Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala II · Causa 34242
Expte n°: 34242
Juicio: CREDITIA FIDEICOMISO FINANCIERO S.A. C/ GARDON MIGUEL ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO
Juzgado: Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Moreno
Mercedes, en la fecha de la firma.
I. La resolución atacada.
Llega apelada la sentencia de trance y remate dispuesta en fecha 10 de noviembre de 2022 por el juzgado de origen en cuanto dispone: " Por todo ello, en orden a la normativa legal citada, F A L L O: 1) Mandando llevar adelante la ejecución promovida por CREDITIA Fideicomiso Financiero contra MIGUEL ALEJANDRO GARDON; hasta tanto el deudor le haga a la acreedora íntegro pago del capital reclamado de PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 94/100 ( $25.853,94) con más los intereses, que se liquidarán siguiendo las pautas establecidas en el considerando segundo. 2) Imponiendo las costas al accionado vencido (art. 68 del CPCC), difiriendo la regulación de los honorarios para la oportunidad prevista por el art.51 de la ley 8904. 3) Tiénese por constituido el domicilio procesal del demandado en los estrados del Juzgado (arts.40 y 41 del CPCC). REGISTRESE.-
II. El recurso.
En fecha 15 de noviembre de 2022, apela la parte ejecutante la sentencia transcripta, fundando la misma en fecha 29 de noviembre de 2022.
Entre sus agravios, esgrime que la sentencia dispuso una incorrecta reducción de los intereses pactados por las partes en el instrumento traído a ejecución.
Asimismo, se agravia en cuanto a que resulta de suma necesidad que sea de aplicación en la especie la tasa activa como paliativo contra la desvalorización del capital. En dicho sentido afirma que "Las razones apuntadas permiten concluir que debe establecerse una tasa de interés que efectivamente sea retributiva y cubra el valor de la moneda siendo necesaria la fijación de la tasa Activa, que si cumplirá adecuadamente dicha función". Agregando en la misma inteligencia que "La aplicación de la tasa estipulada por el A QUO conduciría a un despropósito, ya que resultaría económicamente más ventajoso solicitar un crédito bancario, comprometiéndose a pagar una tasa activa, e incumplir dicha obligación, obteniéndo una rebaja en los pagos, pués V.S lo condenará al pago de una tasa por demás favorable para deudor".
En conclusión, el apelante en su agravio plantea que en el caso "...corresponde aplicar la tasa pactada por las partes en el pagaré o la Tasa Activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días".
III. La solución.
1. Que para empezar el abordaje de la cuestión traída a resolver, en virtud de las constancias de autos, este Tribunal dispuso en fecha 20/4/23 "...que de la lectura de las presentes actuaciones, se puede advertir que podría ser de aplicación en la especie, la Ley de Defensa del Consumidor, pasen estos autos -en formato digital y físico- en vista al Señor Fiscal de Cámaras (art. arts. 1 y sig. ley 24.240)".
En su dictamen, el Sr. Fiscal de Cámara dictaminó, remitiéndose a una presentación anterior en las presentes actuaciones que: "siendo que la intervención de este Ministerio en procesos de consumo resulta ineludible y que se debió haber corrido traslado con anterioridad a la sentencia, la consecuencia no sería otra más que incurrir
en la nulidad de las resoluciones judiciales dictadas sin ese requisito. Lo antedicho se impone en defensa y garantía de la ley y el orden público -art. 29 inc. 4 Ley 14.442, art. 52 de la Ley 24.240 y art. 27 de la Ley pcial. 13.133 (no para representar al demandado), razón por la cual el solo silencio del consumidor o la omisión de este de solicitar aquélla, no resulta motivo que autorice tener por subsanado el requisito. Y siendo que la oportunidad procesal para la integración del título resulta admisible en Primera Instancia y no así en la Alzada, en pos de respetar el derecho de defensa del consumidor y la bilateralidad, se solicita que se declare la nulidad de la sentencia apelada.
Compartiendo los lineamientos establecidos por el Fiscal de Cámara; teniendo en consideración las partes intervinientes en el proceso: la actora una persona jurídica dedicada a operaciones financiares, la persona física del demandado, el monto sobre el cual ha sido realizada la operatoria y todo ello interpretado con criterio realista en consideración a la doctrina legal de la SCBA en los fallos "Cuevas" y "Asociación Mutual Asís" -entre tantos otros-, consideramos que son razones más que suficientes para advertir que en la especie, se trata de una nítida relación de consumo (art. 1 ss. y concs. Ley 24.240).
2. Ahora bien, sobre ese piso de marcha, corresponde analizar el tema traído a resolver.
Primero, por una cuestión de orden lógico, corresponde el abordaje del planteo de nulidad articulado por el Fiscal de Cámaras .
El art. 52 de la Ley 24.240 establece expresamente, que en casos como el de marras, cuando el Ministerio Público Fiscal no intervenga como parte en el proceso, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. En el mismo sentido, se encuentra normado en el art. 27 de la ley 13.133.
Por su parte, doctrina calificada, remarca que la actuación del Ministerio Público en casos como este consiste en "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad -entre ellos, cabe incluir a los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios, conforme el art. 42 CN- (PICASSO-VAZQUEZ FERREYRA "Ley de Defensa del Consumidor, Comentada y Anotada, Ed. La Ley, T°1 Pág. 590").
Por su parte, el Máximo Tribunal Federal en la causa "HSBC Bank Argentina S.A. vs. Fajardo, Silvina Magalí s. Secuestro prendario - Recurso de hecho" del 08/10/2020 falló hacer lugar a un recurso de queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto el pronunciamiento apelado y ordenar que vuelvan los autos al tribunal de origen para que "...previa intervención del Ministerio Público Fiscal, dicte un nuevo pronunciamiento. Ello así pues, la intervención del Ministerio Público en casos en los que -como ocurre en el sub examine- se encuentran afectados derechos del consumidor, está prevista a los fines de garantizar que se asegure la realización del valor justicia en una relación jurídica asimétrica, caracterizada por la desigualdad entre sus partes. Al omitir la intervención previa de este, la sentencia a quo ha prescindido de aplicar las normas legales pertinentes, sin dar razón plausible para ello. Tal deficiencia, provoca que la decisión apelada resulte descalificable como acto judicial válido, a la luz de la conocida doctrina de la Corte elaborada en torno a las sentencias arbitrarias".
En el mismo sentido, el Tribunal Superior de Córdoba estableció que "El Ministerio Público no interviene en nombre propio ejerciendo la acción de otro, sino que su participación en el litigio de consumo lo es en virtud del ejercicio de una legitimación que le es propia y que tiene un fin distinto al perseguido por el consumidor o usuario. En otras palabras, la intervención obligada del Ministerio Público no es a los fines que represente al particular damnificado en la relación de consumo, ni que actúe en el nombre de una Asociación de consumidores, sino que interviene por un interés actual, colectivo y relevante, en defensa del orden público y de la ley, resguardando la regularidad del proceso en el que se encuentra en juego un derecho de incidencia colectiva y garantizando la fiel observancia de los derechos expresamente consagrados en la propia Constitución Nacional. En mérito a ello, el sólo silencio del consumidor o la omisión de éste de solicitar al Tribunal se garantice la debida intervención del Ministerio Público en el litigio, no resulta motivo que autorice tener por subsanada o consentida la nulidad en la que se incurre al no darse intervención al Ministerio Fiscal en los procesos que expresamente se han enmarcado en la ley de Defensa al Consumidor ("Fernández, Ruperto vs. Libertad S.A. s. Ordinario - Cobro de pesos - Recurso de apelación - Recurso de casación" TSJ, Córdoba; 03/06/2015; Rubinzal Online /// RC J 5098/15).-
3. Ahora bien, interpretando la normativa citada a la luz de la doctrina y jurisprudencia citada, consideramos que, en el presente caso, deviene ineludible anular el resolutorio dictado por el a quo.
Veamos porqué.
El régimen tuitivo del consumidor es de orden público, y como consecuencia de dicho carácter, sus normas (art. 42 CN, la ley 24.240 y sus modificatorias) resultan de aplicación oficiosa, es decir, sea peticionada -o no- por la parte interesada. Dicha circunstancia ha sido marginada por la instancia de origen.
Esa falta de consideración, ha importado en consecuencia, la ausencia de la debida -y obligatoria- intervención del Agente Fiscal, que como bien expresa el Fiscal de Cámaras en su postulación, en el caso concreto importa una palmaria vulneración de derechos al consumidor demandado.
Asimismo no podemos obviar lo establecido por la SCBA en la causa "Asociación Mutual Asis" sent. del 14-VIII-2019, en donde la Corte se ocupó de dejar sentado que "...el derecho de consumo ha venido a transformar diversos aspectos de las relaciones jurídicas, en particular las regidas por el derecho privado, dando lugar a adecuaciones y reacomodamientos de normas e institutos".
En el caso estamos ante una ejecución de un pagaré en el ámbito del derecho de consumo, donde existe vasta jurisprudencia y precisa doctrina legal que interpreta armónicamente la normativa cambiaria en consonancia con la legislación consumeril y principalmente con la Carta Magna (art. 42 CN, art. 36 ley 24.240, SCBA "Cuevas", "Asoc. Mutual Asís, entre tantos otros).
De ahí que en el caso, declarar la nulidad no importa un mero cumplimiento de las formas legales marginadas de operatividad, sino que se trata de una decisión que garantiza derechos de raigambre constitucional como los son el debido proceso legal y los inherentes a usuarios y consumidores.
Por tales consideraciones, adelantamos que corresponde en el caso, anular el decisorio de fecha 10 de noviembre de 2022 dictado por el juzgado de origen.
Finalmente cabe mencionar que en virtud de la forma en que se resuelve la cuestión, es decir ante la nulidad del decisorio citado en el apartado anterior, ha perdido virtualidad el tratamiento de los agravios denunciados por el actor, en tanto los mismos ha sido efectuados, en base a un decisorio que carece de validez como tal.
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2023 13:09:41 - ETCHEGARAY Tomas Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2023 13:37:53 - GOMEZ Lucas Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2023 13:51:57 - RIJAVEC Maria Eugenia - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia