Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 177956
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación deducido por el ejecutado el día 22-5-2023 y confirmar la sentencia de fecha 10-5-2023 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas al apelante (art. 556 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
EXPEDIENTE N° 177.956 JUZGADO N° 8
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "NEUMASUR S.A. C/ FRIGORIFICO VIDAL S.A. S/ COBRO EJECUTIVO", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada el día 10-5-2023?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. En el fallo cuestionado el Sr. Juez de primera instancia mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto el deudor haga al acreedor, íntegro pago del capital reclamado, más los intereses y las costas del juicio.
Para decidir de ese modo, relató que en autos se ejecutan tres cheques librados por la empresa demandada, contra el Banco Macro, rechazados al pago por la causal de “orden de no pagar”.
Expresó que el ejecutado opuso excepción de falsedad alegando que a un dependiente de la sociedad le habrían sustraído tres chequeras dentro de las que se encontraban los cartulares que se ejecutan, y que las firmas insertas en ellos no pertenecerían al actual ni anterior presidente de la sociedad.
Concluyó que si bien la experta en caligrafía determinó que efectivamente las firmas no pertenecen al actual ni anterior presidente de la sociedad, conforme fue denunciado por el ejecutante y surge de la IPP acompañada por el propio ejecutado, los peritados no serían los únicos autorizados para firmar cheques.
Sostuvo que la excepción no era procedente toda vez que la firma cuestionada puede corresponder a otra persona autorizada, sobre todo si no se produjo prueba alguna para indicar que solo ellos los pudieron haber librado.
II. El día 22-5-2023 apeló la ejecutada. El memorial de fecha 3-7-2023 fue respondido por el ejecutante el 29-7-2023.
Alegó el apelante que la condición de apoderado de la razón social demandada invocada por quien hizo la denuncia penal (Sr. Hugo Alberto Di Domenico) no importa que se encontrara autorizado para emitir y firmar cheques.
Manifestó que en la pericia caligráfica ofrecida por su parte la experta debía concurrir a la sede bancaria a determinar -entre otros puntos- si las firmas insertas en los cheques se corresponden o no con las autorizadas y, sin embargo, al momento de abrir el juicio a prueba el juez decidió que dicha prueba se realice con la documentación original que surgía de la IPP.
Expresó que en esa oportunidad el magistrado hizo caso omiso al resto de los puntos de pericia ofrecidos, cercenando de tal forma el cotejo de las firmas registradas como habilitadas para el libramiento de cheques con las que surgen de las cartulares, y que su parte no cuestionó la decisión por ser inapelable.
Solicitó que este Tribunal disponga la ampliación del dictamen pericial ya sea como medida para mejor proveer o como prueba denegada.
Solicitó que se revoque la sentencia apelada
III. El recurso no prospera.
III.1. La orden de no pagar en los términos del art. 5 de la ley 24.452 opera en el ámbito de la relación interna que se establece entre el banco y el cliente, de naturaleza contractual, pero no sobre la relación externa, de naturaleza cambiaria. Por eso la ejecutabilidad del cheque no se ve afectada por la denuncia policial que sólo tiene por efecto impedir el pago bancario sin afectar los derechos del tenedor ni privar al título de la fuerza ejecutiva que la ley le atribuye, sobre todo ante la falta de invocación de la mala fe o culpa grave en la persona del portador (arts. 5, 19, 20, 40 y cctes. de la ley citada).
Explica Gómez Leo que "acreditada la investidura formal del actual portador legitimado, se presume su buena fe y esa situación jurídica es protegida por el régimen cambiario, aun cuando se trate de un cheque robado o perdido, en virtud del principio del favor de la circulación y de la prevalecencia de las formas" (GOMEZ LEO, Osvaldo R., “Cheques”, Depalma, 2° ed., Buenos Aires, 1997, p.106).
III.2. En el caso, sin perjuicio de la denunciada sustracción de los documentos que realizó el ejecutado y de lo que surge de la IPP n° 08-00-019966-17/00 que adjuntó como prueba el día 15-12-2021, la falsedad de las firmas insertas en los cheques ejecutados alegada al tiempo de excepcionar al decir: “mi mandante no ha sido el librador de los cheques materia de ejecución” no fue acreditada (art. 375 del C.P.C.).
El hecho de tratarse la apelante de una persona jurídica no modifica el régimen probatorio del juicio ejecutivo: era carga del excepcionante probar quiénes son los facultados y autorizados por el banco para firmar cheques en representación suya y traerlos a formar cuerpo de escritura para acreditar que la firma cuestionada no pertenece a ninguno de ellos (por ejemplo al Sr. Di Doménico) arts. 542, inc. 4°, 547, párr. 2°, 388, 389 y cctes. del C.P.C.).
Los agravios del apelante no son procedentes porque:
a. fue él quien sostuvo la defensa en la denuncia que formuló Hugo Alberto Di Doménico (art. 5 de la ley 24.452, v. IPP) en cuanto a que varios de los cheques sustraídos habían sido firmados por éste último. Por eso no es razonable que ahora intente desconocer o minimizar su valor probatorio (argto art.1067CCyC).
Sobre todo porque el rechazo del banco se fundó exclusivamente en la “orden de no pagar” sin hacerse mención a otro motivo por el cual hubiera correspondiendo no hacerlo en los términos del art. 38 de la ley 24.452. (vg. falsedad de las firmas).
b. no es cierto que el juez haya cercenado derecho alguno al tiempo de proveer la prueba.
La resolución de fecha 30-7-2023 dispuso: “… bajo tales lineamientos y respetando el derecho de defensa de los litigantes, se ordenará la producción de las pruebas pericial caligráfica e informativa ofrecidas. Que respecto de la pericial caligráfica, como medida para mejor proveer, el auxiliar designado deberá tener a la vista la documentación original, para lo cual se presentará oportunamente ante la UFI correspondiente a los fines de que se le exhiba.”
La orden de peritar los originales se debe a que la presente ejecución fue iniciada con las copias certificadas de los cheques rechazados por orden de no pagar en los términos del art. 63 de la ley 24.452, pero de ninguna manera importó una limitación a los puntos periciales ofrecidos por la ejecutada.
No hay ninguna mención del juez que pueda interpretarse de la manera en que lo hace el apelante; y si así lo entendió el letrado que la representa debió plantear el pertinente recurso en su contra, el que hubiera sido concedido con efecto diferido y tratado en esta oportunidad en un todo de acuerdo a lo normado por los arts. 247, 270 in fine y 555 del C.P.C.
III.3. Las personas jurídicas no poseen firma. Éstas son obligadas por la actuación de sus representantes legales (arts.358 CCYC y 59, ley 19.550) y, en el caso de los cheques, por medio de la firma de las personas físicas autorizadas por esa persona jurídica, al efectuar la solicitud y suscribir el contrato de cuenta corriente bancaria y el pacto de cheque (argto art 2, 4 y cdtes ley 24.452; puntos 1.3.2, 1.4.5 y cdtes de la reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria del BCRA; esta sala GALVAN, Cristian Gonzalo c. MOLIENDAS DEL SUR S.A. s. ejecución, causa nº 155709 sentencia del 18.03.2014)
Lo que debía probarse en el caso es que la firma inserta en los cheques ejecutados no pertenecen a ninguna persona autorizada en el banco para emitir cheques.
Así fue propuesto por el excepcionante al tiempo de ofrecer los puntos periciales: 1. Indique el perito la o las personas autorizada para suscribir cheques de la cuenta 3-762-0941566608-3 del Banco Macro Bansud. 2. Indique el perito, si las firmas del suscripto [Sergio Alcoba] o las del Señor Eduardo Díaz resultan coincidentes con las registradas en la citada entidad financiera en cuanto a su morfología y/o trazo autoría. 3. Concluya el perito si las firmas insertas en los cheques corresponden o no a los firmantes autorizados. 4. Concluya el perito si las firmas insertas en los cheques ejecutados en autos han sido adulteradas o no corresponden a firmantes autorizados; v. escrito de fecha 7-2-2020).
Del informe pericial agregado el 18-11-2022 se desprende que la experto redujo su labor a “determinar la autenticidad de las firmas obrantes en 3 cheques librados contra Banco Macro, n° 74866242, 74866261 y 74866245, cuya autoría fue desconocida por el Sr. Sergio Alcoba y Eduardo Díaz”.
Por eso concluyó que: “Las firmas obrantes en los cheques n° 74866242, y n° 74866245 del Banco Macro por la suma de $ 242.500 NO RESULTAN ATRIBUIBLES AL PUÑO y LETRA de los Sres. Sergio Sebastián Alcoba y Eduardo Luis Díaz. La firma obrante en la copia del cheque n° 74866261, morfológicamente NO SE CORRESPONDE MORFOLOGICAMENTE con material indubitado de los Sres. Alcoba y Díaz.”
Si bien en estas afirmaciones postuló parte de su defensa, el ejecutado no pidió explicaciones en los términos del art. 473 del C.P.C. en lo que a los puntos periciales n° 1, 3 y 4 concierne, ni encarriló su conducta a tomar las medidas necesarias para que en definitiva, los resultados de la prueba caligráfica se ajusten a demostrar íntegramente la falsedad alegada.
Tuvo el control de la prueba y consintió el informe pericial producido en los términos en que se encuentra agregado a la causa, por cuanto su pretensión de producirla en esta Instancia es improcedente en atención al principio procesal de preclusión.
Era carga suya probar la alegada falsedad y no se logró con la conclusión a la que arribó la calígrafa pues -como dijo el juez- no se acreditó que los Sres. Alcoba y Diaz sean los únicos autorizados en el banco para emitir cheques.
Por lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
En orden a la votación precedente corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el ejecutado el día 22-5-2023 y confirmar la sentencia de fecha 10-5-2023, con costas al apelante atento lo normado por el art. 556 del C.P.C. y diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación deducido por el ejecutado el día 22-5-2023 y confirmar la sentencia de fecha 10-5-2023 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.). II) Imponer las costas al apelante (art. 556 del C.P.C.). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 31/10/2023 11:23:26 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 07:26:26 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 08:40:53 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 01/11/2023 10:19:37 hs. bajo el número RS-302-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia