino Vallejos Ángela y otros s/ ejecutivo", Expte. 64496.95, 15/09/09, cita El Dial AA59E9; misma Sala "Banco Itau Buen Ayre S.A. C/ Casas, Alberto Enrique s/ Ejecutivo", 5/11/09, expte. n° 37.624/07, publicado en www.cij.gov.ar; en el mismo sentido, Junyent Bas, Francisco-Lalliya, Sandra E., "Inembargabilidad de los sueldos de los empleados públicos", L.L.C., 2004 (diciembre), 1129, D.J., 2004-3, 1310).
3. En atención a los argumentos expuestos y de conformidad al criterio que mantenido por la Sala I de este Tribunal al resolver cuestiones de similares características al presente (causas 155.333 del 31/10/2013, 146.055 del 8/07/2010, entre otras) encontramos procedente el recurso articulado, por lo que debe concederse la medida cautelar requerida (art. 34 y 36 del CPCC; causas 146.053, R. 599, F. 1112, 8/7/10; causa 146.055, R 600, F. 1116, 8/7/10).
Opinión personal del Dr. Ricardo D. Monterisi
Tal como he tenido oportunidad de expedirme en reiteradas oportunidades, razones legales y constitucionales me convencen de no seguir la postura expuesta precedentemente (esta Sala en causas nro. 162.652 RSI-5 del 2/02/2017, 159.476 RSI-492 del 15/09/2015, entre otras, de conformidad al criterio seguido por la Sala III de este Tribunal en la causa 152.736 RSD- 6/02/2013).
La normativa bajo análisis, decreto 6754/43, dispone la inembargabilidad relativa de los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros de la Administración Nacional, Provincial y Municipal y de las entidades autárquicas, por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercaderías (art. 1), cuando no se cumplan los recaudos exigidos en el art. 2 y no medie sentencia de condena firme en juicio ordinario (art. 11 inc. "b").
No encuentro factible el apartamiento del texto legal a través de una interpretación extensiva del marco de la "embargabilidad" que delimita la norma en el inciso "b" del artículo 11, como supuesto de excepción al principio general.
La excepción a la regla de inembargabilidad que se propone bien pudo ser contemplada por ley y, sin embargo, no se hizo, por lo que no encuentro razones suficientes que ameriten distinguir donde la ley no lo hace.
" En la interpretación de las normas es prudente estar a la expresión literal de su texto, de la que no cabe prescindir cuando es clara y precisa, especialmente cuando a una interpretación como la propuesta por la actora no podría llegarse sin forzarse el propio texto legal. Tan es así que la propia Constitución de la Provincia de Buenos Aires desliza esa directriz cuando prescribe en su art. 171 que, como pauta primigenia, las sentencias serán fundadas en el texto expreso de la ley" (causa 152.736 cit.).
Frente al principio expuesto en la norma y las taxativas excepciones allí contempladas (arts. 1, 2, 11 y 12), no corresponde incluir, mediante una interpretación extensiva de éstas, supuestos distintos de los allí consignados.
En consecuencia, considero que la sentencia de trance y remate dictada el 14/07/2021 ante la incomparecencia del ejecutado no puede ser asimilada a la sentencia de condena emitida en un juicio ordinario, o en un plenario abreviado. Máxime frente al limitado ámbito cognoscitivo del juicio ejecutivo que impide el necesario y amplio debate que sí puede darse en los procesos de conocimiento (arts. 518, 519, 529, 542, 545, 547, 549, 551 y conc. del C.P.C.C., conf. esta Sala en causas nº 161.942 RSI-456 del 7/10/2016).
En virtud de lo expuesto considero que debe rechazarse el recurso intentado.
Por los argumentos expuestos y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C. arts. 1,2, 11 y concds. del decreto ley 6754/43, RESOLVEMOS: I.- Tener por reanudados los plazos procesales oportunamente suspendidos. II.- Aceptar la excusación deducida por el Dr. Roberto J. Loustaunau el 19/04/2023 en atención a la causal allí invocada (arts. 30, 31 y concds. del CPCC). III.- Por mayoría hacer lugar al recurso de apelación articulado el 25/08/2021 y revocar, en consecuencia, la resolución del 24/08/2021 IV.- Imponer las costas en el orden causado en atención a la ausencia de controversia (arts. 68 y 69 del C.P.C.). V.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967) VI.- Registrar la presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2023 10:23:26 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/07/2023 12:50:41 - MENDEZ Alfredo Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/07/2023 12:12:46 - CATALDO Rodrigo Hernán - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/07/2023 12:45:45 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/07/2023 12:47:36 hs. bajo el número RR-392-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia