Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 177904
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso interpuesto por la parte ejecutada el 19.6.2023, confirmando la sentencia dictada el día 08.6.2023;
II. Imponer las costas a la parte apelante en su calidad de vencida (art 68 del CPC);
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
EXPEDIENTE N ° 177904 JUZGADO N ° 14
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "DUQUES CELIA MARGARITA C/ MARCONE BENVENUTO FRANCISCO XAVIER ALDO S/ COBRO EJECUTIVO" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fecha 08.6.2023?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. En la sentencia dictada el 08.6.2023, el Sr. Juez rechazó la excepción de novación y demás defensas opuestas y mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado Francisco Xavier Aldo Marcone Benvenuto haga al acreedor Celia Margarita Duques, íntegro pago del capital reclamado, que asciende a la suma de dólares estadounidenses ciento treinta y ocho mil trescientos cincuenta (u$s138.350.-), con más los intereses, costos y costas de la ejecución. Difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. Apeló el ejecutado el 19.6.2023 y fundó su recurso en esa misma oportunidad que, a su vez, fue respondido con la presentación de fecha 05.7.2023.
1. En primer lugar, cuestionó el rechazo de la defensa de defecto legal.
Sostuvo que el monto reclamado era impreciso y esta circunstancia le dificultó el ejercicio del derecho de defensa, que quedó condicionada a los pocos elementos "deficientes" que arrimó la actora en su demanda (sic)
Señaló que la demanda fue propuesta y expresada en moneda extranjera (sin indicar equivalencias en la moneda de curso legal) dejando a su parte en la incertidumbre acerca de la suma pretendida. Se preguntó cuál sería el valor a abonar en pesos en virtud de lo previsto por el art. 765 del CCyC.
2. También se quejó de que el Juez no tuvo en cuenta que es de cumplimiento imposible el pago de la condena en moneda extranjera, pues no puede adquirirla lícitamente.
Explicó que no tiene acceso al dólar MEP o el CCL toda vez que para ello es menester contar con una caja de ahorro en pesos y otra en dólares en un banco, a nombre de la misma persona o titular, como así también una cuenta comitente en una Sociedad de Bolsa o ALYC.
Destacó que a tales fines es necesario contar con una situación financiera regular que, en el caso de su parte no es posible, pues se encuentra en situación 4 (Riesgo alto) y 5 (Irrecuperable), conforme surge de la consulta de la central de deudores del BCRA.
Explicó que tampoco tiene acceso al cupo de u$s 200 mensuales.
Adujo que esta circunstancia importa una verdadera imprevisibilidad, señalando que el CCyC dispone de tal teoría como un remedio jurídico que se utiliza cuando un contrato, por una modificación extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, se ve alterado en forma desproporcionada, y sin que, para ello, hubiesen participado las partes, provocando que la prestación se vuelva excesivamente onerosa.
Afirmó que la alta inflación, una importante devaluación de la moneda, la prohibición legal de comprar divisa extranjera y un brusco cambio en la macroeconomía constituyen elementos que habilitan a la intervención de un juez que intente equilibrar y encontrar una justa recomposición de intereses. La imposibilidad de pago en la moneda pactada es justamente un típico ejemplo de imprevisibilidad.
3. Se agravió en tercer lugar de que el magistrado tampoco admitió el planteo en torno a la teoría de los actos propios.
Sostuvo que al efectuar los pagos en pesos, aceptados por la actora, su parte creyó de buena fe que ello importaba la aceptación de la cancelación del crédito en dicha moneda.
Recordó que en el escrito de demanda la ejecutante reconoció diferentes pagos en pesos que imputó conforme la cotización del BNA, de modo que no puede ahora asumir una conducta contraria solicitando se resuelva en dicho sentido.
III. El recurso no es fundado.
1. En cuanto a la defensa de defecto legal, la apelante no ha presentado una crítica que cumpla adecuadamente con la carga del art 260 del CPC.
El juez explicó que el Código Procesal habilita la posibilidad de promover la ejecución en moneda que no sea de curso legal, a partir de la modificación introducida por el art. 1º de la ley 11.593 al art. 518 del C.P.C. quedando redactado de la siguiente forma: "Si la obligación fuere en moneda extranjera, la ejecución podrá promoverse por su equivalente en moneda de curso legal..."
Señaló que ello significa claramente que el accionante por un título de crédito suscripto en moneda extranjera no está obligado a demandar en moneda de curso legal, ya que "podrá" hacerlo si ejercita la referida opción que consagra la norma legal transcripta.
Indicó, además, que la alegada invocación de la facultad que contempla la segunda parte del art. 765 del CCyC tampoco era de recibo puesto que conforme tiene dicho la doctrina y la jurisprudencia ampliamente mayoritaria, la normativa no es de orden público sino supletoria de la voluntad de las partes y, en consecuencia, inaplicable a las obligaciones en las que -como sucede en el caso- se pactó expresamente que la moneda extranjera era esencial para otorgar efectos cancelatorios al pago.
La apelante nada ha dicho en su recurso para rebatir tales afirmaciones o señalar que son equivocadas. En especial, debía cuestionar lo razonado por el Juez en cuanto a la facultad prevista en el art. 518 del CPC, y a que el art 765 del CCyC se encontraba desplazado por el acuerdo expreso de las partes en sentido contrario.
La limitación que le ha dado a su recurso deja firme lo decidido e impide acceder a una tarea revisora. Los argumentos centrales que motivaron el rechazo de defensa no fueron cuestionados y esta circunstancia deja incólume el fallo en tanto la apelación no puede desentenderse de los argumentos dados por el juez, transitando la crítica por un carril distinto (sala I causa nº 109630, RSD 125-99 del 27-4-1999, entre otras).
2. En cuanto a la imposibilidad de cumplimiento, no le asiste razón.
La invocación genérica de la inflación habida, la devaluación, o la inestabilidad propia de la economía argentina no bastan para justificar la pretensión de cancelar el débito a una cotización que altera la equivalencia de las prestaciones.
Tampoco tienen la relevancia que el apelante les asigna las normas que limitaron la compra de moneda extranjera, pues no provocaron una imposibilidad de cumplimiento de la obligación, ya que - conforme el art. 955 del CCyC - para que se configure tal imposibilidad, es necesario que la prestación haya devenido física o jurídicamente imposible constatándose una imposibilidad sobrevenida, objetiva y absoluta.
No se configuran esos recaudos, desde que se encuentra al alcance de la deudora adquirir los dólares pactados por otros medios legales (Rivera, Julio César, "Cumplimiento de obligaciones en moneda extranjera: la babel de los tiempos que corren", La Ley, 16-11-2020, 2. La Ley 2020 F, 343. Cita Online: AR/DOC/3691/2020) al existir otras operaciones de tipo cambiario y bursátil que habilitan a los particulares a comprar los dólares estadounidenses necesarios para cancelar la obligación asumida a través de la adquisición y el posterior canje de determinados bonos (esta sala causa 171468 sentencia del 10.6.2021, RSD 162). Concuerdo con lo afirmado por el Juez en este sentido.
La circunstancia manifestada de que no puede abrir una caja de ahorros o una cuenta ante un agente bursátil por encontrarse registrada en situación financiera 4 o 5 en la central de deudores del BCRA es una causa de imposibilidad relativa, propia del deudor por la cual debe responder, y no reviste los caracteres de objetiva y absoluta que justificaría la liberación que pide (art 1732 CCyC)
Este escenario no deja margen a la aplicación de la imprevisión que reclama, máxime si se tiene en cuenta que lo ha pedido recién en esta instancia, sin someter tal cuestión a la decisión de la de origen (art. 272 del CPC)
3. Tampoco merece ser admitida la queja planteada respecto a la doctrina de los actos propios .
La aceptación de pagos parciales y en moneda de curso legal constituye una facultad del acreedor ejercida de conformidad a lo dispuesto por la cláusula tercera del contrato ejecutado respecto de las cuotas mensuales de amortización del capital, que en modo alguno puede proyectarse a la totalidad de la deuda en mora.
No puede considerarse que la circunstancia de haber aceptado esos pagos de acuerdo a lo acordado genere una expectativa seria de un comportamiento similar futuro para la cancelación del capital. El mutuo fue otorgado y renovado en dólares estadounidenses (cláusulas primera y segunda) y se estableció que los pagos debían efectuarse únicamente en dicha moneda (cláusulas segunda y cuarta) y que no se recibirían pagos en pesos, salvo lo acordado en la cláusula tercera. A ello cabe agregar los pagos recibidos representan una porción mínima del total adeudado.
Una facultad contractual no puede impedir luego ejercer otra también expresamente pactada, en la medida que no se excluyen entre sí ni se pretende con la segunda cancelar los efectos de la primera para obtener un provecho o una ventaja (arts 9 y 1067 el CCyC).
No hay una afectación al principio de confianza en el sentido de generar una apariencia creada para luego frustrarla - que es el ámbito de aplicación de la figura- en tanto no se presenta una violación al deber de coherencia del comportamiento, sino el ejercicio regular de facultades previstas expresamente en el contrato y que, además, se ajustan a lo preceptuado por la ley (arts 765, 971, 1525, 1526, 1527, 1529, 1532 y cdtes del CCyC y 518 del CPC)
En consideración a lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA .
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde rechazar el recurso interpuesto por la parte ejecutada el 19.6.2023, confirmando la sentencia dictada el día 08.6.2023. Las costas deben imponerse a la apelante en su calidad de vencida (art 68 del CPC)
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso interpuesto por la parte ejecutada el 19.6.2023, confirmando la sentencia dictada el día 08.6.2023; II) Imponer las costas a la parte apelante en su calidad de vencida (art 68 del CPC); III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE DEVU ÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 07/11/2023 08:50:29 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/11/2023 17:26:39 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:14:31 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 08/11/2023 09:00:58 hs. bajo el número RS-310-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia