Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 8069
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.-
Sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).-
Causa Nº MO-8069-08 R.S.23 /2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 13 de Marzo de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Felipe Augusto Ferrari, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "RODRIGUEZ RICARDO ALBERTO C/AYALA MARIA LAURA S/ COBRO EJECUTIVO", Causa Nº MO-8069-08 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: FERRARI-GALLO , manteniéndose tal integración en la Sala sin perjuicio de la nueva composición de la misma (Acuerdo Extraordinario Nro. 814/2017) a tenor de lo establecido en el reglamento interno de este Excelentísimo Tribunal con relación a los expedientes en trámite a la fecha del cambio de autoridades, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR FERRARI dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 10 Departamental a fs. 62/64 se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 65 la ejecutante quien interpuso recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 67 y se fundó con el memorial de fs. 68/71, que no mereció réplica alguna.-
Se agravia la recurrente de la declaración de incompetencia dictada por la sentenciante de grado, argumentando que tal declaración ha sido dictada en forma extemporanea en virtud al estado de estos obrados. Hace mención al endoso del instrumento base de la ejecución manifestando que el nombre del actor no figura en aquel. Por último señala que el instrumento ha sido firmado con fecha anterior a la entrada en vigencia de la modificación del art. 36 de la ley al consumidor. -
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
3. A fs. 78 vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Varias son las cuestiones que el apelante trae a la instancia de revisión, y -a mi modo de ver- el orden metodológico que debe seguirse para abordarlas no es precisamente el expositivo del recurrente, sino el que sigue.-
En primer lugar debo hacer referencia a la fecha del instrumento obrante a fs. 6: 4 de abril de dos mil siete.-
A partir de ella, el quejoso pretende la no aplicación de la norma a la que acudió la sentenciante de la instancia previa.-
Sabemos que la regla, en materia de aplicación temporal de las leyes sobre competencia, es que las mismas rigen de manera inmediata, siempre que ello no importe afectar la validez de los actos procesales cumplidos (Corte Sup., Fallos 303:330, entre infinidad de otros en el mismo sentido).-
Por lo demás, y reforzando ello, se ha dicho que las leyes de protección a los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata. El sustento se encuentra en la misma Constitución Nacional y en el carácter protectorio innato del derecho de Consumo; ello se receptó en el nuevo ordenamiento no sólo en los artículos 1096 a 1122 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sino también se extendió a otros ámbitos específicos, como, por ejemplo, a los contratos bancarios (arts. 1384 a 1389), al cementerio privado (arts. 2111) y al tiempo compartido (art. 2100). Empero, no puede hablarse de la aplicación retroactiva, sino de la aplicación inmediata (C. 2° Civ. y Com. La Plata, sala 2°, ca. 119238 29 fallo del 18/02/2016; en el mismo sentido C. Civ. y Com. San Martin, sala 3°, ca 70450 D-132/16 fallo del 16/08/2016).-
En el caso concreto de autos se puede observar con nítida claridad que si bien el instrumento obrante a fs.6 ha sido confeccionado con fecha 4-8-2007, lo cierto es que la demanda se entabló el 24 de septiembre de 2008, es decir cinco meses después de la entrada en vigencia de la ley 26.361.-
Así las cosas, y en tanto la atribución de competencia prevista por tal normativa resultaba -a la luz de lo expuesto- de aplicación inmediata, se deberán rechazar los agravios en tal sentido.-
Por otra parte, en respuesta de los planteamientos referidos a la relación de consumo que la Sra. Juez de Grado enmarcó para esta causa, diré que es menester determinar si al título ejecutivo le subyace una relación de consumo, ya que de no ser aplicable el régimen fijado en la Ley 24.240, el resultado del proceso puede ser diferente.-
Examinado el título objeto de la presente ejecución puede concluirse que la calificación del “iudex a quo” ha sido correcta. De la propia literalidad del documento de fs. 6, fácil es concluir que el mismo tiene su origen en una relación de consumo, en tanto hace referencia a la entrega de mercaderías .-
Esto no nos lleva a pensar, ni especular, en otra relación que no sea de consumo.-
A mayor abundamiento cabe señalar que el ejecutante no aportó ningún elemento demostrativo de que el pagaré sirvió para instrumentar la garantía de un crédito no surgente de una relación de consumo.-
Es manifiesto que la deuda que instrumenta el pagaré en cuestión, se origina en una operación de crédito o financiación para el consumo (art. 36 Ley 24.240) y la creación del título cambiario no modifica la relación subyacente.-
Tampoco lo hace que el documento de crédito haya sido endosado, pues ello podría tratarse de un supuesto de financiamiento indirecto o bien de un forma de eludir la protección de la normativa del consumidor.-
Es que, en tal sentido, con el sencillo recurso de endosar la cambial se eludiría flagrantemente toda la normativa protectoria consumeril, circunstancia que -desde mi punto de vista- no puede prohijarse, ni tolerarse, por parte del Poder Judicial so pena de convalidar un ejercicio antifuncional de los derechos (art. 10 CCyCN): si el crédito nace bajo una relación de consumo no puede cambiar su esencia, ni naturaleza ni mucho menos el régimen aplicable, el hecho de haberse endosado el pagaré del cual se ha valido a favor de otra persona .-
En sentido análogo lo ha resuelto la jurisprudencia (C. Civ. y Com. Zarate-Campana, 31/8/2010, "Cuevas, Eduardo Alberto C/ Gallardo, Alejandro Abel S/ Cobro Ejecutivo"; C. Civ. y Com. Junin, 5/12/2017, "Confina Santa Fe S.A. c/ Pereyra Fátima Luján s/ cobro ejecutivo").-
Por último, y a fin de atender a los agravios traídos por el recurrente en cuanto a la temoraneidad de la declaración de incompetencia, es menester hacer referencia a lo resuelto por esta Sala Segunda en la causa Mo15330/2015 (R.S. 244/2017).-
Allí se dijo que la circunstancias que se alegan en el memorial de agravios en cuanto al estado de estos obrados y la extemporaneidad de la declaración de incompetencia, en nada cambia la situación abusiva de violación a los derechos de la parte más vulnerable en esta litis: la ejecutada. Es así que aplicar las normas del rito ciegamente (en el caso, la preclusión en relación a la competencia como lo pretende la quejosa), sin atender a las normas superiores de orden público protectorias de los sectores vulnerables o -cuanto menos- las relativas al abuso del derecho, implicaría persistir en el quebrantamiento de preceptos que han sido incorporados a la reforma constitucional de 1994.-
Debe entonces, a mi entender, dejarse asentado que, en las ejecuciones cuyo título tiene como base una relación de consumo, corresponde que entienda exclusivamente el juez del domicilio del deudor, sin que pueda precluir la deducción de la cuestión de competencia en forma previa al anoticiamiento de la demanda, ni con posterioridad a ella e incluso con sentencia o en el estadio de cumplimiento de la misma -como acontece en autos- pues otra solución implicaría cercenar las garantías contenidas en la Carta Fundamental (C2.Civ.Com. La Plata Sala I, 25/03/2015, causa: 118137 "SEGUIR S.R.L. C/MARTINEZ MARIA SILVIA S/ COBRO EJECUTIVO")
El Superior Tribunal provincial se ha expedido al respecto en la causa "Colmi S.A. contra Fukuda, Jorge Daniel", 121422 I 05/04/2017
Ellí se dijo " El órgano citado dispuso el libramiento del mandamiento de intimación de pago y citación de remate, el que fue devuelto por el ejecutante con resultado negativo (fs. 7 bis y 14/16). Se denunció, entonces, un nuevo domicilio del accionado ubicado en la localidad de Don Torcuato, Tigre (fs. 17). Ante la devolución de la nueva pieza diligenciada (fs. 19), la parte actora requirió que se tramite otra bajo su responsabilidad (fs. 20) la que finalmente y en esos términos tuvo resultado positivo (fs. 22/23).
A continuación, atento a no haberse presentado el ejecutado en autos dentro del plazo que tenía para hacerlo, el magistrado dictó sentencia mandando llevar adelante la ejecución y le tuvo por constituido el domicilio en los estrados del juzgado (fs. 27)" (el subrayado me pertenece)
" Luego, se le notificó en su lugar de trabajo el embargo oportunamente trabado (fs. 61/62). Seguidamente, el juzgador se inhibió de entender en estos obrados, en la inteligencia de que el accionado reside fuera de su ámbito territorial, correspondiendo por imperio del art. 36 de la ley 24.242 (mod. ley 26.361), la intervención del juez competente al domicilio real del ejecutado. Citó también los precedentes de esta Corte "Cuevas" y "Rodríguez" -C. 109.305, resol. del 1-IX-2010 y C. 119.166, resol. del 11-II-2016, resp.- y a continuación giró la presente al Departamento Judicial de San Isidro (fs. 67/68).
Recibida, su par n° 4 de aquella jurisdicción que resultó desinsaculado (fs. 69 vta.) no aceptó su intervención al considerar que había precluido la oportunidad para inhibirse del juez de General San Martín por el tiempo trascurrido desde el inicio de la causa y las distintas medidas adoptadas, como el diligenciamiento del mandamiento de ejecución y el dictado de la sentencia. En consecuencia, reenvió los obrados al magistrado que previno (fs. 70/71), quien los elevó ante esta Corte (fs. 76).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
2. Este Tribunal resolvió, en el citado precedente "Cuevas", que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 de la ley 24.240.
Según se aprecia, no obstante la prohibición legal de debatir aspectos ajenos al título en los procesos ejecutivos (conf. art. 542 inc. 4°, C.P.C.C.), la obligatoriedad dimanada de la mencionada doctrina legal vino a imponer a los jueces el deber de indagar la faz causal del reclamo, en orden a determinar la competencia por razón del territorio.
En la hipótesis de constatar -en base a la ponderación de extremos serios y justificados- la existencia de una relación sustancial de consumo subyacente en la ejecución, deben los mismos resolver -aún de oficio- en concordancia con la solución establecida en el art. 36 de la mencionada Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores. Caso contrario, corresponderá remitirse a los restantes preceptos generales o especiales concernientes a la materia.
En pocas palabras, la doctrina que fluye del citado precedente no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar a priori el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación.
En línea con lo expuesto, cabe señalar que la circunstancia de haber emitido el órgano jurisdiccional los actos procesales que dictó (despacho disponiendo la intimación de pago y la citación para oponer excepciones, ordenando a tal efecto el libramiento del correspondiente mandamientos -diligencia que se cumpliera- Y SENTENCIA MANDANDO LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN -NO HABIÉNDOSE PRESENTADO EN AUTOS EL EJECUTADO- ), no impiden su ulterior declaración de incompetencia ex officio, en tanto la misma viene fundada en el art. 36 de la ley de defensa del consumidor y se practica invocando la habilitación que emerge de la doctrina de la causa C. 109.305 "Cuevas", resol. del 1-IX-2010 (conf. C. 119.166, resol. del 11-II-2016; C. 121.020, resol. del 26-X-2016; C. 121.285, resol. del 28-XII-2016)" .
Por todas estas razones, no resulta a mi criterio desacertada la decisión de la Sra. Juez a quo al declinar su competencia.-
Entonces, y si mi propuesta es compartida, corresponderá rechazar los agravios traídos.-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Ferrari.-
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR FERRARI dijo:
Si mi propuesta es compartida se deberá confirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. Ello sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
Así lo voto
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Ferrari.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.-
Sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. FELIPE AUGUSTO FERRARI
Juez Juez
si///
///gue una firma.-
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia