Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 181891
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, con costas en el orden causado (art. 68 in fine del CPCCBA);
II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III)
Expte. N º 181891 – Juzgado Civil y Comercial N°3
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “MAMLUSENA S.A. C/ SERATI, MELANIE ALEJANDRA S/ COBRO EJECUTIVO” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la resolución del 14 de octubre de 2024?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 14 de octubre de 2024 la jueza de primera instancia rechazó el planteo de constitucionalidad formulado por la ejecutante con fundamento en el fallo “Barrios, Héctor Francisco” de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
Dijo que el planteo no fue realizado en la primera oportunidad posible y propicia, a la vez que la declaración de inconstitucionalidad constituye una decisión de ultima ratio que debe ser adoptada con criterio restrictivo.
II. La ejecutante presentó revocatoria con apelación en subsidio en su escrito del 16 de octubre de 2024.
Afirma que el planteo constitucional fue sobrevenido a la demanda inicial y que a esa fecha no existía un cambio en la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
Efectúa un detalle y análisis del fallo “Barrios” de la Casación bonaerense y aclaró que “ valiéndome de tales premisas, dejo sentado que en autos desde la fecha de inicio de las presentes actuaciones hasta la fecha, los efectos de la depreciación del signo monetario nacional han producido una merma en el crédito original de tal magnitud que conduce a resultados desproporcionados, lesivos del derecho de propiedad y de garantía de efectividad de la defensa en juicio ”.
Agrega que la CSJN en dos suplementos de reciente publicación ha difundido precedentes en los que se declara la inconstitucionalidad sobreviniente de ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen, pero que pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias objetivas relacionadas con ellas.
En el apartado «IV» del memorial, reitera y transcribe el planteo constitucional introducido en su escrito del 9 de octubre de 2024.
Si bien por otros fundamentos, concuerdo con la solución adoptada por la colega de primera instancia.
Según se desprende del escrito inicial y la documentación adjunta, la actora pretende cobrar un título que habría sido generado en el marco de un contrato que, al menos prima facie y en consonancia con lo decidido por la magistrada y lo dictaminado por el Ministerio Público, refleja una operación financiera de consumo que ha sido celebrado por adhesión a cláusulas predispuestas unilateralmente por la firma accionante (arts. 957, 984, 1092 del CCyC; v. providencia del 20/05/2024 y dictamen del 22/05/2024).
Más allá del planteo constitucional y los fundamentos que le dan sustento (e incluso al margen de la interpretación y alcances que la ejecutante le otorga al fallo “Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios ”; SCBA, C.124.096, del 18/04/2024), lo que la actora pretende en su escrito del 9 de octubre de 2024 no es otra cosa que una revisión y modificación del contenido del contrato que da origen al título cuyo cobro persigue.
El pedido de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 es meramente instrumental y accesorio, pues tiene por objetivo motorizar un reclamo principal mediante el cual la ejecutante pretende que se alteren las reglas basilares que definen la ecuación económica del contrato, reemplazando un sistema de capital no repotenciable al que le acceden intereses compensatorios, moratorios y punitorios por un esquema completamente distinto al pactado, con reajuste por índices del capital y una tasa de interés pura cuyo propósito —retributivo, indemnizatorio o sancionatorio— la accionante no explica ni detalla (v. escrito del 9/10/2024).
Un planteo de esta naturaleza en el que se pretende la revisión y modificación de un contrato de mutuo (peticionado además por quien prima facie aparece como la proveedora de un servicio financiero) excede por completo a la vía de cobro intentada y debe ser dirimido en un proceso de conocimiento autónomo, con pleno resguardo del derecho de defensa de la accionada, y en el que la se invoquen y acrediten los presupuestos legales que habilitarían la revisión pretendida, sea por motivos que se consideren originarios a la contratación o sobrevinientes a ella (arts. 332, 1091 y cctes. del CCyC, 1, 2, 4 y cctes. de la LDC).
Máxime si se trata de un pedido formulado por la misma parte que redactó y predispuso las cláusulas que ahora pretende cambiar y que, se supone, ya internalizan el problema inflacionario en alguno de los múltiples componentes que conforman de la estructura del contrato (el capital, la forma de pago, la tasa de interés moratoria, la tasa de interés compensatoria, la cláusula penal, etc.).
Lo resuelto por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el fallo “Barrios” no ha tenido la aptitud de modificar las reglas generales que determinan las condiciones en las que las personas pueden debatir —y la judicatura puede resolver— sobre la revisión, readecuación y/o modificación de las estipulaciones contenidas en un contrato (art. 959 del CCyC).
Por ello, resultando inadmisible el pedido principal de revisión y modificación del contrato que da base a la presente ejecución (art. 959 del CCyC), entiendo que es igualmente inadmisible el planteo constitucional accesorio cuyo rechazo motiva el agravio (arts. 958, 960, 1094, 1095 y cctes. del CCyC).
Por los motivos reseñados, propondré al acuerdo rechazar el recurso y confirmar —por otros fundamentos— la decisión apelada. Las costas se imponen en el orden causado, atento a la falta de controversia (art. 68 in fine del CPCCBA).
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, con costas en el orden causado (art. 68 in fine del CPCCBA) II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve : I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante, con costas en el orden causado (art. 68 in fine del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 18/02/2025 13:45:48 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2025 14:19:05 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2025 14:53:39 - TROBO Lucas Mariano - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 20/02/2025 08:58:20 hs. bajo el número RS-22-2025 por Trobo Lucas Mariano.
Fin de la sentencia